martes, 14 de enero de 2014
Gobierno condena a muerte a los pueblos que se protegen
Gobierno de Peña Nieto advierte: Autodefensas tienen 24 horas para dejar las armas
El “crimen” del teniente Mendoza
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| Mini prisiones militares. Foto: Especial |
Fue agredido a tiros por un superior con quien tenía una historia de rencillas personales. Salvó la vida pero no pudo poner fin al hostigamiento: ahora está preso, acusado de insubordinación y agresión. En realidad el fondo de la trama es otro: el teniente Mendoza fue quien denunció en las páginas de este semanario que el operativo calderonista contra Luz y Fuerza del Centro lo realizaron militares disfrazados de policías federales… Además, él y otros de sus compañeros de armas han sostenido una larga lucha por eliminar el fuero militar –fuente de numerosas violaciones a los derechos humanos– y participa en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La tarde del 19 de septiembre de 2012 el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez fue a la primaria del Instituto Educativo Las Américas, en Naucalpan, para saludar a su hijo. Ahí, frente al pequeño y sus compañeros, maestros y padres de familia, el militar fue atacado a tiros.
Desde hacía meses se quejaba de que el concubino de su expareja, el coronel de justicia militar José Raúl Celedón Lamas, le impedía ver a su hijo. La jerarquía era el argumento: Mendoza tenía que obedecer.
Ese 19 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde, cuando cientos de padres convergen en la caótica hora pico, Mendoza llegó a la escuela donde se encontró con Celedón. Sin mucha puntería el coronel disparó al menos cinco veces. Sólo dos tiros impactaron al teniente: uno en el costado izquierdo y otro en la espalda.
Entre la muchedumbre aterrorizada se escuchaban los gritos acusadores: “¡Fue el pelón, fue el pelón!”, decían y señalaban al agresor.
Según la primera declaración de los testigos (Vivian Prieto y Juan Manuel Samperio, en cuyo automóvil hubo impactos de bala), el teniente pedía clemencia mientras el coronel seguía disparando. Herido, Mendoza se arrastró hasta quedar junto a la pared del deportivo El Huizachal, donde unos soldados lo subieron a una camioneta para llevarlo al Hospital Militar. Tenía perforado el pulmón derecho.
Celedón huyó con el hijo del teniente y seis horas después se entregó a la justicia militar, ante la que dio una versión distinta: que había sido él quien resultó agredido –“a cabezazos”–, por lo que respondió a tiros en “legítima defensa”. A esa hora, en el lugar del tiroteo ya no quedaban ni los casquillos percutidos. Además acusó al teniente de insubordinación.
Mendoza estuvo internado varias semanas en el Hospital General Militar.
Cuando estaba a punto de ser dado de alta, oficiales de la Policía Judicial Federal Militar irrumpieron en el nosocomio, lo arrestaron y se lo llevaron a la prisión del Campo Militar Número Uno, donde permanece hasta ahora.
La justicia castrense desestimó las lesiones por arma de fuego y la justicia civil no se quiso hacer cargo de la denuncia por intento de homicidio interpuesta contra el coronel, que está libre y en funciones en la sede judicial militar de Mazatlán, mientras que por el supuesto cabezazo el teniente está preso, acusado de “insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior”.
Cuando ocurrieron los hechos, ninguno de los dos iba uniformado –no forman parte de la misma área ni tienen relación directa de supra-subordinación–, estaban fuera de servicio en una zona de civiles y no en instalaciones castrenses.
Con todo, los jueces militares y un juzgado constitucional le negaron a Mendoza Pérez la petición de llevar su causa al fuero civil, quien desde hace años ha sido un activo promotor de la erradicación del fuero militar, por considerarlo una medida injusta que favorece las violaciones a los derechos humanos.
Marchaba por la paz
Un año antes del tiroteo, el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez se había sumado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), surgido a instancias del poeta Javier Sicilia y de familiares de víctimas de la violencia desatada durante el sexenio de Felipe Calderón.
Indignados, varios oficiales del Ejército y la Marina denunciaban abusos de la justicia castrense, a la que acusaban de propiciar la vulneración de derechos humanos de civiles y militares por igual.
A Mendoza y otros de sus compañeros en activo se les veía marchando junto con integrantes de dicho movimiento, enviaban oficios a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los titulares de los tres poderes y participaban en foros y audiencias de la Cámara de Diputados para pedir una reforma al fuero militar.
