jueves, 20 de junio de 2013

Trenti Homofóbico y anti defeño, enfermizo

Los miserables priistas creen que todos somos acarreados ...

…Y Osorio Chong dice que la reforma está sujeta a los acuerdos del Pacto

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F., (apro).- La iniciativa de reforma energética que será presentada por el presidente Enrique Peña Nieto después del proceso electoral de julio próximo, dependerá  de los acuerdos que se alcancen con los partidos firmantes del Pacto por México, anunció hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Él presidente se va ceñir a lo que se disponga, determine en el Pacto por México, el Pacto por México apenas va entrar en la discusión de lo que será la reforma energética. Lo que creo es que debemos esperar a que el Pacto presente la iniciativa que en su momento el Presidente respaldará”, dijo.
En conferencia de prensa después de firmar un acuerdo de colaboración con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera para la prestar ayuda a refugiados, el funcionario federal aseguró también que la reforma energética que se presente será “la que se tenga que dar, la que fundamentalmente privilegie el acuerdo entre las partes, esa es la que se vaya acordar, no hay nada acordado, está plasmado, y así lo dijo el Presidente, dentro de los 95 acuerdos del Pacto”.
Osorio Chong no dejó de reconocer que el Pacto se encuentra en riesgo de nueva cuenta por los problemas internos que viven panistas y perredistas, pero expresó su deseo de que ambas fuerzas políticas resuelvan sus diferencias para que el acuerdo salga adelante con la reforma energética.

