La
“anacrónica” SCJN aplica un revés a los derechos humanos en México y pone en
riesgo a ciudadanos: IMDHD Por: Marco Antonio Martínez - septiembre 4 de 2013 -
Ciudad de México, 4 de septiembre
(SinEmbargo).– La reforma constitucional en materia de derechos humanos en
México, aprobada en 2011, sufrió ayer un retroceso. Así lo considera el
investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDHD), Edgar Cortez
Morales, luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
resolviera una contradicción de tesis y con 10 votos a favor decidiera que “los
derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al Artículo 1°
constitucional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la
Constitución, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional”, lo cual
va en concordancia con la reforma de 2011. Pero también acordó que “cuando haya
una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional”, y es ahí
donde radica la regresión e incluso el peligro para los derechos humanos,
indica el activista. Lo ve como un paso atrás porque entonces lo que está
firmado en tratados internacionales como el derecho de una persona a estar ante
una autoridad luego de ser detenido y saber cuál es la acusación para la
defensa, se puede vulnerar ante una figura como la del arraigo, de recurrente
práctica en México, e incluida en la Constitución, y que para organismos
internacionales, como Amnistía Internacional, es violatoria a los derechos
humanos. “(Con la decisión de la Suprema Corte) el arraigo no se puede
cuestionar aunque haya instrumentos internacionales que lo cuestionan, no se
puede hacer nada”, lamenta Cortez. Con la votación de ayer del pleno de la SCJN
cuestionamientos al arraigo y a la prisión preventiva pierden efectividad,
añade. “Si una norma en la Constitución es contraria a los derechos humanos
internacionales (con la votación de ayer) no tienes nada que hacer”, afirma el
experto. “La SCJN teniendo la posibilidad de votar en sentido original y
consolidar nuestro avance, decide dar un paso atrás y hace tortuoso un proceso
para que sean efectivamente protegidos los derechos humanos”, dijo Cortez.
POSTURAS REGRESIVAS Desde 2011,
luego de la aprobación de reformas constitucionales en materia de derechos
humanos, hubo revisión sobre si la Constitución estaba por encima de tratados
internacionales de derechos humanos. Se revisó el Caso Radilla, que es el de
una persona desaparecida en la década de los setenta, en la llamada “Guerra
Sucia” de la que se responsabilizó al Ejército Mexicano, y cuyo caso fue
llevado ante la Corte Interamericana que determinó que sí había responsabilidad
militar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el caso para
ver si no se contradecía con la Constitución y ese mismo año determinó que no.
A inicios de este año, el Diputado federal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Francisco Arroyo Vieyra, presentó una iniciativa para
proponer que los tratados internacionales no podían estar por encima de la
Constitución, pero debió retirarla ante la protesta de organismos de derechos
humanos. El tema llegó de nuevo a la mesa de las discusiones, luego de que la
SCJN aprobó resolver una contradicción de tesis entre dos juzgados, el Primer
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer
Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
El Máximo Tribunal del país debía determinar si de acuerdo con el marco
constitucional vigente las normas de derechos humanos reconocidas en tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, se relacionan en
términos jerárquicos con aquellas reconocidas en la Constitución o si, por el
contrario, todas forman parte de un mismo catálogo de derechos que integran el
parámetro de control de la regularidad constitucional. A Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea le tocó ser el ministro ponente del proyecto, y la semana pasada lo
presentó, para mostrar que no había contradicción, pero no tuvo los votos
suficientes del Pleno para su aprobación. Ante este revés, organizaciones de la
sociedad civil como el propio IMDHD, el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez o la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, alertaron
que podría significar un retroceso. “El debate ha evidenciado posturas que
expresan posiciones regresivas en materia de derechos humanos con las que se
busca desconocer el objeto de la reforma de 2011 y volver a un paradigma que
permitiría la violación de derechos humanos reconocidos internacionalmente”,
alertaron mediante un comunicado conjunto. El lunes pasado se volvió a
presentar el proyecto y Zaldívar propuso una versión modificada del proyecto
presentado la semana pasada. “Propuso una versión domesticada planteando que
haya mandato de la Constitución, lo que va a prevalecer es la Constitución
sobre los tratados”, recuerda Cortez. “Para mí sí significa un retroceso porque
el sentido de las reformas lo que planteaban era esta unidad donde una parte de
la unidad era la Constitución y otra parte eran los tratados internacionales.
Lo que algunos han llamado bloque de constitucionalidad y otros reconocimiento
de derechos extendidos, pero la idea era este conjunto. Al tener el conjunto
aplicabas dos cosas, la interpretación conforme; es decir, la Constitución
junto con los tratados para hacer esta lectura coherente y armónica, y si no
tenía esta lectura o tenías otras complicaciones tenías el principio Pro
Persona, que se refiere a qué norma terminaba beneficiando más a las personas.
Entonces eso era lo que estaba en cuestión y lo que el lunes se propuso es que
se mantiene este criterio, pero el mandato es que cuando hay un mandato o
limitación expresa en la Constitución entonces prevalece ésta”, explica.
ARRAIGO, CONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO
Cortez explica a SinEmbargo las consecuencias que puede tener este paso
regresivo. “Por ejemplo el arraigo. Nosotros que hemos venido cuestionando el
arraigo y sostenido que aunque esté en la Constitución es contrario a la propia
Constitución y a los derechos humanos. Con una decisión como ésta ya no lo
podríamos cuestionar, porque como el arraigo ya está en la Constitución
entonces los tratados internacionales ya no tienen efectividad. Otro caso que
se plantearía sería que en la reforma penal de 2008 se propuso que haya una
lista de delitos en donde la prisión preventiva es obligatoria o de oficio.
“Nosotros veníamos cuestionando eso porque también es contrario a la reforma de
2011 que plantea que la prisión preventiva siempre tiene que ser la medida
última y siempre tiene que buscar aquella que limite o afecte lo menos posible
el derecho a la libertad. Pero otra vez, como vamos a tener mandato expreso de
la Constitución ya no se puede cuestionar. Yo creo que esta decisión que está
tomando la Corte es muy parecida a aquellas contrarreformas propuestas por el
diputado Arroyo a inicios de año”, argumenta. –¿De dónde nace este interés de
analizar si no hay nada encima de la Constitución? –Es una expresión de una
corriente en México muy conservadora que siempre ha planteado que nada puede estar
encima de la Constitución, poniéndonos en un escenario como si la Constitución
fuera perfecta. La Constitución al ser un producto social de un cierto tiempo
puede tener imperfecciones, y además reformas que se han hecho recientemente
han sido motivadas por intereses políticos de coyuntura. Esta visión de que
nada puede estar por encima de la Constitución y donde esa visión conservadora
sigue viendo a los derechos humanos como algo ajeno que amenaza, y lo más grave
es que finalmente la Suprema Corte toma una decisión contraria al espíritu de
la reforma (de 2011). Si uno revisa la exposición de motivos de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos expresamente se decía que la
reforma quería incorporar y darle efectividad a los derechos humanos en el
país, y por eso ponerlos en el mismo nivel en la Constitución y por eso damos
un paso atrás en algo que habíamos logrado en la reforma. Es como estos
procesos históricos que damos en México, un paso adelante con la reforma y un
pequeño proceso atrás de ir construyendo una cultura jurídica que no incorpora
de manera plena y total a los derechos humanos en el país. –¿Esto a qué abriría
la puerta, qué tratados son contrarios? –Son tratados como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana.
Volviendo al ejemplo del arraigo, lo que estos órganos internacionales plantean
es que si te detienen te tienen que llevar de inmediato ante una autoridad y
plantearte de inmediato de qué te acusan para poder en consecuencia defenderte.
El arraigo impide eso porque te detienen y van a investigar, no hay acusación
ni derecho a defensa, no va en directo contra un tratado sino contra aquellos
asuntos donde hay mandato expreso de la Constitución o alguna norma de la
Constitución que consideramos pueda ser contraria a derechos humanos. Ya no se
puede cuestionar porque si ya está en la Constitución eso hace que volvemos al
punto al que estábamos antes de la reforma: los tratados internacionales por
debajo de la Constitución. El riesgo es que esto motive lo que vivimos con el
arraigo, cuando lo cuestionamos en 2006 y 2007 y había muchas recomendaciones
de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano que decían ‘quiten el arraigo de
su legislación’, qué hicieron el gobierno y los legisladores de esa época, no
lo quitaron de la Constitución. El riesgo ahora es que empiece a haber reformas
constitucionales para poder poner ahí asuntos encima de los derechos humanos,
puede volverse un incentivo perverso. –¿Bajo el argumento de que la Constitución
es intocable? –Y que si hay mandato expreso el derecho internacional de los
derechos humanos queda en segundo lugar, por eso me parece un retroceso
importante, una especie de contrarreforma.
SUPREMA CORTE CONSERVADORA
IMG_0028-10 Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos.
Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo –¿La Corte atraviesa un periodo conservador?
–La SCJN siempre ha sido un cuerpo en algunos momentos mucho más conservador,
ahora tiene divisiones, un grupo de ministros o ministras más progresistas, más
abiertos y otro más conservadores que quieren mantener el statu quo, la
tradición jurídica mexicana donde nada por encima de la Constitución, pero esta
visión un tanto anacrónica impide que se consolide, que tenga todos los efectos
benéficos para la sociedad la reforma constitucional –¿En la reforma de 2008
preveían estas contradicciones? ¿Hicieron mal su chamba los legisladores? –En
el caso de la reforma constitucional los legisladores hicieron bien su trabajo.
La reforma de 2011 sí los ponía como un paso adelante, de darle carácter
constitucional y poner los criterios principios pro persona era una reforma que
le daba carácter constitucional y ponía en el centro la protección de los
derechos de las personas. El tema es que ya desde casi la primera etapa, cuando
la Corte estaba discutiendo como el grado de cumplimiento de la reforma
constitucional, como en el caso Radilla discutía esto, si había bloque de
constitucionalidad, si los tratados internacionales estaban igual al nivel de
la Constitución, ya veníamos viendo los criterios de interpretación. Luego vino
la reforma a la iniciativa de contrarreforma del diputado Arroyo en enero de
este año, veníamos viendo que había una tendencia que quería revertir y ahora
esta decisión. –¿Cómo nace el actual caso donde el ministro ponente fue el
ministro Zaldívar? –Es una contradicción de tesis donde había dos decisiones de
dos tribunales federales, uno planteaba al mismo nivel la Constitución y los
tratados internacionales y otro que planteaba esta jerarquía con la
Constitución y abajo los tratados. Como tenía dos decisiones, cuando eso sucede
la Suprema Corte tiene que intervenir frente a un criterio y frente a otro,
cuál es el criterio correcto para que hubiera una normabilidad en todos los tribunales
de cómo interpretar. Entonces el ministro Zaldívar en principio lo que
planteaba era eso, que había esta unidad entre Constitución y tratados, pero
conforme se fue dando la discusión y ante la alta probabilidad de que perdiera
la discusión lo que presentó ayer (el lunes) fue una versión modificada que
trata de dejar una posición intermedia, pero que traiciona el espíritu de las
reformas. –¿Ven con el nuevo gobierno propuestas innovadoras? –Hasta el momento
no, la vía es seguir presentando casos, plantear al Legislativo y ver que a
final de cuestas estamos en una lucha de largo plazo, que una nueva reforma no
cambia por sí misma las cosas, lo que viene es la aplicación de la nueva ley y
ahí hay muchas complicaciones, porque requiere mucha política pública a poner
en práctica para dar efectividad a la ley y lo que urge crear es una nueva
mentalidad de abogados. –¿Aún no hay mentalidad de derechos humanos que permee?
–Todavía no. Si revisas hoy muchos de los programas en las universidades el
tema de derechos humanos es una materia, no es su elemento sustantivo de la
formación. Por otro lado el tipo de formación que tienen nuestros abogados no
les enseñan forma de pensamiento sino de aplicación mecánica de la ley y no
esta forma de interpretación, tienes la Constitución, las leyes, los tratados
internacionales, todo ese conjunto y lo tienes que poner a dialogar. El
problema es que como te enseñan a tener derecho no habilita a tener a abogados
habilidad. Aunque haya muchos cursos el problema es la base de formación y
forma de pensamiento que tienen los abogados.
CASO RADILLA -¿Caso Radilla era un
paso adelante? –Era un paso adelante. –¿En qué consistía? –La desaparición
forzada de un luchador social de Guerrero que en los setenta es desaparecido
por el Ejército en contexto de la Guerra Sucia. Él iba en un autobús de
pasajeros, lo detiene un retén del Ejército, bajan a todos, los revisan y
después sube el resto pero a él se lo llevan y desde entonces está
desaparecido, desde hace 40 años y hasta la fecha no sabemos de él, su familia
no sabe dónde están sus restos, han estado buscando justicia, agotaron las
instancias nacionales, fueron a la Corte Interamericana y obtuvieron una
sentencia en 2010 y en julio de 2011 cuando fue aprobada la reforma, la SCJN
discutió cuál era la mejor manera para cumplir esa sentencia y darle
cumplimiento, y desde ahí vienen pendientes. Ya se planteaba que una obligación
del Estado era la modificación del fuero militar, algo que no hemos hecho. En
el mensaje de Enrique Peña Nieto (del lunes), plantea que se va enviar esta
iniciativa de fuero militar pero es un viejo pendiente, cuando menos desde la
última etapa de 2011 la tenemos. –¿Ya veía perdida la discusión? –Sí. Es un
mensaje de la SCJN y la sociedad tendría que hacer conciencia de las
características que tiene la Suprema Corte y hacer reflexionar si sería
importante tener acción más activa cuando hay renovación de ministros y
ministras, si debemos tener una posición más activa de buscar diálogo para que
en un momento dado el Ejecutivo considere perfiles más abiertos, progresivos y
empáticos con los derechos humanos porque al día de hoy la composición de la
Corte muestra esa mentalidad jurídica vieja, conservadora y anacrónica.
Este contenido ha sido publicado
originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/04-09-2013/742001.
Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si
lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted
ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