Por ejemplo, el 26 de junio de 2012 el MPJD peregrinó a la Basílica de Guadalupe, donde el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofició una misa. El teniente y sus compañeros, en procesión, ingresaron al templo del brazo de familiares de víctimas de militares.
Para entonces el teniente había hecho público su testimonio como comandante de un batallón: reveló que el 19 de octubre de 2009 miles de militares fueron disfrazados de policías federales para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), extinguida esa noche por decreto de Calderón.
El testimonio fue dado a conocer por Proceso en su edición 1841, del 12 de febrero de 2012. En la entrevista con este semanario Mendoza explicó que le habían fincado el delito de abandono de funciones. Él había cuestionado en diferentes ocasiones el operativo de custodia de LFC, pues aseguraba que sus soldados estaban en condiciones infrahumanas, con órdenes de no dejar entrar a trabajadores y mantener en secreto su condición de militares.
“La verdad, lo único que hacían (los trabajadores) era que iban y colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para mandarnos, pues aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos (los trabajadores) exigían lo que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, dijo a este semanario esa vez.
También relató su primer desencuentro con el coronel Celedón cuando en mayo de 2010 acudió a ver a su hijo a una unidad habitacional militar de Irapuato y fue retenido en el acceso por la Policía Militar. Afirmó que esa orden provino del coronel, quien lo amenazó con acusarlo de insubordinación si intentaba ir otra vez a ver al niño. De todas maneras quedó acusado.
“Le dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército: deciden hasta en derecho de familia”, explicó entonces.
Casos y testimonios aparte, los militares y marinos que participaban en el MPJD, con Mendoza incluido, tenían una serie de exigencias: transparentar el destino de las nóminas retenidas a militares en juicio, investigar la cadena de mando en las acusaciones por muerte o agresión a civiles, erradicar el fuero militar y crear un tribunal especial (similar al electoral) integrado por jueces y magistrados civiles.
El desamparo
Concluida su convalecencia en el Hospital General Militar, el teniente quedó preso. Se le abrió la causa penal 462/2012 y el 26 de noviembre de 2012 el Juzgado Primero Militar adscrito a la I Región le dictó formal prisión, lo que quedó confirmado el pasado 8 de abril por el Tribunal Superior de Justicia Militar.
La denuncia del teniente por “intento de homicidio” –interpuesta contra Celedón– fue archivada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el coronel quedó libre, enfrentando sólo un cargo en el sistema judicial militar por abuso de autoridad simple; es decir, sin tener en cuenta los disparos.
Conforme a los autos asentados en el juicio de amparo 463/2013-IX-B, del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el teniente rechazó haber cometido el delito que se le imputa.
Luego de que el coronel Celedón le prohibiera visitar a su hijo en su domicilio, Mendoza solía visitarlo a la salida de la escuela. Conforme a los antecedentes expuestos en la demanda de amparo, no existe ninguna orden que impidiera que Mendoza visitara a su hijo, lo que fue corroborado en la declaración testimonial de su exmujer, la capitana Maribel Vázquez Vélez.
En el juicio de amparo Mendoza probó que el día de los hechos no estaban en servicio el coronel ni él mismo, que todo ocurrió fuera de instalaciones militares y que si bien Celedón tiene mayor grado, sus respectivas áreas de trabajo no se relacionan ni él se encontraba bajo el mando orgánico del coronel, razón por la cual no es posible que se haya insubordinado.
Subrayó que Celedón utilizó un arma de fuego en zona de civiles sin estar en funciones militares ni tener participación en operación alguna, y realizó más de cinco disparos que, según el coronel, hizo en legítima defensa.
Los testigos civiles corroboraron que el agresor fue el coronel, a quien Mendoza acusó por homicidio en grado de tentativa ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, Mesa II, del fuero común, que hasta ahora no ha consignado el expediente.
En el juicio de amparo, Mendoza argumentó que el asunto debía ser tratado en el fuero común. Esgrimió la tesis aislada 313 404, tomo XXXVIII, de 1933, donde se establece que si un militar fuera de servicio mata a otro, el delito es competencia del fuero común. A ésta se añadieron 11 tesis resueltas en años recientes para exigir el proceso en el fuero común.
Durante el juicio Celedón se contradijo. Por ejemplo, en una primera declaración sostuvo que fue agredido y para defenderse sacó su arma y disparó, pero se le encasquilló, así que siguió jalando el gatillo y hasta cuando vio al teniente herido se dio cuenta de que era el padre del menor.
