sábado, 29 de agosto de 2009

IMSS se niega a reconocer asesinato de periodista

Contralínea


A nueve meses del asesinato del periodista Armando Rodríguez Carreón, el Instituto Mexicano del Seguro Social rehúye entregar la pensión por viudez y orfandad para su familia, pues no reconoce que el crimen está relacionado con su ejercicio profesional. Prefiere calificarlo como “accidente de trayecto”. A esto se suma la falta de acción penal de autoridades locales y federales: lo que podría ser el único vestigio de justicia para el reportero, está en riesgo




Vencida, así se siente Blanca Alicia Martínez de la Rocha, viuda del periodista Armando Rodríguez Carreón. A nueve meses de su asesinato no hay ningún detenido y tampoco respuesta de autoridades estatales y federales. Después de perder al compañero de su vida, a Blanca Alicia no le queda más que luchar por el que quizás será el único vestigio de justicia para su esposo: la pensión por viudez que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se rehúsa a otorgarle.


Frente a su hija de nueve años, el reportero que cubría la fuente policiaca en El Diario recibió ocho disparos. El 13 de noviembre de 2008 fue asesinado afuera de su hogar en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se disponía a llevar a Jimena y Ghalia, de siete años, al colegio.


“Sólo me mueve la impotencia, la rabia, el coraje –confiesa Blanca Alicia–. Yo no tengo esperanza de saber quiénes y por qué mataron a Armando. Encima de todo, que no me den la pensión, me parece el colmo”.


Ella inició el trámite para obtener su pensión de viudez y orfandad el 5 de enero de 2009 ante la Clínica 48 del IMSS en Ciudad Juárez. No obstante, el Seguro Social no reconoce el homicidio del periodista como muerte por riesgo de trabajo. El departamento jurídico de la delegación estatal en Chihuahua negó que su muerte estuviera relacionada con su ejercicio periodístico, pese a un fallo previo de la propia institución que iba en ese sentido.


Ricardo Ibarra Martínez, perito del IMSS, calificó como “accidente de trabajo” la muerte de Armando Rodríguez Carreón el 23 de febrero de 2009. El Dictamen de calificación de probable riesgo de trabajo resolvió que se trató de un accidente laboral, pues “al no estar obligado a verificar tarjeta de entrada, ya que por motivos de su profesión tenía que desplazarse a diversos lugares para la obtención del reporte periodístico, se entiende de forma tácita que estaba comisionado ante cualquier eventualidad”.


En copia de la forma Datos complementarios para la calificación de probable riesgo de trabajo que Publicaciones Paso del Norte, SA de CV, editora de El Diario, describe el incidente de aquel 13 de noviembre: “El asegurado se disponía a trasladarse a su lugar de trabajo para iniciar su jornada laboral, cuyo inicio era a las ocho de la mañana, cuando un desconocido lo agredió con disparos causándole la muerte”.


Blanca Alicia relata que el 11 de mayo el perito le comentó que por solicitud del doctor Melchor Palomares Cera, coordinador delegacional de Salud en el Trabajo, no procedía calificar como riesgo de trabajo las lesiones sufridas por el reportero, por lo que era necesario rectificar el dictamen como no profesional. Ibarra Martínez se negó a cumplirlo.


La recalificación le fue confirmada a la viuda del periodista el 26 de junio, cuando le anunciaron que se dictaminaría como accidente de trayecto al trabajo. Le insistieron que el cambio se atenía estrictamente a la ley, pues el IMSS no podía hacer suposiciones sobre los motivos del homicidio. A nombre del delegado estatal, le reiteraron que la recalificación se explicaba porque el organismo no puede distinguir entre el trabajo de un reportero, un empleado de maquiladora o un mesero.


Elizabeth Flores, de la asociación civil Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez y asesora de Blanca Alicia, expone que al definir así el asesinato se le considera algo imprevisible sin relación con su labor informativa, un simple percance.


