jueves, 30 de septiembre de 2010

Detrás del Golpe en Ecuador La derecha al ataque contra ALBA Por Eva Golinger

Organizaciones financiadas por USAID y NED piden la renuncia del Presidente Correa en apoyo al golpe de Estado promovido por sectores de la policía ecuatoriana, profundamente penetrada por Estados Unidos

Un nuevo intento de golpe contra un país de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) atenta contra la integración latinoamericana y el avance de los procesos de revolución democrática. La derecha está al ataque. Su éxito en 2009 en Honduras contra el gobierno de Manuel Zelaya, les llenó de energía, fuerza y confianza para poder arremeter contra los pueblos y gobiernos de revolución en América Latina.

Las elecciones del domingo 26 de septiembre en Venezuela, aunque resultaron victoriosas principalmente para el Partido Socialista Unida de Venezuela (PSUV), cedieron espacio a las más reaccionarias y peligrosas fuerzas de desestabilización que están al servicio de los intereses imperiales. Estados Unidos logró colocar sus piezas claves en la Asamblea Nacional de Venezuela, dandoles una plataforma para avanzar con sus planes conspirativos para socavar la democracia venezolana.

El día después de las elecciones en Venezuela, la lideresa por la paz en Colombia, Piedad Córdaba, fue inhabilitada como Senadora de la República de Colombia por la Procuradería nacional, basado en acusaciones y evidencias falsas. Pero el ataque contra la Senadora Piedad, simboliza un ataque contra las fuerzas del progreso en Colombia que buscan soluciones verdaderas y pacíficas al conflicto de guerra que han vivido durante más de 60 años.

Y ahora, el jueves, 30 de septiembre, Ecuador amaneció de golpe. Policías insubordinadas tomaron varias instalaciones en la capital de Quito, creando caos y pánico en el país. Supuestamente, protestaban en contra de una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles, que según ellos recortaba sus beneficios laborales.

El Presidente Rafael Correa, en un intento de resolver la situación, se dirigió a la policía insubordinada, pero fue atacado por objetos contundentes y bombas lagrimógenas, causándole un herido en la pierna y una asfixiación por el gas. Fue trasladado al hospital militar en la ciudad de Quito, dónde luego fue secuestrado y mantenido bajo fuerza sin poder salir.

Mientras tanto, movimientos populares tomaron las calles de Quito, reclamando la liberación de su Presidente, re-electo democráticamente el año pasado con una inmensa mayoría. Miles de ecuatorianos alzaron su voz en apoyo al Presidente Correa, intentando rescatar su democracia de las manos de fuerzas golpistas que buscaban provocar la salida forzada del gobierno nacional.

Aunque los acontecimientos siguen en pleno desarrollo y el Presidente Correa sigue secuestrado por las policías golpistas, hay factores externos involucrados en este intento de golpe que mueven sus piezas de nuevo.

POLICÍA INFILTRADA

Según el periodista Jean-Guy Allard, un informe oficial del Ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, difundido en octubre 2008 reveló “como diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y las Fuerzas Armadas”.

El informe afirmó que unidades de la policía “mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones”.

En respuesta a la información, la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, declaró “Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares y con la policía para fines muy importantes para la seguridad”, justificando la colaboración. Según Hodges, el trabajo con las fuerzas de seguridad de Ecuador está relacionado con la “lucha contra el narcotráfico”.

LA EMBAJADORA

La embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George W. Bush. Anteriormente, tuvo una gestión exitosa como embajadora en Moldolvia, país socialista que antes formaba parte de la Unión Soviética. En Moldovia dejó sembrado la pista para una “revolución de colores” que ocurrió, sin éxito, en abril 2009 contra la mayoría elegida del partido comunista en el parlamento.

Hodges estuvo frente a la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después, fue enviada a Nicaragua, para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandista que logró su salida del poder en 1989.

Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra Correa, en caso de que el presidente ecuatoriano se negaba a subordinarse a la agenda de Washington. Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID y NED para organizaciones sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector indígena.

Frente a la reelección del Presidente Correa en 2009, basada en la nueva constitución aprobada en 2008 por una mayoría contundente de ecuatorianos y ecuatorianas, la embajada comenzó a fomentar desestabilización.

USAID

Algunos grupos sociales progresistas han expresado su descontento con las políticas del gobierno de Correa. No hay duda de que existen legítimas quejas y reclamos a su gobierno. No todos los grupos u organizaciones que están en contra de las políticas de Correa son agentes imperiales. Pero sí existe un sector dentro de ellos que recibe financiamiento y lineamientos para provocar situaciones de desestabilización en el país, más allá de las expresiónes naturales de crítica u oposición a un gobierno.

En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de 38 millones de dólares. En los últimos años, un total de $5,640,000 en fondos fueron invertidos en el trabajo de “descentralización” en el país. Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc. Al mismo tiempo, la NED otorgó un convenio de $125,806 al Centro para la Empresa Privada (CIPE) para promover los tratados de libre comercio, la globalización y la autonomía regional a través de la radio, television y prensa ecuatoriano, junto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

Organizaciones en Ecuador como Participación Ciudadana y Pro-justicia ha dispuesto de financiamiento de USAID y NED, tanto como miembros y sectores de CODEMPE, Pachakutik (grupo vinculado con Lucio Gutiérrez), la CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellkaj.

Durante los acontecimientos del jueves 30 de septiembre en Ecuador, uno de los grupos con sectores financiados por la USAID y NED, Pachakutik, emitió un comunicado respaldando a la policía golpista y exigiendo la renuncia del Presidente Rafael Correa y responsabilizándolo por los hechos. Incluso, lo acusó de mantener una “actitud dictatorial”:

“PACHAKUTIK PIDE LA RENUNCIA AL PRESIDENTE CORREA Y LLAMA A CONFORMAR UN SOLO FRENTE NACIONAL


Informe confirmado: inteligencia USA penetró a fondo la policía ecuatoriana

Fuente : 
http://centrodealerta.org/noticias/inteligencia_eeuu_detras_de.html


POR JEAN-GUY ALLARD

El sublevamiento de elementos golpistas de la policía ecuatoriana en contra el Presidente Rafael Correa confirma un informe alarmante sobre la infiltración de la policía ecuatoriana por los servicios de inteligencia norteamericanos difundido en el 2008, en el cual se señalaba como muchos miembros de los cuerpos policíacos desarrollaban una “dependencia” hacia la Embajada de Estados Unidos.

