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martes, 11 de febrero de 2014

Aprueba Senado reformas antiterrorismo; criminaliza la protesta social: PRD

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México, DF. Con el voto en contra del PRD y PT, el Senado de la República aprobó en lo general reformas a diversos ordenamientos, a fin de crear un nuevo tipo penal de terrorismo, que, a juicio de perredistas y petistas, criminaliza la protesta social y posibilita que los grupos de autodefensas de Michoacán, los trabajadores de Aeroméxico o los maestros disidentes sean considerados como terroristas.
La votación fue de 83 votos a favor y 22 en contra y comenzó la discusión en lo particular.
Se trata de reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes en materia de seguridad pública, que sanciona hasta con 40 años de cárcel por actividades terroristas, e incluye entre éstas el “apoderarse” o “ejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias.
“Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas”, recalcó la senadora Dolores Padierna, mientas que el también perredista Alejandro Encinas hizo notar que se trata de una minuta con serias imprecisiones , que no define claramente el delito de terrorismo , por lo que todo se deja a la discrecionalidad de los jueces. Se restablece, recalcó, el delito de disolución social, principal elemento con el que el gobierno mexicano persiguió a los opositores en décadas pasadas
Se trata de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que pasó ya por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el último párrafo del Artículo 139 del Código Penal Federal , en el que se se establecía que : “no se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional”.
Aunque ese párrafo se eliminó, en la exposición de motivos se mantiene como excluyente del delito de terrorismo. El panista Roberto Gil Zuarth, quién defendió el dictamen –aprobado un día antes en una sesión a puerta cerrada- dijo que fue precisamente para que no se generalice y haya alguna excepción que de pie a sancionar la protesta social.
Senadores del PRD y PT pidieron que no se aprobara con tanta celeridad, que se abra un debate público, en el que participen expertos y defensores de derechos humanos, pero Gil Zuarth respondió que se debe aprobar hoy mismo, ya que el jueves hay reunión del GAFI -Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales- y es necesario que se sepa que se modificó ya la legislación para cumplir con sus recomendaciones.

martes, 14 de enero de 2014

Proponen en Edomex castigar con cárcel a maestros que acudan a manifestaciones

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Toluca, Méx. El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, remitió al Congreso local una serie de reformas encaminadas a sancionar penal y administrativamente a los maestros que abandonen sus funciones sin causa justificada y prohíbe expresamente la coacción de sindicatos y organizaciones gremiales para que los mentores acudan a manifestaciones.
Las iniciativas de reformas a la Ley de Servidores Públicos, el Código Penal y el del Procedimientos Penales ingresaron ayer a la legislatura quien las incluyó en la agenda del periodo extraordinario de sesiones que se celebrará el próximo viernes.
El mandatario mexiquense propuso castigar con cárcel de cinco a 10 años a los maestros que en horario laboral “abandonen las aulas para realizar actos ajenos a sus funciones, afectando a los estudiantes”, además el abandono será causal de rescisión laboral, por “usar el tiempo laborable en actividades ajenas al servicio educativo”.
Aunado a ello, plantea inhabilitar de dos a ocho años a los servidores públicos que hagan uso de su autoridad para coaccionar o influir en los educandos a acudir a actos ajenos a su educación y propone castigar esta conducta con penas de seis a 12 años de prisión.
Al conocer la iniciativa el PT y el PRD se pronunciaron en contra, pero el PRI, PAN, Partido Verde, Nueva Alianza y Convergencia respaldaron que formara parte de la agenda del extraordinario para aprobarla el próximo viernes.
El diputado Norberto Morales del PT lamentó que el gobierno mexiquense pretenda criminalizar las protestas y dijo que buscará convencer a diputados del PRI, PAN y Convergencia para que la iniciativa no sea aprobada fast track, como se pretende hacer, sino haya un análisis profundo de sus implicaciones.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Aumentan las penas por agresiones dolosas a policías durante marchas

