Otra de cesarín : "César Nava, precursor de la privatización de Pemex"

Por: Ana Lilia Pérez 18 de Mayo del 2008)

Expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y Función Pública revelan la estratagema que habrían realizado César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de la paraestatal, para entregar la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona.

Documentos internos de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan cómo José César Nava Vázquez –hoy secretario privado de Felipe Calderón– como abogado general de Pemex autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples (CSM) en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en supuesta contravención a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.

El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos”, y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.

Los expedientes evidencian cómo, en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex y Luis Ramírez Corzo director de Pemex Exploración y Producción (PEP), César Nava, en su carácter de titular de la Oficina del Abogado General (OAG), y Néstor García, entonces titular del área jurídica de PEP, operaron para que la paraestatal suscribiera contratos como si fuese una compañía privada, para ceder a terceros la exploración y explotación de pozos, pasando por alto las consideraciones de sus subordinados, juristas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaban los CSM, advirtieron que el modelo no era acorde a la ley.

En este esquema comercial disimulado como contrato de obra pública, en el cual ostenta a Pemex como una empresa privada, Nava renunció a la inmunidad que la carta magna da a la petrolera del Estado y a sus subsidiarias y filiales, constriñéndola a que en caso de conflicto sea juzgada en el extranjero ante tribunales comerciales. Todo ello, para “hacer contratos atractivos para los inversionistas privados”, según versiones de sus excolaboradores.

Nava Vázquez benefició a las trasnacionales con contratos por más de 4 mil millones de dólares para la exploración, explotación, producción, transporte y almacenamiento de gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos, sin que Pemex tenga ya control sobre esta zona, por lo que el hoy secretario particular de Felipe Calderón habría incurrido en supuestas violaciones a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), por ceder actividades estratégicas exclusivas de Pemex.

En 2005, esas supuestas violaciones a la ley fueron denunciadas ante la SFP por el abogado Jorge García, excolaborador de Nava en el jurídico de Pemex, e integradas en el expediente DE/099/2005. El señalamiento alcanza a Néstor García Reza y al entonces director de la subsidiaria, Luis Ramírez Corzo, por haber incurrido en violaciones a la Constitución, a la LOPSRM y a la LFRSP, al avalar un modelo de contrato con dolo, error y lesión en contra de Pemex. Algunos de los supuestos ilícitos denunciados por Jorge García –quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP– habían sido comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2005, en la auditoría especial que el órgano de fiscalización realizara a los CSM; incluso, la ASF había solicitado al Órgano Interno de Control (OIC) abrir investigaciones a los funcionarios involucrados en las irregularidades. Sin embargo, el OIC hizo caso omiso al mandato. A fines de 2006, en el cambio de estafeta del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, la SFP “encapsuló” la denuncia del exsubordinado de Nava Vázquez.

Justificados por funcionarios de la administración foxista como esquemas para capitalizar a Pemex, los CSM son considerados por legisladores y analistas como los primeros modelos de privatización de sectores que por mandato constitucional están reservados al Estado. Por ello, en 2004, el fallecido constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela demandó su nulidad absoluta. Ante la opacidad jurídica, en 2005, la ASF ordenó a Pemex suspenderlos. Para esas fechas, mediante este esquema, ya se había otorgado a consorcios extranjeros la operación de toda la Cuenca de Burgos.

Los “arreglos” de César Nava
La exploración, explotación y producción de gas natural en la Cuenca de Burgos –situada en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila– era realizada por Pemex desde hacía más de 50 años, en los campos Misión, Reynosa, Francisco Cano, Treviño y Brasil.

En 2002, según cifras oficiales, Burgos produjo 1 mil 30 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que representó casi una cuarta parte de la producción nacional, nivel alcanzado por ser la zona más desarrollada en su tipo del país. Era vista como la fuente más inmediata para obtener volúmenes adicionales de gas natural y contener las importaciones del energético. Los CSM se justificaron como “la necesidad de ampliar la capacidad de exploración y perforación de pozos con miras a la elevación de gas natural y ante las restricciones presupuestales de PEP”.

Aunque el corporativo y las subsidiarias y filiales de Pemex cuentan, cada una, con un área dedicada al diseño y revisión de contratos, Nava dispuso que el modelo de CSM lo realizara la trasnacional Pricewaterhouse Coopers, SC, dirigida por Javier Soni Ocampo, accionista de la consultoría y quien también era parte de la fundación Vamos México, creada por la exprimera dama Marta Sahagún, donde integraba el Consejo de Vigilancia.

El servicio se acordó mediante el contrato 410212834 –etiquetado en PEP con el número PEP-SOP-034/2002– por adjudicación directa. A su vez, Pricewaterhouse subcontrató al bufete Macleod Dixon LLP, de origen canadiense.

Un documento elaborado por los encargados del proyecto, J. Jay Park y Elisabeth Ejuri, denominado “Aspectos legales selectos de los contratos de servicios múltiples” y fechado el 20 de junio de 2002, explica que Macleod Dixon LLP fue contratada como asesor legal internacional de PEP para el proyecto CSM, bajo un subcontrato con Pricewaterhouse Coopers. La asesoría la daba Macleod Dixon desde sus oficinas en Calgary, Canadá, y Caracas, Venezuela, apoyados por el despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, SC, recomendado de Nava Vázquez.

El secretario particular de Calderón instruyó a los abogados Jorge García, Cesáreo Maldonado, Alfredo Morales, Venus Monterrubio, César Castro, Miguel Serrano y Jesús Neri, adscritos a PEP, para que participaran en el diseño de los CSM, en un grupo de trabajo que coordinaba Jorge García. Se estipuló que la empresa entregaría tres modelos de contrato. “Uno comercial, uno apegado a derecho y otro intermedio para que se pudiera jugar con ellos de acuerdo con los tiempos políticos; además, Price debía apoyar en su implementación”, dice Jorge García, quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP.

Durante varias semanas los abogados de Pemex se reunieron con los representantes de Price para definir el modelo. Los encuentros fueron en la oficina de Néstor García Reza, ubicada en el piso 9 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. De estas reuniones, Jorge García refiere: “Era un estira y afloja entre nosotros (los abogados de PEP) y la gente de la consultoría. Discutíamos cada cláusula en apego a la Constitución y las leyes mexicanas, y la gente de Price defendía que tenían que hacer un contrato donde Pemex apareciera como una empresa privada y no como paraestatal, para que fuera atractivo a los inversionistas. Por ello incluyeron cláusulas que eran contrarias a la ley.”