Observa como incongruente que se le dé esa calificación cuando el espíritu de la ley garantiza protección cuando es accidente en el ejercicio de la profesión o por motivo de él: “Calificarlo como es debido es un acto de justicia, quizás el único para Armando y su familia, porque difícilmente se encontrará quién y por qué se cometió ese delito”.


La activista alega que aun cuando es derecho de familiares y empresa impugnar el dictamen, el IMSS tomó esa atribución y actúo bajo su criterio para modificarlo. Considera que la explicación es ofensiva y se pregunta qué los llevó a tomar esa decisión y bajo qué parámetros el instituto pretende cambiar el dictamen.


Refiere que existen los elementos para calificarlo de manera favorable. Tan es así, apunta, que El Diario asume que es accidente de trabajo como se aprecia en carta abierta para el general de brigada Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Quinta Zona Militar y comandante en jefe de la Operación Conjunta Chihuahua, del 16 de julio de 2009. Osvaldo Rodríguez Borunda, director general del periódico El Diario, le recuerda que Rodríguez falleció a causa de su labor informativa.


Para la viuda de Rodríguez Carreón, la decisión es un insulto no sólo para la memoria del finado y su familia, sino para el oficio periodístico en general:

“Dadas las circunstancias, los reporteros están en riesgo y sus familias a la deriva”. No acepta que se pretenda determinar como “accidente de trayecto” un asesinato a causa de lo que él publicaba.


Aunque de uno u otro modo la pensión monetaria no cambia, advierte que se trata de estricta justicia y de apego a la ley: “La vida de Armando no tiene precio, es una cuestión de derecho”. La pensión por viudez u orfandad del Seguro Social equivale al 40 por ciento del 70 por ciento que el finado ganaba al momento de su muerte.


“No sólo –señala Elizabeth Flores– la falta del estado de derecho está en la justicia que no llega, sino hasta en un trámite como éste, donde las instituciones están dispuestas a no reconocer la violencia en la que vivimos”.


Tratándose de una muerte por riesgo profesional, opina, la pensión debe ser garantizada. Advierte que es necesario prestar atención al gremio, especialmente en el contexto de violencia, por el riesgo que significa: “La muerte de quien pierde la vida en el ejercicio de su profesión no puede quedar en la nada, tiene que dar frutos, ser una lección no sólo para otros periodistas, sino para toda la sociedad. No puede ser en vano”.


Apunta que no se resarce el perjuicio para la familia: “Los daños que conllevan los riesgos en la profesión no sólo no se ven atendidos, sino agravados. Ya no es sólo que de un momento a otro se pierda al padre o el esposo, sino también las garantías y la protección, porque no se reconoce el riesgo que la profesión conlleva, especialmente en estos momentos”.


Blanca Alicia tuvo que desalojar la casa que la pareja recién compró antes del crimen por la falta de pago. Ella sólo atina a decir: “Él ya no está para nosotros”, y ésa es la mayor pérdida.


Muerte sin resolver

Con 16 años en la fuente policiaca, el reportero conocido como el Choco decía que andaba entre la mierda y por eso debía tener cuidado para no ensuciarse. Para Blanca Alicia, se movía entre la maldad.


Según el Informe Buendía, análisis hemerográfico sobre los obstáculos a la libertad de expresión en México entre enero de 2008 y hasta junio de 2009, 17 periodistas fueron asesinados; en lo que va del año se cuentan seis informadores que perdieron la vida. Respecto de 2007, lo ocurrido en ese periodo no tiene precedentes, pues cinco informadores fueron asesinados.


Más de 360 comunicadores fueron atacados en casi dos años. En 2008, 71 sufrieron agresiones físicas; 47, amenazas e intimidación; 13, atentados; 12, censura; 10, allanamiento; cuatro, robo, y tres, acoso y hostigamiento. Tres más fueron secuestrados, y uno, desaparecido. Además 14 fueron demandados y 11, detenidos. Siete medios fueron clausurados; cinco fueron bloqueados en publicidad y cinco más en información.


