El pasado 9 de enero, la SCT y la OCDE firmaron el “acuerdo para el fomento de la integridad y la transparencia para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, al que se sumó el proyecto del nuevo tren. Sin embargo, el acuerdo no es público.
Una cláusula de confidencialidad impide conocer el acuerdo entre el gobierno mexicano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para vigilar las licitaciones del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el tren de alta velocidad México-Querétaro.
Este miércoles 14 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzó por segunda ocasión la licitación para el tren México-Querétaro, después de que fue revocada en noviembre pasado a un consorcio integrado por China Railway Construction Corporation y Grupo Higa, entre otras empresas.
El pasado 9 de enero, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, firmaron el “acuerdo para el fomento de la integridad y la transparencia para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”.
A petición de Ruiz Esparza, el acuerdo también incluirá vigilar la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro: “Me permito solicitarle a usted que este acuerdo pueda extenderse a la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuyas prebases se publicarán el próximo día 14 de enero”.
José Ángel Gurría aceptó la solicitud del secretario: “Señor secretario, aceptamos. Vamos a trabajar en el México-Querétaro también”.
Este martes 13 de enero, Noticias MVS primera emisión solicitó a la OCDE una copia del acuerdo.
La respuesta, enviada vía correo electrónico, por la oficina de prensa de ese organismo, fue:
“Desafortunadamente no puedo compartir con ustedes el acuerdo de la OCDE con la SCT, debido a que el mismo tiene una cláusula que me impide hacerlo, ya que para hacerlo público requiero del acuerdo por escrito de ambas partes…”.
Aunque no hizo público el documento, la OCDE emitió un comunicado, en el que señalaba los ejes de asesoramiento en la licitación de la construcción del nuevo Aeropuerto.
La SCT también publicó un comunicado en su sitio de internet, con los puntos más importantes de ese acuerdo, pero no transparentó el documento.
El doctor Mauricio Merino, experto en rendición de cuentas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), consideró que el gobierno mexicano no tendría que depender de acuerdos de este tipo y, en cambio, debería apostar por mecanismos permanentes que impidan la corrupción:
“El hecho de que se firme un convenio con la OCDE para ese propósito, en dos contrataciones específicas, no hace más que confirmar la ausencia de mecanismos institucionales confiables, sólidos y correctamente establecidos que hay en México, en general, para la contratación de obras públicas”.
Merino cuestionó que el acuerdo entre la OCDE y la SCT tenga una cláusula de confidencialidad que impide conocer públicamente su contenido y la metodología.
“Desde luego se tiene que hacer público el convenio, se tiene que hacer pública la metodología, sería un contrasentido que no supiéramos con el más absoluto de los detalles, en qué va a consistir la transparencia que va a vigilar la ocde, porque se trata justamente de hacer visible, transparente, accesible y público todas las decisiones relacionadas con esas grandes contrataciones, eso es a todas luces obvio…”, comentó.
Haydee Pérez, coordinadora del centro de análisis e investigación Fundar, consideró que la OCDE podrá dar cuenta de que las licitaciones se realicen de forma legal, pero cuestionó que un acuerdo que pretende impulsar la transparencia no sea abierto al público.
“Sería irracional e inconsistente que un acuerdo que efectivamente intenta abonar al proceso de transparencia en la construcción del aeropuerto no pueda ser conocido por la ciudadanía…”, dijo.
“De no ser así me parece que empezamos con el pie izquierdo y que no se estaría mostrando de ninguno de las dos partes los compromisos con los principios que finalmente se van a revisar en el proceso…”, agregó
El primer consorcio que ganó la licitación del tren México-Querétaro estaba integrado por Grupo Higa, la empresa que construyó y es dueña legal de la llamada “casa blanca”, que fue hecha a gusto del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa, Angélica Rivera, como reveló una investigación periodística del sitio Aristegui Noticias.
El reportaje demostró que Grupo Higa, el cual preside el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, construyó y financió la “casa blanca” al mismo tiempo que tenía contratos con el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
La versión de Angélica Rivera y de Los Pinos es que se trata de un contrato privado y rechazan que exista un conflicto de interés.
Aunque la empresa China Railway confirmó que volverá a participar en la nueva licitación, hasta ahora Grupo Higa no ha informado si volverá a registrarse en el proceso.
La paraestatal china y Grupo Higa, entre otras empresas, integraron el único consorcio que presentó una propuesta para la obra, lo que generó señalamientos de legisladores y especialistas de falta de competencia y transparencia, por lo que el gobierno justificó la revocación del fallo que había favorecido a ese consorcio.
Tras la cancelación, el testigo social, Humberto Santillana Díaz, consideró en su reporte final que los competidores que se quejaron del proceso de licitación -como Siemens y Alstom- tenían razón al pedir más tiempo para entregar sus proyectos, pues se trata de una obra que incluye las especialidades de construcción, operación y equipo rodante.
El secretario Ruiz Esparza aseguró hace unas semanas que Grupo Higa ya no podría participar: “Creo que en el caso de la empresa higa, en este momento existe una imposibilidad, quizás para debate legal, pero no me queda duda que está imposibilitada desde el punto de vista de opinión, de debate político y de simple y sencillamente de cuestionamiento público. Entonces, no me queda duda de que la empresa no va a volver a participar en este tipo de licitaciones, así lo han manifestado públicamente; también las otras dos empresas no quieren de ninguna manera participar”.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública aseguró que no hay impedimento legal para que Grupo Higa concurse por la construcción del tren México-Querétaro:
“Nada más le digo de las resoluciones que emite la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, que somos los competentes para predicar la ley de obras públicas y la ley federal anticorrupción en contrataciones públicas…
-¿Entonces Higa podría participar?
“Si no están en el diario oficial (de la federación), cualquier empresa puede participar siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos y de experiencia que en su momento se señalen en las bases de licitación”.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) dijo a Noticias MVS que aunque la comisionada presidente, Ximena Puente, fue testigo del acuerdo firmado entre la OCDE y la SCT, no cuentan con una copia de dicho documento.
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no respondió a una solicitud para conocer el acuerdo completo con la OCDE, con el que se pretende vigilar dos de las licitaciones más importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto: el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el tren México-Querétaro.