Señala que los desencuentros eran principalmente con la representante de Price, Elisabeth Eljuri, de origen venezolano: “Ella participó en la implementación de contratos similares en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA). Tenía una concepción muy singular de los contratos. Ellos (Price) lo que querían hacer era un contrato comercial, en el sentido que fuera atractivo para muchos inversionistas. Incluso habló de modificar el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones para incorporar muchas cosas que la ley prohíbe, y que se incluyeron en el contrato”. Jorge García explica que, pese a las observaciones de los abogados de Pemex respecto a los impedimentos jurídicos del contrato que se estaba formulando, los representantes de Price defendieron que ése era el modelo que les había solicitado el abogado de Pemex y que así lo presentarían. Según García, Elisabeth aseguraba que la LOPSRM sería modificada para ajustarla al contrato. “A ella se le hacía muy fácil; decía: ‘vamos a modificar la ley y el reglamento’; le dijimos que en México las leyes no se modificaban así, pero ella insistió y siguieron adelante con el modelo que más tarde pondrían en operación César Nava y Néstor García”.

El 21 de noviembre de 2002 se suscitó la reunión más ríspida entre los abogados de Pemex y los representantes de Price. La razón fue que los juristas hicieron 67 observaciones al modelo de la consultoría, por ser contrario a la Constitución y las leyes mexicanas. Luego advirtieron a sus superiores –Nava y García Reza– que el contrato estaba sustentado en el derecho mercantil privado y no en el público, y definía a Pemex como una empresa privada y no como una empresa del Estado mexicano. El contrato en general se definía como “actividades comerciales” entre las partes y no como un contrato de servicios. Se pactaban actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos.

También se estipulaba que cualquier documentación relativa al contrato, responsabilidad u obligación que de él se derivara, se emitiría como particulares y en apego al derecho mercantil privado. Los excolaboradores de Nava explican que aún cuando los representantes de Price sabían que ello era contrario a derecho, argumentaron que la inclusión de dichas cláusulas era lo que hacía atractivo los contratos a los inversionistas, que de eliminarse, la iniciativa privada no se interesaría. Por ello, agregan, se estableció la Corte Internacional de Comercio de París como el tribunal donde se dirimiría cualquier conflicto entre las partes.

Uno de los aspectos que más inquietó a los abogados era que en distintos apartados del clausulado general Pemex renunciaba a la inmunidad del Estado mexicano, lo cual es contrario a la Constitución. Se estableció que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo auxiliar, “de lo anterior podría desprenderse que un tribunal extranjero sí podría ordenar un embargo a PEP de sus bienes en el extranjero o en México, ya que conforme a la cláusula se trata de relaciones comerciales y se renunció a la jurisdicción”, alertaban en diversos oficios los subordinados a Nava.

Mediante un correo electrónico del 25 de noviembre de 2002, remitido por Jorge García a su superior inmediato, Néstor García, le alertaba que Nava debía manifestarse respecto a la cláusula en la que la paraestatal renunciaba a la inmunidad, pues, considerando que los contratos se visualizaban para la inversión privada de capital extranjero, la inclusión de dicha cláusula en los CSM, “puede tener un impacto negativo para PEP, toda vez que podría llegarse al punto de embargos o ejecución de los bienes del organismo por parte de órganos jurisdiccionales extranjeros.”

Los abogados de PEP advirtieron que según el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los contratos de la paraestatal son de derecho público y se rigen por la LOPSRM, “por lo que es evidente que las relaciones entre PEP y el contratista no constituyen actividades comerciales”, como estipulaba el modelo de Price. El estipular que “el contrato y las operaciones del mismo constituyen actividades comerciales de la parte”, evaluaron, era contrario a los artículos 1 y 15 de dicha ley.

Se enfatizó que al renunciar al fuero, se exponía a que la paraestatal fuera juzgada por alguien ajeno al país y de las implicaciones de llevar a Pemex a tribunales internacionales, donde históricamente ha perdido los casos. En diciembre de 2002, en diversos oficios y correos electrónicos, los subordinados de Nava insistieron en las implicaciones legales del contrato diseñado por Price. En un correo electrónico remitido el 9 de diciembre de 2002, por Jorge García al titular de la OAG, señala: “Consideramos adecuado insistir sobre las modificaciones a diversas cláusulas, ya que lo expresamos en su oportunidad, si el vínculo de PEP con el contratista se conceptuase como relaciones comerciales, se podrían acarrear efectos negativos para el organismo y la eventualidad de embargos o determinaciones de autoridad sobre bienes de PEP”.

Ese mismo mes, el grupo de trabajo elaboró el oficio con el que Nava otorgaría la sanción jurídica (aprobación por parte de la OAG) del modelo final presentado por Price, a partir del cual se diseñarían las bases para licitar los bloques de Burgos. Aún en este documento, los subordinados de Nava le advirtieron que como principio de ley, ningún contrato podía tener cláusulas de penalización para el gobierno federal, y que el jurídico no tenía atribuciones para renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex. El 20 de diciembre de 2002, Nava emitió el dictamen favorable sobre el modelo de contrato de Price, según el documento OAG/960/2002 dirigido a Sergio Guaso Montoya, director ejecutivo del Proyecto de Diseño de Modelos de CSM de PEP.

En su argumentación, Nava dice que los CSM son, “contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, de acuerdo con la LOPSM”, pero reconoce que su validez jurídica parte del supuesto de que ésta “será modificada”. Y que además, a través del Consejo de Administración, Pemex adoptará “una política interna” acorde para este tipo de contratos.

En el dictamen, el abogado reconoce que algunas cláusulas del contrato eran contrarias a la ley. Enfatiza que para incluir la sanción legal al modelo de CSM era necesario considerar que “ciertos aspectos contenidos en el modelo de contrato propuesto requieren de la modificación de la LOPSRM, o bien de la confirmación de ciertos criterios de interpretación administrativa” de ésta. El documento revela que Nava dio su aprobación, aun cuando el modelo no había sido sometido a escrutinio de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy SFP.

Contratos a la medida
Los excolaboradores de Nava dicen que además del modelo de CSM, el proceso de licitación y la formalización de los contratos fueron “hechos a modo”. En 2003, antes de irse como asesor jurídico de la Sener –con el secretario Felipe Calderón– con el modelo de Price, César Nava Vázquez junto con Néstor García Reza, Luis Ramírez Corzo y Sergio Guaso Montoya elaboraron las bases para licitar siete bloques integrados en unos 6 mil kilómetros cuadrados en la Cuenca de Burgos.

En cada proceso de licitación –salvo en el bloque fronterizo en que participaron dos consorcios– se recibió una sola propuesta. Contrario a como indica la LOPSRM de optar por la mejor propuesta económica, los funcionarios de Pemex no buscaron más opciones, fallaron a favor del único licitante. Todos se otorgaron a petroleras extranjeras cuyo giro principal es la exploración, explotación y comercialización de energéticos y no la prestación de servicios: Repsol, Petrobras, Lewis Energy Group, Teikoku Oil Co y Techint.

Pese a lo complejo de los contratos y los recursos comprometidos, se adjudicaron de forma exprés. Las licitaciones se publicaron entre julio y agosto de 2003, en octubre se abrió la propuesta técnica y al día siguiente –en cada proceso– la propuesta económica. En noviembre la OAG emitió la aprobación jurídica y se suscribieron los contratos. El proceso fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Felipe Calderón, en su carácter de secretario de Energía, quien ya tenía a Juan Camilo Mouriño como coordinador de asesores y a Nava Vázquez como asesor jurídico.

