Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para cambiar el mecanismo de financiamiento ordinario a los partidos políticos, que en 2017 fue de casi 4 mil millones de pesos, y reducirlo a la mitad.
La propuesta señala que “bajo la excusa de garantizar la equidad en la contienda, se han aumentado constantemente los recursos destinados a financiar a los partidos”.
Desde esa perspectiva, indica, en 20 años los gastos ordinarios de los partidos pasaron de 386 millones de pesos a 3 mil 941 millones de pesos.
Tatiana Clouthier dijo, al presentar la iniciativa, que los militantes tendrían que aportar fondos para sostener las actividades regulares de sus partidos.
La propuesta explica que la fórmula vigente define que el presupuesto para sostener de actividades ordinarias de los partidos “se obtendrá al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón por 65 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal”.
Ahora se propone que el indicador se reduzca “a 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, que está calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 84.49 pesos al día durante 2019.
Donativos millonarios de la Secretaría de Cultura se derrocharon en obras fantasma.
Durante el penúltimo año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la dependenciaentregó 10.5 millones de pesos a dos fundaciones priistaspara restaurar las fuentes históricas de la ciudad de Guanajuato y siete altares de una iglesia en el municipio de Yuriria. Sin embargo, los trabajos presentaron serias deficiencias y, en el caso de los altares, su “restauración” consistió en limpiarlos y retocarlos con pintura dorada.
Así lo revela una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los donativos y apoyosque la Secretaría de Cultura otorgó a organizaciones no gubernamentales (ONG) durante 2017. En ese año, estaba al frente de la dependencia María Cristina García Cepeda.
Las organizaciones en cuestión son Fundación Organizados para Servir y Fundación Juan José de los Reyes Martínez El Pípila.
En la primera aparece como socio Gerardo Sánchez García, quien durante el sexenio pasado fue senador y candidato del PRI a la gubernatura del estado de Guanajuato. Con él son socios también su esposa Leticia Elizabeth García Morales y su hermano Amador Sánchez García, además de otros priistas guanajuatenses como David Mercado Ruiz, diputado federal entre 2015 y 2018, y María Elena Cano Ayala, diputada federal entre 2012 y 2015.
Fundación Organizados para Servir es también una de las ONG que más se beneficiaron de donativos federales durante el gobierno de Peña Nieto, reveló mexico.com, como parte de un reportaje que detalla transas en las que se perdieron millones donados por Cultura, como los festivales fantasma.
Esta es la segunda entrega de los hallazgos encontrados en la auditoría 280-DS en torno a los recursos públicos que la Secretaría de Cultura entregó a distintas ONG en el penúltimo año de gobierno de Peña Nieto.
Una manita de gato
El órgano fiscalizador revisó el proyecto “Restauración Integral de Fuentes Históricas de la Ciudad de Guanajuato” encargado a Fundación Organizados para Servir, de la que el priista Gerardo Sánchez García es socio.
De acuerdo con la revisión de la ASF, los trabajos se hicieron con deficiencias severas e incluso la restauración de una de las fuentes no se realizó conforme al proyecto, según reportó el Coordinador Nacional de Recursos Financieros del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para este proyecto, la ONG recibió 3.5 millones de pesos.
Fundación El Pípila también tuvo observaciones por parte de la Auditoría.
En 2017, la Secretaría de Cultura le dio 2 millones de pesos para restaurar y conservar siete altares de cantera de la Parroquia de Nuestra Señora del Socorro, en el municipio de Yuriria. Sin embargo, detectó que la fundación sólo limpió y retocó los altares “con pintura de oro fino”.
La ONG recibió además otros 5 millones de pesos para realizar dos cortometrajes y difundirlos en 100 escuelas. El problema es que los filmes no se realizaron con los recursos federales otorgados dado que estas piezas cinematográficas ya existían desde 2014 y 2016.
El órgano fiscalizador también observó que el proyecto no lo realizó esta ONG sino otra asociación civil a la que le transfirió la totalidad de los recursos mediante un contrato de donación.
Y en lo que respecta a la difusión de los cortometrajes, la fundación notificó que pagó un millón 830 mil pesos por la renta de un domo, cuando su precio real ronda los 60 mil pesos.
Para este reportaje buscamos a ambas fundaciones en los teléfonos que proporcionaron cuando se inscribieron en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, pero los números estaban equivocados, no existían o no estaban disponibles. También enviamos un cuestionario escrito a los correos electrónicos registrados ante el gobierno federal, pero nunca tuvimos respuesta.
Más anomalías
La ASF también puso bajo la lupa a Suena, México Suena, una asociación que se constituyó en febrero de 2015 y que en los últimos tres años de Peña Nieto recibió casi 60 millones de pesos en donativos federales.
El órgano fiscalizador investigó específicamente el destino de 2 millones de pesos que la ONG recibió para “promover el desarrollo de las habilidades artísticas de la población infantil y en las familias” de los municipios de Zacapu y Los Reyes, Michoacán.
La asociación se comprometió a realizar diversos talleres y entregar 250 copias de un DVD con la grabación de los mismos como prueba de que se llevaron a cabo. Para comprobar que cumplió, presentó a la Secretaría de Cultura constancias presuntamente emitidas por funcionarios del municipio de Zacapu aceptando la entrega de 100 DVD.
Sin embargo, al ser interrogados por la ASF, los funcionarios municipales desconocieron las firmas plasmadas en los oficios y negaron que hubieran solicitado o recibido algún DVD.