La mayoría de los atentados ocurrió en donde la delincuencia organizada y el narcotráfico tienen presencia. Los reporteros que cubren la fuente policiaca son los más susceptibles; en 18 meses, 104 sufrieron algún tipo de incidente. El motivo principal de las agresiones fue el ejercicio de su labor informativa. En 93 de las 223 agresiones ocurridas, ésa fue la constante; en 50, por los contenidos, y en 29 se desconoce la razón.


El reporte, publicado por la Fundación Manuel Buendía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, señala como principales responsables de los actos cometidos contra informadores a las fuerzas del orden y funcionarios del gobierno involucrados en 80 y 52 casos respectivamente. Mientras que en 32 ataques no se conoce al agresor, sólo en seis se cree que sean supuestos narcotraficantes.


Armando Rodríguez Carreón comenzó cubriendo nota policiaca en 1993 para el periódico El Norte de Ciudad Juárez, y desde 1997 para El Diario. Al momento de su muerte sólo tenía 40 años. El reportero prefería no comentar con Blanca que era amenazado y sólo en una ocasión, hace tres años, le mostró un mensaje de texto que pretendía intimidarlo.


Mientras las amenazas y el peligro crecían, Rodríguez Carreón acudió a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE), Patricia González Rodríguez, quien le sugirió abandonar la ciudad para resguardarse en El Paso, Texas.


La viuda del Choco relata que pese a la tensión y el clima de violencia, él decidió no hacerlo. Debido a una lesión en la columna permaneció incapacitado dos meses, tiempo en el que solicitó su cambio a otra fuente informativa cuando se reincorporara; no obstaste, nunca sucedió. El 13 de noviembre de 2008 el periodista perdió la vida a manos de un sicario.


Durante su funeral, comenta Blanca Alicia, el reportero Jorge Luis Aguirre también recibió un mensaje en que le advertían que el siguiente era él, por lo que decidió dejar Ciudad Juárez.


Días antes de su asesinato, Rodríguez Carreón publicó información sobre la ejecución de Andrés Armando Sánchez Pineda, sobrino político de la procuradora González Rodríguez, que fue encontrado con otros tres cuerpos a lado de una camioneta oficial de la PGJE. Según la nota del 29 de octubre, el joven la conducía al momento de su asesinato y tres años atrás había sido detenido en El Paso con más de 160 kilogramos de mariguana.


Posteriormente, el 1 de noviembre, el reportero reveló que Andrés Avelino Sánchez Ávalos, el padre de la víctima, fue cesado de su cargo como responsable administrativo de la Unidad de Transporte de la PGJE por prestar un vehículo oficial.


En otra nota del 30 de octubre detalló que el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión contra cuatro supuestos sicarios del grupo “Los Aztecas”.


Un día después del homicidio del periodista, El Diario expresó en un desplegado que el atentado ha venido a ser la culminación en un cuadro generalizado de inseguridad que socava los cimientos de una ciudad al margen de la justicia.


Refirió que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, “sin pretender desestimar el problema”, emitió un exhorto el 4 de noviembre de 2008 a los medios para que evitaran caer en la agenda del narcotráfico. El Diario respondió que no podía sustraerse de la realidad que los fronterizos padecen: “Sería traicionarnos a nosotros mismos como medio de comunicación, a la vez que traicionar a quienes nos siguen y nos leen”.


Directivos y periodistas de El Diario instaron a Felipe Calderón a decretar estado de emergencia en Ciudad Juárez, por la violencia que asola la vida cotidiana en la frontera.


Recuerdan en una carta abierta dirigida al mandatario que siendo candidato expresó que en la medida en que una actividad se desarrolla en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad debe haber mecanismos que la protejan. El ahora presidente de la República aseguró que un periodista que es amenazado o que realiza una investigación contra el crimen organizado debe tener protección especial. Esa salvaguarda, aluden, no sucede.