Una vez que se emitió el fallo, se permitió a las firmas extranjeras crear empresas ex profeso para que suscribieran el contrato y que la trasnacional quedara como obligada solidaria. La operación tenía un interés de fondo: las cláusulas de cada CSM estipulan que PEP y la contratista renuncian a toda inmunidad y protección de su gobierno, no así a la obligada solidaria, que conserva su derecho a recurrir en todo momento a la protección de su gobierno.

Los dictámenes jurídicos mediante los cuales la OAG autorizó la suscripción de cada CSM fueron hechos por Alfonso Iturbide Guerra, a la sazón encargado del despacho de la OAG y con el visto bueno del gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza, el mismo funcionario que aprobó algunos de los convenios y contratos que Pemex Refinación firmó con Juan Camilo Mouriño como representante legal de Transportes Especializados Ivancar (Contralínea 96).

En la revisión que la ASF hiciera al proceso de licitación (en su auditoría incluida en la revisión a la Cuenta Pública 2003), detectó que en las convocatorias “se omitió señalar en las bases de licitación la información específica sobre los trabajos que podían subcontratarse, en infracción al artículo 33 de la LOPSRM”, lo que, estimó la ASF, habría dejado a otras empresas sin posibilidad de participar. Al respecto, el órgano de fiscalización solicitó la intervención del OIC para investigar la responsabilidad de los funcionarios de Pemex involucrados en dicha irregularidad, pero no hubo investigación.

Denuncias en la SFP
En su denuncia, Jorge García Martínez señala que Nava Vázquez, García Reza y Ramírez Corzo habrían incurrido en supuestas violaciones a los artículos 7 y 8 de la LFRSP y a los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, “ya que no se abstuvieron de realizar actos que puedan causar deficiencia del servicio público” al aprobar el modelo de CSM, sin que éste fuera legal.

Ramírez Corzo, precisa, habría incurrido en incumplimientos a la fracción XVII del artículo 8 de la LFRSP, “al no supervisar que César Nava y Néstor García cumpliesen con las obligaciones” contenidas en el artículo referido. García Martínez responsabiliza a Nava de la implantación de los polémicos CSM porque, argumenta, “la opinión jurídica que emitió sobre el contrato propuesto por Price fue determinante para que el entonces director general de PEP (Luis Ramírez Corzo) decidiese la utilización de dicho modelo pese a su ilegalidad”, por lo que, señala, Nava “incumplió las disposiciones legales relacionadas con el servicio público”.

Lo anterior implicaría también que el exabogado de Pemex habría actuado en contravención al principio de derecho, pues, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, ningún servidor público puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Así, argumenta Jorge García, ni Nava Vázquez ni García Reza podían conferirse facultades que la ley no les da, “como lo hicieron al renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex”. Agrega que esta sola cláusula podría declarar la nulidad de los CSM.

Denuncia que Price no cumplió con el objeto de su contratación, toda vez que “el modelo de contrato no se apega a lo dispuesto en la LOPSRM, y por tanto es ilegal”. Por ello, agrega, “existe responsabilidad del contratista por no haber cumplido con el objeto del contrato que era elaborar un modelo acorde a la ley, independientemente de que el abogado general de Pemex y el jefe de la Unidad Jurídica de PEP hayan dado su opinión favorable”.

Como pruebas ante la SFP, García aportó el dictamen del modelo de Price firmado por César Nava, además de los dictámenes de la OAG respecto a los cuatro primeros contratos suscritos con las trasnacionales petroleras; así como la correspondencia interna donde precisaban cada una de las cláusulas que hacían ilegales los contratos.

Cuando la indagatoria estaba en curso, Función Pública abrió otra investigación, integrada en el expediente DE/025/20025/NA/042, que tenía a su cargo el titular del área de Quejas del OIC en Pemex, Federico Domínguez Zuloaga, despedido de la SFP el 26 de septiembre de 2006, 25 días después de que Felipe Calderón tomó posesión como presidente.

El excolaborador de Nava se dice víctima de persecución, espionaje telefónico, presiones sicológicas y acoso judicial. Asegura que tanto agentes de la Agencia Federal de Investigación, como elementos de seguridad interna de Pemex, adscritos a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza Víctor Manuel de la Peña Cortés (denunciado por el exlegislador Jesús González Schmal por supuesto espionaje cuando presidía la comisión que investigaba a los hermanos Bribiesca), vigilaban su domicilio y que en diversas ocasiones siguieron a sus hijos, a su esposa y a él mismo. Ante la SFP, García documentó a detalle el modelo y placas de los vehículos que vigilaban su casa, las intervenciones telefónicas, el rastreo que de sus datos personales hacían diferentes sujetos entre sus vecinos.

El acoso llegó a tal grado, dice en entrevista, que en noviembre de 2005 solicitó a la SFP que el OIC emitiera una resolución “objetiva y apegada a derecho” a su denuncia, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Incluso en un oficio del 11 de noviembre, Francisco Javier Galindo Noriega, titular del Área de Quejas del OIC en PEP, señala que García Martínez pidió medidas cautelares para él y su familia.

Mientras su denuncia se ventilaba en la SFP, la OAG de Pemex presentó una denuncia penal en su contra por sustracción de documentos confidenciales. García Martínez dice que el expediente presentado por la OAG (ya a cargo de Néstor García) fue el mismo que él presentó en la SFP para denunciar a Nava, García Reza y Ramírez Corzo “por lo que ante el Ministerio Público federal que llevaba la denuncia en mi contra manifesté que ellos sí hicieron uso de información contenida en un expediente que estaba bajo investigación en la Función Pública”, explica.

En diversos oficios presentados durante 2006, García insistió a los funcionarios de la SFP que derivado de sus denuncias respecto a los CSM, era sujeto de investigación y presiones.

El 9 de junio presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, radicada en el expediente 2006/2128/2/OD, para que el organismo interviniera ante la SFP por supuestas violaciones a sus derechos humanos, relacionadas con la denuncia por sustracción de documentos de la que es objeto. El 30 de junio la CNDH hizo un extrañamiento al contralor interno de la SFP, Francisco Medellín, y le solicitó aclarar la responsabilidad de los funcionarios que habrían incurrido en infracciones al artículo 10 de la LFRSP en detrimento de García Martínez.

Aunque algunos de los señalamientos de García Martínez habían sido comprobados por la ASF en su revisión a la adjudicación de los CSM, a finales de 2006 previo al cambio de estafeta en el gobierno federal, dice, la SFP “encapsuló” su denuncia.

