lunes, 16 de diciembre de 2013

Agarran a patadas a diputado por aprobar Reforma Energética

pueblacamoteparadiputado

Sobrevive Edgar Salomón a zafarrancho afuera del Congreso local. Jorge Luis Coriche y Ricardo Urzúa fueron sorprendidos a huevazos mientras que Héctor Alonso sufrió jaloneos y el robo de un reloj
Por : Edmundo Velázquez / @mundovelazquez

 “¡Es diputado! ¡Es diputado! ¡Déjenlo pasar!”, gritó uno de los uniformados que custodiaban el cerco al Congreso de Puebla para que dieran acceso al legislador priista Edgar Salomón quien estaba en el suelo tras haber intentado, sin éxito, saltarse una valla.

Los policías intentaban levantar del suelo al diputado priista cuando se le fueron encima los manifestantes que, por los gritos, habían sido alertados de su envestidura.
Como lo relató a CENTRAL, el diputado intentó burlar dos veces el cerco para poder llegar las sedes, en el hotel NH y en el Congreso local, donde se reuniría con sus compañeros de bancada. Entre los jaloneos también resultaron vilipendiados los diputados priistas Jorge Luis Coriche y Ricadro Urzúa, quienes fueron sorprendidos a huevazos mientras queHéctor Alonso acusó de haber sido víctima del robo de un reloj al momento de los jaloneos con los manifestantes.
La primer vez que quise entrar por la calle de Tesorería, en Reforma, por ahí quise entrar pero ya tenían cercado. Caminé como siete cuadras con los manifestantes detrás de mí, gritándome de todo, ofendiéndome horrible. Me tiraron hasta papel higiénico sucio, no me quiero imaginar de qué”.
El diputado dijo que intentó entrar a la sede previa de los legisladores, en el hotel NH, y queincluso iba en playera y pantalón para pasar desapercibido y posteriormente intentó saltarse la valla.
Llego a la valla y me la brinco, pero con mi peso se cae la valla. Y voy al suelo con ella. Los policías pensaron que yo era manifestante. Me intentan sacar hasta que alguien grita: ¡es diputado! ¡Es diputado! ¡Déjenlo pasar! Y ahí fue que me jalaron, me agarraron de los cabellos, me tiraron al piso. Me dieron patadas hasta que se cansaron”.
Según acusa, un hombre se le fue encima pero irónicamente detuvo los golpes más fuertes. “No sé cómo hubiera quedado si el hombre este no detiene los golpes. Medio me paré cuando pude, me empezaron a patear, me empecé a defender, la verdad terminé a golpes pero por defenderme”, relata el legislador.
Salomón terminó con la playera rasgada, con golpes y contusiones en las piernas. En la manifestación alcanzó a ver únicamente al militante del Partido del Trabajo, Armando Echeverry.
Estuvo muy violento. Yo creo que casi me mandan al hospital. Me pusieron una bolsa en la cabeza. Estuvo horrible, la gente fue muy salvaje”.
A pesar de las lesiones en las piernas, rasguños y moretones en el pecho, Edgar Salomón resultó ileso y hasta el momento asegura que no presentará ninguna denuncia contra los manifestantes.
¡¿Para qué?! Y contra quién… No tiene caso. Lo mejor es que estoy bien. No pasó de los jalones de pelo y las patadas”.

La Reforma Energética, retroceso histórico

La censura franquista manipuló carteles, películas y fotografías para preservar la moral, la religión y el orden

Abajo puños, arriba escotes


La censura añadió un encaje sobre el escote que tenía el vestido de Sara Montiel en una de las galas del Festival de Venecia
La tijera censora no dio abasto durante la dictadura. Y el cine, con sus fotogramas insinuantes o provocadores, fue un gran generador de quebraderos, siendo además el principal entretenimiento que tenía la sociedad tras la Guerra Civil. Los censores se cuidaban mucho de que en las películas que se exhibían en España hubiese influencias negativas con materias como la religión, la política, el ejército, la prostitución, el divorcio o el adulterio.
El sexo llegó a convertirse en una verdadera obsesión y fue perseguido con todas las armas al alcance de los censores. Dibujantes y empresarios tenían que hacer malabares para que los carteles se asemejasen lo más posible a la realidad americana, inglesa o francesa. No siempre con mucho acierto. Bienvenido Llopis ha analizado en La censura franquista en el cartel de cine (Notorius ediciones) los 40 años de censura en España. Se subían los escotes, se tapaban las piernas y se evitaban camas. “Se prohibían películas y se cortaban fotogramas, pero tan importante como controlarlas era hacerlo con la publicidad cinematográfica. Grandes estrellas de Hollywood que abrazaron la causa republicana —James Cagney, Joan Crawford o Robert Montgomery— vieron como sus nombres desaparecían de los carteles de cine españoles mientras que títulos que pudieran dar lugar a dobles intenciones no deseadas eran cambiados”, señala Llopis.
Llopis ha empleado más de tres décadas en adquirir los carteles, programas de mano, revistas que permitiesen ver el trabajo de los dibujantes de la época y los censores. “No ha sido nada fácil porque muchos documentos estaban perdidos y ha habido seis de ellos que no he logrado conseguir y que figuran en el libro gracias a la cesión de sus propietarios”.
Junto a los carteles de películas se muestran portadas de revistas, tebeos, novelas, noticias de prensa, fotografías, tarjetas postales, álbumes de cromos de censores que se transformaron en diseñadores de ropa para servir a la moral del régimen. Esther Williams, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Sofía Loren o Gina Lollobrigida aparecían en España con vestidos que en nada se asemejaban a los originales.
La idea surgió una mañana de domingo en el Rastro de Madrid. Llopis estaba con su puesto de carteles, postales, programas de cine y se acercó una persona que tenía un programa de la película Camino de Santa Fe, que había pasado la censura en toda España excepto en Burgos. El arzobispado de esa localidad obligó a camuflar el beso de Errol Flynn a Olivia de Havilland con un sello. Quien le hablaba era el propietario del cine Cordón de Burgos quien se comprometió a enseñarle el programa. “Le esperé muchos domingos hasta que apareció de nuevo y cuando lo vi pensé que debía hacer un libro. Lo que no imaginé es que iba a tardar tanto. Empecé en 1985 y hasta ahora”, señala este coleccionista y librero.
El carpetazo a la censura se da el 1 de diciembre de 1977 por decreto de Adolfo Suárez. Los cartelistas respiran y comienzan una etapa de liberatad creativa. Del disparate represor no se había salvado ni el pato Donald. ¿La razón? El dibujo animado aparecía con el puño en alto y las mentes infantiles podían compararlo con el saludo comunista.

