#Anuario2016 | “No hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos”. Para un reducido grupo de personas en México –y alrededor del mundo-, una parte de este dicho es falsa. Mientras cualquier ciudadano económicamente activo está obligado a presentar declaraciones ante las autoridades fiscales y pagar una parte de sus ingresos al Estado, existen personas y empresas que han encontrado la manera de evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Se trata de una minoría: empresas, políticos y figuras públicas. En algunos casos son eximidos del pago de impuestos o multas amparados en la Ley. En otros, diseñan entramados de empresas off shore para que el dinero no sea detectado por las autoridades fiscales del país en el que viven. ¿En qué se fundamentan estos privilegios? En la posición económica y social de los involucrados, así como su relación con los grupos en el poder.
Simbólico que fuera 2016 cuando se exhibiera al club de privilegiados: justo cuando las finanzas públicas padecen un endeudamiento histórico; cuando los ingresos petroleros se fueron al suelo y cuando los bolsillos de los ciudadanos son la única alternativa para que el gobierno siga funcionando.
Por Alejandra Padilla y Daniela Barragán
Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– Lucía ha trabajado en una empresa mexicana durante tres años. Ella es una profesionista formada en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y desde que salió de ahí hace seis años, no ha dejado de trabajar.
Lucía está feliz y satisfecha con su trabajo actual; recibe buenas prestaciones, bonos, y la incluyen en programas de salud física. A diario hace un recorrido de casi dos horas desde su hogar hasta las oficinas en las que labora, que están en el sur de la Ciudad de México, pero el avance profesional que ha tenido en este corto tiempo lo ha valido. Justo este año la escogieron para liderar nuevos proyectos y ello significó un aumento de sueldo, equivalente a las casi 10 horas –en ocasiones más– que trabaja de lunes a viernes.
El aumento fue detectado de manera inmediata por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A Lucía le informaron que por cotizar más de 400 mil pesos al año, lo correspondiente a su pago de impuestos aumentaría y este mes le quitaron de su sueldo 20 mil pesos y cada mes le restarán 10 mil.
Todo ese dinero que no recibirá le impactará de manera directa en uno de sus proyectos a corto plazo, que es comprar un departamento. Con su anterior sueldo intentó solicitar un crédito, pero le resultó prácticamente imposible. Ahora, con su aumento y con lo que le descuentan, el objetivo seguirá avanzando a marchas forzadas.
Ésta podría ser la misma historia de los 53 millones de mexicanos que pagan impuestos. Para 2017, se espera que el 54.7 por ciento de los ingresos del país vendrán de tres cobros: el 29.3 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR); el 16.4 por ciento por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el 5.9 por ciento por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).
Desafortunadamente, lo que no será común en la historia son esos 400 mil pesos cotizados al año, cuando México es el país con los salarios más bajos de América Latina y cuando la tendencia de empleos con esos salarios crece al mismo tiempo que, los trabajos como el de Lucía, disminuyen.
Lucía y el resto de los 53 millones de contribuyentes cumplen de manera puntual con sus impuestos. De lo contrario, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), exige el cumplimiento de estas obligaciones fiscales; después vienen los citatorios y, si aun después de eso el Estado no recibe el dinero que tiene la obligación de recaudar, el destino de ese ciudadano podría ser una condena en prisión por evasión fiscal.
Lo anterior es cierto para todos, menos para las corporaciones poderosas, los empresarios ligados al poder y los ciudadanos que conocen a las personas indicadas. Ellos pueden dejar de pagar y acumular multas que más tarde serán perdonadas
por las autoridades fiscales en México sin transparentar las razones para hacerlo.
LOS PERDONES DEL SAT
En México, tan sólo en 2015, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) concedió cancelaciones y condonaciones de adeudos fiscales a personas morales y físicas por un monto que superó los 56 mil millones de pesos. La mayor parte de los créditos fiscales perdonados la concentra ocho por ciento del total de los contribuyentes: corporaciones y empresarios, políticos o ciudadanos “influyentes”, que mantienen estrechas relaciones con la cúpula en el poder.
Un crédito fiscal es un concepto que el Estado tiene derecho a percibir. Provienen de contribuciones, multas, recargos o aprovechamientos. Eso indica la letra del Artículo 4 del Código Fiscal de la Federación. En 2015, el SAT aceptó otorgar algunos perdones para esos adeudos.
Los mecanismos de cancelación y condonación de adeudos están contemplados en el Artículo 74 del Código Fiscal de la Federación como una indulgencia dirigida a pequeños contribuyentes en problemas financieros, para que puedan poner en orden su relación con el fisco. Es por esto que encontrar empresas como Casas Geo, Omnilife o TV Azteca eximidas del pago de millones de pesos en créditos fiscales levanta sospechas.