Para este trabajo se buscó a César Nava Vázquez, quien declinó hacer comentario hasta no ver la información publicada por Contralínea. También a Javier Soni Ocampo, director para México de la consultoría Pricewaterhouse Coopers, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En Pemex, el abogado Néstor García Reza rehusó explicar su participación en las supuestas irregularidades y el gerente de comunicación social, Carlos Ramírez, negó a Contralínea cualquier información relacionada con los CSM y lo documentado en este artículo.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008 | Año 7 | No. 102

En youtube : La "Familia" michoacana...:

El programa 1000 de Carmen Aristegui : "Nos vieron la cara o gran victoria"

El apoyo a César Nava :

Camino a la impunidad

¿ Qué César tiene apoyo ? Claro que sí.

Ya hizo ricos a los Bribiesca; a los hermanos de Martha; a los hermanos de Fox; al cuñado de felipe; a muchos familiares de diputados y senadores panistas.

Y por supuesto, a San Camilo, el mártir del periférico.

Toda su actividad como líder social, la ha hecho desde las alturas del poder y desde una plaza pública llamada Pemex, en la que fungió como abogado general.

¿Le deben favores? No sólo favores...¡ Muchos millones!

el bribón de César Nava ya está en campaña. Recordemos :

jueves 29 de enero de 2009
FE PANAZI (hipocresía y cinismo)

áLVARO DELGADO
PROCESO

MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- Hace justamente diez años, cuando César Nava Vázquez ingresó por primera vez al Consejo Nacional del PAN, de cuya dirigencia nacional era director jurídico, se produjo un episodio aberrante: el gobierno de Baja California se fundió con la Iglesia católica en una sola entidad que, en abierto desprecio a la ley y al Estado laico, obligó a una niña de 13 años --Paulina-- a aceptar un embarazo producto de una violación sexual.
Ese deleznable acontecimiento --en el que tomaron parte el gobernador Alejandro González Alcocer, actual senador, su mujer, sacerdotes, médicos, agentes del Ministerio Público e integrantes de Provida, todos de militancia panista-- se reprodujo ahora en ese mismo estado en dimensiones mayúsculas: el Congreso no sólo derogó, en los hechos, todas las causales del aborto, sino que inclusive apunta a la prohibición del uso de anticonceptivos.
La iniciativa promovida por el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), que fue apoyada por los legisladores priistas y de Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo, penaliza el aborto hasta con diez años de prisión y deja sin efecto las causales por violación --que fue el derecho que gobierno-Iglesia conculcó a Paulina--, malformaciones congénitas y peligro de vida de la madre.

Se trata de un paso más en la agenda anti-libertaria del PAN, mimetizado con la Iglesia católica, porque en noviembre del año pasado se aprobó una reforma al artículo séptimo de la Constitución local que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y, por tanto, dejó sin efecto las causales de aborto establecidas en el Código Penal.

Una reforma del mismo calado se aprobó en Morelos, también a finales del año pasado, promovida por el gobernador Marco Antonio Adame, y está en curso otra análoga en Guanajuato, donde la intentona se pospuso unos años después que, en pleno proceso electoral del 2000, la vetó el gobernador sustituto Ramón Martín Huerta.
Este nuevo embate se produce en el contexto de la claudicación de Felipe Calderón ante el insolente clero católico, que no sólo mancilla el recinto en el que se promulgó la Constitución que detesta, sino que ha llegado al extremo de insultar a quienes hacen estas observaciones, como Desde la fe, órgano de propaganda del cardenal Norberto Rivera, una escalada cuyo próxima bravata puede ser la excomunión de quienes juzgue blasfemos.
En este marco, en apariencia ajeno, ¿a qué obedece que se cite a César Nava Vázquez, quien hoy lunes 26 cumple exactamente dos meses de haber sido despedido como secretario particular de Calderón y de haber asumido, ese mismo día, la coordinación de la campaña 2009 del PAN?
Nava es, nada menos, que el ariete para abrir, entre otros asuntos fundamentales para el PAN, el tema del aborto en la Cámara de Diputados y su sola candidatura, que este domingo quedó registrada en el distrito 15 del Distrito Federal –de menguada, pero aún fuerte presencia panista--, ha sido tomada por el clero y toda la estructura de la derecha como motivación para hacer proselitismo, aun al margen de la ley en el caso de los curas.
La razón es muy sencilla: después de la homilía de Calderón en la inauguración del Encuentro Mundial de las Familias --y que ahora voceros oficiosos dicen que dijo cosas que no quiso decir-- y de la toma del Teatro de la República, con plena anuencia de los gobiernos federal y de Querétaro, todo es válido, si bien hay otros antecedentes que acreditan el desprecio que ese personaje tiene de la Constitución en materia religiosa.
Pero la garantía de impunidad para que el clero haga política a favor del partido que “defiende la vida” y en contra de los partidos que promueven la “cultura de la muerte” se encuentra institucionalizada en la Secretaría de Gobernación, donde la subsecretaria de Población y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, es más una fiel católica que una servidora pública capaz de aplicar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público al clero desafiante.
Lo mismo ocurre con Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración, madrastra política de César Nava, incapaz de poder proceder, por ejemplo, contra curas o laicos que, como en su momento el exgobernante español José María Aznar, se inmiscuyan en asuntos que conciernen sólo a los mexicanos.
Cecilia Romero es esposa de Emilio Baños Urquijo, quien contrajo matrimonio con ella después de enviudar de una hermana de Bernardo Ardavín Migoni, jefe nacional de la Organización Nacional del Yunque, la estructura ultraderechista que mantiene una estrecha relación con Calderón, como lo prueban los casos de militantes orgánicos como la propia Romero, Aranda y, por supuesto, César Nava.
Pero la relación entre Baños Urquijo y Nava va más allá de una respetable sociedad afectiva --María Covadonga Baños Ardavín, hija de Emilio, es esposa de Nava--, porque ambos están involucrados en una sórdida operación que involucra millones de pesos del erario federal para un obra pública en Coatzacoalcos, Veracruz.
Sobre este episodio, como otros que se produjeron cuando Nava fue abogado general de Pemex, habrá que volver en su oportunidad, porque ilustran el talante del grupo gobernante, a menudo asociado al tráfico de influencias que contradice su devoción religiosa.De hecho, existen también sórdidas historias alrededor de muchos, en apariencia, matrimonios ejemplares que no resisten el rigor que impone la Iglesia y sobre los que ninguna comparación tiene con los escándalos conyugales que Vicente Fox y Marta Sahagún han protagonizado deliberadamente.
Lo cierto es que, y se verá inclusive antes que inicien formalmente las campañas, el PAN contará con el respaldo del clero para evitar el naufragio electoral del que, por cierto, Nava ya se desentendió con su renuncia al cargo de estratega para competir por una diputación que tampoco será un día de campo…Apuntes
“Ante el pasado, México tiene el deber de la reconciliación; y frente al futuro, México tiene un deber mayor: el de la unidad”, convocó este lunes 26 el ciudadano Calderón, quien cada que puede acredita su lógica de facción. Alguien que agravia, una y otra vez, no tiene autoridad moral ni política para llamar a la reconciliación y a la unidad, sobre todo si lo hace sin convicción, como en este y sus llamados anteriores...
Comentarios: delgado@proceso.com.mx


Y habrá más...