En una segunda declaración afirmó que vio llegar al teniente, quien se dirigió a él para agredirlo, por lo que debió disparar en legítima defensa.
No obstante, los testigos confirmaron que fue el coronel quien inició la agresión; unos dicen que a cabezazos y otros que ambos manotearon, tras lo cual el coronel sacó su arma y disparó.
Para el juzgado y el tribunal castrenses el delito de insubordinación se configuró en los hechos del 19 de septiembre pues ambos son militares –hayan estado en servicio o no– y Mendoza conocía el grado de Celedón, a quien le causó lesiones con el supuesto cabezazo.
La justicia militar dio por buena la denuncia por insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior, aunque durante el juicio no se acreditó ninguna lesión provocada por el teniente.
Con sus argumentos, Mendoza pretendía demostrar que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como disposiciones de tratados internacionales suscritos por México; sin embargo, se le negó el amparo, con lo que se confirmó el auto de formal prisión con el mismo argumento: el teniente conocía la graduación de Celedón.
Y preso se queda
Marcos Gerardo Mendoza fue juzgado por el general Rogelio Rodríguez Correa, quien –afirma el teniente– es compañero del agresor.
Rodríguez Correa ya había encausado al teniente Mendoza en 2011 tras la otra acusación por faltas a la disciplina militar hecha por Celedón la primera vez que se opuso a que el teniente viera a su hijo. Además el coronel fue titular del Juzgado Sexto Militar, donde se radicó la causa contra el teniente; ésta se sumó a la número 426/2012. En dicho juzgado permanece el secretario de acuerdos que sirvió también durante la titularidad de Celedón en esa instancia.
El general Rodríguez, uno de los altos mandos supuestamente dedicados a promover los derechos humanos en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Calderón, se ha visto envuelto en diferentes casos polémicos; entre ellos el juicio a los soldados que violaron a 14 mujeres en Castaños, Coahuila, en julio de 2006, cuya sentencia (demasiado leve) fue criticada por defensores de los derechos humanos.
El recurso que intentó interponer Mendoza se radicó en el Juzgado Primero de Amparo en Materia Penal, cuya titular es la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, envuelta con frecuencia en controversias por sus fallos.
Robledo amparó al narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, el pasado julio; en 2008 al líder textilero Fermín Lara Jiménez, acusado de fraude a Bacomext por más de 40 millones de dólares; en 2006 al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo contra una orden de extradición y, en 2005, a Osiel Cárdenas Guillén, capo que lideró el Cártel del Golfo.
Pero a Mendoza le negó el amparo. La defensa del teniente hace dos observaciones: la juez difirió cinco veces la audiencia, dando tiempo a que se resolviera el caso de abuso de autoridad contra Celedón en el fuero militar, y desoyó el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de septiembre de 2012, el cual establece que los delitos del orden común cometidos entre militares deben procesarse por la justicia civil.
Con todo, para la justicia castrense y para Robledo Magaña –según sus respectivas argumentaciones–, si bien los hechos analizados pudieron derivar de cuestiones personales, el teniente Mendoza trastocó y lesionó la disciplina castrense, lo que es constitutivo de delito en ese fuero, por lo cual debe permanecer preso.
Las Armas Nacionales. Momis
“Las Armas Nacionales
hoy se han cubierto de Gloria”,
eso dijo Zaragoza
honrando a sus militares,
gran momento en nuestra Historia,
la Patria en alto, orgullosa.
Hoy, a casi siglo y medio...
la escena es muy diferente,
no se muere un invasor,
va cayendo sin remedio
la población inocente
en esta guerra de horror.
¿Y el presidente pirata?
Viendo desde la barrera
a su ejército asesino
que sin escrúpulos mata
buenos, malos, a cualquiera
que se ponga en su camino.
Si viviera Zaragoza
describiría acciones tales
con tristeza, sin euforia:
“Oh página vergonzosa,
Nuestras Armas Nacionales
hoy se han cubierto de escoria”. --Momis
Proponen en Edomex castigar con cárcel a maestros que acudan a manifestaciones
Toluca, Méx. El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, remitió al Congreso local una serie de reformas encaminadas a sancionar penal y administrativamente a los maestros que abandonen sus funciones sin causa justificada y prohíbe expresamente la coacción de sindicatos y organizaciones gremiales para que los mentores acudan a manifestaciones.