Preguntame Artículo 35 "Reforma Energética" en México

Oye @ferbelaunzaran ¿ Se enojó tu papi ?

César Martínez Julio Hernández López

Astillero
 Vandalismo institucional
 Aprobar a rajatabla
 La protesta salta
 César Martínez
Julio Hernández López
Foto
ARENA CIUDAD DE MÉXICO. La senadora perredista Dolores Padierna rindió su informe de labores. En el recinto de Azcapotzalco, dijo que con la reforma energética las empresas trasnacionales y la oligarquía nacional se apoderarán de la riqueza del paísFoto María Luisa Severiano
E
n una fulgurante operación final, el aparato de poderes comprometidos con la aprobación de la reforma energética recorrió a bayoneta política calada los asientos legislativos federales y de una buena parte de los estatales para cumplir con los requisitos formales de la cesión de riquezas nacionales a manos privadas, sobre todo trasnacionales.
La rapidez aritmética del Senado fue superada por la de San Lázaro, con Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones como orgullosos comandantes que rindieron a la anémica oposición izquierdista en las sesiones claves. Luego se inició una competencia casi con pretensiones olímpicas de los gobernadores deseosos de reportar a Los Pinos que en sus estados los congresos bajo control habían ejecutado las instrucciones de aprobar a la carrera lo proveniente de la capital del país.
La vergonzosa conversión de las legislaturas estatales, casi siempre lentas e indolentes, en presurosas mensajerías de fin de semana obligadas a recibir paquetes y despacharlos de regreso fue enfrentada desde un grado mayor de vigor por grupos ciudadanos entre los que destacaron los jóvenes, decididos a dar un salto en la protesta pública, a pesar de que era evidente que la pelea estaba perdida desde semanas atrás. Con matices según la región, militantes y simpatizantes de Morena, del PT y de Movimiento Ciudadano (éste en Jalisco) se plantaron en cercos que al ir más allá de los parámetros anteriormente practicados llevaron a los gobernantes locales a reprimir con descaro y a los congresos a sesionar y votar en condiciones que exhibieron su carácter faccioso y vergonzoso, cambiando de sedes a hurtadillas, sesionando una hora antes del término convocado, aprobando en pocos minutos los textos abundantes y llenos de tecnicismos que sin cuidar siquiera las formas autorizaron al vapor, sin lectura, discusión o raciocinio.
Ese vandalismo institucional no quedó en el plano legislativo, sino que fue acompañado de un giro en la conducta de gobernadores que hasta ahora se quejaban de las órdenes centrales que les impedían actuar abiertamente contra disidentes y movimientos de protesta y que ahora parecieron recibir indicaciones diferentes, facultándolos para gustosamente endurecer el puño. Aquí se ha escrito con insistencia que el peñismo ha sobrellevado las protestas, conteniendo sus congénitos ánimos represivos, para no incendiar a destiempo la pradera social, en espera de que fuese aprobada la reforma central, la energética.
Ahora, virtualmente ya con la reforma en la bolsa, se han abierto compuertas de violencia oficial, mediante golpeadores de civil o uniformados, en momentos en que crece una irritación popular que corre por senderos ajenos a lo partidista y a loinstitucional. Ejemplos drásticos se conocieron en San Luis Potosí, donde la policía del gobernador priísta Fernando Toranzo montó protecciones extremas para que sesionara el congreso local, golpeando a ciudadanos en protesta y a periodistas como el reportero gráfico César Rivera y el articulista Guillermo Luévano, ambos de La Jornada San Luis. En Jalisco, donde el priísmo con el gobernador Aristóteles Sandoval al frente tiene en la mira el activismo juvenil (con muchas ganas de seguir metiendo jóvenes a la cárcel para satisfacer apetitos fascistoides de mantenimiento delorden) y donde se ha habilitado a provocadores y golpeadores para crear condiciones que permiten encarcelarejemplarmente. La lista de atropellos graves en otros puntos del país es larga y demuestra que ya hubo autorizaciónsuperior para apretar el puño.
En la capital del país prendía, mientras tanto, un peculiar movimiento, el #PosMeSalto. Aun cuando su reivindicación inmediata (echar abajo un aumento de tarifas en el Metro) parecería menor ante el grave panorama nacional (sobre todo la reforma energética), significa un salto cuantitativo y cualitativo en el marco de la protesta social y abre avenidas de participación y disidencia que van más allá del alza en el boleto del Metro y nuclea el rechazo a las reformas, sobre todo la energética, a los intentos de criminalizar la protesta pública y a la política peñista en general. En el fondo es un salto a los torniquetes del poder, en una básica pedagogía cívica que desacraliza las imposiciones y restricciones tomadas con torpe autoritarismo y encuestada frivolidad por el gobierno capitalino. Con una increíble pifia de origen, pues la ley de cultura cívica invocada por la dirección del Metro para advertir de sanciones económicas o de cárcel a quienes salten torniquetes no contiene ninguna regulación expresa para estos actos, de tal manera que no hay fundamento jurídico a aplicar, aunque ya se hayan cometido abusos como la detención del joven César Martínez en la estación Coyoacán.
Véase en http://bit.ly/18u5zxW la tragicómica actuación de policías y de un presunto funcionario reconociendo que cuando son muchos los que brincan torniquetes se les puede eximir de sanciones, pero no si el protestante va en solitario. César Martínez fue llevado al juzgado cívico 1, ante una juez. Pasó casi cuatro horas detenido, lo metieron “a un cuarto pequeño, aislado y encerrado y me dijeron que me quitara el cinturón y las agujetas, que dejara mis pertenencias. En eso llegó mi hermana, y un poli le dijo a otro que no me metieran. A mi hermana le dijeron que me dejaban un rato más para que me asustara y ya no lo hiciera. Me pasaron con mi hermana, firmé una hoja, me dijeron que cometí un delito, como de alguien que no paga por un servicio, y ya, me dejaron libre”. ¿Qué harán Perla Gómez, de la comisión capitalina de derechos humanos, y el propio Miguel Ángel Mancera, ante esta detención y agresión a un joven que saltó un torniquete y al que en todo caso se le podía demandar que pagara su boleto, pero no detenerlo ni maltratarlo?
Y, mientras Mancera ha sido abucheado en un acto perredista organizado por Dolores Padierna y René Bejarano, ¡hasta mañana, con Michelle Bachelet ya de regreso!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Hernández