¡ Ya era hora ! : GDF reduce nivel de alerta por epidemia

08:34 Los restaurantes, cafeterías, fondas y otros establecimientos mercantiles que no funcionen con licencia de bar podrán reanudar sus actividades a partir del próximo miércoles 6 de mayo, siempre y cuando respeten las medidas que las autoridades federales establecerán, como aforo y distancias entre mesas.
Sin embargo, los cabarets, centros nocturnos, salones de baile, cines, estadios, teatros y auditorios no reanudarán sus actividades hasta que la Ciudad de México pase a una fase amarilla, que significa riesgo medio de contagio del virus de la influenza.

En el caso de las bibliotecas, museos y centros religiosos estos podrán reanudar sus actividades a partir del 7 de mayo.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dio a conocer el Sistema de Alerta Sanitaria que será el indicativo de cómo se ha desarrollado el virus de la influenza en esta capital.

Informó que el Distrito Federal pasó del nivel rojo -de riesgo muy alto- a naranja -riesgo elevado- lo que significa que se redujo la alerta máxima que decretó la semana pasada.

Sin embargo, insistió que se continuarán las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la reanudación de las actividades económicas de manera paulatina y la limpia de instalaciones escolares y transporte público. "Debemos mantenernos en guardia. Las cosas siguen mejorando, pero nadie puede pensar que vamos a estar como un día antes de conocer la alerta del virus de la influenza", detalló.

José Ángel Ávila, secretario de Gobierno del DF, dio a conocer algunas de las medidas que se emprenderán como la reanudación, a partir del 6 de mayo de los trámites en las 16 delegaciones; en los órganos de justicia, como el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje también iniciarán actividades, pero con medias establecidas.

En el caso de la reanudación de clases en las escuelas, Marcelo Ebrard aseguro que las autoridades federales son las responsables de dar a conocer cuán se reiniciarán las clases.

sc/mvc

los Moneros hoy..

Campañas y derroche. Helguera

Perote. Rocha

Mutación Peligrosa. Hernández

Gobierno de Veracruz y PRI, cómplices de Granjas Carroll, acusa ex legislador

La firma contamina, pero las autoridades lo niegan porque financia al tricolor, asevera

Actual candidato a diputado repartió cerdos donados por la empresa, revelan documentos

Enrique Méndez y Andrés Timoteo /III
Enviado y corresponsal
La Gloria, Perote, Ver., 3 de mayo. El gobierno del estado y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han utilizado a Granjas Carroll para promocionar proyectos sociales, a partir de donaciones que la trasnacional ha hecho a la administración de Fidel Herrera Beltrán.

Asimismo, ante la crisis por el brote de influenza, el gobierno de la entidad, por conducto del alcalde de este municipio, Gilberto Castillo, ha ofrecido poner fin a los procesos contra cinco ambientalistas de esta comunidad, aunque está fuera de su ámbito, pues el caso lo lleva un juez federal en Cholula, Puebla.

La oferta ha tenido impacto: de cinco ambientalistas procesados, acusados de difamar a la empresa, sólo Guadalupe Serrano –quien fue golpeado hasta sangrar por las guardias blancas de Granjas Carroll para que abandonara la lucha–, la profesora Verónica Hernández y José Luis Martínez Crisóstomo se mantienen firmes, a pesar de que han recibido amenazas de muerte y llamadas telefónicas intimidatorias.

Su abogada, la activista y ex regidora de Perote Dulce María Vázquez Serrano, expresa en entrevista: “Fidel Herrera sabe que sería entrometerse con otro poder, y además hemos presentado pruebas suficientes de que no hay delito; los supuestos testigos de Granjas Carroll se han desistido, y además la causa 10/2007, que lleva el juzgado primero de distrito, está por resolverse”.

Sin embargo, al iniciarse las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados, los comuneros se quejan de que el aspirante a diputado federal priísta José Yunes Zorrilla, quien antes actuó en defensa de Granjas Carroll, ahora también se ha ofrecido a mediar en favor de la comunidad y de frenar los procesos penales, en los que también están involucrados la agente municipal Bertha Crisóstomo y Margarita Hernández Burgos.

La historia va más allá. En 2008, la trasnacional donó al gobierno del estado cientos de lechones que, a su vez, fueron repartidos por el actual candidato a diputado federal por el distrito de Córdoba –que incluye a Perote–, Javier Duarte de Ochoa, quien fue secretario de Finanzas y es preparado por Herrera para sucederlo en la gubernatura.

Según documentos obtenidos del sistema de transparencia de la información pública en la página en Internet con sede en Veracruz plumaslibres.com.mx, que pueden consultarse desde anoche, Duarte asistió a un acto organizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) –que preside la esposa del gobernador, Rosa Borunda–, “en calidad de invitado”, para regalar crías donadas por Granjas Carroll a la administración fidelista.

La trasnacional entregó al gobierno de Herrera 500 cerdos como parte de un proyecto “operado por el DIF, y el secretario de Finanzas y Planeación asistió como invitado”, señala el oficio UAIP/147/2008, del 13 de octubre de 2008, firmado por el responsable de la unidad de acceso a la información de la Secretaría de Finanzas del estado, Alberto Huerdo Alvarado.

Todos los reporteros en Jalapa recuerdan que el 9 de agosto pasado, en Córdoba, el delfín de Herrera Beltrán encabezó la entrega de cerditos a pobladores, gracias al patrocinio de Granjas Carroll.

El propio gobierno del estado emitió un boletín, el 2423, en el que explicó que la firma estadunidense, asociada en el país con Agroindustrias de México, entregó a la administración local 500 lechones para que fueran distribuidos en 50 municipios pobres. Pero sólo en Córdoba, el distrito por el que compite Duarte, se repartió casi la mitad.
Resalta el comunicado oficial: “este apoyo consistió en la dotación de 240 lechones, de un total de 500 donados por Granjas Carroll, en beneficio de 50 municipios del estado de Veracruz, mismos que ya fueron repartidos en su totalidad”.

El ex coordinador de los diputados perredistas en el Congreso local Atanasio García Durán aseguró en entrevista que el nexo entre Granjas Carroll y el gobierno del estado se basa en el financiamiento de campañas del PRI, y en ese sentido el gobierno de Herrera Beltrán se niega a aceptar que la compañía es la principal fuente de contaminación ambiental en la entidad.

“Por eso no hay una fuerza política capaz de detener a Granjas Carroll o actuar en su contra, debido a la complicidad, y porque se trata de una empresa económicamente muy fuerte.”

El ex legislador perredista –quien en 2006, durante un recorrido por uno de los establecimientos porcícolas, fue encañonado por un agente de seguridad de la empresa– recordó que, por ejemplo, Yunes Zorrilla presidió la Comisión de Agricultura del Congreso local, pero no avanzó en la investigación del caso y, por el contrario, “defendió a Granjas Carroll”.