Diputados de IDN aducen que es una contrarreforma para criminalizar la protesta social
Las sanciones se elevan en una mitad
La reforma al Código Penal considera también robo y daño en propiedad ajena
La iniciativa fue presentada por los asambleístas Padierna y Santana
Ángel Bolaños y Bertha Teresa Ramírez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de noviembre de 2013, p. 33
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas al Código Penal que aumentan las penas en una mitad a los delitos de robo y daño en propiedad ajena, así como lesiones y homicidio cometidos dolosamente en contra de personal de instituciones policiales durante el desarrollo de marchas, concentraciones, manifestaciones, conmemoraciones, mítines o cualquier evento público de esparcimiento, deportivo o recreativo.
En contra del dictamen votaron la mayoría de los diputados del PRD que pertenecen a la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), por considerarla una contrarreforma a las modificaciones que se hicieron en diciembre pasado para quitar el agravante al delito de ataques a la paz pública, aun cuando el dictamen surgió de una propuesta de su compañero Antonio Padierna, quien preside la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con otra de su correligionario Arturo Santana.
Este último, al fundamentar ante el pleno la iniciativa, sostuvo que responde a una demanda de los capitalinos a partir del 1º de diciembre de 2012, cuando en algunas marchas registramos hechos de violencia que se han venido prolongando a través de los meses, y agregó quepor ningún motivo se criminalizarán las movilizaciones ni las protestas sociales en el Distrito Federal, pero tampoco se permitirán excesos que atenten contra la libertad de las personas, las lesionen u ocasionen daños en propiedad pública o privada, señaló.
Argumentaron en contra el diputado Alejandro Ojeda, quien reclamó la pretensión de maquillar una reforma para ponerle un bozal a la movilización social. Hay que hablar con la verdad, hay que decir que se pretende la criminalización a la protesta social, mientras Eduardo Santillán anunció que propondría una moción suspensiva para devolver el dictamen a la comisión, al advertir que contenía imprecisiones, lo que ya no hizo y terminó votando en favor e hizo algunas reservas que fueron rechazadas.
Con esta reforma, explicó Santana, quienes cometan cualquiera de estos actos no tendrán en la mayoría de los casos el beneficio de la libertad bajo fianza, por tratarse de delitos agravados que alcanzarían penas de hasta 12 años en el caso de lesiones, 9 en el de robo, 10 años y seis meses en el de daño en propiedad y 30 años en el homicidio.
Con los votos de Padierna y Santana, el llamado bloque progresista del PRD, con PAN, PRI, PVEM, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano sumó 38 votos a favor, contra siete de los diputados Ojeda, Ariadna Montiel, Agustín Zepeda, Agustín Torres, Estela Hernández, Angelina Hernández y Dinorah Pizano, cuyo voto se registró como abstención por una falla en el sistema y pidió rectificar como en contra.

martes, 19 de noviembre de 2013

Jefa de familia es considerada de “peligrosidad social” por manifestarse

Gabriela Hernández Arreola, participante de las marchas del 10 de junio, 1 de septiembre y del del 2 de octubre, está acusada de delitos no graves, sin embargo no ha podido gozar del derecho de libertad bajo fianza.

Gabriela Hernández Arreola fue detenida en la marcha del pasado 10 de junio y posteriormente fue liberada. //Foto: Cuartoscuro.