Ventaja-Hernández


Muy bien pagados-Helguera


Dale, dale, dale


Luna llena próximamente


Parásitos


Regalitos


Palabra del lector


Lo que sigue


La estrategia perversa: menos Estado, menos soberanía, menos independencia

El ritual con que el PRI y su interesado compañero de la derecha, el PAN, festejan la reforma en materia energética sólo encuentra paralelo en la ingenuidad del PRD, partido que al sumarse al Pacto por México convalidó un supuesto acto “pluralista” cuyas consecuencias hoy vemos: Una Constitución ultrajada para permitir el saqueo legalizado de los recursos energéticos de la nación por parte de intereses privados, sobre todo extranjeros. Para Diego Valadés, uno de los constitucionalistas más notables y reconocidos del país, en los hechos esta reforma es un acto netamente privatizador. Y advierte: A partir de ahora, los mexicanos “vamos a tener otro Estado”, que será “pequeño, subsidiario, no intervencionista, pero tampoco democrático”.
La reforma constitucional aprobada por el Congreso “no es sólo un cambio en la estructura de la propiedad de los hidrocarburos, sino un cambio en la estructura del Estado”; se fortalece el “hiperpresidencialismo”, se genera una “severa mutilación de las facultades del Congreso”, se pierde soberanía ante los tribunales internacionales y el gobierno “se queda sin el instrumento legal necesario para la intervención y la expropiación” en el sector energético.
Con esa contundencia resume Diego Valadés –exministro de la Suprema Corte, exprocurador capitalino y general de la República, y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– las consecuencias más graves de los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, además de los 21 transitorios que, afirma, se volverán “la auténtica trampa” de la reforma energética.
“Es una reforma que no necesitábamos. Bastaba con modificar el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, donde existía una prohibición de firmar contratos con Pemex. Hubiéramos modificado esto sin necesidad de tocar la Constitución. Era mejor porque la asociación no le da al socio derechos reales sobre la propiedad de los hidrocarburos. En los contratos aprobados sí se los dan”, explica el experto en derecho constitucional en entrevista con Proceso.
–Entonces, ¿sí hay una privatización de los recursos del subsuelo?
–Por supuesto que la hay. Después de la extracción, por supuesto que hay privatización. Puede ser por las cuatro modalidades de contratos que proponen: por utilidad compartida, por producción compartida, por licencia o por una combinación de éstas.
“No pueden decir que no privatizan porque eso sería forzar los términos. La situación real es un resultado directo del orden jurídico que aprobaron. Es un cambio radical en los recursos en materia de petróleo, de gas, hidrocarburos y derivados”, abunda.
No hay espacio para el optimismo en la reflexión del doctor Valadés. Entrevistado por este semanario apenas horas después del largo monólogo legislativo en el Senado, donde la oposición infructuosamente planteó objeciones, argumentos y datos para echar abajo la iniciativa, el especialista va más allá y observa un “diseño perverso” en la mecánica de esta reforma.
“Mi impresión es que quien planeó esto lo diseñó para que así saliera. Le dijo a Peña Nieto: vamos a aguantarnos el primer año sin presupuesto, con un crecimiento menor de 1%; va a haber protestas, pero necesitamos sacar las reformas primero, sobre todo la energética, para que fluyan las inversiones el próximo año y entonces tengamos un crecimiento de 3 o 4%”.
–¿Quién planeó esto?
–No lo sé. Dicen que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es un hombre muy inteligente. Y algo tiene que ver en todo esto, ¿no?
Funcionario en el gobierno de Carlos Salinas, alumno aventajado de Jorge Carpizo, exrector de la UNAM, Valadés hace un símil con lo ocurrido en el periodo 1989-1990 tras la caída del Muro de Berlín, que representó el fin de la Guerra Fría y del bloque soviético.
“Recuerdo que en 1990 muchos festejábamos la caída del Muro de Berlín porque representaba el fin del modelo bipolar. Ahora, los defensores de la reforma energética, dentro y fuera del país, están tan felices como si se hubiera caído el Muro de Berlín mexicano. Eso representaba para ellos el artículo 27 constitucional”, afirma.
Las consecuencias serán negativas sobre todo para la democratización del Estado, para la gobernabilidad y para la pluralidad política, advierte el autor de El control del poder e impulsor de una reforma que le incorporaba al régimen político elementos semiparlamentarios y de rendición de cuentas, pero la cual quedó en el tintero desde la legislatura pasada.
“Han sacrificado el modelo del tamaño de Estado por su democratización. Lo acabamos de ver en la reforma político-electoral mínima que aprobaron, a toda prisa, antes de la energética. A todos los voceros del ‘Estado pequeño o mínimo’ les preocupa el tamaño sólo desde el terreno económico, no en el terreno de la democratización”, indica.
–¿Se agravará la corrupción tras esta reforma?
–La debilidad estructural del Estado mexicano es otro tema y otra consecuencia preocupante de la reforma. El Estado mexicano es un Estado que no encuentra instrumentos para frenar la corrupción hacia adentro. No lo pudo hacer en Pemex durante años. Si no lo pudo hacer con los de casa, mucho menos lo podrá hacer con los poderes extranjeros.
–¿Por qué señala que una de las consecuencias será el hiperpresidencialismo?
–Lo que se va a fortalecer no es el Estado mexicano sino sólo uno de sus poderes, el presidente de la República, quien va a tener el control del nombramiento de los responsables de las nuevas instituciones. Y va a ser debilitado el Congreso, porque con la reforma a Pemex y a la CFE, que pasan a ser empresas públicas del Estado, el Congreso pierde el control nada menos que en relación con uno de los procesos productivos más importantes para la economía del país. Pierde el Poder Judicial, porque los asuntos energéticos se irán al arbitraje internacional. Vamos a perder, por tanto, niveles de gobernabilidad. Nuestro déficit de gobernabilidad se va a ir acentuando. La ingobernabilidad será mayor.
–¿Qué consecuencias tendrá esto para el Pacto por México?
–Se quiso dar la impresión, con el Pacto por México, de un gobierno plural. Lo que se vio muy claro en el debate sobre la reforma energética es que la izquierda mexicana se equivocó por completo cuando al participar en el pacto sólo contribuyó a adornar con una falsa idea de pluralismo.
“Fue muy conmovedor ver a los senadores de una izquierda que, con planteamientos, datos, con información, trató de argumentar y no tenía la más mínima capacidad de influir sobre una decisión que ya había sido tomada por el PAN y el PRI desde antes. Con esta reforma, se terminó la ilusión de pluralismo político que alimentó el Pacto por México y que había agradado a la sociedad mexicana.”