Reforma energética: Ebrard critica a Zambrano y reta a Peña a debatir

El exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la inminente posibilidad de que el gobierno federal abra Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, retó al presidente Enrique Peña Nieto a debatir el tema “cara a cara” y pronto.
Al mismo tiempo, defendió la postura de la izquierda en la materia y lamentó que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, haya cedido a la posibilidad de modificar el artículo 27 constitucional, cuando ni siquiera conoce la iniciativa de reforma energética de Peña Nieto.
Es más, sostuvo que el PRD debe reunirse de emergencia para despejar las dudas sembradas por Peña Nieto durante su asistencia a la cumbre del G-8 celebrada en Reino Unido. El PRD vive “una crisis de confianza”, dijo en una larga entrevista con el diario español El País.
El exmandatario sostuvo que la reforma no puede ser superficial y subrayó que la discusión sobre la misma tiene que ser ahora.
“El señor (Peña) va a tener que explicar y debatir en México lo que fue a proponer allá (en Londres). Creo que es una demanda razonable. Si el señor trae una línea estratégica que nos diga por qué y hasta dónde va a llegar y cuánto vamos a pagar de la renta per cápita y por qué no se puede hacer de la manera que nosotros decimos”, señaló.
- ¿Le pediría un debate directo sobre este tema al presidente Peña Nieto?, se le preguntó.
–Sería indispensable— respondió
– ¿Se lo exige?
“Sí, un debate público, informado, vis a vis (cara a cara) y a la brevedad, porque él dice que electoralmente no le conviene discutir esto antes de 7 de julio, pero al país sí le conviene”.
Resumió así la estrategia de Peña Nieto:
“El señor (Peña Nieto) tiene una iniciativa de reforma ya resuelta, ya eligió la ruta que va a seguir su gobierno, se la plantea al G-8 que son los países más poderosos y mejor informados del mundo, por lo que no puede ser algo superficial, tiene que estar avanzado. Y dice, ‘no quiero discutirlo ahora, lo discutimos dentro de dos meses’. No, lo discutimos ahora. El señor va a tener que explicar y debatir en México lo que fue a proponer allá. Creo que es una demanda razonable.
“Si el señor trae una línea estratégica que nos diga por qué y hasta dónde va a llegar y cuánto vamos a pagar de la renta per cápita y por qué no se puede hacer de la manera que nosotros decimos. Puedes cambiar el artículo 27, invitar a la inversión de empresas norteamericanas o europeas, y que se quede todo como está porque no tocas a Romero Deschamps (líder del sindicato de Pemex). No estoy en una posición conservadora”, advirtió Ebrard.
El País cuestionó cómo es que quien fuera considerado un “alcalde de vanguardia” no está dispuesto a discutir otro modelo para Pemex, sobre todo cuando necesita modernizarse.
–¿No se equivoca al rechazar la reforma del artículo 27 de la Constitución?
–No. Creo que el error es plantear que se cambie el artículo 27 porque México no tiene recursos o conocimientos para desarrollar la exploración en aguas profundas. Yo no estaría de acuerdo… entonces la pregunta sería ¿para qué expropiamos?
–La expropiación fue en 1938— reviró el periodista.
–No importa. En esencia es la misma discusión. ¿Pemex necesita cambios? Sí. ¿Pemex es una empresa que tiene una contribución fiscal enorme? Sí.
“Durante muchos años se ha pospuesto la inversión en Pemex porque no se ha querido hacer una reforma fiscal, pero cambiar el régimen de propiedad de nuestra nación sobre el petróleo no me parece que sea la solución.
“Puede haber otras razones, pero las que se están aduciendo son muy malas, poco creíbles. ¿Con qué vamos a pagar el capital de riesgo?, esa es la pregunta. ¿Con las reservas petroleras? Bueno, es un planteamiento. Yo no estoy de acuerdo”, sostuvo Ebrard.
Si bien reconoció que Pemex no tiene la tecnología necesaria para explotar más sus reservas, Ebrard afirmó que se pueden hacer inversiones en tecnología y para ello no es necesario cambiar el artículo 27 constitucional.
Abundó:
“Pemex tiene que tener autonomía y hay que reducir su contribución fiscal para poder aumentar su tasa de inversión.
Es una empresa que se está manejando con una subordinación extrema a Hacienda. Se puede manejar mucho mejor, es una empresa muy rentable.
“El problema es que no se ha querido hacer una reforma fiscal que toque el ingreso sobre la renta en México durante 30 años. Pemex ha sido una coartada para posponer la reforma fiscal. A mí no me parece que el camino sea: ‘como no quiero hacer una reforma fiscal y necesito recursos, entonces voy a cambiar el artículo 27 de la Constitución’, porque eso es lo que están planteando”, sostuvo.
Al respecto, el periodista le indicó a Ebrard Casaubón que en una entrevista previa con El País, el líder nacional del PRD se dijo dispuesto a discutir la modificación al artículo 27, a lo que Ebrard atajó:
“No. Yo no estaría dispuesto y no coincido con eso. El articulo 27 y Pemex es un punto de identidad importantísimo para las diferentes izquierdas mexicanas por razones de convicción. Hasta ahorita no conocemos la propuesta de Peña Nieto. Para nosotros es muy mala señal que vaya a Londres a hacer ese anuncio”.
–¿Confía en el presidente del PRD, Jesús Zambrano, para este debate?—le preguntó el periodista.
Ebrard movió la cabeza de un lado a otro y contestó: “A mí me preocupa mucho que Peña Nieto diga que lo tiene acordado y Zambrano nos diga que no conoce la propuesta”.
Ebrard descartó que sea el nuevo Andrés Manuel López Obrador en el debate por la defensa de Pemex.
“No aspiro a ser López Obrador. Creo que el debate sobre la reforma fiscal y energética es de tal importancia para el futuro del PRD, que de ninguna forma podríamos o deberíamos ir a una negociación corta que pueda significar el principio del fin para el PRD, y entonces darle la razón a quienes han pensado primero, que la izquierda se va a dividir y segundo, que no se puede más que organizar protestas en las calles”, dijo.
El PRD, abundó, es el principal instrumento de la izquierda mexicana y hay una ambigüedad en su dirección.
“No denuncio a Zambrano, pero cuando menos lo he visto ambiguo, y me parece que para un debate de este tamaño sí debería existir una discusión en el partido y lograr un consenso”, subrayó Ebrad.
¿No es López Obrador el principal instrumento de la izquierda?— insistió El País.
–No, es el PRD que tiene 22 senadores. El partido que va a decidir si pasa la reforma constitucional es el PRD. Al PRI sí le alcanza para aprobarla sin el PRD, con los votos del PAN pero ahí se agotaría el Pacto. No creo que el PRD deba ni pueda ir a un cambio del artículo 27 constitucional— advirtió.
–¿Si el PRD se divide en este tema, se acaba?
–Creo que sí. Aprobar la reforma del artículo 27 es el principio del fin del PRD, porque ni siquiera te habrían consultado. Hoy hay una crisis de confianza en el partido. ¿Cómo resolverla? Hagamos un Consejo y después un Congreso. Precisemos qué podemos apoyar y qué no, cuál es nuestra postura.
El también director del Comité directivo de la Red Global de Ciudades Seguras, rechazó que Pemex esté privatizada de hecho, por la hegemonía que mantiene Carlos Romero Deschamps en el Sindicato de Pemex.
La izquierda, dijo, no defiende a Romero Deschamps, la mala gestión o que todo se quede como está.
El problema es la diferencia de las declaraciones de Peña Nieto en el extranjero y al interior del país, y su propósito estratégico.
“Vamos a obligarlo a sacar de la mesita del Pacto de México de qué se trata. No hay un debate público sobre esto.
Ha habido muy mala gestión en Pemex, y sí, hay opacidad, pero creo que se puede y se debería manejar de una manera distinta. Si no fuera así, habría que concluir entonces que somos un fracaso como país, un Estado fallido en versión Pemex”, soltó el exmandatario.
–Su oposición a la apertura de Pemex podría costarle el apoyo de las clases medias—le soltó el periodista.
Sin embargo, Ebrard le respondió que lo mismo le dijeron cuando encabezó la legalización del aborto en el DF.
“Creo que hay convicciones que tienes que defender. No puedes pretender transitar por el mundo sin que te cuesten las cosas. Pero no estaría tan seguro de perder ese apoyo; en un debate informado va a haber seguramente posiciones muy distintas.
“Son temas muy polémicos como fue la interrupción del embarazo o los matrimonios del mismo sexo, seguramente hubo sectores a los que no le gustó, pero este es un debate mayor para nosotros.
“Si no tenemos razón en este debate habría que definir qué es la izquierda en México. Si no tenemos razón en esto ni en materia fiscal, ¿en qué tendríamos razón?”, arguyó el exmandatario capitalino, quien afirmó que el debate en esta materia debe desenvolverse en el congreso, los medios y las redes sociales, aunque no desdeñó incluir las marchas de protesta.
“No vamos a ganar este debate a base de marchas. Aunque no las excluyo ni las condeno. Este debate debe llevarse al Congreso. Si va a ser una reforma constitucional la que pretende Peña, ahí debe darse la discusión”, afirmó.