“No podemos permitir que la absurda muerte de Armando Rodríguez se quede como una estadística más en el cúmulo de los 1 mil 300 asesinatos registrados en la frontera en lo que va del año, porque sería aceptar que la fuerza de las armas criminales puede más que la palabra”.


Agentes ministeriales designados por la Procuraduría General de la República (PGR) se entrevistaron con Blanca Alicia y compañeros de trabajo del reportero. Poco después fue asesinado el subdelegado local de la PGR en Ciudad Juárez. Desde entonces, la viuda del Choco no ha tenido comunicación alguna con las autoridades.


El 13 de julio El Diario apuntaba que hasta ese momento se habían abierto tres líneas de investigación; una de ellas descubría el nombre del supuesto autor material e intelectual del homicidio, resultado de la investigación realizada por la PGJE y que de acuerdo con el medio impreso le fue entregada al secretario de Gobernación. Al ser cuestionado por El Diario, Gómez Mont se deslindó de la indagatoria.


Según la nota, Osvaldo Rodríguez Borunda, director del medio impreso, tuvo un encuentro el 26 de enero de 2009 con el presidente Felipe Calderón, quien le ofreció todo su apoyo para que el crimen fuera esclarecido e instruyó al titular de Gobernación para recibir cualquier información relacionada con el caso.


En un desplegado, el empresario sostiene que la procuraduría estatal ya tenía identificados a los culpables y que González Rodríguez le entregó el expediente a Gómez Mont; sin embargo, el secretario declaró que sólo le había solicitado su apoyo.


Indicó que con la información de la PGJE entregada a la PGR y a la Subprocuraduría para la Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se inició el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/116/2009, y se envío personal del Ministerio Público y la Policía Federal. También aseguró que se analizaría la conveniencia de que el gobierno federal ejerciera su facultad para atraer el caso.


La familia de Rodríguez Carreón solicitó a la PGJE una copia del expediente, no obstante, se les negó argumentando que la carpeta estaba en manos de la procuradora. La última vez que tuvieron acceso a las indagatorias, sólo se observaban las primeras actuaciones ministeriales. Blanca Alicia enuncia que tanto la atracción federal del caso no se hizo correctamente, como que no hay avances en la PGJE para su resolución.


Para Elizabeth Flores, de Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez, es una burla que en el supuesto de tener identificados a los responsables no se avance en la investigación.


El 28 de junio, el fiscal José Ibarra Limón, quien seguía el caso de homicidio del periodista, fue asesinado en una unidad habitacional por un comando que le disparó desde un vehículo. El ministerio público asignado a la Séptima Agencia Investigadora de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República recibió siete disparos.


Dos horas antes del atentado, el secretario de Gobernación, según publicó El Diario, declaraba que la información brindada por la procuradora estatal, Patricia González Rodríguez, no fue útil para esclarecer el asesinato del reportero. “No es correcto suponer que por el hecho de que la procuraduría entregó información a la Federación, el delito será resuelto, ya que se siguieron las líneas de investigación y no sé llegó a ningún resultado. Este tipo de investigaciones tienen un carácter complejo”.


Sobre el asesinato que calificó como un acto artero y cobarde, dijo que se está haciendo el mejor de los esfuerzos frente a una actividad clandestina para encontrar a los responsables. Ni una de las indagatorias abiertas por la PGJE, la PGR y la más reciente por la SIEDO ha dado resultados. A nueve meses del atentado contra el periodista, no hay ningún detenido.


En memoria del esposo, el reportero y el padre de tres hijos (Jimena de nueve años, Ghalia de siete y Elías de dos), Blanca Alicia enuncia en una petición pública: “El ejercicio responsable de su profesión a él le costó la vida; a mí, la dolorosa ausencia de mi compañero de vida; a mis hijos, el padre que tanto amaron y necesitarán siempre, y a su familia, la pérdida inconsolable de su amado hijo y hermano”.