Gabriela Hernández Arreola trabajaba en maquilas y limpiando casas y ahora está detenida en Santa Martha Acatitla, considerada una persona con “peligrosidad social” por las autoridades judiciales del Distrito Federal.
Luna, como es conocida, tiene 47 años y es madre de dos jóvenes. El último año se ha hecho notoria por su participación en las marchas y protestas, contra la reforma laboral, en apoyo a la CNTE, contra el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hoy está acusada de ultrajes y obstaculizar el ejercicio legítimo de la autoridad, ambos delitos no graves, sin embargo no ha podido gozar del derecho de libertad bajo fianza como el resto de los detenidos en el contexto de las marchas, ya que le fue negado por la titular del Juzgado 19 de delitos no graves, Marcela Arrieta.
“La autoridad no ha dado argumentos para demostrar esa ‘peligrosidad social’,  que le impida la libertad bajo fianza”, dijo  Miguel Méndez, de la Liga de Abogados 1DmX.
Esta figura, recordó el abogado, sólo se ha utilizado con fines políticos y represivos. Actualmente, además de Luna, es considerado  con “peligrosidad social” Mario González, detenido el 2 de octubre y preso en el reclusorio oriente, donde lleva más de 30 días en huelga de hambre.
“Y si nos vamos más para atrás, el último antecedente fue contra detenidos de la huelga de la UNAM en el 2000”, dijo Méndez.
Luna fue detenida en la marcha del 10 de junio con otros integrantes  del Frente Oriente, pero luego de unas horas fue liberada bajo reservas de ley. La mujer acudió a las marchas posteriores del 1 de septiembre y 2 de octubre sin mayor problema y estuvo registrando con una cámara los enfrentamientos.
Por su participación en las protestas fue boletinada por el Gobierno capitalino como “anarquista”  e integrante del grupo “Frente Oriente”, en un documento llamado Análisis de Grupos Anarquistas publicado por el diario Reforma el 11 de octubre. Sin embargo, Luna siempre se reivindicó como solidaria, pero no integrante de esos grupos.
El 29 de octubre fue detenida de manera definitiva, afuera del juzgado de delitos no graves, cuando acompañaba a la audiencia de los otros procesados.El abogado Miguel Méndez, que presenció la detención, dijo que una decena de policías judiciales llegaron y se la llevaron en un auto particular sin mostrar la orden de aprehensión.
Esta detención no respondió al “bajo reservas de ley” del 10 de junio, sino a una nueva denuncia en su contra.
Ésta fue presentada el 2 de octubre por dos policías preventivos quienes declararon que ese día a las 10 de la noche un grupo de manifestantes llegó a las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación y comenzó a agredirlos con groserías. Según su acusación en la AP ACI/T1/00338/13-10 entre ellos se encontraba  una mujer de 47 años y 1.60 de estatura quien los insultó y a dos metros de distancia empezó a aventar botellas de refrescos vacías y piedras, sin causar lesiones.
El 15 de octubre se negó la orden de aprehensión contra Luna por falta de pruebas y luego de pedir una revisión, se giró el 28 de octubre, un día antes de ser detenida.
“Mi hermana ha sido criminalizada por su convocatoria, por ser solidaria con los otros detenidos y manifestantes. Detrás de la detención lo que hay es un temor del gobierno capitalino por la unión de distintos colectivos y lo que busca es dar un castigo ejemplar a los más visibles”, comentó Laura  Hernández, hermana de la detenida que ha dejado su trabajo como fisioterapeuta para dedicarse a la defensa.
La última estrategia legal de la familia de Luna para lograr su libertad bajo fianza fue enviar una solicitud a la jueza 19 el pasado 13 de noviembre donde acusa la criminalización por parte de los medios de comunicación y las autoridades policiales.
“Esto no puede ser un criterio para juzgarme y menos para señalarme como ‘altamente peligrosa’ señalamiento del cual no han aportado pruebas más que mi asistencia a marchas legales y pacíficas”, dijo a su favor.
En el documento señala que si su “peligrosidad” se debe a no haber dado su domicilio durante la detención, se debió al miedo de que su familia fuera acosada, como ya había antes cuando patrullas merodearon su casa y gente “extraña” tomo fotografías de sus familiares.
Sin embargo, la petición le fue negada, por lo cual la defensa de la Liga de Abogados 1DMx buscará su liberación con un amparo que será interpuesto el martes 19 de noviembre.
“El auto de formal prisión tiene muchas inconsistencias. Por ejemplo, los policías no la acusaron a ella directamente, sólo dijeron: ‘una mujer de tales características’; además se trata de un delito no grave y como no fue detenida en flagrancia, la autoridad debió llamarla a comparecer ante el MP que estaba integrando la averiguación previa antes de detenerla y eso no ocurrió… tenemos argumentos para pedir su liberación”, explicó Miguel Méndez.



jueves, 3 de octubre de 2013

Modificar Art. 287 código penal permitirá proteger a policías: ´PRD

 Granados con Ciro Gómez Leyva

25 de Septiembre, 2013

Por otro lado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea señaló que han tenido pláticas con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera para efecto de que les pudieran compartir la señal del Canal 21, y así tener un canal legislativo.

