Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 30 de abril (apro).- ¿Dónde están los operadores de Felipe Calderón, del encargado del Ejecutivo federal?, es la pregunta. La verdad, es que parece no tenerlos, por lo menos eso se demostró cuando fracasó la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.
Desde que inició su sexenio, Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al narcotráfico y, tres años después, ahí lo mantiene; intensificó los operativos y dio golpes mediáticos con la detención de grandes capos, pero con un costo muy alto: más 22 mil muertos, según la cifra oficial. Sin embargo, las calles sigues circulando las drogas y se ha intensificado la violencia.
En abril de 2009 Calderón envió al Congreso la iniciativa de reforma para darle un marco jurídico al trabajo de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado, o mejor dicho, brindarles impunidad para hacer un trabajo que corresponde a otras instancias y seguir justificando los “daños colaterales”, como le gusta llamar a las muertes de inocentes.
Es cierto que la presencia del Ejército en las calles es un reclamo de la sociedad, pero no para que se justifiquen atropellos de la milicia, sino como medida última para acabar con la preocupación de los ciudadanos que sus hijos no regresen a sus casas y sean alcanzados por balas pedidas o que mueran en fuego cruzado, como ha ocurrido en las últimas semanas en diversas partes del país.
Sin embargo, el encargado del Ejecutivo federal, porque no se le puede llamar presidente de la República a quien llegó en forma tan dudosa a esa posición, erró la vía política para lograr la aprobación de la reforma.
Las fuerzas armadas que le abrieron la puerta de atrás del Congreso de la Unión a Felipe Calderón Hinojosa para que aquel 1 de diciembre de 2006, rindiera protesta como titular del Ejecutivo federal, le exigieron seguridad jurídica en las acciones de combate contra el crimen organizado que han venido realizado en los últimos tres años. Los salvadores, es decir, las fuerzas armadas, a quienes el Ejecutivo federal les debe en gran parte estar en la silla presidencial, quieren seguridad jurídica, pero Calderón no les ha podido cumplir.
Calderón envió al Senado su iniciativa de reforma --quizá por los acuerdos que ya tenía con el líder de los priistas, Manlio Fabio Beltrones, para sacar adelante la ley--, pero cometió un grave error:
Primero: el Senado nunca trabajó en conferencia, es decir, en acuerdo con la Cámara de Diputados, por lo tanto, tampoco con los diputados priistas para sacar adelante la reforma.
Segundo: los votos reales que aseguraban el transito de las reformas estaban entre los legisladores de la Cámara baja.
Efectivamente, el pasado 27 de abril salió del Senado la iniciativa con tan sólo dos votos en contra: los de Rosario Ibarra de Piedra y de Ricardo Monreal. Sin embargo, el problema es que la reforma fue aprobada con innumerables cambios que a las fuerzas armadas no gustaron; pretendían que la ley fuera aprobada según la había enviado el Ejecutivo federal.
Piensa ahora el Ejército que los senadores, en su negociación entre los diferentes partidos políticos, les quietaron los “dientes” que ellos habían presentando con la iniciativa calderonista, que más bien pareció haberla elaborado el propio Ejército.
Al llegar a la Cámara de Diputados la minuta se “atoró” porque el Ejército, molesto, pidió el apoyo de los priistas para que la frenaran y le hicieran nuevas modificaciones. Es decir, regresar la iniciativa a los términos en que fue presentada la propuesta.
El error político de Calderón consistió en haberla enviado al Senado y no a la Cámara, digo lo anterior porque entre los diputados, ---237 del PRI— hay más priistas que tienen un gran respeto por las fuerzas armadas; era mucho más factible que saliera adelante.
La operación política le falló a Calderón, pues no sólo equivocó la vía, sino que a pesar de saber del descontento del Ejército por los cambios, todavía ordenó a su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que empujara entre los diputados para que saliera adelante la minuta.
Todavía el 28 de abril --día en que llegó la minuta a la Cámara de Diputados-- y el mismo 29, último día en que sesionaron los legisladores, Gómez Mont seguía presionando para que incluyeran la minuta en el orden del día y fuera aprobada.
Una minuta que rechazan los militares, una minuta que no tiene el consenso de todos los partidos pero que, si hubiera llegado primero a la Cámara y no al Senado, con los 237 votos del PRI más los 143 del PAN, hubiera salido adelante sin ningún problema, incluso, como lo pedía el Ejército.