Petición de la familia de Armando Rodríguez Carreón


Al Instituto Mexicano del Seguro Social le exigimos por justicia y verdad respetar el dictamen elaborado por su propio perito y confirmado por el Departamento de Medicina en el Trabajo, enfatizando que ni los familiares del trabajador ni la empresa han interpuesto recurso de impugnación por el dictamen emitido.


A la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua y a la Procuraduría General de la República le exigimos el esclarecimiento del asesinato del periodista Armando Rodríguez en cumplimiento de la función pública y en respuesta a toda la ciudadanía a la que se deben en la búsqueda de una justicia pronta y expedita.


A los diputados electos para la LXI Legislatura, quienes tomarán posesión este 1 de septiembre, exigimos que revisen y, si es preciso, modifiquen la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus reglamentos, con el fin de que salvaguarden los derechos laborales en el ejercicio de la profesión periodística.


A los periodistas le pedimos su solidaridad a nuestra causa, que es la causa de ustedes, para no permitir el estado de indefensión en que puede quedar la pérdida de la vida por el ejercicio de su profesión.


A las organizaciones civiles y a la sociedad en general les pedimos defender el estado de derecho, la justicia y la verdad en el irrenunciable derecho y anhelo de un mundo mejor. (Familia Rodríguez Carreón)

Exoneran en EU a Ye Gon

Tras una batalla legal que se prolongó dos años, la justicia de Estados Unidos desestimó definitivamente y por falta de pruebas los cargos presentados contra el empresario de origen chino y naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, por tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero

. Jaime HernándezCorresponsal
El Universal
Sábado 29 de agosto de 2009
elmundo@eluniversal.com.mx



WASHINGTON.— Tras una batalla legal que se prolongó dos años, la justicia de Estados Unidos desestimó definitivamente y por falta de pruebas los cargos presentados contra el empresario de origen chino y naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, por tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero.

La decisión del juez Emmet Sullivan supone una importante victoria para Ye Gon, toda vez que en su resolución el magistrado decidió que el hombre de negocios no podrá ser culpado o procesado ante los tribunales de la Unión Americana por las mismas causas.

“Tenemos en mano la orden del juez en la que se establece que el caso del señor Ye Gon se acabó en Estados Unidos”, aseguró con tono triunfal el abogado defensor del empresario de origen chino, Manuel Retureta, al confirmar que el fallo se produjo después de que la fiscalía aceptara el retiro de cargos —“con prejuicio”— contra su cliente.

Esto es, Ye Gon no podría ser inculpado otra vez ante las cortes estadounidenses por los delitos que las autoridades han sido incapaces de sustentar o probar y en caso de que el proceso que se le sigue en México resulte fallido.

En julio de 2007 Ye Gon fue acusado por el Departamento de Justicia de manufacturar e intentar distribuir “500 gramos o más” de metanfetaminas, según la investigación de la Agencia Antidrogas (DEA).

La solicitud de la fiscalía argumenta que uno de los testigos de cargo se retractó de sus declaraciones contra Zhenli, mientras que otro declinó participar en el proceso.

La defensa de Ye Gon confirmó que su cliente exigirá ahora al gobierno mexicano la devolución de los más de 200 millones de dólares que le fueron incautados en marzo de 2007, cuando registraron la residencia del empresario mientras éste buscaba refugio en la Unión Americana.

Tras la decisión del juez Sullivan, la justicia estadounidense aún tiene que pronunciarse sobre la petición de extradición de las autoridades de México, el próximo 17 de septiembre.

Además, el magistrado que durante dos años instruyó el caso y que en muchas ocasiones desesperó por las continuas peticiones de la fiscalía para aplazar el proceso con el fin de recabar pruebas y testimonios que nunca llegaron, resolverá en una audiencia el próximo 14 de septiembre el destino de los bienes incautados al empresario de origen chino en Estados Unidos, incluido dinero y automóviles.

“Estamos ante una gran victoria del señor Ye Gon”, insistió Manuel Retureta, al señalar que aun cuando este es el primer éxito judicial de su cliente, el empresario ha tenido que reingresar a prisión, ya que todavía tiene pendiente una orden de arresto con fines de extradición a México.

