En junio de 2009, el entonces dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega Martínez, llamó “traidor” al ex candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador –entonces militante de esa fuerza política– porque el tabasqueño pidió votar por el candidato del Partido del Trabajo (PT), Rafael Acosta Ángeles, quien se postulaba para Delegado de Iztapalapa. AMLO quería que Clara Brugada Molina llegara, y llegó.
El coordinador de Nueva Izquierda (NI) en esa época, Miguel Barbosa Huerta, habló incluso de la posibilidad de abrir un proceso al interior del partido para sancionar a Obrador, por considerar una falta a los principios estatutarios la sugerencia pública que hizo a sus seguidores. No fue sólo Barbosa, varios líderes de las distintas corrientes internas estuvieron en jaque y discutieron la viabilidad de una sanción en contra de Andrés Manuel.
Cinco años después, otro tabasqueño, Arturo Núñez Jiménez, Gobernador de Tabasco, hizo lo que ningún otro durante la última recta de la discusión de la Reforma Energética: llamó a votar a favor de las leyes secundarias a los diputados y senadores de su entidad, con lo que contravino la decisión de la dirigencia encabezada por Jesús Zambrano Grijalva, y de los líderes de bancada en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, y en el Senado de la República, Miguel Barbosa, de que todos votarían en contra como una forma de oponerse claramente al proyecto que respaldaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Núñez lo logró. Con el argumento de que gracias a la Reforma Energética llegarán al estado de Tabasco mil millones de pesos adicionales anuales, seis legisladores votaron a favor de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Fueron en contra de las bancadas perredistas y contribuyeron a la “aplanadora” de los panistas y priistas en el Congreso de la Unión.
Pero a diferencia de lo que sucedió cinco años atrás, en el caso de Núñez sólo hubo silencio por parte de la dirigencia del PRD durante toda la semana que siguió a la votación.
“Es algo singular lo que sucede en el perredismo, porque según sus estatutos cuando un militante actúa en contra del partido, o lo que dicta el partido, se le puede hasta expulsar. Cuando un Gobernador secunda posiciones contrarias a las que asume el partido, se le puede llamar a cuentas, pero en este caso, no lo hacen”, dijo Héctor Quintanar, especialista de la Facultad Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según el capítulo II del Título Décimo Segundo del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática (reformado en el XIV Congreso Nacional celebrado en Oaxtepec, Morelos, en noviembre de 2013), un militante puede ser sancionado si comete algunas faltas entre ellas: incumplir las disposiciones emanadas del estatuto, reglamentos y acuerdos tomados por los órganos del partido; por atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de dirección del partido y por ingresar a otro partido político o ser postulado como candidato por otra fuerza política, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en el estatuto.
De cometerse alguna falta, como en caso de Núñez –dice Quintanar–, el PRD podría suspenderle incluso sus derechos partidarios, cancelarle la membresía, inhabilitarlo para participar en los órganos de dirección y representación del partido o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular, suspenderle el derecho a votar y ser votado, entre otras amonestaciones que se detallan en el estatuto de la fuerza política.
Sin embargo, para Arturo Núñez a diferencia de López Obrador, no hubo ninguna queja por parte de los líderes de las distintas corrientes internas o “tribus” y cuando llegó el momento de contestar, Zambrano Grijalva afirmó que lo “entendía”.
“De ninguna manera puedo celebrar que eso se haya dado, pero entiendo las razones del Gobernador por las que hizo este llamado, que fue secundado por cinco diputados y un Senador. Entiendo las razones. Punto”, dijo Zambrano.
Para Quintanar la actitud del presidente nacional y de los liderazgos del PRD hablan de una “doble moral”.
“Cuando López Obrador llamó a votar por el PT, el PRD quería sancionarlo, ¿cómo hay esa doble moral? Por qué cuando un Gobernador secunda posiciones contrarias en algo como la Reforma Energética, dicen que lo entienden. Es un juego esquizofrénico que ni ellos comprenden”, dijo.
Cinco años después de aquel intento de sanción en contra del militante López Obrador, no sólo Núñez le dio la espalda al Sol Azteca, también lo hizo el resto de los gobernadores de izquierda, quienes sin excepción, violentaron en el tema de la Reforma Energética la decisión del partido que los postuló. Ninguno se reveló. Todos fueron consecuentes, respaldaron y acompañaron al Presiente de la República Enrique Peña Nieto en la promulgación de las leyes secundarias de una reforma, que según el dirigente perredista Zambrano Grijalva, se trata de un despojo para todos los mexicanos. Sin embargo
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