Durante casi cuatro años García Durán se ha dedicado a documentar los abusos de la trasnacional, y en el Legislativo local presentó un punto de acuerdo para exigir una investigación a las denuncias presentadas por las comunidades de Totalco y La Gloria, pero la mayoría priísta acordó sólo un encuentro con representantes de la compañía en un restaurante.

En tanto, el documental Pueblos unidos, producido por Agraviados Films y Sotavento Creación Interdisciplinaria y realizado por Miguel Ángel Díaz y Felipe Casanova, presenta imágenes de la visita de legisladores estatales a las lagunas de oxidación y a los biodigestores.

Los diputados veracruzanos no resistieron el olor de la putrefacción por más de cinco minutos, subieron a su camioneta mientras se tapaban la nariz y regresaron a Jalapa por donde habían llegado.

El caso se archivó en el Congreso, y “la contaminación de Granjas Carroll no se pudo parar”, lamentó García Durán.

Limones y una ambulancia

Toda la mañana del viernes, el alcalde Gilberto Castillo llamó por teléfono a los cinco ambientalistas bajo proceso, acusados de difamar a Granjas Carroll, para que lo acompañaran en la conferencia de prensa a la que asistieron el director del Instituto de Investigaciones Bacteriológicas de la UNAM, Carlos Arias Ortiz, y funcionarios del gobierno estatal.

Ninguno quiso asistir. Pero hoy, en una asamblea comunitaria, sentada a la izquierda de Castillo estaba Bertha Crisóstomo, que con un pañuelo desechable se cubría cada vez que sufría accesos de tos.

Al poblado ha llegado maquinaria para pavimentar las calles y el camino de terracería, una demanda añeja; ayer regalaron arbolitos en nombre de Fidel Herrera y un camión trajo hasta acá un cargamento de limones.

Si hace dos semanas en La Gloria no había ni paracetamol, el alcalde anunció que ahora hasta tendrá una ambulancia.

Por qué sólo mueren mexicanos

La pregunta ha sido formulada en distintos países, entre los que se cuenta, por supuesto, el nuestro: ¿por qué el virus A/H1N1, que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha infectado a 898 personas en el mundo, ha resultado letal únicamente en poco más de una veintena de los 506 mexicanos contagiados? La primera respuesta podría ser –dando por cierto que las autoridades nacionales actuaron con la celeridad que se requería– el factor sorpresa en el surgimiento de la epidemia.

Sin embargo, en días posteriores a la declaración de emergencia sanitaria del pasado 23 de abril, el sistema de salud pública nacional exhibió un patrón de ineficiencia: falta de capacidad en casi todos los ámbitos (diagnóstico oportuno, material de protección para el personal, seguimiento de contagios y laboratorios adecuados). Además, han salido a la luz pública relatos indignantes de apatía y soberbia médico-burocrática hacia algunos de los enfermos, así como cobros que podrán ser reglamentarios, pero que resultan absolutamente fuera de lugar en el contexto de una crisis de salud pública como la actual. Por otra parte, el Ejecutivo federal ha actuado sin conocer la importancia de la información precisa, puntual y transparente en circunstancias críticas, en una patente descoordinación con los gobiernos estatales, con una grave tendencia a las colisiones declarativas, entre sus propios funcionarios, y con una desoladora insensibilidad ante los impactos económicos de la epidemia en una población ya afectada por la crisis global y por los saldos del desastre de más de dos décadas de políticas económicas neoliberales.

Por fortuna, el A/H1N1 parece ser menos contagioso y mortífero de lo que se temió en un principio, pero de cualquier forma su surgimiento ha dejado al descubierto un sistema de salud pública devastado por el pensamiento privatizador dominante, por la corrupción inveterada, por la arrogancia de los gobernantes y por su desprecio a la población de ingresos insuficientes, que en México es la gran mayoría.

Ante la demolición deliberada de la estructura de bienestar social y de una política de salud pública dirigida al conjunto de los habitantes –y la adopción de esquemas de atención individuales y demagógicos, como el Seguro Popular–, el Estado no puede reaccionar con la precisión, la puntualidad ni la coordinación que se requiere en circunstancias actuales, y se vuelven inevitables los retrasos fatales en el diagnóstico y en la administración de tratamientos adecuados. A ello debe sumarse la insatisfactoria condición física de muchísimas personas, en un país en el que no se cumple el precepto constitucional de la salud como un derecho inalienable.
Si la mitad o la cuarta parte de los fondos destinados al rescate bancario –en el contexto del Fobaproa-IPAB, legalizado por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional– se hubiesen dedicado a remozar y construir clínicas y hospitales, a financiar a las instituciones de salud pública, a restablecer centros de investigación suprimidos por el salinato y a crear sistemas de monitoreo epidemiológico, la actual emergencia habría encontrado a México mucho mejor preparado, y es posible que –como ocurre ahora en las naciones ricas y hasta en algunas con subdesarrollo similar o peor que el nuestro– los infectados por el A/H1N1 habrían podido ser atendidos en forma oportuna y eficaz.

Las lecciones de la epidemia son inocultables. No sólo es necesario restructurar –vista su inoperancia– el sector salud público, sino que se requiere también, y con urgencia, emprender un inequívoco cambio de rumbo en materia económica, aplicar el principio harto conocido de que la principal riqueza de un país reside en su población, y que es en ella y en la elevación general de su nivel de vida, por tanto, donde deben realizarse las principales y más significativas inversiones, y no en subsidiar al capital especulador ni a los poderes fácticos, ni en financiar gastos corrientes desproporcionados y ofensivos. De otro modo, la próxima epidemia –es un hecho que ocurrirá, aunque nadie sepa en qué momento– podría ser devastadora.

Fase 5 de julio. Jacobo Zabludovsky

El miércoles fue día clave en la guerra contra la influenza A H1N1. Nos dimos cuenta de que el virus no nos va a matar, pero tal vez no nos dejará vivir.

La Organización Mundial de la Salud nos hizo el favor de decretar ese día la fase 5 de alerta epidemiológica, una antes de la peor, caracterizada por el contagio de persona a persona, detectada al menos en dos países y en gran número de enfermos, aviso de que una pandemia incontrolable es inminente.

El presidente Felipe Calderón reapareció después de tres días de ausencia, y a las 11 de la noche encadenó radio y televisión para aconsejar que no saliéramos de casa, decisión que ya habíamos tomado por miedo y porque, sobre todo en el Distrito Federal, no hay dónde ir. Dio el pésame a parientes de fallecidos, felicitó a empleados de salud y agradeció a los chinos que nos mandan guantes y tapabocas.

Por la mañana reunió en Los Pinos a tres mexicanos médicos, ex secretarios de Salud y ex rectores de la UNAM. Estuvieron Guillermo Soberón, Jesús Kumate y Juan Ramón de la Fuente, además de José Ángel Córdova, actual secretario de Salud.