Los 80 municipios “prioritarios” para Sedesol

Pobreza en la montaña de Guerrero. Foto: Prometeo Lucero

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- A pesar de que la publicidad oficial de la Cruzada Nacional contra el Hambre indica que en su primera fase atenderá a 400 municipios donde habitan 7.4 millones de personas en condiciones de extrema pobreza y que padecen hambre, en los documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se menciona que la ayuda será dirigida a “80 municipios prioritarios”, en los que únicamente viven 360 mil personas con esas características.
Los 80 municipios están distribuidos en 20 estados que son los siguientes: Chiapas (con 12 municipios en la lista de los que serán priorizados), Chihuahua (2), Colima (1), Aguascalientes (1), Durango (1), Guerrero (6), Hidalgo (3), Jalisco (1), México (4), Michoacán (1), Morelos (1), Nayarit (1), Oaxaca (14), Puebla (5), San Luis Potosí (2), Sonora (1), Tlaxcala (2), Veracruz (9), Yucatán (1) y Zacatecas (1). Quedaron excluidos estados conocidos por sus zonas en pobreza, como Guanajuato o Tabasco.
Los municipios elegidos como prioritarios, en donde se realizarán acciones de la SEP, la Secretaría de Salud, Liconsa, Diconsa y Sedesol, son los siguientes:
En Aguascalientes: la capital, Aguascalientes.
En Chiapas: Santiago el Pinar, Aldama, San Lucas, Amatenango del Valle, Maravilla Tenejapa, Ocotepec, Sitalá, Chanal, Mitontic, Chalchihuitán, Zinacantán y Las Margaritas.
En Chihuahua son: Morelos y Guachochi.
En Colima: Tecomán.
En Durango: Mezquital.
En Guerrero: Atlamajalcingo del Monte, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlacoapa, Copanatoyac, Alcozauca de Guerrero y José de Joaquín Herrera.
En Hidalgo: Xochiatipan, Yahualica y San Bartolo Tutotepec.
En Jalisco: Mezquitic.
En Estado de México: Zumpahuacán, Luvianos, Sultepec e Ixtapan del Oro.
En Morelos: Cuernavaca.
En Michoacán; Nocupétaro.
En Nayarit: Del Nayar.
En Oaxaca: Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa María Chilchota, San Bartolomé Ayautla, Eloxochitlán de Flores Magón, San Lorenzo Cuaunecuiltla, Santiago Texcalcingo, Santa María la Asunción, San Juan Coatzóspam, San Jerónimo Tecóatl, San José Tenango, Mazatlán de Villa Flores, Huautepec, San Lucas Zoquiápam y Santa María Teopoxco.
En Puebla: Camocuautla, Eloxochitlán, Huitzilan de Serdán, Zoquitlán y San Antonio Cañada.
En San Luis Potosí: Santa Catarina y Tanlajás.
En Sonora: Etchojoa.
En Tlaxcala: Ziltraltépec de Trinidad y El Carmen Tequexquital.
En Veracruz: Aquila, Mixtla de Altamirano, Calcahualco, Mecatlán, Ilamatlán, Zontecomatlán, Filomeno Mata, Mecayapan y La Perla.
En Yucatán: Tahdsiú.
En Zacatecas: Los Pinos
Llama la atención que entre los prioritarios se encuentren ciudades como Aguascalientes o Cuernavaca, que no son conocidas precisamente por su extrema pobreza. El resto de municipios son rurales y la mayoría cuenta con pocos habitantes.
El listado se desprende del documento interno de la Sedesol titulado “Guía de acciones que se desarrollarán para la implementación de la cruzada”, donde señala que una de las “instrucciones presidenciales de la reunión de gabinete celebrada el 21 de marzo” fue: “hacer levantamiento de banderas blancas en un mínimo de 80 municipios en este año, incluyendo aquellos más emblemáticos que siempre han estado relacionados con la pobreza”.
El término “bandera blanca” fue acuñado en la Sedesol en tiempos de Josefina Vázquez Mota para señalizar que se completó la meta por la suma de varias acciones.
Otro documento titulado “Criterios para definir la condición de bandera blanca en los 80 municipios prioritarios. Ruta crítica”, que hasta ayer estuvo ubicado en el portal de la dependencia, establecía que el reto de la dependencia es legitimar ante la opinión pública los resultados de la cruzada y conseguir avances con miras al informe presidencial del 1 de enero.
Del documento se desprende que, de mayo a agosto, la meta de Sedesol es abrir en esos 80 municipios 30 tiendas Diconsa y 100 nuevas lecherías Liconsa, proveer 18 mil 582 desayunos escolares en primarias focalizadas, medir talla y peso a 66 mil 756 infantes menores de 11 años, dar suplementos alimenticios a 30 mil 511 infantes y a un número desconocido de madres lactantes y de mujeres embarazadas, así como impartir orientación nutricional a 100 mil familias.
En los cuadros sinópticos que detallan la ruta a seguir se mencionan acciones a realizar a partir de mayo. Las indicaciones cortan en septiembre, donde se lee: “informe presidencial reportando resultados en los 80 municipios”.
No se proyectan obras para después.

Operación bilateral contra Elba Esther Gordillo

La exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo. Foto: Octavio Gómez

Tras aceptar la solicitud de colaboración que le envió el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración de Barack Obama comenzó a ubicar y documentar todas las probables propiedades de Elba Esther Gordillo, incluso las que pudieran encontrarse a nombre de sus familiares. La investigación empezó en California, Florida, Nueva York y Chicago, pero un funcionario estadunidense advierte que será una labor difícil, por la habilidad de los abogados y los prestanombres de la que fuera mandamás del SNTE. Un primer paquete de resultados ya fue puesto en manos de las autoridades mexicanas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Por petición directa del gobierno de Enrique Peña Nieto, los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos investigan minuciosamente a la exlideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
El primer reporte de la investigación que lleva a cabo el gobierno de Barack Obama contra la otrora intocable “maestra” fue hecho llegar los primeros días de la semana pasada a la Procuraduría General de la República (PGR), con la salvedad de que el expediente sigue abierto porque no ha concluido la indagación.
“El reporte que se entregó a las autoridades mexicanas –dice a Proceso un funcionario estadunidense con la estricta condición de no publicar su nombre ni su puesto– contiene los procedimientos que estamos siguiendo para probar y determinar si realmente las propiedades que tiene registradas en Estados Unidos le pertenecen a ella.”
La pesquisa a cargo de los departamentos de Justicia y del Tesoro tiene como objetivo primordial determinar en varios estados del país vecino, “por medio de los registros de la propiedad”, si Gordillo cuenta con propiedades distintas a las que se le conocen en San Diego, California:
“La solicitud que nos hizo el gobierno de México fue la de averiguar y determinar si la señora Gordillo Morales tiene otras propiedades o cuentas bancarias en Estados Unidos, pero registradas a nombre de sus familiares, amigos o personas que trabajaron con ella; o que simplemente le facilitaron sus datos como prestanombres”, explica el funcionario estadunidense.
El gobierno de Obama rechazó de manera rotunda que Proceso revisara una copia de los documentos que entregó a principios de la semana pasada a la PGR. Sin embargo, el funcionario consultado reveló que la investigación del caso Gordillo Morales se centra en los estados de California y Florida y en las ciudades de Nueva York y Chicago, aunque “se puede extender a otros lugares, conforme avance”.
No obstante, el entrevistado aclara que existe una dificultad derivada de la astucia y experiencia de Gordillo Morales: “Los abogados que la representan aquí en Estados Unidos son muy buenos, se están moviendo con mucha certeza y rapidez para borrar cualquier huella sospechosa que pudiera abrir más pistas, o en su caso conllevar a un encausamiento criminal”. El funcionario se niega a revelar el nombre de los abogados de la exlideresa del SNTE y el bufete al que pertenecen.
“Como no se trata de una investigación criminal ni civil aquí en Estados Unidos –donde Gordillo no está acusada–, la investigación se lleva a cabo bajo los estatutos de la cooperación bilateral en materia de justicia”, señala.