Pero, ¿en México existen las condiciones apropiadas para que el Gobierno deje de percibir créditos fiscales?
La caída del peso frente al dólar, la disminución de ingresos petroleros y el déficit presupuestal son algunos de los factores por lo que en México es un error eximir a los contribuyentes del pago de créditos fiscales. Así lo explica Daniel Márquez Gómez, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Puede existir una política fiscal que beneficia de manera ilegítima al empresario en detrimento de otra clase de contribuyentes. Hay una facultad discrecional del SAT para hacer las condonaciones, porque la puede aplicar a quien ellos consideren en términos de sus propios criterios”, dice Márquez Gómez.
Fundar Centro de Investigación y Análisis intentó obtener la lista de nombres y motivos durante años. La organización pidió las bases de datos por medio de solicitudes de acceso a la información por primera vez en 2010. El SAT se negaba a darlos a conocer amparado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales debe guardar “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros”.
Esta norma, conocida como “secreto fiscal” y concebida para garantizar la seguridad y protección de datos personales, se ha convertido en un obstáculo para la transparencia. Es imposible conocer los detalles sobre las empresas y personas que son beneficiadas por la autoridad fiscal.
A estas negativas les siguieron recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismas que fueron resueltas a favor de Fundar, pero el SAT se negó a cumplir. El proceso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fue hasta 2016 cuando, por medio de la Ley General de Transparencia, obtuvo dos sets de datos: uno correspondía a personas físicas y el otro, a personas morales con créditos cancelados y condonados entre mayo de 2015 y el mismo mes de 2016. Los años anteriores no pueden ser conocidos porque la Ley no es retroactiva y entró en vigor en mayo de este año.
2015 no fue el primer año en que el Gobierno eximió del pago de créditos fiscales a algunos contribuyentes. Tampoco fue la primera vez en la que grandes corporaciones fueron las más beneficiadas.
En 2007, el primer año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el Congreso de la Unión aprobó un programa de condonación masiva que alcanzó 86 millones 992 mil pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Poco más de una década después, no puede conocerse a qué empresas se les otorgó esa amnistía porque su resguardo se apega en lo legal al “secreto fiscal”.
¿A QUIÉN PRIVILEGIÓ EL SAT?
SinEmbargo analizó las bases de datos para conocer quiénes fueron las personas privilegiadas. Detrás de las razones sociales que fueron eximidas de pagar millones de pesos en créditos fiscales había políticos, empresarios y hasta futbolistas. La serie se tituló #PapelesDeSHCP y puede ser consultada en este mismo sitio digital.
Televisa y TV Azteca, las televisoras que conforman el oligopolio más fuerte del continente, fueron eximidas de pagar millones de pesos en 2015. En el caso de Televisa fueron 158 millones de pesos a través de su subsidiaria Fomento al Fútbol en San Luis Potosí. A TV Azteca, el SAT le condonó una multa por 13.2 millones de pesos.
Servicios Financieros DC es una empresa fundada por la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, a través de la que trianguló millones de pesos durante casi 10 años al cobrar comisiones muy altas a los maestros por los préstamos que les otorgaba. A esta corporación le fueron condonados 66.6 millones de pesos en 2015, mientras “La Maestra” cumplía su segundo año de condena en la cárcel de Tepepan por delitos relacionados con lavado de dinero.
A Omnilife, la empresa de Jorge Vergara Madrigal, le fueron condonados 1.2 millones de pesos en multas. Esta no era la primera vez que la compañía recibía un perdón fiscal: entre 2013 y 2014, el SAT le había condonado el pago de 186 mil 210 pesos a través de un convenio con el Gobierno de Jalisco.
La cadena de supermercados Chedraui fue beneficiada con 974 mil 691 pesos, a pesar de que entre 2012 y 2015, el Gobierno federal ha celebrado 251 contratos con esta empresa por 650 mil pesos. La empresa no atraviesa por problemas económicos: sus informes financieros muestran cómo a través de los años el nivel de operaciones fue en aumento, hasta que en 2015 anunció una expansión con la apertura de 10 nuevas tiendas, de las cuales nueve estarían en México y una en Estados Unidos.
A las empresas Simec Internacional e Industrias CH les fueron condonados 544 millones de pesos en total. Estas corporaciones son propiedad de la familia Vigil, dueña del acero en México. Además de estar en la lista de empresas privilegiadas por el SAT, esta familia aparece entre las 15 más acaudaladas del país, de acuerdo con la revista Forbes.
En el caso de Síntesis, una empresa que imprime periódicos y revistas en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, el SAT le condonó 60 mil 678 pesos correspondientes a una multa por la omisión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta compañía es propiedad de Armando Prida Huerta, quien es identificado en la entidad como un beneficiario directo durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle con contratos de publicidad para su diario y de construcción para las empresas de su hijo: AyPP Constructores y Gardeko, S.A. de C.V.
