Considerado como el operador más importante del presidente Enrique Peña Nieto, al grado de hacerle trabajos de política sucia, el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava ya forma parte, también, de la nueva élite propietaria de las Lomas. La investigación periodística de Proceso da cuenta de que el funcionario está por construir una mansión en Sierra Ventana 300. El terreno correspondiente tiene un valor estimado de 55 millones de pesos. Es la esposa de Miranda y no él la que aparece en cada operación relacionada con la propiedad, cuya superficie alcanza los mil 693 metros cuadrados.
Integrante del círculo rojo del presidente Enrique Peña Nieto, el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava es uno de los nuevos dueños de las Lomas de Chapultepec.
Una investigación periodística de Proceso da cuenta de que el funcionario está por construir una mansión en el terreno de Sierra Ventana 300, dentro del circuito de élite que han ocupado sus dos jefes directos –Miguel Ángel Osorio Chong y el mismo presidente de la República–, adquirida a nombre de su esposa, Alma Laura Saldaña Farach.
Enclavado en la Barranca de Barrilaco, el terreno se extiende en mil 693 metros cuadrados, con un valor estimado en 55 millones de pesos.
En tanto avanza la obra, Miranda Nava se instaló en una “finca” de la influyente familia Burillo Azcárraga. Como la familia presidencial, el subsecretario Miranda Nava también habita una casa blanca en la calle Sierra Gorda de las Lomas de Chapultepec: se trata de una mansión de mil 902 metros cuadrados en el número 525, resultado de la fusión con el predio 515, con un valor comercial estimado de 83 millones 78 mil pesos, de acuerdo con la estimación realizada por un despacho de valuaciones consultado por Proceso.
Calculado por peritos profesionales, el monto de la renta neta mensual que Miranda Nava debería estar pagando a la familia Burillo Azcárraga por la propiedad que le pertenece –según los folios 108443 y 494776 del Registro Público de la Propiedad– es de aproximadamente 218 mil pesos mensuales, cantidad que excede con mucho los 135 mil 967 pesos netos que el funcionario de Gobernación percibe como salario cada 30 días.
Recientemente remodelada, la casa del número 525 resalta por sobre todas las del área que comparte con magnates y empresarios. Imponente, el muro de la fachada se extiende a lo largo de un paredón de 40 metros de largo por ocho de altura. Tiene tres grandes cocheras con puertas de madera fina y la adornan palmas y plantas que simulan ser larguísimas espadas. Dos candelabros dorados adornan e iluminan la entrada principal.
Según testimonios de los vecinos, el inquilino se mudó a la residencia entre octubre y noviembre de 2014. Antes, cuentan, la familia Burillo Azcárraga ofreció vender en 2 mil 500 dólares cada uno de sus casi mil metros cuadrados de jardín, donde ahora Miranda y su familia disponen de una alberca semiolímpica, con muebles de exterior de lujo bajo la sombra de sus árboles colosales.
Quienes han estado ahí, describen el estilo del interior como moderno, con acabados de lujo y terrazas amuebladas en la zona de las habitaciones. “Es espectacular. Se ve que hay dinero: es todo muy fino, muy elegante. Lo más caro”.
A los vecinos y trabajadores de la colonia consultados les incomoda el férreo dispositivo de custodia. Cuando Miranda aparece, las camionetas blindadas y patrullas llegan a superar la decena de unidades. Además de un complejo sistema de seguridad, el inmueble cuenta con la presencia permanente de dos elementos de una corporación de seguridad privada en el exterior.
No obstante, a la familia del funcionario, al que en sus prestaciones públicas sólo se incluye el “apoyo económico para un vehículo, hasta un monto neto de 7 mil 500 pesos mensuales”, la acompañan decenas de elementos de seguridad en al menos siete camionetas de lujo diferentes, seis con placas del Estado de México y una del Distrito Federal, que según las dependencias de finanzas alcanzan un valor superior a los 4 millones y medio de pesos.
Arrendatario de lujo
Los dos predios que hoy conforman la casa de Sierra Gorda 525 pertenecieron a la señora Carmela Azcárraga Milmo, hija de Emilio Azcárraga Vidaurreta, antes de pasar a manos de su hijo Jorge Eduardo Burillo Azcárraga.
Íntimo del poder, el primo de Emilio Azcárraga Jean, el hombre que impulsó a Peña Nieto hasta la residencia oficial de Los Pinos, sería el casero del operador político más importante del presidente.
La familia Burillo Azcárraga abandonó su participación en Televisa cuando vendió 20 % de sus acciones a Azcárraga Jean, pero ello no frenó su crecimiento económico.