El informe precisaba que unidades de la Policía "mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones".

El uso sistemático de técnicas de corrupción de parte de la CIA para adquirirse la ”buena voluntad” de oficiales de policía fue descrito y denunciado en numerosas oportunidades por el ex agente de la CIA Philip Agee quién, antes de abandonar las filas de la agencia, estuvo asignado a la Embajada de Estados Unidos en Quito.

En su informe oficial, difundido a finales de octubre 2008, el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, reveló como diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y también a oficiales de la Fuerzas Armadas.

Confirmando el hecho, la jefatura de la Policía ecuatoriana anunció entonces que sancionaría a sus agentes que colaboraban con Estados Unidos mientras la Embajada estadounidense proclamaba la “transparencia” de su apoyo a Ecuador.

"Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares, con la Policía, para fines muy importantes para la seguridad", declaró la embajadora estadounidense en Quito, Heather Hodges.

Sin embargo, la diplomática dijo a periodistas que no haría comentarios "sobre temas de inteligencia".

La agregada de prensa, por su parte, Marta Youth, se nego rotundamente a referirse a las denuncias del gobierno ecuatoriano, que incluían la participación de la CIA en una operación con Colombia que derivó en el ataque militar colombiano contra la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano del 1 de marzo de aquel año.

El jefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, había sido destituido por ocultar información relacionada con el ataque contra las FARC.

En los últimos meses, funcionarios norteamericanos se aparecieron en Ecuador, bajo pretexto de profundizar las relaciones entre Ecuador y EEUU.
El secretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado Arturo Valenzuela, visitó y re-visitó al presidente Correa, en vista a una visita de la canciller Hillary Clinton.

Valenzuela se hizo acompañar por Tedd Stern, “delegado especial para los cambios climáticos” también conocido por su afinidad con la CIA.

Declara Correa estado de excepción por intento de golpe de Estado


La policía ecuatoriana agrediendo al pueblo

Es una maniobra de oposición y grupos enquistados en Fuerzas Armadas y Policía, aseveró.

AFP
Publicado: 30/09/2010 13:04

Quito. El gobierno de Ecuador declaró estado de excepción por el intento de golpe de Estado, informó el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal.

"Hemos declarado el estado de excepción y las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de salir a controlar el orden público respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos", declaró el funcionario en rueda de prensa.

Carvajal señaló que, en todo caso, "no toda la Policía está en insubordinación" contra una ley que recortó sus beneficios económicos.

"Las Fuerzas Armadas, con el carácter profesional que les ha caracterizado, están tomando todas las medidas dentro de la Constitución y la ley, y por lo tanto van a garantizar el orden público una vez que hay sectores de la Policía nacional que han abandonado de manera irresponsable su trabajo", agregó.

Horas antes, el presidente Rafael Correa denunció que su gobierno es víctima de un "intento de golpe de Estado" por parte de sectores opositores y de las Fuerzas Armadas cercanas al ex mandatario Lucio Gutiérrez.

"Es un intento de golpe de Estado de la oposición y son ciertos grupos enquistados en Fuerzas Armadas y Policía que siempre estuvieron, básicamente grupos de Sociedad Patriótica (el partido de Gutiérrez)", dijo Correa a la radio pública desde un hospital donde recibe atención médica.

"Es clarísimo de dónde viene este intento desestabilizador", añadió el mandatario, recordando que en su discurso este jueves ante policías que tomaron el principal regimiento de Quito, los manifestantes aludieron en sus arengas a Gutiérrez, derrocado por una revuelta popular en abril de 2005.

El mandatario hizo un llamado a la calma y a poner fin a una revuelta de policías y militares, poco antes de denunciar que los uniformados estaban tratando de entrar en su habitación en el hospital de Quito en el que estaba refugiado.

"Hago un llamado a la calma, terminemos pronto con esto y sancionemos a los malos elementos", dijo Correa desde el hospital a la televisión ecuatoriana.

"Están tratando de introducirse aquí, a mi habitación, por medio de los techos estos policías en rebelión", declaró el presidente.

"Si algo me pasa, la responsabilidad es de ellos. Yo solo quiero decirles que mi amor por la patria es infinito y que donde esté siempre amaré a mi familia", agregó.

Andrés Manuel López Obrador #AMLO con Aristegui

Tengo pruebas de como me cancelan entrevistas y someten a los conductores, El Sol de Durango me iba hacer una entrevista, reciben orden de no dar cobertura, el mismo Gutierrez Vivo me daba espacio, y miren lo que le hicieron. Por ejemplo Grabamos 15 días antes #Shalalá, nadie sabía que iba a coincidir la fecha con el 1ero de septiembre y por problemas técnicos no paso, No le hecho la culpa ni a Katia ni a Sabina, por los "problemas técnicos". Si es necesario me voy a instancias internacionales, me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, voy a denunciar la dictadura de los medios de comunicación, una denuncia internacional. Yo quiero que la gente tome conciencia de como dominan los potentados a los medios de comunicación. AMLO en MVS Radio con Carmen Aristegui.

Sainete a patadas - Miguel Ángel Granados Chapa - Periodista

Distrito Federal– En el sórdido ambiente del futbol mercantil, el que fuera de las canchas decide la suerte de los jugadores y directores técnicos, está ocurriendo un sainete, divertido por la exhibición de hipocresía y autoritarismo, y del que puede, aunque la posibilidad sea remota, surgir la dignificación de un negocio que se parece demasiado a la trata de personas.

El 8 de septiembre, después del juego amistoso de la selección mexicana contra la de Colombia, en Monterrey, los jugadores mexicanos organizaron una juerga en el hotel donde habían estado concentrados. Estaban ya liberados de su compromiso y pudieron comportarse como adultos que festejan hasta el límite que cada quien se impone. Supongo que el desfogue que sucede a un encuentro adquiere más de una vez las dimensiones de una parranda entre amigos o compañeros de equipo. Pero esta vez, probablemente por delación de un miembro de la Federación Mexicana de Futbol, la banacal trascendió a los medios y se generó un escándalo, artificialmente azuzado porque de la pachanga no se derivaron daños y perjuicios para el equipo, como hubiera ocurrido si el convivio se hubiera realizado antes de un encuentro.

Ante el escándalo fabricado, la Federación Mexicana de Futbol, una asociación civil que actúa como si fuera un poder autónomo dentro del Estado mexicano, resolvió sancionar a los juerguistas, atribuyéndoles faltas a la disciplina. En proceso oscuro, que juzgó en bloque a los deportistas pero produjo sanciones diferenciadas, a dos de ellos, Carlos Véla y Efraín Juárez, los echó fuera de la selección durante seis meses, y al resto de los acusados (Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Francisco Javier Rodríguez, Carlos Salcido. Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Enrique Esqueda y Héctor Moreno) se les multó con cincuenta mil pesos a cada uno. En un acto de falsa filantropía, la Federación dispuso que el monto, los 550 mil pesos resultantes fueran donados a una obra en Ciudad Juárez (donde se realizará el próximo partido de la selección, contra Venezuela) o a los damnificados de Veracruz. No quedó claro cómo se haría efectivo el pago de la sanción. Salvo tres de los afectados (Ochoa, Torrado y Esqueda) todos los demás juegan en Europa, en las ligas de Gran Bretaña, Holanda y España.

Organizados por Márquez, capitán del equipo en la cancha, los afectados reaccionaron vivamente contra la sanción, o por lo menos el modo de darla a conocer. En una carta, sin firmas, enviada por correo electrónico a Justino Compeán y Decio de María, presidente y secretario general de la Federación, solicitan no ser convocados a próximos juegos de la selección (es decir, anuncian que no acudirán al llamado) en tanto permanezca a cargo de los equipos nacionales el señor Néstor de la Torre. Contra él personalmente dirigen su argumentación los jugadores, y le imputan no pocos defectos e insuficiencias en el desempeño de su responsabilidad.

En congruencia con varios juicios severos y aun agrios contra la prensa deportiva, los no firmantes pero presuntamente autores de la comunicación, pidieron a los destinatarios que esa carta no fuera dada a conocer a los medios. Pero el documento, fechado al día siguiente de anunciadas las sanciones en su contra, apareció el martes en el diario deportivo Record. Se percibe en él enojo y molestia no tanto por las sanciones que, por otra parte, consideran injustificadas, sino porque se les expuso al escarnio público, a diferencia de otras veces en que, dicen, la ropa sucia se ha lavado en casa.

Será hasta octubre, cuando se reúnan los dueños de lo clubes de futbol cuando se adopte una decisión sobre la actitud de los jugadores, que en general han sido condenados en la prensa especializada, que los acusa de soberbia. Al contrario, me parece que entre los tufos que suele despedir el ambiente del negocio futbolero, la carta de los trece es una bocanada de aire fresco, un rapto de dignidad de los jugadores lastimados en su reputación, que por primera vez rehúsan ser tratados como cosas. Habrá que esperar cuántos se sostienen en esa posición. Es posible que más de uno cambie de opinión, ante las presiones que su conducta ha suscitado, y alegue no haber suscrito la carta. Sería una lástima que dejaran en la estacada a Márquez y abandonaran la defensa de su buen nombre, lastimado por una organización que se arroga capacidades que el derecho nacional no puede admitir.

El régimen autoritario de la FMF está a prueba en estos días en los tribunales de amparo. Está por dilucidarse el caso de Salvador Carmona, un jugador que fue declarado reincidente por el uso de tóxicos y al que se le vedó de por vida participar en equipos de futbol profesional. Carmona ha pretendido defenderse demandando por daño moral a la Federación, que no únicamente lo exhibió como vicioso ante la opinión pública, sin pruebas adicionales a las internas de la Federación, sino que también contrarió la libertad de trabajo estipulada en el artículo quinto de la Constitución.

En un caso más la Federación se comporta al margen del derecho, esta vez del derecho mercantil, o corporativo como se le llama ahora. El señor Ricardo Henaine, castigado por un año por un ex abrupto contra un árbitro, adquirió la mayoría de acciones del club Puebla, pero debe esperar ser reconocido como titular de la propiedad del equipo angelopolitano por el poderoso club de dueños, el verdadero foco de decisiones de una Federación que actúa como mampara de sus intereses, no sólo futboleros.

Todos contra Juárez - El Diario - Ciudad Juárez, Chihuahua


Por todos lados, sectores sociales y empresariales que han sufrido las acciones y las omisiones del Gobierno federal, consideran que la bandera del “Todos somos Juárez” es una verdadera burla.

Por la forma en que se le ha tratado a esta ciudad, muchos coinciden que el programa bien podría llamarse ‘Todos contra Juárez” porque de plano en lugar de rescate parece de mera exclusión.

Ayer en el sector productivo andaban que echaban chispas, luego de recapitular que desde que se pidió la amnistía fiscal para Juárez ante la devastación generada por la crisis financiera y de inseguridad, en otros cuatro puntos del país ya se otorgaron prórrogas y exenciones.

En Baja California, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, temblores, tormentas y huracanes generaron el estado de emergencia que llevó a decretar los apoyos fiscales.

La ley habla de las facultades del titular del Ejecutivo para decretar amnistías por desastres naturales pero ¿qué no podría considerarse la emergencia por un desastre social ante los miles de muertos que está dejando la guerra contra el narcotráfico y el pleito de los cárteles por esta plaza?

Más de seis mil familias son damnificadas por la criminalidad atroz, el desempleo crece por las empresas que cada día cierran sus puertas ante la falta de clientes o el temor a los extorsionadores, generando una verdadera catástrofe, pero los funcionarios federales son incapaces de ver más allá de lo que les dicta el librito.

La legislación también habla de emergencia por epidemias cuyos daños justifiquen el armisticio fiscal pero ¿qué acaso las hordas de delincuentes en Juárez no están generando más muerte y destrucción?

UNA MÁS. En el contexto de la crisis de inseguridad y dentro de la estrategia del “Todos somos Juárez” (que se supone es integral y atiende también lo social) el Gobierno federal se la ha pasado dando tumbos con su programa de regularización de vehículos chuecos.

Ante el fracaso en la respuesta ciudadana por los altos costos de la importación, la Secretaría de Economía emitió un decreto que se supone haría accesible la regularización, pero ya pasaron dos meses y la medida sigue sin ser efectiva porque a los señores de la Secretaría de Hacienda se les olvidó publicar las reglas de operación.

El costo sigue por las nubes y los juarenses, aunque querían ponerse en orden, le dieron la espalda al programa porque en el centro del país les importó más pegarle al bolsillo que hacer efectiva la supuesta estrategia de seguridad para identificar todos los autos en circulación.

Así se las gastan en el Gobierno federal: dicen una cosa y hacen otra.

REGRESAN AL CIPOL MAYOR. Con todo y amenazas encima, el director de la CIPOL, Saúl Hernández fue regresado de sus muy convenientes vacaciones por el gobernador Reyes Baeza Terrazas para que explique el vergonzante episodio del narcoasalto al C-4.

Hernández había pedido una licencia de 15 días por lo que ya no regresaría a despachar antes del fin de la administración, pero fue llamado a cuentas antes de que se cierre el changarro.

El propio gobernador hizo el anuncio aunque ya no se supo si nomás les deberá dar la explicación a sus jefes o si, como debería de ser, es enviado a responder ante las instancias judiciales.

Por cierto que por la gravedad del caso ya era para que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR anduviera en Chihuahua, por lo menos arraigando funcionarios sospechosos de estar vinculados a los grupos criminales.



NARCOINSURGENCIA. Día con día se agregan episodios a la macabra historia de descomposición del estado de derecho en tierras chihuahuenses.

Desde que hace más de 2 años se desató la violencia vinculada a los grupos de crimen organizado, decenas de mensajes en mantas se han desplegado por todo el estado, principalmente en Juárez y Chihuahua, generando siempre la inquietud ciudadana respecto a cómo es que nunca han sido detectados por los cuerpos policiacos en tal actividad.

Al difundirse un video por Internet de un grupo operando en la capital del estado, causa sobresalto constatar la forma en que a plena luz del día, el comando hace un operativo en la que puede considerarse la vialidad con mayor aforo, para colocar sobre un puente elevado una manta, tomándose todo el tiempo del mundo y mostrando su arsenal a los conductores.

Con este tipo de casos ¿cómo se puede cuestionar a quienes han dicho con todas sus letras que hay partes del país, como Chihuahua y Juárez en que se vive una narcoinsurgencia?

¿Los ataques constantes contra elementos de todas las corporaciones (ayer en Juárez otros dos federales muertos elevaron a 110 el número de policías asesinados en lo que va del año) no son parte de ese alarmante diagnóstico?

REPRESENTACIÓN. Regresando con los funcionarios federales, será el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, quien acudirá a la capital del estado para el último informe del gobernador José Reyes Baeza, en representación del presidente Felipe Calderón.

El juarense que además es el representante presidencial para el supuesto programa federal de rescate, estará en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua para despedir al mandatario pero ya no supieron los reporteros si habrá reclamos, o todos se saludarán como si el programa hubiese resultado exitoso.

DEFINICIÓN. Entre panistas chihuahuenses está corriendo rápido la definición que sobre la contienda por la dirigencia nacional tomó el diputado federal Javier Corral Jurado.

Aunque no le competirá directamente al senador Gustavo Madero, se comenta que será operador y apoyo del diputado Francisco Ramírez Acuña para que sea el relevo de César Nava en diciembre.

La gran solución - Sergio Conde Varela - Abogado

Hace unos días en la llamada “Isla del Padre”, en el vecino Estado de Texas, se llevó a cabo una serie de conferencias relacionadas con las adicciones que padecen miles de personas en estos tiempos de inseguridad, de angustia y de injusticia. El problema se refleja en muchas comunidades, especialmente en nuestra querida ciudad calificada como la más insegura del mundo, y en meses pasados como el centro generador de los mayores homicidios del globo terráqueo.

Desde luego que en la reunión indicada los temas fueron variados y los testimonios impactantes, especialmente aquellos referidos a las conversiones de personas que transformaron su existencia, desde una posición antisocial hasta convertirse en seres reintegrados a la vida normal y productiva, de valores materiales y espirituales.

Fueron muchas las ideas que se desprendieron, las sugerencias y los planes de restauración del tejido social que ha sido afectado no sólo por los hechos criminales, sino por las caprichuda e irresponsable apatía de no enfrentarse con decisión, empeño y profesionalismo a una problemática que exige compromiso real, auténtico y no desperdiciar el tiempo como el avestruz, metiendo la cabeza bajo la tierra para no ver los problemas por los cuales atravesamos.

Los deseos de los participantes se expresaron en puntos de vista muy valiosos, cargados de cifras y de métodos tradicionales utilizados para la solución de conflictos sociales; sin embargo, un testimonio se presentó de parte de un hombre cuyo nombre omitimos por razones obvias, que dejó sin aire a buena cantidad de conferencistas y del público que asistió al evento.

El personaje en cuestión, fue el dirigente número uno de las organizaciones antisociales del área este del vecino país y tuvo una conversión cristiana de impacto colectivo estremecedor.

Al terminar el testimonio, la persona empezó a recibir comentarios y preguntas del público y una de ellas, se relacionó con nuestra ciudad. Se le inquirió qué sugería que los juarenses hiciéramos frente a los graves problemas de inseguridad por los cuales atravesamos y él solícito, sin pensarlo mucho contestó que la gran solución para Juárez, era la petición al Creador para que llegara la respuesta.

Sin venir muy cargada de teología la respuesta, sino de una vivencia tremenda por la cual atravesó el ex dirigente, el público se remolinó, unos con incredulidad, otros con curiosidad y los más con un asentimiento tradicional de saber teóricamente qué esa era la gran solución esperada para nuestra ciudad.

Sin embargo, pasando la respuesta dada del dicho al hecho, surge en el horizonte trabajo incesante para muchas personas, especialmente para los sacerdotes, pastores y creyentes comprometidos. Hay una energía desconocida cuando una persona ocurre con voluntad férrea ante Dios en petición de alguna gracia y la respuesta es mayúscula, cuando son miles los que acuden a ese expediente y en el caso de Juárez el camino sugerido por alguien que vivió las circunstancias parecidas a las que hoy vivimos se despejó de manera maravillosa, y posiblemente estemos en el tiempo de intentarlo.

Algunos piensan que al aplicar este tipo de remedios nos alejamos de una realidad que exige otro tipo de respuestas, pero no es así. El camino sugerido es real. Quiéranlo o no, el dueño de este mundo es Dios y quizás no esté muy conforme con lo que aquí sucede y en camino viene la respuesta porque hay muchos creyentes de todas las denominaciones que constantemente han levantado su plegaria para que esto termine y cambie y con seguridad así será.

Tiene razón el converso, solamente el Creador tiene la respuesta y si bien es cierto que por palabras no queda, los encargados de dar respuesta a lo que pasamos no lo han podido hacer, no con declaraciones, no con acciones contundentes. Ha pasado mucho tiempo y el asunto se sigue empantanando, de tal suerte que la solución suprema, debe implementarse y de verdad, no tarda.

Narcoinsurgencia, la guerra sin utopía - Lorenzo Meyer - ANALISTA POLÍTICO




Distrito Federal
– Concepto Cargado. El domingo pasado en Indiana, Estados Unidos, el senador republicano por ese estado, Richard G. Lugar, abordó el tema del narcotráfico en México y afirmó ante un auditorio compuesto por mexicanos que asistían a un curso para fiscales, jueces y agentes, que en nuestro país los cárteles de la droga se han convertido “en una forma de narcoinsurgencia”, (Reforma, 26 de septiembre). Algo muy similar había dicho ya el 8 de septiembre en Washington la secretaria de Estado Hillary Clinton al asimilar la actual situación de México a la de Colombia hace 20 años. La reacción negativa del gobierno de Felipe Calderón por la comparación de la Sra. Clinton, llevó a que el propio presidente norteamericano, Barack Obama, corrigiera de inmediato a su secretaria. Sin embargo, esta vez lo dicho por el siempre mesurado senador Lugar ya no produjo una reacción tan airada en “Los Pinos”, quizá por considerar que resultaría contraproducente.

Quién lo Dice. Antes de analizar lo dicho en Indiana vale la pena hacer hincapié en quien lo dijo. El senador Lugar es el republicano con más antigüedad en el senado; empezó su carrera en 1976 y en 2006 –su reelección más reciente– reafirmó lo sólido de su base política: ganó el 87 por ciento de los votos. Su posición en el Comité de Relaciones Exteriores del senado es sólida como roca. Esa circunstancia más lo generalmente moderado e informado de sus posiciones, lleva a que con frecuencia éstas tengan un apoyo bipartidista, de ahí la importancia de sus pronunciamientos.

Lo Dicho. El corazón del argumento de Lugar está contenido menos en el concepto de narcoinsurgencia y más en esta afirmación: “Las organizaciones que desde México llevan a cabo el tráfico internacional de drogas representan la amenaza más inmediata a la seguridad nacional de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”.

No es la primera vez que alguien en tiempos recientes considera que en México se está incubando un peligro para Estados Unidos. Quizá la posición más radical la formuló el ya desaparecido politólogo de Harvard, Samuel P. Huntington, que vio en la migración masiva a Estados Unidos de hispanos, en particular de mexicanos, un peligro para la preservación de los valores que hicieron grande a ese país: los de la cultura anglosajona, (¿Quiénes somos?: los desafíos a la identidad estadounidense, Paidos, 2004). El enfoque más imaginativo corresponde a George Friedman, un analista que supone la posibilidad de una guerra entre México y Estados Unidos al final del siglo XXI y cuyas raíces estarían también en la migración, (The next 100 years: a forecast for the 21st century, Cap. 13, Stratfor, 2009).

La Amenaza. El senador Lugar considera que los cárteles de la droga de México pueden ser una amenaza para la seguridad norteamericana porque esas organizaciones ya han logrado construir una verdadera infraestructura en Estados Unidos para la introducción y distribución de la droga y el lavado de dinero. El senador le propone al presidente Obama reaccionar con un aumento de los recursos que se dan al gobierno mexicano para enfrentarse a los “narcoinsurgentes” y un aumento de las acciones de inteligencia de parte del gobierno norteamericano –acción de agencias militares y civiles– en la frontera para detener el paso de drogas a Estados Unidos y el de armas a México.

El Problema: de Quién y Para Quién. De acuerdo con lo dicho por el senador de Indiana, “el problema ya está dentro de Estados Unidos”, implicando que éste se generó en México y migró al norte del río Bravo. Sin embargo, desde la perspectiva mexicana bien se puede decir lo opuesto: que “el problema” se originó en Estados Unidos y que ahora es una amenaza mayúscula para la seguridad nacional de México. Y es que justamente el que en nuestro poderoso vecino esté la principal fuente de la demanda de drogas ilícitas y la principal fuente de armas para los narcoinsurgentes, permiten decir que la seguridad mexicana está en un peligro mayor que la norteamericana –ésto lo reconoce Lugar– como resultado de los efectos negativos que en un país como México, con instituciones políticas y jurídicas muy débiles, producen los miles de millones de dólares que ingresan como resultado de la adquisición de drogas por varios millones de norteamericanos.

Es aquí donde conviene recordar que antes de que la Comisión de Shanghái propusiera en 1909 declarar ilícito el tráfico de opio, los grandes fomentadores del comercio y consumo de esa droga en China –de donde se extendió a otros países–, fueron no sólo los británicos sino también prominentes comerciantes norteamericanos de Boston y Nueva Inglaterra que acumularon fortunas enormes que luego trasladaron a campos más respetables. Como sea, el tiro que salió por la culata del comercio imperial del opio, también terminó por pegarnos a nosotros, que nada tuvimos que ver en su gestación.