Además de estos casos, la Unidad de Datos de este diario digital encontró que la suma de los perdones fiscales a 20 empresas y personas físicas alcanzaba los mil 586 millones de pesos. Entre este par de decenas estaba Volkswagen México con 56.1 millones de pesos, Juan José Escandón Paz, el socio del narcotraficante Zhenli Ye Gon, con 25.2 millones de pesos, Jorge Alberto Clouthier Herrera, quien fue funcionario público en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tamaulipas, con 103 millones de pesos, y la asociación del futbolista Rafael Márquez, Fútbol y Corazón, con 108 mil 798 pesos; el club nocturno Baby’O en Acapulco, con 57 mil 411 pesos.
LOS “PANAMA PAPERS”
La investigación periodística llamada “Papeles de Panamá” o #PanamaPapers fue publicada en abril de 2016. Conformada por 2.6 terabytes de información, fue la mayor filtración periodística de la historia. Involucró a 140 políticos y funcionarios de todo el mundo, quienes utilizaron paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.
El análisis de los documentos estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Se trataba de correos electrónicos, documentos de texto, fotografías, archivos en formato PDF y partes de una base de datos de la firma legal panemeña Mossack Fonseca, correspondientes al periodo transcurrido entre 1970 y 2016.
La investigación fue realizada durante un año, con el diario alemán Süddeutsche Zeitung al frente y la colaboración de cerca de 400 periodistas de más de 100 medios de comunicación alrededor del mundo.
Entre los mexicanos que figuraban en la lista, destacaba Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, quien ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales. Esta empresa ha obtenido contratos durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y construyó la “casa blanca” para la familia presidencial, residencia valuada en siete millones de dólares.
“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la ‘casa blanca’, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte. Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”, se lee en la investigación que corresponde al empresario mexicano.
El empresario Ramiro García Cantú también estaba en esa lista. Mossack Fonseca lo describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”. La firma lo ayudó a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda.
Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio presuntamente le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico. Se trata de los socios de Oceanografía, empresa favorecida durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, quien hoy está prófugo después de pasar 28 años en prisión, también se encuentra en la lista. En los años ochenta Mossack Fonseca creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero. La revista Proceso refirió que uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad de Quintero.
Otros mexicanos listados en la filtración son los siguientes: Omar Yunez Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz; Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca; Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), el empresario Carlos Hank Rohn, Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del SAT y la actriz Edith González.
Hasta junio de este año, el SAT investigaba a 81 empresas y ciudadanos mexicanos presuntamente relacionados con los #PanamaPapers. En octubre, el jefe de este órgano desconcentrado, Osvaldo Santín, dijo que 412.2 millones de pesos adicionales habían sido recaudados como resultado de esta investigación.
DONALD TRUMP
Los impuestos de Donald Trump fueron un tema recurrente durante la campaña presidencial debido a la resistencia presentada por el magnate para hacerlos públicos. Hillary Clinton, quien entonces contendía por la Presidencia de ese país, declaró que Trump tenía tres razones para no haberlo hecho: “O no es tan rico, o no lo ha hecho tan bien, o es que no quiere que los estadounidenses sepan que no ha pagado nada en impuestos federales”.
En octubre de 2016, un mes antes de que se realizaran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el diario The New York Times publicó una investigación de acuerdo con la cual el entonces candidato a la Casa Blanca habría evadido impuestos de manera legal durante 18 años: de 1995 a 2010.
La investigación del diario estadounidense señala que el empresario utilizó estrategias “legalmente dudosas” y que en 19990 obligó a algunos de sus acreedores a condonarle sus deudas tras declarar en bancarrota sus tres casinos en Atlantic City, Nueva Jersey. Más tarde, en 1995, Trump declaró una pérdida de 916 millones de dólares en 1995, lo que, de acuerdo con las leyes fiscales, le permitió usar esa pérdida para cancelar la misma cantidad durante casi dos décadas.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de Estados Unidos, la agencia encargada de la recaudación fiscal, considera como un ingreso la deuda perdonada, por lo que Trump debió haber declarado esos cientos de millones de dólares.
Sin embargo, el magnate inmobiliario intercambió esa deuda por acciones corporativas de su imperio quebrado, una estratagema que sobre el papel era legal pero que sus asesores le habrían desaconsejado ya que el valor de los títulos era inferior al nominal.
Durante el segundo debate presidencial, realizado el 10 de octubre, Donald Trump admitió haber evitado pagar impuestos e intentó utilizar este hecho en contra de la candidata demócrata, Hillary Clinton, al sostener que ella debió haber cambiado las leyes cuando estuvo en el Senado.