Los hermanos Alejandro y Jorge iniciaron entonces su emporio en telecomunicaciones, cada uno por su cuenta.
El más visible es Alejandro El Güero Burillo, dueño del Grupo Pegaso que en sus más de 25 empresas lo mismo edita diarios y revistas que ofrece servicios de taxis aéreos.
Desde la época del panismo, Alejandro Burillo logró colocar sus productos de comunicación en el gobierno, pero fue con el regreso del PRI que logró reposicionarse.
En dos años de la administración de Enrique Peña Nieto su grupo ha tenido ingresos por 174 millones 479 mil 931 pesos.
Otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco del Ejército, así como por la Administración Portuaria Integral de Veracruz y Ensenada, Grupo Pegaso ha sido beneficiado con al menos 17 contratos durante 2013 y 2014, en su mayoría mediante adjudicaciones directas, y los de mayor cuantía firmados en dólares.
Su hermano Jorge Eduardo, arrendador de lujo del subsecretario de Gobernación, ha obtenido del gobierno federal tres concesiones en el sector de telecomunicaciones para operar televisión por cable e instalar dispositivos. Se trata de las empresas Operadoras de Sistemas de Televisión por Cable, SA de CV; Comercializadoras de Redes Públicas de Telecomunicaciones, SA de CV, y Sistemas Interactivos de Telecomunicaciones.
Ventana 300
Luis Enrique Miranda Nava ha optado por la opacidad en lo que toca a sus bienes. “El servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”, se lee en el registro de servidores públicos.
El terreno que compró su esposa, Alma Laura Saldaña Farach, aparece majestuoso en una de las zonas más ostentosas de Las Lomas de Chapultepec. Ubicado en Sierra Ventana 300, sus mil 693 metros cuadrados en declive, de cara a una barranca boscosa, ostentaban un inmueble de 15 niveles –datos de la delegación Miguel Hidalgo– que estuvo ahí hasta hace unas semanas.
Nada más el espacio vacío ubicado en la esquina con Montañas Calizas, frente a una glorieta de pinos y palmares, costaría 55 millones de pesos en el valor del mercado.
La familia Miranda Saldaña terminó de demoler la antigua construcción a mediados de febrero para erigir ahí su nueva mansión, como consta en el permiso de construcción especial MHLE/D/317/2014, obtenido por Proceso a través del sistema Infomex. La obra está a cargo del ingeniero arquitecto Federico García Soto.
Limpia la zona, cubrieron la fachada con plásticos amarillos, entre barrotes que ocultan la nada en la tierra. Un velador de 24 horas que se hospeda en un viejo automóvil frente al terreno espera el inicio de la nueva obra.
La mujer por delante
Como sucedió con la adquisición de la Casa Blanca de Peña Nieto, es la esposa de Miranda y no el funcionario la que aparece en cada operación del terreno de Sierra Ventana 300.
En la escritura pública número 11,232, fechada el 25 de julio de 2013, quedó registrado que la señora Saldaña Farach pagó 29 millones 700 mil pesos por los mil 693 metros cuadrados de la zona más exclusiva de Las Lomas.
En documentos de la delegación Miguel Hidalgo a nombre de la esposa de Miranda Nava quedó asentado que el terreno de Sierra Ventana 300 se encuentra entre las calles Montañas Calizas y Sierra Negra, dato que es incorrecto. Asimismo, el RPP marca equivocadamente la dirección de la propiedad tanto en la calle “Sierra Ventina” como en “Sierra Ventura”, lo que dificultó descubrir la posesión.
Un discreto operador
Detrás de los reflectores, Luis Enrique Miranda Nava es el más cercano operador político de Enrique Peña Nieto.
Amigos de la infancia, compadres, su complicidad se remonta al tiempo que se unieron a los Golden Boys, el grupo de jóvenes que sirvieron a Arturo Montiel, cuando fue gobernador del Estado de México, a cambio de poder y dinero.
De la mano de Montiel, tío incómodo de Peña Nieto, a los 33 años Miranda Nava comenzó su ininterrumpida carrera política gracias a la cercanía de ambas familias. El padre de Miranda Nava, Luis Miranda Cardoso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y amigo de Montiel, lo que le abrió las puertas como coordinador de Asuntos Jurídicos y lo hizo escalar hasta llegar a la Secretaría de Finanzas.
Con Peña Nieto en la gubernatura, llegó hasta la cima de la Secretaría de Gobierno del estado. Durante esa administración, Miranda fue pieza fundamental del gabinete como parte del Grupo Atlacomulco, que operaba entonces en el gobierno local y lo hace ahora desde Los Pinos.