Precisamente, sus abogados trabajan a marchas forzadas para evitar que su cliente sea enviado a territorio mexicano y que se le permita permanecer en la Unión Americana —después de resolver su situación migratoria— o que se le autorice viajar a China.

¡A luchar por la Ley de Salarios Máximos!

Desfiladero


Jaime Avilés
Mientras las universidades y los centros de educación superior dependientes del gobierno van a sufrir un recorte de 800 millones de pesos (de los cuales 200 le serán arrebatados a la UNAM), los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, desde los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del tribunal electoral, hasta las niñeras y cocineras que los atienden, recibirán poco más de 9 mil millones de pesos en bonos.

Así lo establece el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios del Poder Judicial de la Federación para 2009, en su página número 38. Cualquiera puede comprobarlo porque el documento es público y está disponible en Internet. El total de personas que trabajan en el sector de la justicia federal es de 35 mil 686 y entre todas ellas obtienen ingresos por 21 mil 889 millones 112 mil 22 pesos. De acuerdo con la recién promulgada Ley de Salarios Máximos, esa cantidad podría reducirse sensiblemente, y el ahorro resultante aplicarse, por ejemplo, a la educación.

La Ley de Salarios Máximos surgió en respuesta a una demanda del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en repudio a los inmorales sueldos de los ministros de la Suprema. Pablo Gómez, de la bancada del PRD en el Senado, la convirtió en iniciativa de ley y ésta fue aprobada por la mayoría de esa cámara. Luego llegó, en Los Pinos, al escritorio de Felipe Calderón, que se tardó todo lo que pudo en firmarla y ordenar su publicación en el Diario Oficial.

Con una cara más dura que el pan viejo, hace dos lunes, al promulgarla durante una breve ceremonia oficial, Calderón dijo que la iniciativa era suya y que la había concebido para hacer realidad el principio juarista de que los funcionarios públicos deben ganar aquello que les permita vivir en la “justa medianía” y no usar los recursos del erario como un botín. ¿A santo de qué recitó esa hipócrita perorata? A que la Ley de Salarios Máximos dispone que ningún servidor público –y en esto es clarísima: ninguno– podrá cobrar un salario mayor al del titular del Ejecutivo federal.

Desde luego, al dar la noticia Televisa por su cuenta agregó que la nueva norma no era aplicable a los ministros de la Corte ni a los magistrados del tribunal electoral, porque “no es retroactiva”. En efecto, no lo es, y en tal sentido no puede afectar las percepciones y prestaciones que los 18 privilegiados de esas dos casas de citas jurídicas tienen asignadas para 2009. Sin embargo, no será retroactiva cuando entre en vigor el Manual de percepciones de 2010, que hoy todavía no existe. ¿O sí? ¿Alguien puede alegar que una ley de 2009 será retroactiva si modifica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación que aparezca en el Diario Oficial en 2010?

La ley –que, insisto, no inventó Calderón sino que surgió del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular– es muy clara y muy fácil de comprender y todos deberíamos aprendérnosla para defenderla y explicársela a otros, hasta que sea del dominio público. En su inciso a) dice textualmente: “Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes, superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo”. What? ¿Qué diablos significa eso? Calma, la traducción es muy sencilla: los pagos que por nómina cobren los servidores públicos, superiores a los 155 mil pesos mensuales que recibe Calderón, no serán disminuidos ni un centavo, hasta que el empleado deje de trabajar en ese puesto. Más transparente ni el agua, ¿no es cierto?

Ahora, veamos lo que dice el inciso b): “Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución”. ¿Les parece confusa esta redacción? Pues pongamos ejemplos concretos para que la entendamos mejor.
En lo que se refiere a los ministros de la Suprema Corte, el inciso a) no les causa ningún perjuicio. Según el Manual de percepciones para 2009, su sueldo base mensual es de 34 mil 505 pesos, una cifra muy alejada de los 155 mil que dicen que devenga Calderón. Ahora bien, en prestaciones nominales reciben al año 85 mil 408 pesos. Su prima vacacional es de 60 mil 296; su aguinaldo de 330 mil 478 pesos, y en asignaciones adicionales les obsequian 775 mil 836 pesos.