Destrucción de Pemex

Valadés analiza punto por punto los artículos constitucionales y las consecuencias que tendrán, sobre todo, para el destino inmediato de la principal empresa pública del país: Pemex.
“El destino de Pemex está presente en los transitorios. A Pemex le dan tres años de vida y una prórroga por dos años. Las asignaciones de Pemex sólo tendrán vida durante cinco años”, explica.
–Los defensores argumentan que está la “ronda cero” para privilegiar a Pemex frente a los privados en las nuevas inversiones…
–La “ronda cero” a favor de Pemex sólo tendrá vida durante los primeros cinco años.
Valadés se refiere así a los artículos 3 y 6, 16 y 26 del decreto. De última hora, las comisiones dictaminadoras le hicieron un agregado al tercero transitorio, que pone de plazo dos años para que Pemex y la CFE dejen de ser organismos descentralizados y se conviertan en “empresas productivas del Estado”. Asimismo, se creará un nuevo organismo, ajeno a la paraestatal, que se llamará Centro Nacional de Control de Gas Natural, responsable “de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento”.
El mismo transitorio décimo sexto establece que “Pemex y sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control de Gas Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes”.
“Si el problema era la ineficacia de Pemex como organismo, pudieron haber hecho otras muchas cosas. Hubieran podido establecer otra empresa, crear una para la extracción de gas, otra para la exploración y la producción. Las opciones eran muchísimas, pero decidieron darle un golpe mortal”, sentencia Valadés.
Sintetiza: “Desaparecieron un modelo, modificaron la naturaleza del Estado y fortalecen el hiperpresidencialismo en un proceso de alta concentración de poder”.
–¿Por qué el Congreso pierde facultades de control sobre las empresas del petróleo?
–El artículo 93 de la Constitución autoriza que el Congreso forme comisiones de investigación con relación a los organismos descentralizados. Pemex se convierte en desconcentrado al cambiar a “empresa pública del Estado”. De manera que ya no se podrán realizar comisiones de investigación especiales. El Congreso ya no podrá llamar a comparecer al director de Pemex. Ya no podrá realizar investigaciones especiales. Hay una severa mutilación de las facultades del Congreso.
–¿Y en el caso del nuevo Fondo Mexicano del Petróleo? ¿Hay algún tipo de control?
–Al establecer que deberá estar radicado en el Banco de México, van a operar ahí las reglas del secreto bancario y no habrá acceso a la información.

Entreguismo

Valadés pone especial énfasis en el artículo cuarto transitorio, en el que se estipulan los modelos de contratos con entidades privadas, y, sobre todo, en el séptimo transitorio, cuyos dos párrafos establecen:
“Para promover la participación de cadenas productivas nacionales locales, la ley establecerá las bases para fomentar el contenido nacional en la ejecución de asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución.
“Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México.”
Advierte que este párrafo “anula la capacidad de expropiación y de intervención del Estado mexicano sobre su industria más importante”, además de llevar a los tribunales internacionales todo lo relacionado a los contratos.
–¿Por qué perdemos esa capacidad de expropiar o de intervenir?
–En el Tratado de Libre Comercio se dejaron restricciones muy severas en materia de expropiación e intervención. Al desaparecer la base constitucional que permitía las reservas de México en materia energética en el TLCAN, el Estado mexicano se queda sin el instrumento para intervenir y expropiar.
–O sea, ¿ya no podrá intervenir, como sucedió en el caso de la industria aeronáutica, o expropiar a las compañías petroleras?
–Así es. Imagínese un problema de desabasto de gas o de gasolina o de energía eléctrica por parte de los privados. El Estado no podrá intervenir la industria.
Valadés refiere que cuando fue embajador en Guatemala observó un caso de desafío de las empresas gaseras en Nicaragua. La industria, dominada por la española Repsol, presionó para que el gobierno le incrementara el precio del gas y provocó desabasto. El gobierno nicaragüense tuvo que ceder, aun cuando el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela entró a su rescate.
“Este es el resultado potencial de esta reforma. Es gravísimo”, advierte.