Notimex
Este jueves será presentada en la Asamblea una iniciativa para modificar el artículo 287 del código penal del Distrito Federal en protección de los policías de la capital del país.

Ante ello Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea confirmó que será presentado en el pleno de la Asamblea Legislativa por parte de un grupo de legisladores para reformar dicho artículo.

Señaló que a últimas fechas las manifestaciones son utilizadas por un grupo de personas que no están en el ejercicio libre de su derecho a manifestarse, sino de atacar tanto directamente y premeditadamente a la autoridad, de retarla y estar previamente armados con instrumentos que ponen en peligro la vida de los policías.

En entrevista con "Fórmula de la Tarde", Manuel Granados indicó que se pretende "exista un esquema desde el punto de vista penal, en donde no puedan tener algún beneficio, que exista esta gravedad de delitos porque no podemos permitir que en la Ciudad de México se relaje la ley y mucho menos bajo estos esquemas en donde hay un aprovechamiento de una libre manifestación de ideas para agredir directamente a la autoridad".

Recordó que en diciembre se establecía que de 5 a 30 años de prisión se darían a quienes se manifestaran en contra del gobierno de la ciudad o de sus instituciones, lo que es inconstitucional. "Por tanto nosotros dijimos, eso es inconstitucional, tiene que modificarse".

Dijo que lo que se advierte hoy es que a la autoridad directamente la retan, siendo un tema premeditado.

Agregó que luego de ser presentado lo que seguiría es que se dictamine la comisión de justicia, y que regrese al pleno para ser aprobado de manera definitiva.

Recalcó que tiene que ser aprobado en este mismo periodo, por lo que les va a proponer a los diputados de todos los partidos políticos, que sea una de las prioridades del presente periodo legislativo.

Por otro lado señaló que han tenido pláticas con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera para efecto de que les pudieran compartir la señal del Canal 21, porque quien tiene esa autorización para la difusión del canal es el gobierno de la ciudad.

Dijo que ya formalizaron la solicitud, por lo que están en ruta de firmar un convenio con el gobierno de la ciudad, en caso que lo avale, se contará con un canal legislativo.
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jueves, 27 de junio de 2013

Insiste el PAN en criminalizar la protesta social, advierten

Presiona para aprobar reformas: diputados de PRD, PT y MC

Pretende vincular delitos de lesiones y daños a las manifestaciones
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 9
Los grupos parlamentarios de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados afirmaron que el PAN presiona para aprobar en la Comisión de Justicia la reforma quecriminaliza la protesta social, incluirla en el periodo extraordinario de julio y contar con un instrumento para reprimir las movilizaciones en general, principalmente las que se anticipan contra la reforma energética.
En conferencia de prensa, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que aun cuando ya existen los tipos penales de lesiones y daños en propiedad ajena y a terceros, el PAN quiere vincularlos a las movilizaciones sociales y agravar las sanciones para quien participe en protestas con algún embozo que impida su identificación.
En tanto, la diputada Lilia Aguilar (PT), secretaria de la Comisión de Justicia, dijo que aun cuando se pretendía votar el dictamen este jueves, debido a las críticas por el alcance de la reforma el presidente de esa instancia legislativa, Ricardo Fidel Pacheco (PRI), decidió abrir un periodo de consulta.
Ofreció volver a analizar el proyecto de dictamen, que avala la iniciativa de Francisco Sotomayor (PAN), un personaje pro nazi, que sería precedente para aprobar la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que quiere tipificar el daño a las personas o las cosas como terrorismo, explicó.
Ortiz Ahlf refirió que aun cuando la Comisión de Derechos Humanos aprobó la semana pasada una opinión contra la iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 141 bis del Código Penal Federal, la Comisión de Justicia circuló un proyecto de dictamen favorable.
Ni siquiera se toma en cuenta la opinión de la Comisión Nacional de los de Derechos Humanos y se respalda la intención del PAN para reprimir las manifestaciones e inhibirlas de manera mañosa, y eso no es aceptable, expuso.
Destacó que si las lesiones y daños causados por participantes en movilizaciones ya están tipificados y son inaceptables, no hay argumento para asociarlos al derecho a ejercer las libertades de opinión, expresión, reunión y manifestación pública o protesta, reconocidos en la Constitución.
Presentó un pronunciamiento de diputados de las tres bancadas en el cual se indica que la iniciativa del PAN tiene como antecedente la represión que ejercieron la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el primero de diciembre, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente.
En aquellas manifestaciones se detuvo arbitrariamente y con extrema violencia a un sinnúmero de personas, como demostró la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bajo la acusación de ataques a la paz pública, señala el documento.
Ese día, agrega, policías federales y capitalinos detuvieron a ciudadanos que se expresaban libremente, como los estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a transeúntes que circulaban por las zonas de las protestas.