Con todo esto (414 mil 60 pesos de salario base anual, más 85 mil 408 pesos de prestaciones nominales, más 60 mil 296 de prima vacacional, más 330 mil 478 de aguinaldo, más 775 mil 836 de asignaciones adicionales) que cobran en dinero y en especie, cada ministro de la Suprema Corte se embolsa al año un millón 666 mil 78 pesos, cifra que dividida entre los 12 meses de año arroja un ingreso mensual promedio de 138 mil 839 pesos, todavía por debajo de los 155 mil mensuales de Calderón. ¿A poco no es una chulada la Ley de Salarios Máximos?

Sin embargo, lo que distorsiona y envilece el asunto son los bonos (oficialmente llamados “compensaciones garantizadas o de apoyo”), que en el caso de los ministros de la Corte suponen un ingreso adicional conjunto de 19 millones 322 mil 556 pesos, suma que dividida entre 11 togas y birretes da a cada cual un millón 756 mil 596 pesos, lo que duplica y supera el total de sus ingresos anteriores. La conclusión salta a la vista: para que la Ley de Salarios Máximos se haga efectiva, a partir del año próximo deben quedar prohibidos los bonos (que en el tribunal electoral denominan con ternura “bonifacios”) para todos aquellos servidores del Poder Judicial federal que con esa “compensación” ganen más de 155 mil pesos mensuales.

Claro que la supresión de los bonos no debería afectar a las 17 niñeras ni a las 45 cocineras del Poder Judicial. Estas tienen un ingreso anual de 149 mil 847 pesos (que incluye sueldo base, bonos, prestaciones nominales, prima vacacional, aguinaldo y asignaciones adicionales). Así, pues, aquí está trazado el principio de un camino que puede conducir a una transformación del modelo económico del país. Los diputados y senadores de la próxima legislatura deben hacer valer el inciso b) de la Ley de Salarios Máximos, para que dejen de cobrar bonos los altos y medianos funcionarios del Poder Judicial federal. Si esta norma se hace efectiva, el país ahorraría más de 8 mil millones de pesos por ese concepto. Y ese dinero podría ser destinado a la educación y a la investigación científica.

A un país en donde tres de cada cuatro maestros de educación básica reprobaron el examen nacional de evaluación; donde la cacique sindical del magisterio no puede leer la palabra “epidemiológico”; donde el analfabeto de su yerno eliminó la enseñanza de la Conquista y de la Colonia de los libros de texto gratuitos de primaria, y donde la filosofía, la lógica y la ética ya no existen en los planes de estudio de las preparatorias, sólo le queda rebelarse en contra de sus autoridades, para exigir que éstas dejen de robarse miles de millones de pesos anuales en bonos que no merecen, y reorienten ese dinero a la solución de nuestros problemas más urgentes.

Quizá esté acercándose la hora de que los estudiantes, los profesores, los científicos, los artistas y los obreros que estén dispuestos a luchar por una mejor educación para sus hijos salgan a las calles y levanten la exigencia de que se aplique la Ley de Salarios Máximos, eliminando definitivamente los inmorales bonos de la corrupción para los que más ganan. Así podría comenzar, por qué no, la revolución pacífica de 2010.

Para comunicarse con esta columna: jamastu@gmail.com
El informe



Tribunal electoral



Tarifas de luz

Mermar gasto social y encarecer energéticos, la peor salida: AMLO

Cierre de empresas y más desempleo, las consecuencias, advierte

Ciro Pérez Silva
Enviado
San Baltazar Loxicha, Oax., 28 de agosto. Si se insiste en incrementar el precio de las gasolinas, el diesel, la energía eléctrica y, simultáneamente, se reduce el presupuesto para educación, salud, el campo y las comunidades indígenas, “va a salir más caro el remedio que la enfermedad”, dijo aquí Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que con estas medidas la gente tendrá aún menos recursos para consumir, lo que redundará en mayor cierre de empresas y pérdida de empleos.