El 27 y el 28 “mínimo”

–Siempre se ha considerado al artículo 27 de la Constitución como uno de los ejes torales de la Carta Magna y del modelo que le permitió al país desarrollarse. Se habla de su fuerte carga histórica. Al cambiarlo, ¿qué es lo que sucede?
–Nunca he participado en la corriente jurídica que quiere sacralizar el pasado. Las instituciones jurídicas deben ser para el futuro. El 27 constitucional fue clave en la discusión de 1917 y en 1934 para ampliar la noción de desarrollo y de futuro. Fue el resultado de un proceso revolucionario que no fue cualquier cosa en esta nación.
“Ahora, una cosa es cambiar el 27 para incorporar otras modalidades, que no cambian la estructura jurídica y política del Estado, y otra cosa es esto que han hecho, incluyendo al 28 constitucional. Vamos a tener, a partir de ahora, otro Estado, pequeño, subsidiario, no intervencionista, pero tampoco democrático.
“Han sacrificado el modelo de tamaño del Estado por su democratización. Lo vimos en la reforma político-electoral reciente. Vamos hacia un modelo como en China, donde a los liberales económicos no les preocupa si el Estado es autoritario o controlado por un partido político, sino que garantice los espacios de inversión y liberalización al máximo, aun cuando esta liberalización tenga un impacto negativo en la democratización del Estado.”
Al abundar sobre el cambio de concepción en torno a los artículos 27 y 28 constitucionales, ambos modificados “de fondo” por el Congreso, Valadés advierte que triunfaron las tesis del “Estado subsidiario” que planteó el PAN, sobre todo desde la campaña presidencial de Manuel Clouthier en 1988.
“En esta reforma están plenamente aplicadas las tesis de la subsidiariedad, que es una noción conservadora del Estado y que se expuso cuando Clouthier fue candidato presidencial del PAN.
Según esta tesis, “el Estado debe limitarse a participar de manera subsidiaria en aquellas áreas donde los privados no puedan entrar, como en la seguridad pública. Conforme a esta doctrina, que es válida desde el punto de vista conservador, pero no comparto, están modificando la estructura del Estado mexicano”, explica Valadés.
Al artículo 28 constitucional le va peor. Desde su reforma en febrero de 1983, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, para establecer las áreas de “rectoría del Estado mexicano”, ya prácticamente no le queda nada como sector estratégico.
De última hora, para salvar las formas, los dictaminadores del Senado incorporaron una frase en el párrafo octavo del artículo 28 constitucional, que lo vincula con las modificaciones al párrafo sexto y la adición de un séptimo párrafo al 27 constitucional, que es donde se autorizan los nuevos modelos de contratos con privados.
El texto del párrafo octavo del 28 constitucional quedó de la siguiente manera:
“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”

Las trampas de los transitorios

–¿Qué consecuencias jurídicas tendrán los 21 artículos transitorios de la reforma?
–En el artículo cuarto transitorio están las modalidades de contratos y contraprestación que pagará el Estado o sus empresas productivas (ya no hablan sólo de Pemex) en las actividades de exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos: a) en efectivo; b) con un porcentaje de utilidad, para los contratos de utilidad compartida; c) con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; d) con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia.
“Ahora, lo que antes no se podía ya se podrá. De manera que la propiedad de los hidrocarburos, a través de los pseudotransitorios, le da derechos a los privados sobre lo que se haya extraído. Así sea sólo de 1%, antes esos derechos eran todos de los mexicanos, al 100%. Ahora ya no. Por supuesto, no será de 1% sino de mucho más.”
–¿Ahí está entonces la privatización?
–Exacto. No pueden decir que no privatizan porque eso sería forzar los términos. La situación es un resultado directo del orden jurídico. Es una situación de derecho. Es un cambio radical en los recursos en materia de petróleo, gas, hidrocarburos y derivados. Después de la extracción, por supuesto que hay privatización.
–¿Cómo analiza los contenidos de los demás artículos transitorios? Hay un consenso al decir que constituyen lo más delicado de la reforma.
–Mire, en esencia la reforma constitucional está contenida en un solo párrafo del dictamen aprobado, que es el artículo Uno: Se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo al artículo 27, recorriéndose los subsecuentes en su orden; un párrafo octavo al artículo 28, recorriéndose los subsecuentes en ese orden; para quedar como sigue.
“Eso es lo constitucional, estrictamente hablando. Lo demás no es constitucional. Punto.”
–¿Entonces, por qué tantos transitorios?
–En realidad, los transitorios tratan de ocultar muchas trampas de la reforma o de hacer explícitas muchas cosas que no son transitorias sino de fondo, como el modelo contractual que está en el artículo cuarto, el quinto que habla sobre la capacidad del Estado y sus empresas, o todo lo relacionado con el Fondo Petrolero. Eso no es transitorio. Es de fondo.
–¿Qué sucede si no se cumple con lo establecido con los transitorios? ¿Puede haber un litigio ante la Suprema Corte?
–Es un problema técnico jurídico muy complejo. Algunos juristas dividen lo que es realmente transitorio de una reforma y lo que no es. En estricto sentido, por lo menos 11 de los 21 artículos de esta reforma no son transitorios, son de fondo. Los transitorios sólo deben ser aplicativos a la norma, no sustantivos en cuanto a su contenido.
“Ahora, las empresas trasnacionales le van a dar un carácter constitucional a algo que no es constitucional, y cuando haya un conflicto de jurisprudencia lo van a llevar a sus territorios, a sus tribunales, a su arbitraje.”
Valadés pone el claro ejemplo del artículo séptimo transitorio, donde se establece que las disposiciones deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México.
“Este simple párrafo –sentencia– anula la soberanía, la capacidad de expropiación y de intervención del Estado mexicano en su industria más importante. Esta es una reforma que no necesitábamos.”