Coleccionista de propiedades

El pasado 26 de febrero, cuando Gordillo fue detenida, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) presentó solicitudes de colaboración a gobiernos extranjeros para el aseguramiento de sus propiedades, cuentas bancarias y tarjetas en Estados Unidos y Europa.
El gobierno de Enrique Peña Nieto acusa a Elba Esther de lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por el manejo de 2 mil 600 millones de pesos cuya procedencia se desconoce.
Pero dicha cantidad es apenas una muestra de su riqueza: representa 2.5% de los 100 mil millones de pesos que recibió durante los 24 años que estuvo al frente del SNTE y que no provinieron sólo de las cuotas sindicales de 1 millón 400 mil agremiados, sino también de recursos federales que depositó en tres fideicomisos de Banobras y de 61 propiedades registradas a nombre propio, de familiares y colaboradores, como consta en el Registro Público de la Propiedad (Proceso 1896).
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1911 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

Las víctimas… víctimas de la simulación

El operativo de diciembre de 2009 en Cuernavaca. Foto: Margarito Pérez

Pese a las argucias de la Sedena y la Semar, y la complacencia del ómbudsman nacional, familiares de dos jóvenes tabasqueños ejecutados a finales de 2010 y de otro civil muerto en Cuernavaca por marinos en diciembre de 2009 no cesan de pedir justicia. Entrevistados por Proceso, ellos y sus abogados narran la cadena de absurdos, insensibilidades y trampas con las cuales las autoridades han tratado sus casos, y reiteran su decisión de no conformarse con las indemnizaciones que les ofrece el gobierno federal, porque eso, dicen, es ofensivo. De ahí su clamor: “Queremos justicia, no simulación”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico alertan sobre las fallas de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto para atender los yerros de las Fuerzas Armadas y acusan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de avalar las omisiones de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los padres de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román –acribillados en noviembre de 2010 en Tabasco por un convoy mixto de fuerzas castrenses y policiales– se quejan porque, arguyen, las exigencias de justicia, así como el reconocimiento público de los abusos cometidos en acciones armadas y las garantías de no repetición, no están contemplados en el esquema de reparación de daños.
Lo mismo dice Andrea Martínez, la esposa de Ignacio Aguilar Rodríguez, el dueño de una tortillería que murió durante el operativo de los marinos el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, contra el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.
En entrevistas por separado, los familiares de las víctimas narran su calvario e insisten: no aceptarán que la justicia se reduzca sólo a una indemnización económica, como lo pretenden las autoridades federales con la complacencia del ómbudsman nacional.
Andrea Martínez Jaimez manifiesta su inconformidad porque, dice, la recomendación de la CNDH relativa al asesinato de su cónyuge cuando caminaba por las inmediaciones del edificio Altitude, donde fue ultimado el capo (la 72/2010), ya fue “cumplida” según la comisión.
“Los de la CNDH me dijeron que el gobierno federal había dispuesto un dinero, que lo agarrara antes de que se fuera Calderón, porque cuando llegara Peña Nieto no iba a tener nada”, narra Andrea mientras se seca las lágrimas.
Madre de dos hijos –una adolescente de 17 años y un pequeño de nueve–, Andrea demostró la inocencia de su esposo, a quien los medios de comunicación presentaron como uno de los pistoleros de Beltrán Leyva. Y cuando pidió la intervención de la CNDH para conseguir becas escolares y atención médica y psicológica para sus hijos y sus suegros, le pidieron conformarse con lo que la dependencia le ofreciera.
En junio de 2012 fue citada por la Semar: “Me hicieron firmar un documento para dividir la cantidad (la indemnización) en dos, porque –dice– Nacho tenía dos hijas mayores.
“Cuando fui les dije que mi esposo se merecía una disculpa pública para que la gente supiera que era una buena persona; les pedía aceptar su error. Insistí en que Nacho se merecía un comunicado aclaratorio, similar al que sacaron cuando murió y en el cual lo hicieron pasar como sicario. Me dijeron que no lo podían hacer”, relata.
Aún se muestra indignada pues, dice, “lo grave no sólo es la muerte de Nacho, sino hacerlo pasar como sicario. Yo he sentido mucho coraje, más cuando te dicen que justicia no se puede pedir porque no saben quién lo ejecutó”.
Semanas antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón, recuerda Andrea, personal de la Semar se presentó en su casa y tras auscultar a sus hijos le hicieron firmar un documento en el cual acreditaba que los menores habían recibido atención psicológica “en cumplimiento a la recomendación de la CNDH”. Con eso pretendieron dar por concluido el asunto, asegura.
Recientemente un grupo de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) fue a su domicilio a informarle que la muerte de su esposo sería investigada. No les creyó.
El año pasado, dice, vio morir a su suegro, “seguramente por la tristeza”; además, su hija fue operada de un quiste hemorrágico y a su niño le detectaron un tumor en el pecho que, le explicaron los médicos, no le pueden atender en el Seguro Popular.
Su pequeño es quien más le preocupa. Asmático de nacimiento, el menor presentó crisis severas después del crimen de su padre, a quien estaba muy apegado. Desde entonces ha sido sometido a tratamientos psicológicos y tanatológicos solventados con los recursos de la familia.
“Le tiene miedo a los soldados. Cuando los ve dice que ellos mataron a su papá y nos van a matar también a nosotros. Él quiere morirse para estar con su papá. Su doctora nos sugiere no dejarlo solo, porque es capaz de hacerse daño.
“Cuando recibí el dinero de la Marina me dio tanta tristeza, porque mi familia está destruida y nada me va a devolver a Nacho”, expone Andrea mientras se enjuga las lágrimas.