Al continuar hoy su recorrido por municipios de usos y costumbres de Oaxaca, subrayó que si ahora se cayó la economía nacional a niveles que no se habían visto en años recientes, si se redujeron las remesas, la producción de petróleo, el turismo y se incrementó el desempleo, la salida menos conveniente es la de apretar todavía más el bolsillo de los mexicanos.

“Si se suben las gasolinas, sube todo y si de por sí la gente ya no tiene posibilidades de salir adelante, las cosas se van a poner todavía peor”, apuntó a su paso por San Baltazar Loxicha, Santa Catarina Loxicha, San Jerónimo Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Pablo Coatlán, San Miguel Coatlán y Santa Catarina Cuixtla.

Dijo que el movimiento que encabeza busca “que haya justicia para los pobres, para los humildes, que México no sea más un país en el que el rico se hace cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre”, por lo que el próximo 21 de septiembre, frente a la Cámara de Diputados, presentará una propuesta de paquete económico para 2010, en el que se expresará un rotundo rechazo a cualquier aumento a impuestos y a los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, así como a la posible disminución del gasto público en salud, educación, campo y comunidades indígenas.

Esta iniciativa plantea que se cobren impuestos a las grandes empresas que contribuyen actualmente con menos de 3 por ciento de sus utilidades, como en los casos de Telmex, Bimbo, Maseca, mientras los empleados llegan a pagar más de 30 por ciento de su salario.

A su paso por estas comunidades, López Obrador lamentó las condiciones en las que se encuentran los caminos de acceso a las cabeceras municipales, donde los niños dejan de estudiar “porque es mucho el gasto” que representa a sus padres enviarlos a la escuela, el desempleo abarca más de la mitad de sus habitantes y el campo no produce lo suficiente ni para el autoconsumo.
“Me da coraje recorrer estos caminos y darme cuenta del abandono en el que se encuentran estas comunidades, no es posible que tengan un gobierno tan irresponsable que no se preocupe por mejorar las cosas, esto nos deja en claro que de no haber un cambio real las cosas no van a mejorar, y si ustedes creían que no podía haber un gobierno peor que el de Ulises Ruiz, lo van a tener si siguen votando por el PRI, como lo han hecho a lo largo de 80 años”, dijo el tabasqueño.

Se trata de pueblos, como el de San Pablo Coatlán, aislados por la geografía y el olvido de los gobiernos estatales, donde prevalece el método de la amenaza y hasta el asesinato para mantener el control político por encima de las decisiones de las propias comunidades.

Aquí, en 2007, Ulises Ruiz intentó imponer a Abraham Martínez como edil, a quien la comunidad rechazó; meses después, el gobernador lo acreditó como autoridad municipal dando inicio a un conflicto que no sólo produjo un vacío político en San Pablo, sino que junto con el alcalde nombrado desde Oaxaca desaparecieron las aportaciones para el municipio. Hasta ayer, habían sido asesinados Sergio Contreras Martínez y Claudio Martínez Juárez, este último síndico municipal. Además, denuncian sus pobladores, el pasado 16 de agosto fue incendiada la casa donde se encontraba la maquinaria del municipio.

“Ulises Ruiz hundió en la pobreza y la marginación al pueblo de Oaxaca; como muestra, más de la mitad de los caminos que comunican a los municipios de usos y costumbres son de terracería”, les dijo, al recordarles que el próximo 4 de julio representa la oportunidad para elegir a un gobernante que responda a las crecientes necesidades de los sectores más desprotegidos del estado.

“¡Ya basta de engaños!, para las próximas elecciones, nuestro movimiento va a postular a un solo candidato para enfrentar al de Ulises Ruiz, que va a buscar a un cómplice de sus fechorías para que le cuide las espaldas.”

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo