MÉXICO, D.F. (apro).- Dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, firma de contratos, recuento de reuniones, comparecencias y hasta de notas periodísticas llevaba consigo el exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para defenderse de las imputaciones que se hacen en su contra en el informe final sobre el uso de los recursos federales en la Línea 12 del Metro aprobado ayer por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y que este martes se discutirá en el pleno.
En 10 puntos desglosados a lo largo de seis cuartillas, el exmandatario local pretendía desbaratar las conclusiones incriminatorias del informe final y, sobre todo, exhibir la “intencionalidad política” del PRI y de Los Pinos para frenar su posible postulación a la Cámara por alguna de las tres fuerzas políticas de la izquierda que le coquetean: PRD, MC y Morena
Ebrard no pudo ni siquiera exponer sus argumentos durante la sesión de la Comisión legislativa que terminó en gritos, empujones y golpes.
Por tal razón, anunció que acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para “demandar la garantía del debido proceso y denunciar el abuso del gobierno federal y su partido”.
El exmandatario capitalino, el exsecretario de Finanzas y actual senador, Mario Delgado, y el exdirector general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, aparecen como presuntos responsables del mal uso de los recursos federales invertidos en la construcción de la llamada Línea Dorada.
Por ello, la comisión investigadora pidió en su informe a las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercer las sanciones correspondientes a quienes “a su conveniencia, negligencia u omisión, perpetraron el fraude”.
El experredista Delgado Carrillo acusó al PRI y al PAN de manipular el caso y de hacerle “justicia por consigna”. Aclaró que no se escudará en su fuero como senador para enfrentar las acusaciones y que defenderá su actuación ante “la parte más difícil, que fue conseguir el financiamiento, reorganizar finanzas públicas de la ciudad para que esta obra fuera posible”.
La defensa
En el posicionamiento que quiso entregar ayer al presidente de la Comisión, el priista Marco Antonio Calzada Arroyo –cuya copia tiene Apro–, Marcelo Ebrard Casaubón acusa que el informe preliminar fue elaborado sólo por el grupo parlamentario del PRI y “no representa un ejercicio serio de revisión y determinación de posibles responsabilidades”.
De las ocho sesiones contempladas en el calendario aprobado, critica, el presidente de la Comisión Especial, Marco Antonio Calzada Arroyo, sólo convocó a tres. Tampoco, dice, se ha escuchado a todos los involucrados ni a él mismo.
Faltan “muchos elementos de información por analizar”, agrega y dice que sólo se tomó en cuenta la información del director del Metro, Joel Ortega, fuentes periodísticas, resultados preliminares y los estudios de Systra, contratada por el GDF y en conflicto de interés por participar en 20 proyectos del mundo con Alstom, parte del consorcio constructor de la Línea Dorada.
Los oficios de la ASF
En el segundo punto de su réplica, Ebrard afirma que de todos los “adjetivos e infundios” sobre la obra y supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos, éstos fueron aprobados y auditados por las instancias correspondientes, particularmente por la Auditoría Superior de la Federación, órgano autónomo de fiscalización y coadyuvante de la propia Cámara de Diputados.
Critica que el informe se basó en las observaciones de los informes de los órganos de control, pero no en sus conclusiones. Por ello, ofrece una síntesis de siete oficios de “solventación” del informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 09-A-09000-04-0554 que la ASF realizó al GDF en el 2009:
El oficio DGAIFF-K-1524/2011 se refiere a los trabajos de una obra inducida por 623 mil 160 pesos conforme a los alcances del contrato en las estaciones de Tláhuac-Tlaltenco. El DGAIFF-K-1525/2011 habla sobre la acreditación –con documentación técnica– de modificaciones en el trazo. El DGAIFF-K-1522/2011 es a propósito del incremento de los anticipos a causa de la reducción del presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el ejercicio 2008.
Sobre el DGAIFF-K-1539/2011 aclara las retenciones por el incumplimiento mensual del programa de obra autorizado en el ejercicio presupuestal de 2009. En el DGAIFF-K-1520/2011, la ASF admite que la contratista cumplió con el importe programado en el Convenio Modificatorio 1 del contrato”.