Las iniciativas de reformas a la Ley de Servidores Públicos, el Código Penal y el del Procedimientos Penales ingresaron ayer a la legislatura quien las incluyó en la agenda del periodo extraordinario de sesiones que se celebrará el próximo viernes.
El mandatario mexiquense propuso castigar con cárcel de cinco a 10 años a los maestros que en horario laboral “abandonen las aulas para realizar actos ajenos a sus funciones, afectando a los estudiantes”, además el abandono será causal de rescisión laboral, por “usar el tiempo laborable en actividades ajenas al servicio educativo”.
Aunado a ello, plantea inhabilitar de dos a ocho años a los servidores públicos que hagan uso de su autoridad para coaccionar o influir en los educandos a acudir a actos ajenos a su educación y propone castigar esta conducta con penas de seis a 12 años de prisión.
Al conocer la iniciativa el PT y el PRD se pronunciaron en contra, pero el PRI, PAN, Partido Verde, Nueva Alianza y Convergencia respaldaron que formara parte de la agenda del extraordinario para aprobarla el próximo viernes.
El diputado Norberto Morales del PT lamentó que el gobierno mexiquense pretenda criminalizar las protestas y dijo que buscará convencer a diputados del PRI, PAN y Convergencia para que la iniciativa no sea aprobada fast track, como se pretende hacer, sino haya un análisis profundo de sus implicaciones.
Autodefensas siguen armados y se reúnen con Vallejo
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| Autodefensas se enfrentan con Caballeros Templarios en Nueva Italia, Michoacán. Foto: Miguel Dimayuga |
APATZINGÁN, Mich. (apro).- En medio de un fuerte dispositivo de seguridad policiaca y militar, el gobernador priista Fausto Vallejo se reunió a puerta cerrada con los líderes de los grupos de autodefensa ciudadana para definir acuerdos.
Como parte del intento por recuperar el orden en la región, esta ciudad fue totalmente tomada por miles de policías y soldados fuertemente armados, quienes realizaron rondines en la cabecera municipal.
A las siete de la noche llegó Fausto Vallejo a la presidencia municipal pero se negó a dar declaraciones.
“No voy a hablar”, repitió en varias ocasiones el gobernador, resguardado por escoltas con rifles de asalto.
Vallejo fue recibido con aplausos por los miembros de la presidencia municipal con quienes se reunió a puerta cerrada.
El gobernador acudió a la 43 Zona Militar, donde también fueron trasladados miembros de las autodefensas, entre ellos Estanislao Beltrán, integrante del consejo general de esta agrupación.
El encuentro fue a puerta cerrada y el mandatario estatal se negó a dar una declaración al respecto.
Por la tarde, el Ejército y la Policía Federal (PF) desarmaron a elementos de la policía municipal de Apatzingán, quienes en diversas ocasiones han sido acusados de tener vínculos con los Caballeros Templarios.
Por otro lado, según integrantes de grupos de autodefensa ciudadana, el intento del Ejército por desarmarlos fracasó por la reacción de la ciudadanía de defenderlos en los municipios de Parácuaro y Nueva Italia.
Incluso, manifestaron que les regresaron las armas y que esa acción fortaleció el apoyo de la gente.
El comandante Martín, del municipio de Tepalcatapec, en asamblea realizada en el zócalo de Nueva Italia, municipio de Múgica, dijo que no dejarán solos a los pobladores que ya se rebelaron contra Los Caballeros Templarios.
En respuesta, de manera anónima, unos mil 500 pobladores manifestaron el apoyo a los grupos de autodefensa ciudadana, quienes respondieron que se quedarán en la zona y trabajarán en las labores de seguridad junto con las autoridades del gobierno federal.
Los habitantes reunidos frente al palacio municipal aprobaron crear su propio grupo de autodefensa para hacer frente a los Templarios, así como cooperar con las autoridades federales para recuperar la paz.
“Al rato llegará el Ejército y desarmará a la policía municipal, que va a desaparecer. Hay que colaborar con ellos”, anunció un integrante de las autodefensas identificado como Martín.
En la asamblea estuvieron presentes las autoridades municipales encabezadas por el edil Casimiro Quezada Casillas. La ciudadanía que asistió a la asamblea manifestó, a gritos, que no estaba de acuerdo con el desarme de las autodefensas.
La profesora Tomasa Díaz Vargas dijo que el pacto es que van a trabajar de la mano con el gobierno federal, municipal y estatal.