viernes, 14 de junio de 2013

Permanecen encarcelados siete de los detenidos en la marcha del 10 de junio

No han cubierto la fianza de más de 70 mil pesos que les impuso a cada uno el MP

Las actuaciones de la CDHDF son sesgadas y parciales, asegura Jesús Rodríguez Almeida
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Este jueves no se logró pagar la fianza de los siete detenidos el lunes pasado y podría ser en las próximas horas cuando sean liberados bajo las reservas de leyFoto Notimex
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 14 de junio de 2013, p. 12
Las siete personas que aún permanecen detenidas tras supuestos enfrentamientos con policías el pasado 10 de junio, durante la marcha por el 42 aniversario del halconazo, podrían cubrir hoy la fianza que les fije un juez del Distrito Federal, luego que fueran acusadas de delitos no graves, con lo que seguirían su proceso en libertad.
Se espera que hoy el juez 11 de delitos penales no graves ratifique el beneficio de la libertad bajo caución a los siete jóvenes consignados, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Lo anterior, luego que no pudieran cubrir la fianza superior a 70 mil pesos por cada uno que les había fijado el Ministerio Público, por lo que fueron trasladados la noche del miércoles al reclusorio Oriente.
De acuerdo con las fuentes consultadas, una vez que el juez recibió el pliego de consignación, los acusados deberán rendir hoy su declaración preparatoria, para después definir si hay elementos para iniciarles proceso por los delitos de ultrajes a la autoridad en pandilla, ataques a la paz pública y daños doloso a la propiedad.
De ser procesados, el juzgador ratificará la fianza para que puedan obtener el beneficio de seguir su juicio en libertad.
David Peña, abogado de los consignados, denunció que hasta las 16 horas de ayer se les informó en qué juzgado se encontraba el expediente del caso, lo que significó tener más de 16 horas en el abismo jurídico a sus defendidos.
Por estos hechos interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) al considerar que hubo una actuación violatoria por parte de la Procuraduría capitalina. Agregó que confían que la fianza pueda reducirse y dijo que continúan consiguiendo recursos para cubrir ese trámite y que los jóvenes puedan salir del reclusorio este mismo viernes.
El litigante informó que la mayoría de los jóvenes que fueron trasladados al reclusorio pertenecen a la organización Frente Oriente, quienes han acusado en diversos espacios una criminalización y persecución en contra de sus integrantes.
Peña indicó que en caso de no conseguir la totalidad del dinero para las fianzas este viernes, la caución se podría liquidar cualquier día y de inmediato saldrían, aunque espera que pueda hacerse lo más pronto posible.
Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, aseveró que las investigaciones de la CDHDF para emitir recomendaciones son sesgadas y parciales. Esto con relación a los enfrentamientos del 10 de junio en el Zócalo capitalino, donde 22 personas fueron detenidas, de las cuales 15 fueron liberadas al no encontrarles responsabilidad en los hechos.
(Ese organismo) nunca toma en consideración las aportaciones que se le hacen respecto de la actuación (policial), sino simplemente las de sus quejas y el material que lo apoya de manera parcial, que considera pertinente para su recomendación, pero en muchos casos cuando se aportan los deposados de los policías, pues hace una apreciación o una valoración sesgada y parcial, expresó el funcionario luego de reunirse con legisladores de distintas corrientes del PRD en un hotel ubicado en avenida Juárez.
Más tarde, durante el cuarto Encuentro Ciudadano de Prevención del Delito en la delegación Venustiano Carranza, el funcionario refirió que se aportará a la PGJDF todo el material respecto a los desmanes en el Zócalo capitalino. Y agregó que aun cuando ya fueron puestos en libertad los detenidos acusados por estos hechos, puede haber solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión en caso de que se integren los elementos suficientes.

