MÉXICO, D.F. (apro).- El sistema penitenciario mexicano está en crisis: El hacinamiento extremo en las prisiones, sumado al uso excesivo de la cárcel preventiva, lo han convertido en una verdadera “bomba de tiempo” que podría estallar en cualquier momento si no se atiende el problema, advierte la organización México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas.
En un amplio documento titulado La cárcel en México ¿Para qué? la organización hace un análisis exhaustivo de la situación actual de los 420 penales en México –donde hoy día conviven 242 mil prisioneros en espacios diseñados para 195 mil—, y plantea un reto para la administración de Enrique Peña Nieto: continuar con las políticas criminales y penitenciarias de los últimos años, o detenerse a recapitular sobre el uso que se le ha dado a la cárcel y sus consecuencias.
Durante la administración pasada, dice el estudio, el esfuerzo se centró en la ampliación de la capacidad instalada del sistema penitenciario federal. “Se construyeron más celdas para más internos, sin reparar nunca en una pregunta esencial: la cárcel, ¿para qué?, ¿para quién?”.
En las condiciones actuales, según la organización civil, las cárceles mexicanas son espacios propicios al contagio criminógeno, no sólo por el hacinamiento que registran, sino por la convivencia entre internos de distinta peligrosidad.
“Las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas”, sostiene.
Según el estudio, lo que parece explicar la política penitenciaria en México es “la justicia retributiva y desproporcionada”, la aprobación de sentencias cada vez más extensas sin dejar espacio a la posibilidad de reinserción.
“Desde el punto de vista de justicia retributiva, la función del castigo es que el delincuente reciba lo que se ‘merece’ (…) Es una racionalidad principalmente negativa: ‘el que la hace la paga’. De esta forma, los objetivos de prevención, rehabilitación o reinserción son irrelevantes”, sentencia el estudio.
Por breve que sea, añade, el paso por la prisión marca de por vida y en esa condición de estancia está más de la mitad de la población en reclusión, que purga penas menores a tres años por delitos no graves ni violentos, pero que “ameritaron la respuesta más contundente y dura del Estado mexicano”.
Y el discurso político no ha abonado mucho, advierte México Evalúa. Por el contrario, sostiene que ha contribuido al uso y percepción del uso de la cárcel como “medio de venganza y retribución social”.
“En el contexto de la guerra contra el narcotráfico, la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) hizo públicas las capturas de presuntos responsables mediante su presentación en vivo en los medios de comunicación, antes de que siquiera iniciara un juicio en su contra (…)
“Con pretexto de un supuesto discurso de seguridad que intentaba mostrar efectividad en la lucha contra el crimen, se vulneraron los derechos de los detenidos. Al mismo tiempo, con este tipo de exhibición pública se le planteó a la opinión pública un falso dilema entre justicia y seguridad”, afirma el diagnóstico.
El propio Calderón admitió, durante la supervisión al complejo penitenciario federal 3, que las cárceles “ni readaptan, ni rehabilitan”, aunque son una forma de resarcir, así sea en parte, a quien ha sufrido una vejación a través del delito.
“Para el entonces titular del Ejecutivo federal, claramente la cárcel era un instrumento de retribución”, sostiene el documento.
Y atiza:
“Usamos la cárcel intensiva e irracionalmente. En nuestros códigos, el 95% de los delitos tiene contemplada la prisión. En los hechos, no existen sanciones alternativas a la cárcel porque no existen los mecanismos ni la infraestructura para hacerlas operables.
“En nuestro ambiente de opinión tan agraviado por el crimen, insistimos en la cárcel como castigo ejemplar para todo tipo de delitos. Sin embargo, en el caso de delitos menores y no violentos, otros mecanismos de sanciones pudieran ser más efectivos y menos onerosos en términos sociales y económicos”.
En la actualidad, más de la mitad de las prisiones del país –220 de 420—se encuentran en condición de hacinamiento y operan a una capacidad de 124% con más de 242 mil prisioneros en espacios diseñados para 195 mil. Los estados con las cárceles más sobrepobladas son: Nayarit, que trabaja a una capacidad actual de 188%; el Distrito Federal, al 184%, y Jalisco al 176 %.
Incluso, tres prisiones de alta capacidad en la Ciudad de México superan su ocupación en más de 200%: el Reclusorio Preventivo Sur (274.17 %), el Reclusorio Preventivo Oriente (225.87 %) y el Reclusorio Preventivo Norte (217.65 %).
En la Cárcel Distrital de Tepeaca, Puebla, al sobrepoblación llega al 400% ya que en ella conviven 266 internos en un espacio diseñado para 46. Este tipo de hacinamiento, señala el documento, es contrario a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En todo el país, la sobrepoblación es alimentada por el alto porcentaje de prisioneros –58.8%– que cumple una condena de menos de tres años, lo que significa que “la capacidad de persecución criminal del Estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva”.
La gran mayoría –193 mil 194– de los prisioneros del país, están cumpliendo condena por delitos comunes, en lugar de delitos federales: 72 mil de ellos por robo.
En 2011, el 96.4% de las sentencias condenatorias establecieron la cárcel como pena y sólo en 3.6% de los casos se consideró el uso de sanciones alternativas como multas y reparación del daño.
A eso se suma, dice, que no hay una diferenciación significativa entre los delitos graves y los que no lo son. En estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, San Luis Potosí y Tamaulipas, la situación llega “al absurdo”: los códigos penales establecen penas similares para un sentenciado por robo sin violencia que para uno que comete homicidio doloso sin agravantes.
