Gustavo Garibay García, alcalde de Tanhuato, quien había denunciado que el atentado que sufrió en 2012 fue por negarse a pagar un moche, fue ejecutado ayer
Ciudad de México.- El alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, quien había denunciado que el atentado que sufrió en 2012 fue por negarse a pagar un moche, fue ejecutado ayer en ese Municipio de Michoacán.
El Edil fue acribillado en la mañana al salir de su casa en el Centro de esa localidad, ubicada en los límites con Jalisco, informó la Procuraduría estatal.
El 31 de octubre de 2012, el Presidente Municipal panista quedó herido tras un ataque. En esa ocasión, dijo a sus allegados que éste se debió a que se negó a pagar un moche.
Según fuentes cercanas al Alcalde, los agresores querían que inflara en 50 por ciento el costo de una obra.
Después del atentado, 20 policías federales fueron asignados como escolta del Alcalde, pero meses después se los retiraron y quedó con la vigilancia de tres agentes municipales.
El 21 de agosto de 2013, en una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió personalmente que se devolviera la protección que había tenido durante la Administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, dicho reclamo no fue atendido.
En un comunicado, el líder panista en Michoacán, Miguel Chávez, reprochó ayer que tanto las autoridades federales como las estatales se negaron a dar protección al Alcalde.
Chávez recordó que en febrero de 2013 fue asesinado a balazos el Secretario del Ayuntamiento de Tanhuato, Pedro Córdoba Aguirre, a quien pistoleros emboscaron en una carretera.
Osorio Chong; el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, y el Gobernador Fausto Vallejo condenaron el asesinato y afirmaron que ya se trabaja para esclarecer lo ocurrido.
El Alcalde era constructor, poseía una mina en Michoacán y vivió algún tiempo en Estados Unidos.
El Edil fue acribillado en la mañana al salir de su casa en el Centro de esa localidad, ubicada en los límites con Jalisco, informó la Procuraduría estatal.
El 31 de octubre de 2012, el Presidente Municipal panista quedó herido tras un ataque. En esa ocasión, dijo a sus allegados que éste se debió a que se negó a pagar un moche.
Según fuentes cercanas al Alcalde, los agresores querían que inflara en 50 por ciento el costo de una obra.
Después del atentado, 20 policías federales fueron asignados como escolta del Alcalde, pero meses después se los retiraron y quedó con la vigilancia de tres agentes municipales.
El 21 de agosto de 2013, en una reunión con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió personalmente que se devolviera la protección que había tenido durante la Administración de Felipe Calderón.
Sin embargo, dicho reclamo no fue atendido.
En un comunicado, el líder panista en Michoacán, Miguel Chávez, reprochó ayer que tanto las autoridades federales como las estatales se negaron a dar protección al Alcalde.
Chávez recordó que en febrero de 2013 fue asesinado a balazos el Secretario del Ayuntamiento de Tanhuato, Pedro Córdoba Aguirre, a quien pistoleros emboscaron en una carretera.
Osorio Chong; el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, y el Gobernador Fausto Vallejo condenaron el asesinato y afirmaron que ya se trabaja para esclarecer lo ocurrido.
El Alcalde era constructor, poseía una mina en Michoacán y vivió algún tiempo en Estados Unidos.
Gracias a lo que podría constituir una intervención indebida de la PGR, la naviera habría conseguido que Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su filial Exploración y Producción, le asignara un contrato transexenal por 1 mil 600 millones de dólares.
Sin descartar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Adolfo López Mateos por sus brutales represiones campesinas y obreras, parecía que el priísmo de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 había llevado el abuso del poder presidencial a su peor etapa de criminalidad. Empero, las alianzas y complicidades –a cambio de dinero– de Carlos Salinas y su mafia comandada por su hermano Raúl; y Ernesto Zedillo con sus genocidios en Acteal, El Charco y Aguas Blancas, unidos por el homicidio inducido de Luis Donaldo Colosio, más sus ramales con el narcotráfico, demostraron que ese priísmo –resucitado ahora con el peñismo vía las contrarreformas anticonstitucionales– sólo podía mantenerse asido a esa tradición autoritariamente sangrienta, depredadora y que llevó al poder presidencial, en las gubernaturas, en las presidencias municipales, no a políticos, sino a auténticos rateros que hicieron de esos poderes “el poder para matar”.