viernes, 24 de mayo de 2013

Criminalización y calumnias contra las luchas políticas de la izquierda en las calles


Pedro Echeverría V.
1. Gracias a la hoja de El Rebelde, pude enterarme que en días pasados circuló por las redes sociales y por correo electrónico “un mensaje difamatorio y amenazante en contra de algunos activistas pertenecientes a la comunidad universitaria. En el mensaje, -señalan los anticapitalistas de La Otra- de manera policiaca, se señala con nombre y apellido a varios estudiantes y académicos como participantes en diversas acciones de protesta social”. Es “una masiva campaña mediática de criminalización de activistas sociales a nivel nacional, propiciada por noticieros televisivos y radiofónicos, diarios de muy amplia circulación como Milenio, La Razón y El Universal, y páginas de internet como Reporte Índigo”. “El escarnio público y la calumnia son los métodos de los que se sirve el estado y sus secuaces para atacar a los movimientos sociales que lo denuncian y combaten”.

2. Pareciera que el mismo método intimidatorio se sigue –por sus heroicas luchas- contra la Coordinadora de maestros (la CNTE). Acabo de leer en El Universal un artículo que parece redactado en la secretaría de Gobernación por lo elemental de lo que dice contra todos los movimientos que combaten el sistema capitalista; el artículo a que me refiero es una denuncia policiaca contra la CNTE acusándola de tener vínculos con delincuentes que lo mismo “vandalizan” que secuestran. Seguramente Gobernación paga muy bien por los periodistas que están a su servicio –y no parece haber un periódico que no esté infiltrado con ellas- pero hay algunas plumas que mantienen odios o resentimientos antiguos muy profundos contra las luchas de los trabajadores, así como su defensa a los poderes fácticos, que en lugar de ser leídas son repudiadas.

3. ¿Nombres? ¿Para qué dar nombres si todos los medios de información, particularmente la TV y la radio, están llenos de esos personajes que parecen sólo pagarles para que hagan campañas contra los trabajadores? Cualquier persona con un poquito de inteligencia y reflexión sabe que todos los movimientos sociales de los trabajadores obedecen a sus condiciones económicas, políticas, sociales de vida. Los cientos de miles de profesores, estudiantes, electricistas, de Mexicana, etcétera, salen a la calle a protestar no por estar locos, sino porque nadie resuelve sus problemas planteados por años y por décadas. ¿De qué diálogo hablan los López Dóriga, Ciro Gómez, Cárdenas, Ruiz Gili, Alatorre y demás locutores y comentaristas si este nunca ha existido porque el poder se impone por la fuerza?

4. “La criminalización pública y el desprestigio al interior de los movimientos sociales -escriben los zapatistas- son pasos previos (¡terrible verdad!) al linchamiento físico: la cárcel, la violación, la desaparición y el asesinato. Prueba de lo anterior es el caso de nuestro compañero Sinuhé Cuevas, muerto a balazos en octubre de 2011 luego de ser víctima de una campaña de difamación (similar a la que hoy se inicia contra quienes son señalados en el texto) y de haber recibido varias amenazas de muerte. No permitiremos que la brutalidad del estado vuelva a hacer presa en nosotros”. Exigimos el absoluto respeto de los derechos fundamentales de los aludidos y hacemos responsables al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera y a la Rectoría de la UNAM de lo que pueda pasarles en relación con sus actividades políticas”.