Denuncia Corral “bullying” político por voto en contra de reforma energética


El senador panista Javier Corral. Foto: Benjamin Flores
El senador panista Javier Corral.
Foto: Benjamin Flores
CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Cientos de panistas chihuahuenses aplaudieron el voto en contra de la reforma energética de los senadores Ernesto Ruffo Appel y Javier Corral Jurado, durante el primer informe de actividades de este último.
“Somos dos de los senadores que hemos votado la reforma energética en contra”, dijo Corral previo a explicar las razones de sus votos, lo que arrancó un aplauso generalizado en el salón donde informó sobre las reformas estructurales aprobadas.
Corral criticó el cacicazgo de algunos gobernadores del país, entre los que Chihuahua es ejemplo, destacó.
Ambos panistas advirtieron que no dejarán de ser un contrapeso hasta lograr que la reforma energética sea ligada a un verdadero combate a la corrupción, a la transparencia, al ejercicio presupuestal, a la autonomía de gestión de Pemex y liberarla de las cargas fiscales indebidas que no le permiten competir.
Ruffo reconoció que la alternancia no representó el verdadero cambio para el país, por lo que conminó a los asistentes a vigilar y exigir cuentas a los gobernantes porque ese es el verdadero cambio.
Javier Corral confesó que Ruffo y él viven un momento complejo y tenso al interior de la bancada, y aunque dijo que no han recibido presiones indebidas de nadie, denuncia que les han hecho bullying político porque les dolió esos votos en contra.
“Pero no lo hemos hecho por mezquindad, hemos estudiado mucho sobre el proyecto y tenemos muchas preocupaciones sobre el futuro por la apertura total en un sector tan corrompido, porque no se incorporaron a la reforma candados reales de combate a la corrupción y que deja muchas cosas a la indefinición en términos de la asignación del contrato que no ha modificado la esencia fundamental del problema que echó a perder a Petróleos Mexicanos: la rapiña política”, indicó.
Recordó que a Pemex la hicieron y la usaron para financiar campañas políticas “y ahora resulta que es una empresa ineficaz y corrupta”.
Ruffo cuestionó el modelo con el que ha funcionado la paraestatal, que ha sido ordeñada por décadas para avalar campañas presidenciales, mientras que Corral Jurado dijo que la única manera de combatir la reforma energética es mediante una consulta popular, que la inhabilite.
Corral advirtió que está a favor de la inversión privada en el sector energético hasta donde el PAN lo propuso: “Dijimos que íbamos a abrir la inversión privada complementaria a la pública, en los procesos de manufactura, procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte, pero, ¿una apertura total sin los candados debidos, frente a empresas trasnacionales depredadoras? Conociendo el régimen de corrupción que tenemos y la impunidad que se genera en el país, es una apuesta sumamente riesgosa.
Ernesto Ruffo y Corral coincidieron en que lo que no quisieron dar el paso hasta conocer las leyes secundarias, y así lo dijeron en su grupo parlamentario. “Les dijimos: pídanle al PRI la legislación secundaria, que nos muestre la letra chiquita, los detalles’, porque todos sabemos que en los detalles está el diablo, ni más ni menos”.
Sobre la reforma fiscal, Corral informó que la combatieron por ilógica, por absurda por contradictoria y por inconsecuente.
“Hemos combatido el paquetazo fiscal porque el gobierno ha ido a hacerse de 980 mil millones de pesos por la vía del endeudamiento y por la vía de nuevos impuestos cobrados a los mismos de siempre. Porque la oportunidad de hacer una verdadera reforma fiscal era ampliar la base de contribuyentes y cobrarle a los más ricos de México y ni se amplió la base de contribuyentes ni se eliminó en términos reales el sistema de consolidación fiscal que le ha permitido a los más grandes capitales de México seguir porque mezclan pérdidas con ganancias. Me refiero a los cien capitales más importantes de México que dejan de pagarle al país 500 mil millones de pesos, por eso la consideramos absurda y por ignorante de la realidad fronteriza, porque no conocen cómo funciona la frontera, el centralismo de Hacienda es impresionante cuando se trata de conocer las lógicas de consumo que vive Juárez con El Paso”.
Sobre el tema fiscal, dijo que al gobierno estatal hay que darle un seguimiento muy puntual de sus acciones y denunciar la voracidad con la que ha operado el gobernador César Duarte Jáquez, quien recientemente propuso y aprobó por mayoría el PRI en el Congreso, la ampliación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).
“Al excluir un tabulador en materia del ISN y dejar solo el Código Fiscal para mandarlo al 3 por ciento, me parece un absurdo total, pero también hay que decirlo: la clase empresarial de Chihuahua está muy contenta con Duarte, tienen tres años haciéndole de ballet del gobernador, y ahí están los costos, y ahí está el pago de tanta obsecuencia, de tanto silencio, de tanta connivencia con Duarte, pues que le digan, a lo mejor el año que entra se los vuelve a aumentar al 5 por ciento”, dijo Corral.
Consideró que los dirigentes empresariales de Chihuahua tienen muy poca fuerza moral para denunciar los abusos del gobernador, porque cuando éste comete abusos a otros sectores ellos no dicen nada, sólo cuando les tocan el bolsillo.
Además destacó los logros de las reformas para darle autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de la reforma política, la de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la recién aprobada de anticorrupción.
Además, resaltó que faltan por aprobar las que tienen que ver con el derecho de réplica, la de propaganda gubernamental, entre otras.