Contra el “esquema ranchero”

Desde el 14 de noviembre de 2010, cuando los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román fueron asesinados por un comando de militares, marinos y policías federales y estatales en Jalpa de Méndez, Tabasco, sus padres, Víctor Manuel Chan Uicab y Ramón Pérez Hernández, no han dejado de pedir justicia.
Asesorados por los abogados Rosendo Valenzuela Martínez, presidente del Movimiento Ciudadano Somos Más, ambos movilizaron a la población la misma noche del crimen para desactivar el operativo de las Fuerzas Armadas que pretendían sembrar armas a los cadáveres de Víctor Manuel y Ramón.
Luego, con ayuda del abogado Silvano Cantú, impulsor de la Ley General de Víctimas, consiguieron reactivar la averiguación previa que abrió la PGR en contra de los presuntos responsables (Proceso 1868). En noviembre de 2012, la procuraduría consignó la averiguación previa ante un juez federal.
Al mes siguiente, seis marinos, dos soldados, un policía ministerial y un agente de seguridad pública estatal fueron a prisión, acusados de homicidio doloso y abuso de autoridad. Además, otras 16 personas, entre ellas siete soldados, están siendo procesadas por abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y encubrimiento por favorecimiento.
Los esfuerzos de los tabasqueños se toparon con “el esquema ranchero” de la Sedena y la Semar, avalado –dicen– por la CNDH. También critican a la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, de “carecer de la sensibilidad, los conocimientos y la altura para hacer valer la Ley de Víctimas y los acuerdos internacionales de los que México es parte”, dice el abogado Valenzuela Martínez en entrevista.
Ambas dependencias fueron responsabilizadas de las muertes de los dos jóvenes de Jalpa de Méndez, señala, por lo que se les recomendó resarcir daños materiales y psicológicos a los familiares.
No obstante, admite que “eso tiene que ser con base en normas internacionales, pues implica la reparación integral del daño causado, incluyendo medidas de rehabilitación y de satisfacción; medidas de no repetición, indemnización compuesta por el daño material, inmaterial, lucro cesante, daño emergente y daño al proyecto de vida”.
Don Víctor Chan acota: “La CNDH nos dijo que agarráramos el dinero que nos ofrecían. Nosotros les decíamos que no se trataba de eso. Insistimos: no podemos darnos por satisfechos así nomás, pues se trata de un asunto de justicia. En todo caso, para empezar, la Marina y la Sedena tenían que cubrir nuestros gastos funerarios, que eso no era reparación de daño; les reiteramos nuestra inconformidad por su intención de cerrar el caso con esas acciones”.
Sólo por gastos funerarios, dice don Víctor, desembolsó más de 1 millón de pesos; don Ramón Pérez gastó 490 mil pesos.
Don Víctor y el abogado Valenzuela Martínez cuentan que, en su afán por avalar a la Semar y la Sedena, visitadores de la CNDH buscaron a personas que sí aceptaran los recursos ofrecidos por la Marina.
Con el aval de la comisión, insisten, se le entregaron fondos federales a Alejandra Valenzuela, quien se divorció de Chan Javier un año antes de su asesinato, aun cuando no tuvo hijos con él –“ni siquiera fue al funeral”, puntualiza el abogado–.
También coaccionaron a doña Guadalupe Román, madre de Ramón Pérez, pese a que no vivía con él porque estaba divorciada de don Ramón; ella “nunca exigió justicia para su hijo”, agrega Valenzuela Martínez.
La Semar entregó los recursos a las “beneficiarias” el 9 de octubre de 2012. Por eso, cuando el 28 de noviembre de 2012 los padres de las víctimas y sus abogados fueron a la CNDH, les dijeron que ya les habían pagado.
Ese día, el maestro Silvano Cantú le preguntó al segundo visitador, Marat Paredes, cuáles fueron los criterios para fijar el monto; no supo contestar, resalta Valenzuela.
Y como los padres de los dos jóvenes tabasqueños insistieron en que se les cubrieran los gastos funerarios, tal como se había comprometido personal de la Sedena, el representante de la dependencia, Antonio Mendoza Sánchez, exigió documentos con validez fiscal.
Con el gobierno de Peña Nieto, los padres y abogados de los jóvenes insistieron en que su proyecto de reparación fuera considerado. El 2 de abril, por intermediación del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se reunieron con Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Fue una reunión terrible. Mientras estábamos exponiendo, ella jugaba con su celular. Le mencionamos la Ley General de Víctimas y no sabía de qué le estábamos hablando. Agarró un teléfono rojo y se puso a platicar al parecer con uno de la CNDH. No queremos volver a tratar con esa señora”, cuenta don Víctor.
Tres semanas después, el 24 de abril, fueron convocados nuevamente a Gobernación, a una reunión que encabezó Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y aunque hubo “sensibilidad y conocimiento de lo que plantemos”, la Sedena no cambió su posición, dice el abogado Valenzuela.
A ese encuentro acudió también el representante de Províctima, Antonio Pérez Bravo, quien recordó que en Durango el Ministerio Público dio fe de la validez de comprobantes entregados por familiares de víctimas en un caso en el cual estuvo involucrado el Ejército.
Dice Valenzuela: “Estamos en un impasse. En materia de derechos humanos la Sedena y la Semar tienen el mismo estilo que en el sexenio pasado; es la misma vaca, pero ordeñada. Quieren recurrir al esquema ranchero de pagar un dinero y con eso bloquear a los familiares de las víctimas”.
Y aun cuando no ceja en su demanda de justicia, don Víctor pone sus condiciones: “Ya no queremos hablar con Lía Limón, queremos que sea el secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong quien nos atienda; queremos alguien con poder de decisión. Queremos justicia en serio, no simulación”.