Y en lo que respecta a la realización de los talleres, señalaron que “un diputado federal solicitó el espacio de la Casa de la Cultura (municipal) únicamente por tres días" y que solo existió una grabación "en la que no hubo público presente”.
En entrevista telefónica, Mario Muñoz Bagnis, quien aparece como presidente de la asociación en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, desconoce las razones por las que los funcionarios hicieron tales declaraciones.
“Nosotros tenemos los oficios que ya fueron entregados a (la Secretaría de) Cultura, del que era el coordinador de la Casa de Cultura, inclusive dándonos las gracias de que hubiéramos hecho las actividades allí”, indicó.
La Auditoría descubrió algo más. A petición de la asociación civil, la Secretaría de Cultura le autorizó realizar la totalidad del proyecto en Zacapu debido a problemas de inseguridad en el municipio de Los Reyes. Lo curioso es que para ese momento la asociación ya había entregado la totalidad de la comprobación del proyecto tanto en Zacapu como en Los Reyes, indica la ASF.
De acuerdo con Muñoz Bagnis, el proyecto se tuvo que realizar en su totalidad en Zacapu sin antes obtener el permiso oficial de la Secretaría de Cultura por una cuestión de tiempo.
“Ya no había tiempo de pedir el permiso para ejecutar las cosas. Ya teníamos todo listo y si no lo ejecutábamos en esas fechas, teníamos igual que pagarle a los proveedores. Entonces el dinero se iba perder y mejor se ejecutó”, explica.
Posteriormente, dice Muñoz, cuando se entregó la comprobación del proyecto, la ONG notificó a la Secretaría de Cultura las razones del cambio y de no declararlo a tiempo. Según su versión, la dependencia “entendió las circunstancias” y les concedió el permiso extemporáneo.
Además de Muñoz Bagnis, Suena, México Suena tiene como socio a Raymundo Pérez Lancón, indican documentos oficiales. Este último fue asesor en comunicación de la priista Ivonne Álvarez García cuando compitió por la gubernatura de Nuevo León en 2015.
Un ejército de hombres armados desde el Edomex // Lotería Nacional: la suerte para unos cuantos
Miguel Ángel Velázquez
E
n las oficinas del gobierno federal ha empezado a sonar una noticia que tiene a los integrantes de una agrupación, muy oscura, más que nerviosos. Se trata del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México, Cusaem, por sus iniciales, que hay quien asegura cuenta con más de 30 mil efectivos y que podría perder sus contratos de vigilancia en las oficinas de gobierno ubicadas en Ciudad de México, por lo pronto.
Se trata de una organización, o mejor dicho una empresa, que vende seguridad como muchas otras en toda la ciudad y el país, pero con ella hay una gran diferencia. Durante el sexenio pasado, y hasta ahora, se encarga de cuidar los edificios públicos que se ubican en Ciudad de México porque es la compañía que desde el estado de México, uno de los más violentos e inseguros del país, creció al amparo y la recomendación de la Presidencia de la República.
Aunque no existen datos precisos, se habla de que el Cusaem logró, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, contratos por miles de millones de pesos al otorgar seguridad a oficinas de gobierno, empresarios políticos, y todo aquel que pueda pagar el servicio, con lo que ahora es un verdadero ejército de hombres armados.
Habría que decir que los efectivos del Cusaem no pasan inadvertidos para nadie que visita una oficina de gobierno porque visten de negro y usan armas de asalto que no utilizan las fuerzas policiacas de esta ciudad.
Así las cosas, todo parece indicar que el gobierno de Ciudad de México reclamará ser el cuidador y vigilante de los inmuebles que albergan alguna actividad de la administración federal, con lo que el negocio proveniente de alguna parte del llamado Grupo Atlacomulco, que se dice dueño de la idea y su creación, se habrá derrumbado.
Las investigaciones que darán argumentos a las autoridades del gobierno de Ciudad de México para reclamar la salida del Cusaem en tareas de vigilancia que se han mencionado, han llevado a establecer la idea de que la Policía Bancaria e Industrial puede hacerse cargo de las labores que hasta hoy tiene la empresa mexiquense a la que ya se le acabó el sexenio.
De pasadita
Si alguien supone que en la Lotería Nacional sólo juega la suerte, podemos decirle que está absolutamente equivocado y que la institución se convirtió desde hace tiempo en una cueva de ladrones, donde lo de menos era la fortuna.
Para empezar, la nueva administración se halló con que los boletos de la Lotería Nacional que no se vendían eran custodiados por grupos que se dedicaban a esconderlos hasta después de pasado el sorteo para escoger aquellos que tuvieran premio. Los únicos que no se cobraban eran los reintegros, comenta uno de los nuevos directivos de esa institución.
Los funcionarios del organismo cobraban muy buenos dividendos sin arriesgar ni hacer caso a su suerte. Se dice que muy pronto se anunciarán nuevos derroteros para esa institución para la asistencia pública. No sólo las denuncias, sino también el proyecto de fusionar todas las entidades dedicadas al juego en una sola en la que la suerte deberá tener preponderancia.
Hoy, las nuevas autoridades están más que espantadas: también se encontraron con un sindicato que más que proteger al trabajador alimenta a los líderes que, por ejemplo, aunque ya estén jubilados, reciben un jugoso bono de fin de año. En fin, el asunto es que no hay lugar en la administración o en los gobiernos de la República donde la corrupción no exista, donde se pisa salta un hecho de ese tipo y ahora en la Lotería Nacional, a decir verdad aún no se ve el fondo en este teje y maneje de ¿la suerte?