El doctor De la Fuente tiene la cualidad de pensar y decir bien lo que piensa. El secreto no está en el cuento sino en saber contarlo, dice mi admirado Gabriel. Aquí concurren los dos factores. Nos explicó después por radio lo que había dicho, sugerido y “respetuosamente” criticado durante la insólita cita.

La emergencia a que nos enfrentamos obliga a superar posturas políticas o discrepancias personales. Solidario con sus compatriotas, el doctor De la Fuente estuvo ahí, porque no es momento para “actitudes mezquinas”. Reiteró en la junta su vieja exigencia de alentar la investigación científica, crear una infraestructura adecuada para bastarnos a nosotros sin tener que depender de laboratorios internacionales o de otros gobiernos. Exhortó al Presidente a que se difunda cómo se puede tener acceso a los antivirales, cómo evitar la automedicación y cómo prepararse para una lucha por tiempo indefinido. “La epidemia seguramente va a durar largo tiempo y va a venir una onda —así se les llama a los ciclos de las epidemias—, una segunda onda, y hay que estar atentos”.

A mi juicio, tres son los puntos sobresalientes de lo dicho por el ex rector. Primero: “Tomar las precauciones que exige el eventual regreso a la normalidad”. Esto es muy importante “porque no es sencillo, conlleva una serie de implicaciones complejas como dar seguridad a los padres de que sus hijos van a estar a salvo en la escuela, definir si continuarán las medidas preventivas, disponer de todas las medicinas e instrumentos que la nueva situación requiera y, si no se dan las condiciones de suficiente seguridad, que no se reanuden las actividades porque podemos quedar atrapados en el peor de los escenarios posibles”.

Segundo: sobre el cierre de cines, restaurantes y otros establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, dijo que “ante la magnitud del problema todas las precauciones son oportunas y bienvenidas: creo que es una decisión acertada la que ha tomado el jefe de Gobierno porque el foco principal ha estado en la ciudad de México”.

Y tercero: “Sugerí absoluta claridad en la información, transparencia y veracidad en el manejo de cifras, tratar de ordenarlas de modo que todo el mundo las entienda, porque ha habido confusión”.

Lástima que los consejos del doctor De la Fuente no abarquen la realidad política y económica actual.

A la hora de escribir este Bucareli, todo parece indicar que las medidas del presidente Calderón, en lo federal, y del jefe de Gobierno Ebrard, en la capital, van dando resultados y el problema empieza a ver su luz al final del camino.

En el mejor de los casos, dominada la epidemia se multiplicarán nuestros agobios. La iniciativa privada habrá perdido más de lo que estaba perdiendo por la crisis. El gobierno habrá gastado lo imprevisto. Se han publicado opiniones de quienes creen que ciertas medidas financieras se orientan a lograr votos dentro de 60 días. Sobre todo, afirman, y quizá es convicción creciente, se desea mantener lo más baja posible la cotización del dólar frente al peso, factor considerado por un sector de la población como síntoma de las finanzas.

Se dice: con dinero prestado regulamos el mercado de cambios; en lugar, dicen otros, de guardarlo para costear la convalecencia dolorosa de un país apaleado.

Aunque no es el del peso el único síntoma preocupante de nuestra economía, parece inoportuno hablar ahora del futuro.

Es hora de cuentas claras y de informes minuciosos. El ciudadano se ha enfrentado con valor al peligro. Merece saber y, más que nunca, ser tomado en cuenta.

Nadie se atreva a pensar: después del 5 de julio, el diluvio.

La columna de Julio Hernández

Astillero
El fin (provisional) del mundo

Que siempre no

¿Zombis o rebeldes?

Julio Hernández López

El apocalipsis en puerta cedió paso a un progresivo apaciguamiento declarativo gubernamental que de cualquier manera pretende mantener vivo el virus del temor comunitario mediante la fórmula de los riesgos del repunte o de la necesaria convivencia” prolongada con el virus varias veces bautizado. Tal como muchos suponían, el hecho real del contagio peligroso fue convertido en una sobreactuación del calderonismo (estado médico de excepción) que pareció más bien destinada a esconder bajo la alfombra sanitaria los muchos destrozos políticos y sociales recientes y a fortalecer la constante búsqueda de un régimen policiaco y militar que suministre al ocupante de Los Pinos algo de la legitimidad larga e infructuosamente perseguida y algo de control, así sea por la fuerza extrema, de los procesos electorales y sociales que se le escapan de las manos.

Conforme pasan los días asoman con más nitidez tanto el perfil tramposo con el que se manejó una crisis sanitaria como las evidencias de que el desgobierno felipense desatendió en momentos claves los indicios de que se gestaba un problema grave de salud pública. La danza descompuesta de los números de la influenza en México contrastan con lo que sucede a escala mundial. Aquí todavía nadie sabe, nadie supo, mientras en otras partes del orbe los daños y el amedrentamiento son infinitamente menores.

La epidemia del miedo logró impactar la conciencia social y desplazó de toda lupa crítica los múltiples asuntos en que se iba enredando la administración calderonista. Las campañas electorales arrancan en medio de una desazón generalizada y con una incertidumbre inyectada para desplazar los pronósticos generalizados de que el partido en el poder tendría una derrota en la conformación de la próxima Cámara de Diputados y en algunas gubernaturas significativas. El secretario de acción electoral del PAN, Felipe Calderón, se asumirá mediáticamente como el comandante en jefe de la magnificada victoria heroica (las elecciones nacionales se han cubierto de influenza, podría decir el general michoacano) y a partir de ahora podrá encabezar redituables acciones de apoyo con dinero de préstamos internacionales a los ciudadanos y las empresas afectados por los paros laborales, en una especie de Oportunidades Prelectorales a Cuenta de Epidemias.

El fin (provisional) del mundo permitió medir la capacidad de reacción de los segmentos críticos de la sociedad mexicana y el grado de dominio que es posible establecer en los segmentos más despolitizados e ignorantes. La televisión se convirtió en un medio acrítico de transmisión del libreto de angustia médica documentada que los hombres del poder suministraron. En pocos casos hubo presión periodística para ofrecer al público algo más que la voz oficial. Si acaso, en Tercer grado de Televisa hubo ciertos niveles de confrontación de lo que en el estudio les decía el locutor de noticias médicas que oficialmente es llamado secretario de Salud, aunque esa misma postura demandante no era sostenida en las comparecencias oficiales que el médico guanajuatense Córdova ofreció diariamente, una de ellas especialmente dedicada al Canal de las Estrellas, para confirmar por la noche dónde está el verdadero poder público de México.
La inoculación del virus del miedo colectivo hace que las personas se concentren en su entorno inmediato y coloquen como prioridad la conservación de sus niveles habituales de vida (por bajos que sean) y rechacen todo lo que a política y discusión riesgosa se refiera. Uniformados por el amedrentamiento inducido, los ciudadanos se convierten en zombis electorales que, en el esquema de la división de los mexicanos que tan buenos resultados dio al calderonismo a partir de 2006, están dispuestos a rechazar inclusive mediante la violencia a quienes con discursos o acciones se opongan al estatus básico de protección que ofrece el poder constituido. Si es que el PAN logra remontar la derrota electoral que todo mundo le auguraba en el próximo julio, habrá que preguntarse si la doctrina del shock arrojó a los votantes a los brazos de la autoridad “firme”.