Comando sitia comunidades y levanta a 14 en Guerrero

El municipio de  Heliodoro Castillo en Guerrero. Foto: Google Maps

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A bordo de camionetas particulares y unidades con emblemas de la Secretaría de Marina (Semar), un grupo de aproximadamente 50 hombres armados irrumpió en diversas comunidades de los municipios Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, donde cateó varias viviendas y privó de la libertad a 14 personas.
De acuerdo con pobladores de Filo de Caballos, Campo de Aviación y Puerto del varal, los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes 18, y desde entonces los agresores mantienen “sitiada” esa parte de la Sierra, lo que ha provocado psicosis entre la gente y el desplazamiento de familias enteras ante el temor de sufrir una agresión.
Señalaron que casi inmediatamente después de la irrupción del comando reportaron el hecho a funcionarios municipales y estatales, así como al Ejército, pero hasta el momento ninguna autoridad ha intervenido.
Narraron que en las primeras horas del martes, el grupo armado ingresó a Heliodoro Castillo (ubicado en la Sierra) a través del embalse de la presa El Caracol, asentada en el municipio de Apaxtla de Castrejón, en la zona norte.
Esa zona es considerada como un importante corredor de drogas, actualmente colapsado por la disputa entre bandas delincuenciales que tienen sometidos a alcaldes y aterrorizada a la población.
El convoy arribó al poblado Puerto del Varal y luego a Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, donde habrían levantado a por lo menos ocho personas.
Minutos después el mismo grupo armado se desplazó al poblado de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, donde después de catear varias casas se llevó por la fuerza a seis jóvenes.
“La mayoría de los hombres huyeron al monte y sólo se quedaron mujeres y niños encerrados en sus casas porque el grupo armado mantiene sitiadas las poblaciones”, expresó uno de los pobladores consultados por Apro.
Al preguntarle sobre el motivo de la agresión, refirió que el comando solicitó el “apoyo” de los ciudadanos.
–¿Apoyo para qué? –se le inquirió.
–Para sus pendejadas que andan haciendo en la Sierra –respondió de golpe.
Las fuentes manifestaron su temor debido a que no saben si se trata de una acción del gobierno o de delincuentes disfrazados, porque hasta el momento, agregaron, los familiares de las 14 personas que fueron privadas de su libertad no han sido localizados, por lo que demandaron la inmediata intervención de las autoridades para restablecer el orden.

Reconocen muerte de dos mineros en Coahuila

El Peñasquito, una de las tres minas de oro más importantes del mundo. Foto: Mundo Minero

SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- El supervisor de la empresa Minera del Norte, Guadalupe Ayala Fraire, y el operario Gerardo Hernández Corona  fallecieron en  uno más de los perenes accidentes que se registran en la región carbonífera,  informó a Apro un portavoz de la organización Familia Pasta de Conchos.
El pasado lunes la empresa minera  informó que existían “nulas expectativas de rescatar con vida a  dos trabajadores que laboraban en el interior”, después de que se propagó un incendio en el centro laboral el pasado domingo.
“Minera del Norte ya confirmó los decesos”, comentó Cristina Auerbach, representante de la organización integrada por familias víctimas de las constantes tragedias mineras.
En  el año que ocurrió  la  tragedia de la mina Pasta de Conchos  sumaron un total de  77 fallecimientos,  corroboró Cristina Auerbach; desde esa  fecha hasta la actualidad  han muerto   más de 100 trabajadores en percances  de la industria minera.
La organización Pasta de Conchos tiene registrado que la  mayoría de esos accidentes ocurrieron en  minas irregulares conocidos como “Pocitos”, que en promedio pagan 50 mil pesos como indemnización a las familias.
Proceso exhibió en un reportaje escrito por el periodista  Arturo Rodríguez  ( número 1842) las nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes, la violación de derechos laborales, ausencia de seguridad social, explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros, quienes son  protegidos por los gobiernos federal y estatal.
La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, y “una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros”, escribió Rodríguez sobre las tragedias mineras.
Cristina Auerbach destacó que desde la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos emergió el nivel de corrupción, negligencia y dolo con el que  opera la industria minera de la Región Carbonífera del norte de Coahuila.
Subrayó  que en esa, y en la mayoría de las tragedias posteriores, ninguno de los responsables está condenado por la muerte de los mineros.
La representante de la Organización Pasta de Conchos señaló  la escaza regulación y vigilancia que mantenía la Secretaría del Trabajo federal en la zona se suma la corrupción de los inspectores.
Mencionó que recientemente se han despedido a varios inspectores federales y se realiza un tibio esfuerzo por regular y acabar con la impunidad con la que operan algunas minas irregulares.
Condenó que todas las investigaciones  que ha realizado las autoridades estatales sobre los accidentes mineros se encuentren olvidadas  en los archivos.