“Resultaría ‘preferible’ matar que robar una motocicleta y así pasar menos años en prisión”, ironiza el estudio.
En suma, señala, se abusa de la cárcel como pena y se dejan de lado las sanciones alternativas que serían más apropiadas y menos costosas a la larga.
El Estado, abunda, ha privilegiado el incremento de las penas y el número de conductas que son castigadas con la cárcel bajo el supuesto efecto disuasivo de la pena.
“Las autoridades (mexicanas) han tomado como un indicador de efectividad del sistema el número de arrestos, consignaciones y encarcelamientos”, sin embargo, señala el documento las detenciones no necesariamente significan mucho.
Las cuotas que deben cumplir los policías en México no diferencian entre el valor de sus objetivos, es decir, muchos policías persiguen a pequeños criminales en lugar de objetivos de alto perfil con el fin de alcanzar sus cuotas, lo que explica el elevado número de presos que cumplen condenas pequeñas.
Peor aún, estos delincuentes comunes, a su vez, pueden terminar conectándose fácilmente con las principales redes criminales durante su tiempo en la cárcel.
Eso sin contar que el costo diario por interno es de alrededor de 137 pesos, según cifras del 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese año, los estados destinaron ocho mil 658 millones de pesos para el mantenimiento de sus centros penitenciarios.
A escala nacional la reincidencia es de 15.5% y hay estados en donde es de más de 20%, “lo que indica que los centros penitenciarios no están siendo exitosos en su labor de reinserción”.
Abuso de la cárcel preventiva
De acuerdo con el documento, otro factor que abona al hacinamiento es el abuso de la prisión preventiva: hasta enero pasado, por ejemplo, 41.3% de los prisioneros en las cárceles no tenían sentencias condenatorias.
Si bien, el estudio señala que ese porcentaje se ha mantenido estable en los últimos años, las cifras se duplicaron desde mediados de los años noventa. México ocupa el octavo puesto en una lista que clasifica a 66 países según el número de prisioneros en comparación con las condenas. Hay 1.54 personas en prisión por cada sentencia dictada.
De 1994 a 2004 la cifra de presos sin condena se duplicó al pasar de 41 mil 400 a 81 mil 900, y desde entonces la tendencia ha sido al alza.
En enero de 2013 se alcanzó el nivel máximo de presos sin condena: 100 mil 304, lo que representa 41.3% del total de población penitenciaria. De éstos, 75 mil 413 pertenecen al fuero común y el resto al federal.
La proporción de presos sin condena, varía de una entidad a otra. Los casos de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur y Oaxaca “son inquietantes”, señala el estudio, pues el 60% de los internos del fuero federal o local, no han recibido sentencia.
En el caso de los acusados por delitos del fuero federal, son 24 las entidades que tienen un porcentaje de internos sin sentencia superior al 50% pero el caso más delicado es el de Tabasco donde el 94.5% de reos federales no han recibido sentencia. Le siguen Oaxaca, con el 85.2%, San Luis Potosí, con el 80%, Aguascalientes, con el 76.5% y Jalisco, con el 76.2%.
De los 242 mil 754 presos que hay en el país, 193 mil 194, equivalentes al 79.6% han sido procesados o sentenciados por delitos de competencia local, el resto, 49 mil 569, equivalentes al 20.4% corresponden al fuero federal.
El estudio señala que, en un contexto de creciente inseguridad y violencia, las políticas de mano dura se vuelven “atractivas y populares” y la cárcel surge como “la solución lógica y más inmediata”.
Sin embargo, advierte que la experiencia de muchos países latinoamericanos demuestra que estas políticas de línea dura a largo plazo, que dependen del encarcelamiento de más y más personas, pueden crear más problemas que soluciones.
Por si fuera poco, señala el documento, el hacinamiento extremo en las prisiones de México ha contribuido a convertirlas en “bombas de tiempo” bajo el control de ciertos prisioneros y no del Estado.
El carácter ingobernable de las prisiones, apunta, se refleja en los 269 enfrentamientos registrados entre 2010 y mayo de 2013, que derivaron en la muerte de 568 prisioneros.
Un informe de 2011, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) citado en el estudio señala que 60% de las prisiones del país están controladas por grupos criminales, y se cree que algunos de los episodios más violentos de los últimos años en las prisiones han sido causados por las acciones de los principales carteles de la droga.
Escenario a futuro
Pese al negro escenario, en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la administración del presidente Enrique Peña Nieto considera solamente una referencia a las cárceles como línea de acción: “Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva”, sin embargo –dice el estudio—aún no se han presentado ni implementado líneas de acción o políticas concretas al respecto.
México Evalúa sostienen que es urgente implementar reformas al sistema penitenciario que permitan modificar las tendencias de crecimiento actuales de la población carcelaria y así controlar también las consecuencias asociadas.
Entre otros puntos, propone replantear el sistema de sanciones y hacer un uso responsable de la prisión como medida extrema.
“Un primer paso es hacer una revisión profunda de nuestra legislación penal y eliminar la sanción carcelaria para algunos delitos no graves”, afirma.
De acuerdo con el estudio, la solución al hacinamiento, el incremento de la criminalidad en las cárceles y la reinserción efectiva de los sentenciados, es optar por multas económicas más severas y el servicio a favor de la comunidad por parte de los delincuentes menores.
Un sistema penitenciario reformado, señala el documento, debe tener: la eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos, el desarrollo normativo y organizacional de las sanciones no privativas de libertad; utilización prudente del recurso de prisión preventiva; mejoramiento e institucionalización de los programas y técnicas de reinserción.
También debe procurar el fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional y la profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia.