“Tenemos que sacar las armas, se va a legalizar, necesitamos que todos participen, no queremos gente cobarde, pasiva. Que se nos quite ese miedo. Todo está bajo control”, explicó a los habitantes de Nueva Italia, municipio de Múgica.
Sergio Pardo Menera, tesorero municipal, expresó que ya es tiempo de tener tranquilidad. “Cada uno puede aportar algo para defendernos”, dijo el funcionario.
Los muertos
En Antúnez, al mediodía, habitantes de este lugar se manifestaron en contra del desarme de los grupos de autodefensa ciudadana, acción que ayer a la medianoche iniciaron los soldados.
Hasta ahora están confirmados sólo dos muertos: Rodrigo Benítez Pérez, de 25 años, y Mario Pérez, de 50, ambos de Antúnez, municipio de Parácuaro.
Los dos fallecidos eran civiles jornaleros que llegaron a defender a las autodefensas cuando estaban siendo desarmados por parte de los militares.
“¿Por qué los mataron si no traían armas? Era gente pacífica, trabajadores que recogían limones”, aclararon familiares de Rodrigo Benítez.
Mientras acompañaban a sus muertos, amigos y familiares de ambos caídos dijeron que los soldados les dispararon por haber defendido a las autodefensas que llegaron a Antúnez para sacar a Los Caballeros Templarios.
“Ellos (las autodefensas) nos defienden, son gente como nosotros; si los desarman van a venir a matarnos”, advirtió una mujer que pidió no dar su nombre por miedo a los Templarios.
Según testimonios de varios habitantes, los Templarios les fijan los precios de la carne y pan, así como de otros alimentos, para sacar ellos una ganancia.
Además, los tenían sometidos con amenazas y los obligaban a manifestarse en contra de las autodefensas.
En un recorrido, esta mañana se puedo observar que las autodefensas permanecen armados en el poblado, a pesar de que ayer en la noche los soldados les quitaron algunas armas.
En el entronque de Cuatro Caminos que une Apatzingán con Parácuaro y Nueva Italia, también se encontraban las autodefensas armados.
Los habitantes de Nueva Italia realizaron un mitin en la glorieta y saludaron a los policías federales que arribaron la víspera.
Fotos: Federales refuerzan seguridad en Apatzingán
Elementos federales -sobre todo policías y militares- ingresaron al palacio municipal de Apatzingán. Al lugar llegaron decenas de camionetas de la Policía Federal, así como diferentes helicópteros.
Cientos de elementos de la Policía Federal arribaron a la zona de Tierra Caliente al medio de este martes, en un convoy conformado por al menos 50 vehículos, entre autobuses, patrullas, vehículos blindados y helicópteros.
Elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal ingresaron este mediodía a Apatzingán, Michoacán y permanecen en la presidencia municipal.
De acuerdo con diferentes medios y agencias locales, helicópteros de la Policía Federal y de la fuerza aérea mexicana sobrevolaron el primer cuadro de dicha ciudad, tomaron la plaza principal e ingresaron a la alcaldía.
La página Valor por Apatzingán publicó imágenes del operativo con el que se refuerza la seguridad en la Tierra Caliente de Michoacán, además de que se rumora sobre la posible llegada del gobernador del estado, Fausto Vallejo.
El lunes, el gobierno federal firmó un “pacto” con el gobierno estatal en el que se compromete a encargarse de la seguridad del estado, en el que en los últimos días grupos de autodefensas se han enfrentado a miembros del grupo criminal de Los Caballeros Templarios.
La semana pasada, en Apatzingán quemaron vehículos, negocios y una oficina de la presidencia municipal, en protesta por la expansión de autodefensas, quienes han tomado el control de diferentes comunidades cercanas.
Estas son imágenes de lo que ocurre hoy en Apatzingán, difundidas por Valor por Michoacán:
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Expediente negro de Osorio Chong ligado a "Los zetas"
El documento, de 61 páginas, involucra al exprocurador Rafael Macedo de la Concha; al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong; al precandidato priista a la gubernatura de esa entidad, Francisco Olvera Ruiz, así como a decenas de funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, en la protección de Los Zetas y de su jefe, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien por cierto es hidalguense.
Nota retomada de PROCESO publicada en el año 2010.