Enfrentamiento en poblado chihuahuense deja cinco sicarios muertos

Los restos de un enfrentamiento en Michoacán. Foto: Alan Oretga

CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Los pobladores de San Juanito y Creel, municipio de Bocoyna, permanecen en sus casas luego de un enfrentamiento entre un grupo de sicarios con agentes de la Policía Estatal Única ocurrido en el camino a San Juanito.
El saldo fue de cinco delincuentes muertos  y dos más detenidos, informó la Fiscalía Zona Occidente.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, después de que la Policía Estatal recibiera una llamada anónima que alertó a los agentes de la presencia de un retén ilegal en la carretera del poblado, ubicado a 30 kilómetros de Creel.
De acuerdo con el reporte anónimo, varias personas viajaban por la carretera a San Juanito cuando fueron amenazados por un grupo de unos diez hombres armados con chalecos antibalas y pasamontañas.
Una persona denunció al retén y los agentes de la Policía Estatal Única acudieron al lugar para detenerlos, intentaron aprehender a los hombres armados, pero éstos huyeron en una camioneta modelo Dodge Ra 2500 blanca.
Los agentes los persiguieron y comenzó el fuego cruzado. En pocos momentos, llegaron sicarios a bordo de dos vehículos más para apoyar al grupo delictivo, indicaron los testigos.
De acuerdo con la vocera de la Fiscalía Zona Occidente, Alexa Lara, entre los fallecidos se encuentra “El Balta”, presunto líder del grupo delictivo. Las autoridades aún no precisan esta información.
Pobladores de San Juanito aseguran que “El Balta” es jefe del grupo delictivo “La Línea”, perteneciente al cártel de Juárez, que opera en la Sierra Tarahumara para extorsionar, secuestrar y asesinar.
Los agentes aseguraron chalecos antibalas, pasamontañas, tres fusiles calibre .223, dos armas llamadas “cuerno de chivo”, dos revólver .38 especial, así como la camioneta  Ram blanca; una pick up azul marino cabina y media, modelo 2004, y un automóvil Grand Marquis color gris oscuro, modelo 2004.

Detenidos por caso “Heaven” no han dicho todo lo que saben: Mancera

Familiares de desaparecidos en un bar exigen a la PGJ investigar. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- Con la lupa puesta encima por la falta de resultados en el caso de los 17 jóvenes desaparecidos en dos antros de esta ciudad entre abril y mayo últimos –cinco en el bar Virtual y 12 en el Heaven–, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó hoy que su gobierno trabaja con la mira de que los jóvenes estén vivos.
En declaraciones a El Mañanero, que conduce el payaso Brozo, el funcionario capitalino reveló también que los detenidos hasta ahora por la desaparición de los 12 tepiteños saben más de lo que han declarado hasta ahora a las autoridades ministeriales.
“Los hilos están exactamente donde está centrada la investigación. Estas personas, que están sujetas a la medida precautoria de detención, no están diciendo todo lo que saben.
“Tenemos que respetar el tema de derechos humanos, pero (según se aprecia en las imágenes de las viedeocámaras de vigilancia) llegan y saludan a los sujetos que después hacen la desaparición de las personas”.
Mancera Espinosa dijo que los avances en la investigación de ese caso en particular están respaldados por datos “sólidos” y reiteró que no habrá impunidad.
“Vamos a lo que siempre he planteado: que no haya impunidad. Estamos trabajando con la mira de que los jóvenes estén bien, y de detener a los responsables”, subrayó.
Gabriel Carrasco Ilizarriturri El Diablo, uno de los arraigados por el caso de los 12 desaparecidos, era empleado del Heaven y tras su detención declaró ante el Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros (FAS) que Los Moschino – los hermanos Marcos y Dash Ledesma—y Ernesto Espinosa Lobo El Lobo, el otro dueño del antro, planearon el secuestro de los jóvenes de Tepito porque “había problemas con Jerzy Ortíz, hijo del presunto narcomenudista Jorge Ortiz Reyes El Tanque, y sus amigos.
Junto con él fueron detenidos Andrés Henonet y Brenda Angélica Casas Contreras, de 35 años, pareja sentimental de Marcos Ledesma. Cuando los detuvieron tenían consigo armas de fuego, un cuchillo y droga.
En la entrevista, el titular del GDF reconoció que la desaparición de los jóvenes del Heaven, el pasado 26 de mayo, y de los del Virtual el 21 de abril, ha afectado la percepción sobre la seguridad en la Ciudad de México.
La madrugada de este jueves, la PGJDF cateó y aseguró tres centros nocturnos en la colonia Condesa y en la Zona Rosa, con el fin de investigar un posible vínculo con la desaparición de 12 jóvenes del Heavens After.
Se trata de El Cíngaro, el Zydeco y el Fever. El primeros e encuentra en la Zona Rosa y los dos últimos en la colonia Condesa.
Las autoridades capitalinas colocaron sellos en los inmuebles, los cuales indican que la investigación está relacionada con el caso Heavens.
Los operativos simultáneos iniciaron aproximadamente a las 2:00 horas, cuando al menos 20 vehículos entre autos, camionetas y patrullas de la dependencia se encaminaron hacia la Zona Rosa y a la Colonia Condesa, ambas en la Delegación Cuauhtémoc.