Romero Deschamps y su gente, contratistas encubiertos de Pemex, acusa frente opositor

Manejan millonarios negocios sin rendir cuentas a los trabajadores, asegura
De los recursos del gremio, la dirigencia sindical ha usurpado $3 billones de 1989 a la fecha
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de diciembre de 2013, p. 6
La dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), encabezada por Carlos Romero Deschamps, ha usurpado cerca de 3 billones de pesos de 1989 a la fecha, de los recursos del patrimonio del gremio, según denuncias presentadas penalmente por el opositor Frente Nacional Petrolero.
Esta organización señala que el comité ejecutivo del STPRM, además deadministrar las cuotas sindicales y los recursos que le transfiere la paraestatal para el pago de prestaciones y conceptos extraordinarios, sin dar nunca cuenta del destino de los mismos, también tiene múltiples negocios paralelos, pues soncontratistas encubiertos de la empresa en diversos servicios y unidades de la misma.
Esta dirigencia además es el brazo oculto del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Excavación, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitrace), a través del cual decenas de empresas que le venden servicios a Pemex, le pagan al STPRM cuotas para que afilien a sus trabajadores, y opera como un sindicato de protección. Incluso muchas de estas empresas son propiedad de Romero Deschamps y de otros dirigentes seccionales.
Aunado a ello, el sindicato recibe entre 5 y 10 por ciento de los contratos legales que la paraestatal firma con empresas privadas, para dejarlas trabajar, lo cual está en el contrato colectivo de trabajo.
En un escrito presentado a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, este frente indica que es claro que la mayoría de los trabajadores petroleros, jubilados, de planta, transitorios, técnicos y profesionistas quieren un cambio en la dirigencia sindical.
Detalla que bajo el mando de Romero Deschamps, integrantes de su comité ejecutivo y dirigentes seccionalesson empresarios, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios a Pemex, los cuales administran una extensa red de negocios. Le venden a la paraestatal, vía sindicato o bienempresas fantasmas que ellos mismos crean, servicios de transporte, alimentación, uniformes, viajes, servicios de mantenimiento, entre muchos otros.
El búnker
De todos estos estos ingresos extras que tiene el gremio no se entrega información a los trabajadores, lo cuales califican a la sede de su sindicato de un búnker al que nadie puede entrar, ya que permanentemente está cerrado con cortinas metálicas, y quienes trabajan en el mismo tienen prohibido dar el acceso a trabajadores, sólo dirigentes.
En el escrito que envió este frente al Ejecutivo federal y diversas secretarías de Estado, indica que Romero Deschamps, con recursos de la nación y de los trabajadores petroleros, ha construido un emporio de corrupción que ha rebasado nuestras fronteras, riqueza que le ha dado impunidad y le ha permitido comprar todo tipo de autoridades para no ser molestado, a pesar de las órdenes y autos de formal prisión liberados en su contra, convertidos en letra muerta pues de todo se le ha exonerado.
También plantea que este dirigente ha permitido que Pemex se inunde de empresas contratistas, que de maneralegal le entregan entre 5 y el 10 por ciento del total de los contratos que firman. Sin embargo, detalla, muchas de esta empresas le pagan al sindicato mucho más de estos porcentajes para que se desplace a los trabajadores sindicalizados de diversas unidades y así puedan argumentar falta de mano de obra especializada.
Expone que en las 36 secciones del sindicato se repiten las historias: “los dirigentes tienen sus propias empresas contratistas, cuentan con empresas fantasmas, cobran cuotas sin rendir cuentas de su aplicación a los trabajadores, venden plazas, cobran a las compañías privadas para allanarles el camino en la firma de contratos con la paraestatal y tampoco en ninguna de estas secciones hay elecciones libres.
“Lo más grave es que nada de esto –el secreto a voces de corrupción, el evidente enriquecimiento ilícito y desmedido, los múltiples negocios y propiedades de los dirigentes de este sindicato– ven el gobierno ni las autoridades judiciales, por más pruebas que se presenten en los juicios”, señala la organización.

Consignan a un hombre por incendiar árbol navideño en Reforma

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MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Por ataques a la paz pública y asociación delictuosa, Fernando Bárcenas Castillo, detenido por incendiar un pino navideño en el Paseo de la Reforma el viernes pasado, fue consignado al Reclusorio Norte.
Además, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal remitió a dos menores –un hombre y una mujer– también como probables responsables, ante un juez especial de justicia para adolescentes.
La asociación delictuosa es considerada un delito grave, por lo que Bárcenas no podrá obtener su libertad bajo caución.
Según la Procuraduría, en los videos de seguridad de observa que los jóvenes arrojaron un artefacto al árbol navideño durante la marcha contra el incremento de la tarifa del metro, el viernes 13.