MÉXICO, D.F., 10 de abril (Proceso).- Hace unas cuantas semanas, tras recibir una denuncia de hechos que revela los presuntos nexos de la clase política hidalguense con Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, la PGR inició una averiguación previa. La indagatoria incluye al exprocurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, al gobernador Miguel Osorio Chong y a su delfín Francisco Olvera Ruiz, así como al procurador de Justicia del estado, José Alberto Rodríguez Calderón. La lista es todavía más larga…
Financiamiento de campañas políticas, protección oficial a Los Zetas, ligas entre grupos priistas y tráfico de drogas, así como una amplia rotación de funcionarios públicos (en su mayoría policías, agentes del Ministerio Público y delegados de la Procuraduría General de la República en varias entidades) “para favorecer los intereses del narcotráfico en el estado de Hidalgo”, son algunas de las acusaciones contenidas en una denuncia de hechos presentada el 11 de marzo último ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que lleve a cabo una investigación federal.
El documento, de 61 páginas, involucra al exprocurador Rafael Macedo de la Concha; al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong; al precandidato priista a la gubernatura de esa entidad, Francisco Olvera Ruiz, así como a decenas de funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, en la protección de Los Zetas y de su jefe, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien por cierto es hidalguense.
Proceso tiene una copia de la denuncia, que fue elaborada por el llamado Grupo Ciudadano Hidalguense. En la PGR pudo confirmarse que el signatario es Raúl Miguel Olvera Rodríguez y que el documento llegó a la SIEDO a través de un servicio de mensajería.
Desde dos días antes, el 9 de marzo, empleados de la SIEDO cuyos nombres se mantienen en reserva ya esperaban la denuncia. En cuanto la recibieron, la turnaron a la oficina de Irving Barrios Mójica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR.
Además de señalar al gobernador Osorio Chong, la denuncia consigna presuntas relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, en contubernio con Los Zetas, del hermano del mandatario, Eduardo Osorio; del procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; del secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y del presidente municipal de Pachuca con licencia, José Francisco Olvera Ruiz, quien, según el documento, recibió más de 30 millones de pesos del narco en 2008 para su campaña por la alcaldía.
Olvera Ruiz es el favorito del gobernador Osorio Chong para sucederlo. Apenas el pasado 30 de marzo solicitó licencia para separarse del cargo de presidente municipal y se registró como precandidato del PRI a la gubernatura el pasado martes 6.
Después de analizar la denuncia, la SIEDO determinó que sí existen elementos constitutivos de delitos federales en contra de Osorio Chong, de Olvera Ruiz y de una veintena de funcionarios más, por lo que procedió a integrar formalmente la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010. Los delitos: delincuencia organizada y lavado de dinero.
El documento establece que el objetivo de poner en manos del Ministerio Público Federal presuntos hechos constitutivos de delitos es que se investigue “la dicotomía poder político-narcotráfico en el estado de Hidalgo y que se conozca toda la información con la que contamos respecto a la situación de la narcopolítica”, y dice confiar en que, con los datos que se aportan, la PGR podrá complementar, sistematizar y contextualizar la información obtenida en indagatorias y le permitirá cerrar sus círculos de investigación.
El Grupo Ciudadano Hidalguense señala que el exprocurador Rafael Macedo y el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, “se identifican y (tejen) un acercamiento debido, entre otras razones, a que ambos son originarios del estado de Hidalgo”.
A partir de ese acercamiento –agrega el documento– comenzaron a moverse las piezas en varias entidades del país para proteger a Los Zetas. Se cita como ejemplo el hecho de que, cuando Alfonso Navarrete Prida (exprocurador de Justicia del Estado de México y actual diputado federal por el PRI) fue investigado en la PGR por la presunta venta de plazas en la PGR para favorecer al cártel de Juárez, el personaje clave para su exoneración fue Jorge Frías Vázquez, quien le dio una salida decorosa.
Frías Vázquez es actualmente secretario particular de José Alberto Rodríguez Calderón, procurador de Justicia de Hidalgo y presunto protector de Los Zetas en esa entidad, asienta la denuncia.
Y se añade otro dato: “Frías Vázquez cumple con una función toral en la protección institucional en el estado de Hidalgo a las actividades de narcotráfico que la organización criminal de Los Zetas desarrolla. El vínculo de Jorge Frías con este grupo delictivo se estableció en el estado de Guerrero cuando se desempeñaba como subdelegado de la PGR, bajo el mando del entonces delegado José Alberto Rodríguez Calderón”, el actual procurador de Hidalgo.
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