Violó, grabó y amenazó a su víctima; 40 días después lo detiene la policía


Una protesta en contra de las agresiones sexuales en Mezcalapa, Chiapas. Foto: EntiemporealMX
Una protesta en contra de las agresiones sexuales en Mezcalapa, Chiapas.
Foto: EntiemporealMX
TUXTLA GUTUIÉRREZ, Chis. (apro).- Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron al policía municipal de Mezcalapa, Miguel Hernández Gómez, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ruth Aguilar Calderón, el pasado 11 de mayo.
La detención del policía agresor se concretó luego de que la mujer hiciera público ante los medios de comunicación la vejación de la que fue objeto y la negligencia de las autoridades para castigar al responsable.
“Me grabó con su celular, un blanco con café; me hizo tantas cosas feas y yo le dije, Dios me va a dar fuerzas para denunciarte, y el cínico me dijo: ‘a muchas se los he hecho y no sé porque tú te aprietas como una niña’. Yo lo escupí en la cara y él me dio un manotazo y me dijo te voy a subir a las redes sociales si no cooperas, yo me tapaba la cara con mi blusa”, relató Ruth el pasado martes 18.
Con lágrimas en los ojos, contó que ya había pasado más de un mes y que la justicia no llegaba para ella.
La violación se produjo cuando la policía detuvo a ella y a su esposo. Posteriormente, el uniformado los separó; a la mujer la llevó al dormitorio y a su pareja lo encerró en una celda. Ambos habían sido detenidos por escandalizar en la vía pública.
Madre de dos adolescentes, un varón de 16 años y mujer de 14, Calderón Aguilar llegó a Tuxtla respaldada por una organización de mujeres llamada “Red de Mujeres por Ti” para exigir justicia porque además de que había sido víctima de violación, sufría el acoso policiaco constantemente.
Ante la prensa, dijo que patrullas con policías municipales a bordo vigilaban su casa y que la seguían a todas partes, presionándola para que retirara la denuncia penal 192/2013 que interpuso contra el agente Miguel Hernández Gómez, sus mandos superiores, y el alcalde Fernando Ugarte González. Este último por solapar al uniformado.
Calderón Aguilar denunció que los policías municipales la amenazaron con subir a las redes sociales el video de la violación, situación que la llevó al borde del suicidio.
Su caso llegó también al Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
A 40 días de dicho suceso, la PGJE dio a conocer la captura de Hernández Gómez, quien fue ingresado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados desde donde enfrentará el proceso en su contra.
Por su parte, la Fiscalía de Distrito Centro continúa con la integración de la averiguación previa 28/CE24/2013, con la finalidad de conocer de la participación de otros implicados en los hechos.
Calderón Aguilar acusa también al alcalde Fernando Ugarte González por encubrir al policía.
En el Congreso local, la diputada del PRD, Alejandra Soriano, hizo suyo el caso y pidió a sus compañeros legisladores pronunciarse en contra de las agresiones a las mujeres.

Brigada Bolivariana de GP, Jóvenes MORENA DF - Parque de lo

Estúpidos prianistas. Los Mexicanos no olvidamos #NoalaPrivatizaciónDePemex

Peña ofrece seguridad jurídica ¿ también a narco empresas ? ¡ Claro !

ADT Petroservicios, vinculada al ‘narco’, ejerció contratos con Pemex y gobierno federal

La empresa de Francisco 'Pancho' Colorado -declarado culpable en EU por lavar dinero de los 'Zetas'- obtuvo ganancias de 2 mil 422 millones de pesos, gracias a contratos con Pemex y apoyos de Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía.
ADT Petroservicios, vinculada al 'narco', ejerció contratos con Pemex y gobierno federal

La empresa ADT Petroservicios, de Francisco ‘Pancho’ Colorado -sentenciado en EU por lavado de dinero del narcotráfico-, lleva una década consiguiendo contratos de alto nivel, en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y actualmente mantiene uno con el de Enrique Peña Nieto.
En una investigación periodística de la primera emisión de Noticias MVS, presentada esta mañana, se reveló que el monto de al menos 30 contratos, firmados entre ADT y Petróleos Mexicanos del 2003 al 2011, asciende a más de 2 mil millones de pesos. Mientras que, contando apoyos de Sagarpa y la Secretaría de Economía, da un total de  2 mil 422 millones de pesos, equivalente, por ejemplo, al presupuesto aprobado para becas de educación superior en el país.
Los contratos, concesiones y apoyos de programas destinados a empresas en desarrollo, obtenidos por ADT, no se le dejaron de otorgar en 10 años pese a que la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por sobreprecios; tampoco se revocó el que mantenía con Pemex desde 2011, pese a que en 2012, el empresario ‘Pancho’ Colorado fue declarado culpable de lavado de dinero y a su empresa la vetó el gobierno de Estados Unidos.
ADT sigue presando sus servicios a Pemex gracias a un contrato celebrado el 18 de agosto 2011, el cual seguirá vigente hasta el 23 de diciembre de este año. El contrato más elevado entre la paraestatal y la empresa vinculada al narcotráfico asciende a 91 millones de dólares, por la venta de 5 equipos de perforación terrestre.
Los directores de Pemex en los años que se suscribieron los contratos fueron: Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez, Jesús Reyes Heroles, Juan José Gil Suárez y Emilio Lozoya (actual).
Además de Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua le entregó una concesión a ADT en 2012, pese a una inhabilitación de la empresa por parte de la Secretaría de Función Pública.
Otros beneficios que obtuvo la empresa de Colorado vinieron de  la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
En 2004, de la SE obtuvo 340 mil pesos del fondo Pyme, que apoya pequeñas y medianas empresas en México. Mientras que de la Sagarpa consiguió subsidios de diesel agropecuario, que consistió en más de 5 mil litros.
MVS buscó las direcciones de ADT Servicios en México y encontró 4: 3 en Veracruz y 1 más en Tamaulipas. En una que está en la carretera Tuxpan-Veracruz, no se encontraron oficinas.
Previamente, se informó que ‘Pancho’ Colorado, acusado en EU de lavar dinero a los Zetas, también obtuvo contratos con el gobierno de Fidel Herrera, en Veracruz.
Aquí el video, donde se muestra la investigación de Noticias MVS primera emisión.


Escándalos de Luis Mendoza Acevedo