A él, elegido en 2012 por la revista Líderes como uno de los 300 personajes “más influyentes de México (lugar 183)”, lo acusan de hacer los trabajos “sucios” para el grupo.
En el año 2000, en calidad de subsecretario de Asuntos Jurídicos estatal, orquestó un embate legal en contra de los ejidatarios de San Salvador Atenco, a quienes ofreció 10 pesos por cada metro cuadrado de sus tierras para construir en ellas el nuevo aeropuerto para la capital del país.
En 2010, como secretario de Gobierno del Estado de México, fue el responsable de la inaudita resolución en el caso de la niña Paulette Gebara Farah, supuestamente muerta de manera accidental y desparecida durante días al pie de su colchón.
A Miranda se le acusó de manipular el caso y suprimir la hipótesis de homicidio que apuntaba hacia la madre de la pequeña, Lizette Farah, con quien se le adjudicaba una cercanía.
Junto al secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, en 2011, Miranda Nava fue uno de los promotores de que se pactara con el gobierno de Felipe Calderón la obstaculización de las alianzas entre el Partido de la Revolución Democrática y el PAN en los comicios de 2011 en el Estado de México, a cambio de la aprobación priista de la Ley de Ingresos deseada por el presidente.
En 2011, el diputado Carlos Madrazo Limón denunció ante la Procuraduría General de la República las irregularidades en torno a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), una organización policiaca al margen de las instituciones integrada por un “mini ejército” de 35 mil elementos.
Con ingresos anuales superiores a los 2 mil millones de pesos, la corporación creció al amparo del gobierno de Peña Nieto en la entidad y fue administrada por Miranda Nava, quien presuntamente destinó cerca de 70% del dinero a la precampaña presidencial de su jefe (Proceso 1829).
Como secretario de Finanzas, coleccionó denuncias locales y federales por manejo discrecional de recursos y participación en el enriquecimiento ilícito de su entonces jefe y mentor, Arturo Montiel.
En 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo investigó por una supuesta defraudación fiscal en relación con los gastos hechos en su campaña electoral de 2006 para la alcaldía de Toluca.
Ya al frente de la secretaría de Gobierno del Estado de México, se le acusó de valerse del cargo para regalar a su padre la notaría pública número 16 de la entidad.
En los últimos dos años fue comisionado por el Ejecutivo federal para tomar el papel del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, en las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desde 2013, ha sido delatado por pactar más de 18 minutas con la disidencia magisterial en detrimento de la reforma educativa, lo que revela el trasfondo esencialmente político de dicha reforma.
Distinguido en la prensa por su voracidad para adquirir bienes, sus escándalos en el ámbito inmobiliario tampoco son nuevos. Apenas en 2005 fue señalado por un estigma que lo ha perseguido hasta estos días: lo acusaron de ser prestanombres de Montiel.
Entonces se pudo documentar que Miranda Nava compró tres propiedades a un costo de 3.8 millones de pesos, las cuales vendió dos semanas después a Montiel por el mismo precio.
Más tarde, en 2008, fue acusado por el decimoquinto regidor de Tlalnepantla, José Luis Cortés Trejo, de poseer bienes inmuebles a su nombre y al de su padre por un valor cercano a los 300 millones de pesos, dato que intentó ser desmentido por Miranda.
Entonces, declaró: “Tu servidor nunca adquirió un bien como funcionario público (…) Mi padre adquirió en 2002 un predio para mis menores hijos junto con mi madre, y esa fue la única propiedad para mis menores hijos, en Ixtapan de la Sal. Yo rento una casa”.
De los 123 inmuebles que se le atribuían –entre ellos una villa de descanso en el Country Club Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, donde es vecino de los priistas Alfredo del Mazo, Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto– Miranda Nava reconoció “sólo” 33.
La versión de Miranda Nava
Al término de esta investigación periodística, y por medio de la Presidencia de la República, Proceso consultó al subsecretario Luis Miranda Nava sobre las propiedades de Sierra Ventana 300 y Sierra Gorda 525.
El funcionario confirmó que él y su familia habitan la propiedad y la existencia de un contrato de arrendamiento –vigente del 8 de octubre de 2014 al 7 de enero de 2016–, firmado con la esposa de Jorge Eduardo Burillo Azcárraga, Luz de Lourdes Sagarena Bernal. Reconoció también la compraventa del terreno de Sierra Ventana 300, pero declinó precisar las cifras de las dos operaciones.