A pesar de tener todo el rechazo de las fuerzas militares, Calderón insistió y ordenó a Gómez Mont operar hasta el último momento.
“¡Pero qué le pasa al presidente!”, es el comentario que en los pasillos de la Cámara de Diputados se escuchó los días 28 y 29 de abril. “¡Ya se equivocó enviando al Senado la minuta y ahora que el Ejército está molesto por la forma en que quedó, todavía insiste en que se apruebe!”, decían los legisladores priistas.
El PAN en la Cámara de Diputados solo no puede hacer absolutamente nada, no sólo porque la coordinadora de los panistas, Josefina Vázquez Mota, nunca ha servido como operadora, sino también porque en estos momentos el tema ya se empalmó con los procesos electorales.
Hay que recordar que el 4 de julio habrá elecciones para elegir gobernador en 10 estados, los cuales, muy seguramente ganará el PRI --aunque Sinaloa aún mantiene preocupados a los priistas--, así es que en los meses de mayo y junio, los partidos estarán más preocupados por la operación política en cada una de esas entidades que lo que pueda ocurrir en el Congreso de la Unión.
Es cierto que se puede convocar a un periodo extraordinario para aprobar la Ley de Seguridad Nacional, pero los principales operadores del PRI estarán en los procesos locales y no tendrán tiempo para negociar los cambios que el Ejército quiere que se hagan a la minuta aprobada en el Senado. El PAN, tendrá que hacer lo propio, sobre todo, ahora que, como lo indican los sondeos de opinión, está a punto de perder todas las elecciones.
Calderón ya fracasó con cumplirle al Ejército sus exigencias; y como parte de sus errores políticos envió su iniciativa de cambios al fuero militar de nueva cuenta al Senado.
Pareciera que los operadores del calderonismo no saben hacer cuentas y desconocen la gran cercanía que hay entre los priistas y el Ejército. Pero parece que también ignora que al interior del priismo hay una lucha por la candidatura presidencial, una lucha que se enmarca en las cámaras.
Por ejemplo, dos de los principales competidores por la candidatura, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, mueven sus piezas y empujan acuerdos para sacar adelante sus aspiraciones.
En el Senado manda Beltrones pero en la Cámara, que por el momento es la importante, manda Peña Nieto.
Calderón escuchó a Beltrones y ahora la posibilidad de brindarles seguridad jurídica a los militares está en manos de Peña Nieto, está en la Cámara de Diputados.
Los errores de Calderón no hacen sino regresar el poder de decisión al PRI, que puede vender caro su amor a los militares y lo hará en función de la candidatura presidencial.
Quien obtenga lo que los militares quieren, es decir, Beltrones o Peña Nieto, tendrá también a un fuerte sector de su lado, lo cual lo hará un candidato más viable para la Presidencia de la República por el PRI.
Parece que todo esto no lo calcularon los operadores de Calderón o más bien, esto es una muestra de que Felipe Calderón no tiene ni ha tenido verdaderos operadores políticos, de ahí que halla decidido iniciar una “guerra” en contra del narcotráfico y haya provocado la ira de las fuerzas armadas, un bastión con el que el presidente de la República debe saber negociar siempre y tenerlo de su lado, en todo momento.
Ahora, con este descalabro legislativo, la pregunta es si los militares seguirán confiando en Calderón y seguirán dando la cara por él en la lucha contra el narcotráfico; esa confianza implica seguir cargando con los muertos, el descredito y el repudió generalizado de la ciudadanía por los errores que ha cometido en la lucha contra el narcotráfico y que han dado como resultado la muerte de civiles inocentes.
Y es que como están las cosas y los tiempos electorales, será difícil que una ley de seguridad, a modo de los militares, salga durante mayo o junio; pasados los procesos electores --y más si se presentan conflictos poselectorales--, será muy complicado que se convoque a un periodo extraordinario para el mes de agosto.
Siendo así, lo más probable es que la minuta del senado se discuta al inicio del siguiente periodo ordinario que arrancará en septiembre, aunque el otro problema es que se empantanaría con la discusión del paquete económico para el 2011 que, por ley, debe estar en la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre.
Siendo así los tiempos, se antoja complicado que la ley pueda salir, y si esto llega a ocurrir será por la operación política del PRI, el cual, de nueva cuenta, podrá condicionar al gobierno de Felipe Calderón, quien desde su llegada no ha podido rebasar a su principal opositor, el PRI.
mjcervantes@proceso.com.mx