5. Los únicos que han luchado en serio por los intereses de los explotados y miserables en México han sido los izquierdistas; los demás –por ignorancia o viveza- como que sí o como que no, o simplemente buscando acomodo. Aunque estos términos: “izquierda, centro, derecha” sólo se conocieron a fines de siglo 18, podría decirse que los batalladores por la Independencia, Reforma y Revolución en México y América Latina, entre ellos los Bolívar, Sucre, San Martín, Martí, Hidalgo, Morelos –aunque no hayan conocido a Marx, sólo por el hecho de luchar por sus pueblos contra los militares, los terratenientes, los conservadores y la iglesia- fueron izquierdistas sin saberlo. Porque lo que define al izquierdistas es el estar siempre en los hechos con las luchas de los explotados y los miserables.

6. Por ello es condenable –aunque muy explicable- que los medios de información sigan llenándose de mensajes y artículos calumniosos contra la izquierda como si los hicieran por los más tontos agentes de gobernación. ¡Calumnia que algo queda!, mal enseñan por estas tierras. Pero la izquierda no puede dejarse intimidar por esos policías de Gobernación que nacieron para mentir. Podrán inventar gobierno, empresarios, medios de información, lo que deseen de la CNTE, de los estudiantes, de los trabajadores, pero a pesar de criminalizar la protesta, de prohibir los plantones y las marchas, nadie podrá parar la lucha social –aunque por momentos ande con la capa caída- porque forma parte del sentimiento y los pensamientos de la gente que no se rinde ni se vende. (22/V/13)
pedroe@cablered.net.mx

miércoles, 22 de mayo de 2013

Diputada priísta revienta debate contra la criminalización de la protesta social


Cárdenas Cantú evitó que se desechara propuesta de AN para reformar el código penal
Si los gobiernos quieren acabar con las manifestaciones deben respetar a los ciudadanos: PRD
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de mayo de 2013, p. 13
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Míriam Cárdenas Cantú (PRI), reventó la sesión en que esa instancia legislativa discutiría como único punto desechar una propuesta del PAN que pretende criminalizar la protesta social, al incluir en el Código Penal Federal el tipo legal contra la paz pública.
El diputado Roberto López Suárez (PRD) denunció que desde la noche del lunes la mesa directiva de dicha comisión excluyó el tema del orden del día, a solicitud del PAN y con aval de la presidenta de la comisión y, sobre todo, con el voto del diputado de Movimiento Ciudadano (MC) José Francisco Coronato, ex procurador de Morelos y también ex titular de Derechos Humanos en esa entidad.
López Suárez defendió que si bien las movilizaciones no deben afectar a terceros, es un hecho que tampoco nadie puede negar la libertad de manifestarse y, sobre todo, el derecho a la libre expresión. En todo caso, dijo, si lo que se quiere es acabar con las manifestaciones, los gobiernos federal y estatales deben cumplir con su obligación de responder a las demandas sociales y respetar a la ciudadanía.
Anoche, Cárdenas Cantú –que forma parte del grupo político del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira– instruyó a sus colaboradores a que llamaran a los diputados integrantes de la comisión para advertirles que no se presentaran a la reunión convocada para este mediodía,porque no habrá quórum.
La maniobra de la legisladora se dio después de que junto con los secretarios de la comisión de PAN, PVEM e incluso de Movimiento Ciudadano decidió excluir el tema del orden del día; ante ello, diputados del PRD anticiparon que este martes, cuando se votará la agenda de la sesión, insistirían en incluir el punto.
El proyecto de dictamen que PRI, PAN y MC se niegan a discutir se expresa contra una iniciativa del panista Francisco Sotomayor, quien en marzo pasado propuso reformar el Código Penal Federal para sancionar con 10 años de prisión actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas.
La iniciativa pretende cumplir como agravante del tipo penal que quienes lo cometan utilicen cualquier prenda para ocultar su identidad.
Sin embargo, el proyecto de dictamen considera que avalar dicha reforma seríaagravar un ilícito cuya penalidad fue reducida en diciembre por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para lograr la liberación de jóvenes estudiantes y ciudadanos detenidos en las protestas del primero de diciembre, en el contexto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

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