Del sexto oficio, el DGAIFF-K-1523/2011, afirma que el contratista hizo reparaciones por filtraciones en el tramo Atlalilco-Mexicaltzingo. El último oficio que presenta Ebrard, el DGAIFF-K-1521/2011 admite que la contratista cumplió con el programa de obra autorizado al cierre del ejercicio presupuestal 2009.
Luego de presentar esos documentos, Marcelo Ebrard aclara: “Las observaciones de la Auditoría fueron debidamente solventadas y sin embargo, en el informe se presentan como si estuvieran abiertas. Más evidencia de intencionalidad política sería difícil de encontrar.
“La Línea 12 fue abierta tras una rigurosa supervisión financiera de los órganos autónomos de control quienes no establecieron ninguna irregularidad sancionable” y recuerda que la Línea 12 es la obra “más auditada en los últimos años” y 90% de sus recursos fueron revisados.
Incluso, recuerda que el 10 de abril de 2013, la misma ASF emitió un oficio dirigido a Miguel Ángel Mancera “en el cual consta que no se desprende irregularidad alguna, por lo que las afirmaciones de uso indebido de funciones, peculado y abuso de autoridad carecen de todo fundamento”.
Tajante, Ebrard Casaubón acusa: “Es un engaño a la opinión pública. Quienes elaboraron el informe saben perfectamente bien que estas supuestas irregularidades no lo son y que la ASF las dio por solventadas. Entonces ¿por qué las incluyen? Porque el objetivo no es decir la verdad sino desprestigiar en los medios de comunicación al de la voz”.
Que sigan las investigaciones
En su argumentación, Ebrard Casaubón pone en duda la acusación del informe de la Comisión Especial en el sentido de que “no hubo planeación y coordinación”. En sus alegatos, refiere que se instalaron 24 mesas especializadas, se hicieron más de cinco mil reuniones en cuatro años entre integrantes del consorcio constructor, las empresas e instituciones supervisoras, CAF, el STC y el Proyecto Metro.
“Ahí se tomaron todas las decisiones. Todo está documentado y no se ha solicitado ni revisado esta información, por lo tanto el informe del presidente de la Comisión Especial llega a conclusiones falsas”, asegura.
Por ello, el exjefe de Gobierno subraya “la necesidad de continuar las investigaciones y citar a todas las instituciones involucradas”, incluidas las empresas supervisoras, la UNAM y el IPN.
Sobre el contrato de prestación de servicios de largo plazo en los trenes (PPS), Ebrard aclara a los diputados federales que no hubo recursos federales implicados, por lo que no tienen facultad para seguir ese asunto. Sin embargo, les aclara que el Consejo de Administración del STC Metro, autorizó el proyecto, mientras que el contrato fue aprobado por la Asamblea Legislativa del DF el 29 de diciembre de 2010 y fue auditado por la Contaduría Mayor de Hacienda de ésta en 2011 detectar ninguna irregularidad.
En otro punto de su defensa, el perredista asegura que la construcción de la Línea 12 “cumplió con las normas mexicanas e internacionales en la materia” y contó con la certificación final de cuatro empresas europeas: DB Internacional Gmbh, ILF Beratende Ingenieure A.G., Tuv Sud Rail Gmbh y Hamburg Consult GMBH, así como la supervisión de la UNAM, IPN, Integración de Procesos de Ingeniería S.A. de C.V., Lumbreras y Túneles S.A. de C.V., Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A. de C.V., Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería S.A. de C.V. y Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V.
Y, de paso, destaca: “Estas empresas de supervisión trabajan actualmente para el GDF. No hay procedimiento alguno contra la certificación y menos aún contra la supervisión”.
¿Y Joel Ortega?
Ebrard Casaubón alude a la parte del informe de la Comisión Especial donde asegura que “no son compatibles las vías y el tren”. Asegura que los diputados ignoran el estudio de la Universidad de Navarra de abril de 2014, en el que “se certifica la compatibilidad de los trenes y las vías de la Línea 12”.
No se han revisado, advierte, las actas de recepción de los trenes, las pruebas de cada uno, bajo protocolos establecidos y “con la conformidad” de las autoridades del Metro.
“Las actas comprueban que los trenes 24 al 30 fueron recibidos a satisfacción por la presente administración del GDF. Si hubiera incompatibilidad entre el tren y la vía no podría continuar en operación una sola de las estaciones de la Línea 12”, afirma.
Como “otra falsedad del informe”, menciona que el STC propuso rodado neumático. Entonces dice que los legisladores no conocen el Dictamen Técnico para Trenes de Rodadura Férrea en Línea 12 del Metro del 1 de septiembre de 2007, en el que el STC Metro “dictaminó que las tecnologías de trenes con ruedas de acero, eran técnicamente solventes y con altos niveles de seguridad y operatividad para la Línea 12”.
Luego, recuerda la comparecencia del exdirector del Metro, Francisco Bojórquez, el 24 de marzo de 2014, ante la Comisión de Investigación de la ALDF.
Con ese preámbulo, Marcelo Ebrard se va con todo contra el exsecretario de Seguridad Pública del DF y su excolaborador cercano:
“No hay ninguna explicación de por qué el actual director del STC Metro, Joel Ortega, recibió la Línea 12 a entera satisfacción en julio de 2013, señalándola operable y segura; luego en octubre de 2013 afirmó en la ALDF que ‘la ruta de lo que la gente quiere, por los sondeos que nosotros hemos hecho, está en la Línea 12…entonces, yo creo que la ruta está muy clara…una línea que tiene alta fiabilidad es la Línea 12 porque sus trenes están nuevos’; mientras que a partir de marzo de 2014 y hasta la fecha dice que la Línea 12 tiene fallas graves de origen.
“Si Joel Ortega evaluó durante siete meses la Línea y la recibió de conformidad, quiere decir que el deterioro es posterior a la entrega-recepción, y esto ni siquiera se trata en el informe. Después de la entrega definitiva, el director del STC Metro operó la Línea 12 por ocho meses más, hasta el cierre de marzo, es decir la Línea 12 estuvo en servicio al cien por ciento durante 15 meses bajo su responsabilidad sin que se hicieran los trabajos preventivos y correctivos que ahora se van a iniciar. ¿Por qué? Simplemente no está siquiera una pregunta tan básica en el cuerpo del informe”.
En su argumentación, agrega que no existe explicación de por qué no se presentaron al Comité de Incidentes Relevantes del Metro los problemas de desgaste ondulatorio de las vías ni las razones por las que la rehabilitación inició en 2015 y no en 2013. También cuestiona por qué se presentó el estudio de compatibilidad tren-vías hasta enero de 2015 “si la Línea se recibió en julio de 2013, ¿no era un estudio elemental para recibir la Línea?”.
Para “apoyar” a los diputados federales, Ebrard anexa copia del Documento de Entrega Recepción Definitiva del 8 julio 2013 de la Línea 12, del video de comparecencia de Joel Ortega el 16 de octubre de 2013 ante la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la ALDF, del Dictamen Técnico de ILF del 14 de noviembre de 2013 que recomienda al Metro dar mantenimiento a la línea y de la Propuesta Técnica y Económica para el Mantenimiento que hizo el consorcio constructor “y que no fue tomada en cuenta por el STC Metro”.
Al final de su argumentación, Ebrard asegura que la Comisión Especial de diputados federales no tiene los programas de mantenimiento y rehabilitación anunciados, recientemente, por el GDF, “por lo tanto, tampoco puede sustentar muchas de las afirmaciones del informe”.
Y menciona una: “si los trenes no son compatibles y por tanto deberán ser sustituidos como se sostiene en el documento, ¿podría el PRI explicar cómo entonces va a estar funcionando en noviembre la Línea con 30 trenes nuevos? Una de las dos afirmaciones es falsa, o no se van a cambiar los trenes o no va a estar lista en noviembre”, como lo ofreció el actual mandatario, Miguel Ángel Mancera.
“¿Fraude? El del PRI”
Con toda esta argumentación, Ebrard vuelve la estocada a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados:
“Es evidente que el presidente de la Comisión Especial (Marco Antonio Calzada Arroyo) está actuando por consigna, con una instrucción política dictada desde la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación como se indica en numerosas versiones periodísticas”.
Agrega: “no estoy sujeto a ningún procedimiento de órgano local o federal respecto a Línea 12, incluyendo la Procuraduría General de la República ante la cual se han promovido diversas denuncias desde hace un año respecto a esa obra. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no han encontrado ningún elemento que configure falta o irregularidad imputable a mi persona, ni la encontrarán porque siempre actué apegado a la legalidad y al interés público”.
Para él, “elaborar un informe por parte del presidente de la Comisión y su partido, y hacerlo como un informe final de toda la Comisión, eso si es un fraude. Estamos ante el regreso de las viejas prácticas del PRI que no deben admitirse”.
Y termina con la advertencia de que acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para demandar la garantía del debido proceso y denunciar “el abuso del gobierno federal y su partido”.
Defensa en radio
Luego del escándalo de ayer en la Cámara, Ebrard ofreció varias entrevistas radiofónicas. En Radio Fórmula acusó: “Me van a imponer una pena infamante… que tú sin ser sentenciado conforme al debido proceso y defenderte conforme a ese debido proceso, seas culpado, en este caso por la mayoría de la Cámara de Diputados, por la mayoría de las fallas de la línea 12”.
Las acusaciones, advirtió, son por “una instrucción superior, o sea esto viene de Los Pinos”, por una supuesta versión que lo vinculó con la investigación periodística sobre la llamada “Casa Blanca” del presidente Peña Nieto.
En el espacio de MVS Radio, dijo que el informe es “una imputación política” en su contra con fines propagandísticos.
“No quisieron modificar la orden del día para escuchar los documentos que llevaba yo, que ponen en tela de juicio el documento que pretenden aprobar mañana”, acusó.
Por último, adelantó que mañana irá al Congreso de la Unión “y aunque sé que no me dejarán hablar, me voy a defender, éste ya es un tema de atropello”.
“No pediré fuero”: Delgado
Este lunes, el exsecretario de Finanzas del DF, Mario Delgado –quien ayer acompañó a Ebrard a la Cámara de Diputados, donde se armó el escándalo– también salió en su defensa por las conclusiones de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados y acusó ser víctima de una manipulación del caso con fines políticos.
Seguramente, dijo en entrevista con la prensa, habrá una consigna política pública “de que somos responsables, sin tener la posibilidad de hablar”.
De acuerdo con su explicación, él fue “responsable de haber conseguido el financiamiento necesario para que esta obra (la Línea 12) fuera posible, pero basta leer la Ley Orgánica de la Administración Pública. A la Secretaría de Finanzas no le corresponde ni comprar vacunas, ni tapar baches, ni comprar trenes, eso le toca a cada una de las dependencias y en este caso fue el Metro”.
El actual senador agregó que no se escudará en su fuero para enfrentar las acusaciones: “Yo no me voy a resguardar en el fuero para tomar las responsabilidades que a mí me tocan. Yo voy a defender siempre mi actuación que me corresponde en la Línea 12, que fue la parte más difícil, que fue conseguir el financiamiento, reorganizar finanzas públicas de la ciudad para que esta obra fuera posible”.
Luego, acusó a los diputados del PRI y del PAN de inculparlo sin “ningún argumento sólido” y con un dictamen mal hecho. “Pretenden que yo sea responsable de haber adquirido trenes de rodaduras férreas y no trenes de rodaduras neumáticas, cuando eso no es una decisión financiera, es una decisión de tipo técnico que solo puede hacer el Metro”, explicó.
Como Ebrard, recordó las auditorías que fueron solventadas “al 100%” y que “se pretende engañar al referir que siguen abiertas”.
Delgado Carrillo dijo:
“Es una manipulación política para presentarnos a Marcelo y a un servidor como culpables de que esa línea no funcione…es 100% electoral, busca hacer daño políticamente y distraer la atención de un gobierno que tiene menos credibilidad precisamente por la manipulación que quieren hacer de la justicia. Es un retroceso autoritario por parte del PRI, el uso de las autoridades de procuración de justicia con fines políticos”.