¿Qué Hacer? En México el tráfico de sustancias ilícitas ha adquirido la dimensión monstruosa que hoy tiene debido a la vecindad con Estados Unidos. Sin embargo, a estas alturas, resulta un tanto académico, insistir en donde se originó el actual problema del narcotráfico. La asimetría de poder y recursos entre la nación consumidora y la nación proveedora ha llevado a hacer crecer de manera extraordinaria el cáncer binacional del narcotráfico, pero finalmente la forma de definir y de actuar sobre ese mal la dicta de manera unilateral la nación fuerte. La propuesta del senador Lugar es bien intencionada, sin duda, pero no deja de mostrar lo de siempre: que Estados Unidos es quien puede y debe actuar en relación a México pero sin que exista la posibilidad inversa.

La política esbozada por el senador Lugar no es muy diferente de las que Washington hizo y llevó a cabo durante la Guerra Fría para enfrentar a las guerrillas que amenazaban a sistemas pro americanos: auxiliar al gobierno bajo asedio con armas, equipo y asistencia técnica, pero sin revisar y reformar el trasfondo social del que se nutrían quienes desafiaban al orden existente.

El gobierno mexicano, por su parte, rechaza el concepto de narcoinsurgencia empleado por la secretaria Clinton y el senador Lugar porque, asegura, al crimen organizado que opera en México lo que le interesa es simplemente aumentar sus ingresos ilícitos y no tiene las características de los insurgentes clásicos: un proyecto político nacional alternativo. Lo anterior es cierto, pero Lugar y otros consideran que los criminales organizados sí tienen objetivos políticos como parte de su obvio proyecto económico. Además, conviene añadir que las filas del crimen organizado se nutren, como las de las insurgencias clásicas, de las clases dominadas, de esas que tienen poco que perder y mucho que ganar en el enfrentamiento.

La política del narco o narcopolítica es tan clara como brutal. El asesinato reciente de un candidato a gobernador y de un creciente número de alcaldes y funcionarios locales en las regiones donde el narcotráfico es más activo muestra que sus dirigentes buscan controlar la estructura de autoridad formal que está a ras del piso social. De acuerdo con cálculos de Edgardo Buscaglia, en 2008 el narcotráfico ya controlaba el 8 por ciento de los municipios y había infiltrado sus células en el 63%, (Proceso, 21, de septiembre, 2008).

Hasta mediados del siglo pasado el narcotráfico en México era un problema que el régimen priísta mantenía bajo control, pero cuando la importancia de su mercado externo aumentó y el antiguo régimen perdió vigor, los narcotraficantes se sacudieron ese control y hoy los papeles se han invertido y son los cárteles de la droga los que buscan ser el actor dominante y subordinar a la clase política. Y van muy de prisa en su empeño. En 2007 los asesinatos relacionados con el narcotráfico fueron 2 mil 275 pero en lo que va de este año ya suman alrededor de 8 mil 500; un aumento del 373 por ciento. Si se sigue por ese camino, México simplemente va a ser un país donde la lucha sea de todos contra todos, es a que Tomás Hobbes imaginó para caracterizar algo que no existía: el estado de naturaleza.

La demanda de drogas ilícitas es un fenómeno cuyas causas primeras y más fuertes se encuentran fuera de México. Esa demanda ha dado lugar a un problema que afecta nuestra seguridad, nuestra forma de vida y la soberanía nacional misma. Urge un enfoque nuevo, realmente binacional y que vaya más allá de la acción armada.

Nuestra crisis nacional debería desembocar en una reforma del Estado y de la sociedad mexicanas que generase los elementos mínimos de utopía que sirvieran para neutralizar las raíces y las razones de la narcoinsurgencia.

¡ Que no cunda el pánico ! . Helioflores.

Los Casasola Fotógrafos de la Ciudad de México

La ciudad de México, en los años que la definieron y marcaron como gran metrópoli: 19010-1940. Ciudad de contrastes, territorio de las más variadas y explosivas amalgamas sociales, artístcas y tecnológicas. Época en que los cambios sucedian uno tras otro en un espacio físico a la vez reducido y multiple el centro mismo de la ciudad. Una disnastía de fotoreporteros cuyo apellido, Casasola, pasaría a identificarse con la gesta revolucionaria, pero cuyas cámaras, al servicios de los más importantes periódicos, hacian frente a los vertiginosos aconteceres cotidianos de la capital.

Los Casasola fundaron la primera agencia fotoperiódistica.


AMLO exige a Calderón decir en cadena nacional por qué ordenó el michoacanazo

También debe explicar por qué razones 34 de 35 funcionarios detenidos ya están libres


Fue una decisión perversa tramada en la elite del poder: ex subprocurador Ignacio Mendoza

Saúl Maldonado y Ernesto Martínez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 30 de septiembre de 2010, p. 11
Andrés Manuel López Obrador exigió al presidente Felipe Calderón que explique en cadena nacional por qué ordenó la captura, sin pruebas reales, de los 35 servidores públicos que la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en 2009 en el llamado michoacanazo, de los cuales ya fueron liberados 34.

En la capital de Durango, donde este miércoles presentó su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, el ex candidato presidencial sostuvo que Calderón dio la orden de detener a los funcionarios de Michoacán y le exigió explicar, “así como acostumbra, en cadena nacional”, la razón de esas aprehensiones, y aclarar por qué 34 de los 35 detenidos ya están libres. “Que explique que no tuvieron pruebas, que todo se trató de un asunto político-electoral.”

Consideró que la PGR no tiene calidad política ni moral para hablar sobre la presunta implicación del diputado federal Julio César Godoy Toscano en el narcotráfico, cuando la propia corporación no pudo comprobar que los servidores públicos del michoacanazo estaban coludidos con el crimen organizado.

Además, López Obrador solicitó a Calderón que explique también en cadena nacional por qué protege a Gastón Azcárraga, “quien saqueó Mexicana de Aviación. Yo sí sé por que lo protege, porque ayudó en el fraude electoral; pero me gustaría que lo explicara a todos los mexicanos”.

En Morelia, el ex subprocurador del estado de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez –quien estuvo preso ocho meses y cinco días acusado de brindar protección al grupo criminal La Familia–, aseguró que el michoacanazo fue una decisión perversa que se tramó desde la elite del poder.

En entrevista, manifestó que detectó más de 125 inconsistencias de la parte acusadora, que incluyen mentiras, datos falsos, fechas que no coinciden, así como siembra de pruebas que no resisten el mínimo análisis.
Aseguró que las declaraciones en su contra y de los demás acusados se concentraron en un documento de 68 páginas tamaño oficio, con letra pequeña. “Es por eso que mi caso es exactamente igual al de cualquier otro compañero encarcelado por el llamado michoacanazo”, señaló.

También en Morelia, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán, Mauricio Prieto Gómez, anunció que ex funcionarios liberados del michoacanazo exigirán a Felipe Calderón la reparación del daño por haber sido encarcelados injustamente. Esto ocurrirá durante la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón que se celebrará este jueves en la capital del estado.

A su vez, la secretaria de elecciones del PAN, Luisa María Calderón, cuestionó al juez federal Efraín Cázares López, con jurisdicción en el estado, “por no actuar libremente” y haber liberado a los detenidos por el michoacanazo.

La hermana de Felipe Calderón aseguró que la sociedad michoacana reprueba la excarcelación de los implicados en este caso, así como la toma de protesta del diputado perredista Julio César Godoy, quien también fue acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, pero no fue detenido y obtuvo un amparo.

El dirigente del PRI en Michoacán, Mauricio Montoya Manzo, dijo que confía en que pronto saldrá libre el alcalde de Múgica, Armando Medina, ya que las acusaciones en su contra se basan en los mismos testigos que participaron en los juicios de los 34 funcionarios liberados.

Trife hace candidato a AMLO

Astillero


Censura discriminatoria

Dictamen presuntivo

UdeG: cacique contra piadoso

Julio Hernández López

De extraña manera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha convertido a Andrés Manuel López Obrador en candidato presuntivo a la Presidencia de la República. La involuntaria designación proviene de un acto negativo, específicamente la censura a material de propaganda que los partidos del Trabajo y Convergencia han decidido realizar con AMLO como personaje central, pero podrá acabar siendo positivo para el tabasqueño, a quien sus adversarios parecieran obstinados en promover con base en torpezas como la cometida ayer, cuando el máximo órgano resolutivo en materia de comicios decidió castigar con el silencio obligado en ciertos espots a alguien que hasta ahora había sido solamente un ciudadano en desventajosa búsqueda de conseguir más delante una candidatura que el mencionado tribunal ha preferido dar por asignada para así comenzar a cerrarle el paso desde ahora, cuando procesalmente ni precandidato formal es.

El arranque de purismo mediático de la maltrecha corte politiquera presidida por María del Carmen Alanís contrasta con la circundante realidad abusiva que a ojos y oídos de todo mundo practica el priísta Enrique Peña Nieto, quien inunda los espacios electrónicos con material pagado por el estado de México para promover no solamente presuntos logros administrativos sino, sobre todo, la presencia, propuestas y aspiraciones de quien desde ahora es considerado el candidato presidencial de Televisa, aunque no solamente de esta empresa que por su fuerte influencia es usada como designación insignia, sino de un conjunto de medios de comunicación que mediante rigurosa factura realizan diariamente una evidente campaña de promoción que ni ve ni oye el mencionado tribunal censor.

Tan discutible resulta el sancionar en los tiempos oficiales de dos partidos menores a quien aún no es candidato formal a nada, en medio de una profusión de propaganda pagada a favor de quien es colocado en las encuestas de opinión como puntero en la búsqueda del 2012, que la votación de los magistrados reunidos ayer fue de cuatro a favor y tres en contra de ordenar el retiro de los anuncios en que López Obrador presenta propuestas para cambiar la realidad nacional. El tribunal electoral atendió así el reclamo del Partido Acción Nacional, que se inconformó con la previa resolución de una comisión del IFE que había decidido mantener esos anuncios polémicos. Pero, al actuar de manera conjetural y no con pruebas o hechos firmes, suponiendo que AMLO será candidato presidencial, figurándose que sus discursos políticos de hoy son inevitable resolución jurídica de mañana, el citado Trife discrimina a un ciudadano al negarle el derecho a pronunciar en anuncios para radio y televisión el ideario que a juicio de dos partidos políticos legales es conveniente. Mal paso del tribunal electoral, que agravia el entramado jurídico ya desde ahora muy lastimado y, en contra de lo deseado, abona y promueve la causa política de un ex candidato presidencial al que la fuerza de los hechos va confirmando como firme aspirante a los comicios de 2012 (la aberración presuntiva del Trife fue demostrada ayer por Leonel Cota Montaño, quien fue presidente del PRD y este año ya no repetirá sus andanzas de 2006, pues ha renunciado al sol azteca en razón de inconformidades con el proceso de postulación de candidato a la presidencia municipal de Los Cabos, Baja California Sur, entidad que ya gobernó. Ahora, Cota buscará esa presidencia por otro partido, tal vez el Verde Ecologista. ¿El Trife habría impedido que Cota pronunciara mensajes a nombre de PT y Convergencia por suponer que pretendía repetir el papel jugado en 2006?).
Los enredos de imaginación política pueblan actualmente la política jalisciense. Ayer se realizó una marcha masiva de integrantes de la Universidad de Guadalajara que exigen al gobernador Emilio González Márquez la entrega de cientos de millones de pesos que regatea tratando de frenar los “negocios” que dice se hacen con los recursos entregados a una institución cuyo jefe máximo, Raúl Padilla, estuvo entre los caminantes que no ahorraron formas de ridiculización y menosprecio al mandatario panista cuyo ejercicio se ha caracterizado por exabruptos espirituosos, envío oral de sus críticos a zonas damnificadas y derroche del erario para beneficio de la Iglesia católica, encabezada por el preceptor de gobierno, Juan Sandoval, y de Televisa, dado que el llamado góber piadoso también desarrolla pretensiones de ser candidato presidencial.

Vista desde la simplicidad geométrica, la que se vive en Jalisco es una lucha entre la izquierda universitaria y la derecha gobernante. Vista desde un mirador totalmente práctico, es una pelea entre un cacique consolidado y un gobernador mediocre, con banderas de oportunidad que uno lleva con inscripciones de defensa de la educación pública y otro de exigencia de auditorías y cuentas claras en el ejercicio de los recursos asignados. Es un nuevo episodio de la lucha que, impulsado por el propio González Márquez, emprendió el entonces rector Carlos Briseño contra su propio grupo matriz, el de Raúl Padilla, y que le llevó a la destitución de su cargo y a su posterior suicidio. González Márquez, como Briseño en su momento, parece estar en desventaja. Ayer, la marcha universitaria recibió un mensaje de solidaridad del rector de la UNAM, José Narro, y la presencia de los priístas que presiden los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá; de los dirigentes estatales de PRI y PRD –partido, éste, dominado totalmente por Padilla, quien mantiene acuerdos con los Chuchos– y de diputados de los dos partidos mencionados y del Verde Ecologista.

Y, mientras continúa el riego estadístico de tepache, con el vocero de optimismos, Alejandro Poiré, demostrando que este mes las funerarias han tenido un poco menos de trabajo que en el trimestre anterior, ¡hasta mañana, con Lujambio nuevamente bajo fuego legislativo!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero

El PAN, a la pepena de desertores del PRI y el PRD


Álvaro Delgado



MEXICO, D.F., 29 de septiembre (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) se ufanó ayer de haber afiliado a la senadora Minerva Hernández, tránsfuga perredista, y hoy hizo lo mismo con el diputado federal Vladimir Ramos Cárdenas, desertor del Partido Nueva Alianza, de Elba Esther Gordillo, y con reputación de golpeador.
Con la perredista y el también legislador del Panal, el partido fundado por Gordillo, presidenta vitalicia del magisterio nacional, el PAN aumentó un elemento en cada uno sus grupos parlamentarios en las cámaras de Diputados y Senadores, y sigue en la línea de recoger desertores de los otros partidos, sobre todo priistas.
El PAN dio la bienvenida al diputado Ramos Cárdenas mediante un comunicado, en el que manifiesta su “seguridad de que su colaboración en todas las acciones que el partido realice serán de gran valor y en beneficio de todos los mexicanos”. El legislador “se dijo comprometido a trabajar con determinación por el fortalecimiento de México y su democracia, para lograr construir el país al que todos aspiramos”.
Pero la nueva adquisición del PAN no es necesariamente congruente con esos nobles objetivos porque, apenas en julio pasado, Ramos Cárdenas fue denunciado en Chiapas, de donde es diputado plurinominal, por el delito de lesiones por haber golpeado a un joven.
Fue la agencia del Ministerio Público en el municipio de Villa Comaltitlán la que inició la averiguación previa 43/IC8/2010, por lesiones y lo que resulte en contra del diputado Ramos Cárdenas, quien el pasado 6 de julio golpeó a un joven.
De acuerdo con información de la agencia Notimex, Candelario Mucio Zepeda Dorantes, de 17 años de edad, requirió ser internado en la clínica del municipio de Huixtla por los presuntos golpes recibidos por parte del legislador.
Los familiares de la víctima relataron que los hechos ocurrieron el domingo de las elecciones, a la altura de la escuela primaria federal Club de Leones, de Villa Comaltitlán, cuando se disponían a ir a emitir su sufragio y el menor fue abordado por el diputado.
Afirmaron que el diputado federal se encontraba apoyando a los candidatos del Partido del Trabajo (PT) y se enteró que los familiares de Zepeda Dorantes respaldaban al Revolucionario Institucional (PRI). Al ver lo que ocurría, varios ciudadanos que estaban cerca del lugar de los hechos trataron de detener al diputado, pero huyó.
Decidieron acudir ante las autoridades, en espera que de que se haga cumplir la ley en contra del legislador.

Chucholu. Hernández.

El deslave de Ulises. Rocha .

"La cabañita" de Calderón y "lo carísimo" que le salió instalarle celdas solares


Daniel Lizárraga



MÉXICO, DF, 29 de septiembre (apro).-El presidente Felipe Calderón reveló hoy que en "una cabañita" que tiene le salió "carísimo" instalarle celdas solares.

Al participar en el foro Eficiencia energética y acceso, Calderón contó que en “una cabañita” que tiene junto con la familia de su esposa resultó “carísimo” instalar celdas solares y aerogeneradores, por lo que conoce en carne propia lo que representa promover el uso de energía alternativa.

“Tenemos que avanzar en incentivos fiscales. No podemos dejar de reconocer que el costo de la energía renovable, particularmente la individual, es tremendamente alto”, sentenció.

En ese mismo foro, Calderón eximió a las autoridades de todo nivel de cualquier responsabilidad en el deslave del cerro en la comunidad mixe de Tlahuitoltepec, Oaxaca. Según el presidente, "fue consecuencia del cambio climático", por lo que urgió encontrar mecanismos fiscales para promover el uso de energía alternativa.

En el último trimestre del 2010, México será la sede de la Cumbre sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará en Cancún, Quintana Roo.

En un discurso de unos 50 minutos, Calderón dijo que las consecuencias del cambio climático las enfrentarán directamente los más pobres, por lo que a lo largo de su carrera política ha promovido el uso de energía eólica.

“Fue un calvario (lo de la energía eólica) porque había un gran escepticismo, particularmente la gente más vinculada al asunto de energía. Pensaban que era una verdadera ocurrencia, ‘chamaco ocurrente’, casi decían”, relató Calderón Hinojosa al rememorar sus días como secretario de Energía.

México, al igual que muchas otras naciones –agregó— “tiene muy claro que el cambio climático no sólo es un desafío ambiental que nos convoca y compromete a todos, sino un reto político, un reto diplomático, un reto que nos obliga a construir los acuerdos que necesita la humanidad, independientemente de que lo reconozcamos o no los gobiernos”.

Según Calderón, la amenaza del calentamiento global exige dirigir el esfuerzo de todos hacia un nuevo patrón de producción en el consumo de energía, ya que las necesidades primarias de la población mundial aumentarán significativamente en el futuro, sobre todo en los países en desarrollo como México.

“La magnitud del reto que enfrentamos nos exige acciones concretas que nos permitan establecer políticas públicas, mecanismos de ejecución y estrategias de financiamiento que permitan incrementar el ahorro de energía”, agregó.

Solidario. Helguera.

Las Leyes del clero. Fisgón.