miércoles, 17 de abril de 2019

CUARESMA-Rocha

Ordena tribunal la aprehensión de Mario Marín y Kamel Nacif

Tortura contra Lydia Cacho, la causa

Incluye a dos colaboradores del ex gobernador poblano
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▲ En la imagen izquierda, Mario Marín, ex gobernador de Puebla. A la derecha, el empresario Kamel Nacif.Foto Luis Humberto González y Marco Peláez
Reporteros y reportera de La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2019, p. 14
Un tribunal unitario de Quintana Roo libró orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres; de Adolfo Karam Beltrán y de Julián Sánchez Moreno, ex jefes de la policía local y de mandamientos Judiciales de la Procuraduría estatal, respectivamente, y del empresario textilero Kamel Nacif Borge, presuntos responsables del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005.
Ayer, Sánchez Moreno fue detenido en el estado de México por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, y deberá ser trasladado a Cancún donde se lleva a cabo el proceso. Según Ramón Fernández, secretario particular del ex gobernador, éste se encuentra vacacionando, aunque no dijo el lugar; empero, otras versiones afirman que el jueves pasado fue alertado desde Quintana Roo que había una orden de aprehensión en su contra, por lo que habría salido huyendo de territorio poblano para evitar ser detenido por la FGR.
Los agravios contra la comunicadora se dieron tras la publicación de su libro Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía, en el que develó una red de pederastas, de trata de menores y de pornografía y prostitución infantil liderada por el magnate hotelero, Jean Succar Kuri, arrestado en Cancún en 2004. Entre los implicados se ubica al apodado Rey de la Mezclilla.
Debido a los señalamientos en su contra, Nacif Borge demandó a la periodista por supuesta difamación y calumnias. El entonces gobernador poblano intercedió para que agentes estatales se trasladaran hasta Cancún para detener a Cacho y llevarla a Puebla. En el trayecto se habrían dado los abusos y torturas a la periodista. Semanas después, La Jornada dio a conocer grabaciones de conversaciones entre Marín y Nacif que demostraron una conjura para concretar la detención ilegal.
El pasado 11 de abril, la magistrada María Elena Suárez también revocó la sentencia del juzgado segundo de distrito que negó librar la orden de aprehensión, y ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda de los imputados, mientras el juez tendrá que realizar los trámites respectivos para suspender los derechos políticos de los inculpados. Este mandamiento forma parte de la causa penal 26/2018.
En enero pasado, el Estado mexicano, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa pública a la periodista. Esto se hizo en respuesta a la reparación del daño en favor de Cacho Ribeiro ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que determinó que el gobierno de México violó sus derechos de libertad de expresión, integridad y seguridad personal, a la libertad y al acceso a la justicia, por lo que ordenó a las autoridades nacionales garantizar justicia, verdad y reparación.
En ese acto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que el gobierno federal prometió respeto y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.
De su lado, la Red por los Derechos de la Infancia en México reconoció que el tribunal unitario haya emitido las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de los delitos contra Lydia Cacho.
Destacó que ese fallo es un paso para el combate a la corrupción y la impunidad en este caso. Afirmó que concretar la aprehensión de los imputados será una prueba para el gobierno de López Obrador de que efectivamente combatirá la corrupción.

Alan García falleció: ex presidente se suicidó antes de ser detenido

El ex presidente de la República sufrió tres paros cardio-respiratorios en la sala de operaciones del hospital Casimiro Ulloa

Alan García
El ex presidente Alan García fue internado de emergencia en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores. (Foto: GEC)
El ex presidente de la República Alan García falleció hoy, luego de que esta mañana se disparara en la cabeza, cuando la Policía Nacional ingresó a su casa, en el distrito de Miraflores, para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.
"Esta mañana ha sucedido este lamentable accidente: el presidente tomó la decisión de dispararse", dijo a periodistas su abogado Erasmo Reyna en la puerta del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima.
La ministra de Salud, Zulema Tomas, informó que Alan García se encontraba en una "situación muy crítica y muy grave". 
También refirió que el ex jefe de Estado sufrió tres paros cardio-respiratorios.
"Es la tercera vez que le hemos hecho la reanimación. Ha hecho tres paros cardíacos. La situación es grave", comentó Tomas, quien dijo que ingresó al quirófano.
El ministro del Interior, Carlos Morán, afirmó que la diligencia realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en la vivienda de García se hizo en cumplimiento estricto de una orden judicial de detención preliminar por diez días solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.
“Quiero puntualizar que la intervención de la Policía Nacional se ha pegado estrictamente a protocolos establecidos apoyado en una diligencia judicial dictada por un juez en un caso emblemático como es el caso Lava Jato”, subrayó Morán en conferencia de prensa.
Por su parte, el congresista aprista Mauricio Mulder criticó que la fiscalía haya solicitado la detención preliminar del ex presidente sin esperar a la declaración del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, programada para la próxima semana.
“El ex presidente Alan García se encuentra en esta situación sin que le hayan imputado nada, ni siquiera han esperado que el señor Barata hablé. ¿Será porque ya saben que el señor Barata no va a decir nada? Entonces, necesitaban de todas maneras hacer este circo”, expresó.
La investigación contra García Antes de emitirse la orden de detención, Alan García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en noviembre.
La justicia dictó en ese mes 18 meses de impedimento de salida del país. 
La detención ordenada a Alan García este jueves es por 10 días y busca, según la fiscalía, recoger nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga.
A fines de 2018 Alan García, tras abandonar la embajada uruguaya, dijo que estaba a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción.
El ex mandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo "ante la inminencia de una orden de detención". El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.
En las últimas semanas García ha reiterado que "no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras".
Alan García está bajo la lupa además por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para la línea 1 del metro de Lima durante su segundo mandato.
El año pasado alegó ser "perseguido político", pero su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano.
Por el escándalo de Odebrecht en el Perú también están investigados los ex mandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), este último bajo detención preliminar hasta el 20 de abril, así como la opositora Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien está en prisión preventiva. (Con información de AFP)