En medio de las especulaciones múltiples sobre el origen e intenciones del episodio A/H1N1, continúan navegando las versiones que apuntan a guerras bacteriológicas desatadas desde el imperio vecino, que ya no hará incursiones bélicas al estilo Irak, sino químicas y financieras (los préstamos como método de aherrojamiento de Estados fallidos) y a maniobras mercantiles de firmas trasnacionales productoras de medicamentos como Tamiflu, cuya venta reporta ganancias estratosféricas a personajes bushistas de la elite de la Casa Blanca y el Pentágono, como Donald Rumsfeld.

Y, ya para cerrar, las palabras de Marc Siegel, profesor de medicina de la Universidad de Nueva York que es especialista en gripe porcina, publicadas el pasado 1º en la contraportada del diario barcelonés La Vanguardia, bajo el título: “Esta gripe durará lo que dure en los informativos”: “Tengo 52 años y he vivido y estudiado unas cuantas pandemias: ésta es de las suaves. La gripe porcina este año es benigna en todas partes menos en los medios, que sí contagian una epidemia de miedo más virulenta que nunca”. Hay una “hipocondria causada por los medios de comunicación (...) y la están alimentando los estados. ¿Por qué tiene que salir todo un jefe de Estado a hablar por la tele de una vulgar gripe? Bastaría con un subsecretario; cualquier portavoz médico sería suficiente”. Además (la entrevista, hecha por Lluís Amiguete, puede encontrarse en www.wikio.es/news/Marc+Siegel) recuerda: “Cada año la gripe causa miles de muertos sin que merezcan ni un segundo de televisión ni un titular ni siquiera en Internet. Les pido que utilicen su circuito humano neuronal de la razón y el sentido común y bloqueen el centro neuronal del miedo, que compartimos con los animales”. ¡Hasta mañana, con los mexicanos viajando al extranjero como apestados!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Marcela Gómez Zalce . A puerta cerrada

El descrédito del (des)gobierno
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce

2009-05-04•Política

• Ebrard, la CDC y DHS…

• El incumplimiento del ife (parte XII)

Nueva York, NY. Lo verdaderamente terrible cuando se busca la verdad, mi estimado, es que se encuentra. Sugestivo y comprometedor inicio de semana para el (des)gobierno de Felipe Calderón, al que le comienza a salir el atractivo peine sobre el manejo de información de las autoridades federales sobre el estrenado virus AH1N1, que ha puesto literalmente al mundo a girar sobre su propio eje (de histeria), aderezado con tintes discriminatorios y estúpidos contra viajeros procedentes de México, o con ciudadanos mexicanos.

El retrógrado hecho que ha sido condenado por la SRE, pone de manifiesto el bottom line de la imagen de Felipe & his inefficient squad, que ayer volvieron a los cintillos y titulares de las principales cadenas de televisión mundiales con las malas noticias sobre la sugestiva lindura de que the WHO dio a conocer una simpática información cronológica sobre la peligrosa negligencia por parte de México en la detección temprana del marrano AH1N1, que apareció en el tablero de los focos rojos del director de la oficina de Alerta y Respuesta Global del divertido organismo, Michael Ryan, quien de inmediato prendió las alarmas sobre casos en Veracruz y después en Oaxaca.

Desde el 10 de abril, la “Red Global de Inteligencia de Salud Pública” envió un original reporte sobre el rumor de un síndrome exacto en la tierra de Fidel Herrera, originando después que las autoridades desestimaran la epidemia asegurando que los casos registrados estaban en franca recuperación. Dos días después, la atención de the WHO ya estaba en nuestro país, y el 16 de abril varios medios de comunicación hacían pública la inquietante información sobre casos de neumonía no específica, virus corona o gripa asiática en la tierra de Ulises Ruiz. Pero fue hasta el 17 de abril que se le solicitó oficialmente a este (des)gobierno de incapaces que investigaran sobre el caso de una mujer en Oaxaca, obteniendo la misma respuesta y minimizando la cuestión.

Para el 19 de abril y con casos confirmados en California, my friend, el asunto se le salía de control al Gymboree de ineptos desencadenando el 20 una teleconferencia con el CDC y un día después, el 22, se reportaban casos severos de neumonía asociados con influenza… el resto, amable lector, es historia.

Para variar y no perder la costumbre del sello sexenal, el titular de Salud, Córdova Villalobos, al ser atrapado por el balconeo de las cifras internacionales, escupió la distintiva pendejada de rechazar la cronología de Ryan sobre la situación de que México no actuó a tiempo ante la alerta declarando que si no se hubiera actuado como lo hizo, el 25% de la población se hubiera infectado y se hubieran registrado 50 mil defunciones (¿¿??), 250 mil hospitalizaciones (¡!) y 15 millones de consultas en una semana.

El ingenuo de José Ángel, mi estimado, olvida que el hubiera, aunque no lo parezca…, no existe, con un estupendo dato más.

El 29 de abril, en el marco de una importante encerrona con autoridades del CDC (Centers for Disease Control), de DHS (Department for Homeland Security), funcionarios de Washington y selectos especialistas, se alabó la firmeza del gobierno encabezado por Marcelo Ebrard al decretar la medida de cerrar todo el entretenimiento en la capital, los restaurantes y un porcentaje del transporte colectivo para acotar la diseminación del espléndido contagio, coincidiendo en lo impopular de la medida pero con la certeza de que así se tendría más y mejor información sobre el comportamiento del volátil virus.

Es inevitable que con el paso del tiempo saldrán a relucir los detalles finos de los casos en México y si existió más negligencia, incompetencia, ignorancia, mal manejo y simulación por parte del (des)gobierno de Felipe que, evidentemente, pretende justificar las severas omisiones ante esta alerta por parte de su disfuncional equipo que adereza el coctelito de salud con grotescas explicaciones… además, claro, con su ilustre genialidad mediática de exhortarle a la población de quedarse en casa después de que durante los días de la delicada crisis prácticamente, my friend, desapareció del mapa.

Por la Mirilla

Le presento el porcentaje de la espotiza transmitida en el último tramo de veda electoral ante la pasividad e incompetencia del desacreditado y vulnerado ife (con minúsculas)

Convergencia 1%

PVEM 6%

PT 8%

PSD 3%

PRI-PVEM 2%

PRD 5%

Panal 7%

PRI 33%

PAN 35%.

gomezalce@aol.com