Que minorías políticas se atengan a lo aprobado sobre energía: Lozoya

En los cambios se plasmaron las principales propuestas de la izquierda, asegura

Para el director de la paraestatal, los resultados de la reforma se verán en dos o tres años
Foto
Emilio Lozoya Austin, director general de PemexFoto Francisco Olvera
Israel Rodríguez J. y Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de diciembre de 2013, p. 3
La minoría se atiene a la mayoría. Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegura que el proceso legislativo que reformó la semana pasada tres artículos de la Constitución para abrir la industria petrolera al capital privado fue absolutamente apegado a las normas democráticas del país. Afirma: muchos de los planteamientos de la izquierda fueron recogidos. En dos o tres años podremos ver indicios de incrementos importantes en producción, dice en una entrevista con La Jornada.
–¿Cuál es el cambio entre empresa paraestatal, como hasta hoy ha sido Pemex, y empresa productiva del Estado, como la define la reforma constitucional?
–Es un cambio sustancial en un camino que lleva a Pemex a ser una empresa cada vez más eficiente, ágil y transparente. Una empresa productiva del Estado, como se refleja en el texto constitucional y en los transitorios, es una a la que se dota de autonomía presupuestal, financiera, de gestión y técnica, que son muchos de los avances que la izquierda mexicana pedía en sus planteamientos. Le permite competir de una forma más eficiente con las grandes petroleras a escala internacional.
Riesgos compartidos
–La propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto era compartir utilidades. Usted explicó entonces que de esa forma Pemex no sería la única en asumir el riesgo en algunos proyectos. La reforma aprobada incluye, además, las modalidades de producción compartida y licencias, y añade el término entre otros, que algunos críticos identifican con concesiones. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras modalidades de participación privada?
–En el texto constitucional queda estipulado claramente que las concesiones están prohibidas. Se retoma el espíritu en este sentido de la reforma de Lázaro Cárdenas (quien como presidente expropió la industria en 1938). En aquella época se permitían el pago en efectivo o especie por los servicios de las empresas que compartieran el riesgo. Diría que en esencia se está llevando el espíritu cardenista de la ley reglamentaria del artículo 27 al texto constitucional.
–¿Cuáles son las diferencias entre un contrato de utilidad compartida, uno de producción compartida y una licencia, desde el punto de vista económico?
–Ninguna. Es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista operativo tiene diferencias. Empiezo con el de utilidad compartida: si hay un pozo pequeño en el que entra una empresa asociada con el Estado a compartir riesgo y se generan, por decir, 100 barriles al día, para esa empresa pequeña pagarle en barriles de crudo sería muy complejo. Tendría que transportar cantidades muy pequeñas y perdería competitividad. Esa empresa va a invertir y preferiría que se le pagara en efectivo. Sin embargo, si es un yacimiento más grande y recibe un pago, por decir una cosa, de tres o cuatro barriles por cada 100 extraídos, preferirá que se le pague en barriles de crudo, porque así los podrá comercializar por su lado. Y las licencias son una combinación de esas. La licencia en un permiso para explotar y producir en un yacimiento con base en reglas predeterminadas por el Estado.
Eso no sucedería en una concesión. En una concesión se le da el usufructo de un bien público a un privado, y éste lo desarrolla bajo su libre albedrío. Es decir, en estas tres modalidades que se aprueban: de utilidad, producción compartida y licencias, el Estado mexicano retiene en todo momento la soberanía sobre el subsuelo, la propiedad también de los hidrocarburos y retiene la soberanía sobre el desarrollo de los proyectos, asegura.
–Hay otro tema a discusión desde que el presidente Peña Nieto presentó su iniciativa en agosto, el de la renta petrolera. No queda claro de qué manera se garantiza que la renta petrolera siga siendo del Estado, si va a haber participantes privados cuyo incentivo es obtener un dividendo.
–Definiría la renta petrolera como los impuestos que cobra el Estado en la industria energética. La totalidad de éstos ronda 70 por ciento de los proyectos y los flujos en países como Noruega o Brasil. Hoy día la renta petrolera en nuestro país es de alrededor de 90 por ciento (los impuestos que paga Pemex sobre sus utilidades operativas). Tanto la izquierda como el centro y la derecha están de acuerdo en que someter a Pemex a una carga tributaria de 90 por ciento no le permite capacidad para reinvertir lo suficiente.
Esa falacia que se viene diciendo de que se está privatizando la renta petrolera está muy lejana de la verdad. Es absolutamente falaz, señala.
–¿Cómo será el régimen de contratación de los trabajadores?
–La relación entre la empresa y el sindicato no se altera. En el artículo segundo transitorio queda claramente plasmado que se respetan los derechos laborales adquiridos.
–En un caso hipotético, llegan las empresas trasnacionales; ¿podrán hacerlo con su propia fuerza de trabajo o van a contratar personal de Pemex con otras condiciones laborales?
–Veremos lo que sucede. Para el sindicato, y no es una opinión que pretenda crear una expectativa, y para la empresa hay un reto de modernizarse. En el caso de la empresa, yo puedo referirme a lo que haremos, pero en el caso del sindicato modernizarse implica también la posibilidad de que emigren de ser un gremio de empresa a ser uno de industria. Ellos lo tendrán que negociar o atraer a las empresas internacionales para que trabajen con ellas.
–Un sector de la población no se siente satisfecho con la reforma. Como director de la empresa, ¿cuál es su mensaje si los tuviera enfrente?
–A la gente que es escéptica de la reforma yo le diría que el proceso fue absolutamente apegado a las normas democráticas de nuestro país, que pasan por elegir a nuestros representantes en las cámaras de Diputados y de Senadores. La ley constitucional obliga a que dos terceras partes del Congreso de la Unión aprueben los cambios constitucionales, y eso sucedió. Habrá otras leyes y otros ámbitos en los cuales las fuerzas políticas que aprobaron esta reforma no van a estar de acuerdo, pero si son la minoría, pues se atienen a lo aprobado por las mayorías.
–¿En qué tiempo se podrán medir los principales resultados tras la instrumentación de la reforma energética?
–Suponiendo que el precio de los hidrocarburos queda igual que hoy, creo que de dos a tres años podemos ver los indicios de incrementos importantes en producción y en algunas de estas variables. En fertilizantes podría decir que en dos años seremos capaces de revertir una parte importante de las importaciones. La restructura a Pemex será en dos años. El impacto en la economía mexicana se sentirá en uno o dos años.