miércoles, 12 de agosto de 2015

El INE perdona al Verde: las violaciones a la ley no fueron “de gravedad extrema”, dice


En la sesión de este miércoles. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.
En la sesión de este miércoles. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo.

Ciudad de México, 12 de agosto (Sin Embargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la sanción más drástica de la legislación electoral como lo es la cancelación del registro como partido político, por considerar que no violó la ley de forma grave y sistemática, a pesar de todas las pruebas y argumentos presentados.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, la mayoría de los consejeros electorales resolvieron no avalar la solicitud ciudadana que exigía una sanción ejemplar para el Partido Verde por las reiteradas y sistemáticas violaciones a la legislación electoral.
“Las conductas antijurídicas cometidas por el Partido Verde Ecologista de México no tienen como consecuencia la pérdida de su registro, en términos de lo dispuesto en el artículo 94, inciso e de la Ley General de Partido Políticos ya que si bien están considerando que son sistemáticas no revisten una gravedad extrema que conduzca a su desaparición”, sostuvo la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña, quien votó en contra del proyecto, sintetizó en una frase los alcances de la resolución la sesión del Consejo General, que según destacados ciudadanos avala la impunidad.
“Hoy un partido político permanecerá, una institución perderá, la consolidación de la democracia retrocederá, y los ciudadanos nos juzgarán”, afirmó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.


Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde ante el INE. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde ante el INE.
 Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 12 de agosto (Sin Embargo).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de la sanción más drástica de la legislación electoral como lo es la cancelación del registro como partido político, por considerar que no violó la ley de forma grave y sistemática, a pesar de todas las pruebas y argumentos presentados.
Con siete votos a favor y cuatro en contra, la mayoría de los consejeros electorales resolvieron no avalar la solicitud ciudadana que exigía una sanción ejemplar para el Partido Verde por las reiteradas y sistemáticas violaciones a la legislación electoral.
“Las conductas antijurídicas cometidas por el Partido Verde Ecologista de México no tienen como consecuencia la pérdida de su registro, en términos de lo dispuesto en el artículo 94, inciso e de la Ley General de Partido Políticos ya que si bien están considerando que son sistemáticas no revisten una gravedad extrema que conduzca a su desaparición”, sostuvo la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
El consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña, quien votó en contra del proyecto, sintetizó en una frase los alcances de la resolución la sesión del Consejo General, que según destacados ciudadanos avala la impunidad.
“Hoy un partido político permanecerá, una institución perderá, la consolidación de la democracia retrocederá, y los ciudadanos nos juzgarán”, afirmó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
Este día, el Consejo General del INE debatió el proyecto que determina que no hay elementos suficientes para la cancelación o pérdida de registro del PVEM, a pesar de que el mismo sostiene que en un periodo corto, este partido político transgredió gravemente diversas disposiciones.
Durante la discusión, los consejeros a favor de la sanción al Verde argumentaron que el tema central de la discusión es si la autoridad electoral va a tolerar una estrategia de violación de normas como una vía para obtener beneficios electorales.
Quienes se pronuncian por no castigar al Verde señalaron que si bien existen diversas violaciones a la legislación, esos agravios ya fueron analizados y resueltos en contra de este partido político, con lo cual ya han sido subsanados.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano electoral, reconoció que el partido del tucán violó la Ley gravemente, pero no puso en riesgo la elección y sus conductas ilegales ya fueron sancionadas.
“El Partido Verde Ecologista de México violó la ley y por eso fue sancionado, lo hizo de manera grave y por eso fue sancionado gravemente, pero el conjunto de ilícitos en los que incurrió a lo largo de estos meses no pudo en riesgo no al sistema democrático, ni al Estado constitucional”, dijo.
Córdova rechazó que al mantener el registro al Verde se avale la impunidad. “Es una falacia hablar como algunos lo hacen de impunidad, que literalmente significa falta de castigo para dichas conductas”, indicó.
“La pérdida del registro es la sanción más grave que puede imponerse a un partido político, es una sanción radical en suma y en los hechos trascendente pues sus efectos no se circunscriben al partido o a su dirigencia, sino que alcanzan a sus militantes o simpatizantes”.
Algunos de los ilícitos mencionados en el propio dictamen son los relativos a la violación al modelo de comunicación política, el dictado de medidas cautelares, la prohibición de entrega de dádivas, la portación de entes prohibidos, menoscabó el principio de equidad, entre otras conductas.
El cúmulo de incumplimientos no estuvo a debate en la sesión del Consejo General. Durante sus exposiciones, los propios consejeros y los representantes de los partidos políticos señalaron que es más que evidente la gravedad de las contravenciones a las normas electorales.
“Sostengo que hay elementos y está acreditado, que el Partido Verde incumplió obligaciones que señalan las normas electorales de forma grave y sistemática, por lo cual esta autoridad debiera determinar la pérdida de su registro”, afirmó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.
Es por ello que los consejeros Pamela San Martín, Arturo Sánchez y Javier Santiago cuestionaron ¿Qué se necesita para castigar a un partido político con la máxima sanción? o ¿cómo evitar que un partido político se beneficie tras hacer una evaluación de costo beneficio, y decida pagar con dinero las violaciones a la ley?

El “vulgar” multihomicidio .- JOSÉ GIL OLMOS

Piden justicia para las víctimas del multihomicidio en la Narvarte. Foto: Miguel Dimayuga

Para Rubén, Nadia, Yesenia, Mile y Olivia. In memoriam
MÉXICO, D.F. (apro).- Un columnista describió en días pasados como vulgar el asesinato de un fotógrafo, una activista social, dos estilistas y una trabajadora. Se refería así a la ejecución de Rubén Espinoza, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete en un departamento de la colonia Narvarte.
Usando ese tono el columnista intentaba deslindar de cualquier responsabilidad al gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Pero ningún asesinato –y menos de inocentes–, puede considerarse vulgar. No existe ningún argumento que lo justifique. Calificar de vulgar la pérdida de vidas inocentes de manera violenta no sólo justifica ese ultraje, sino que lo aprueba y está de acuerdo con la brutalidad del asesino.
Javier Duarte, a su vez, quiso resbalar su responsabilidad en el multihomicidio a pesar de que tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera, acusaron a su gobierno de su exilio. Esta última, en una entrevista, dijo que si algo le pasaba sería culpa del gobernador de Veracruz.
Fiel a su irresponsabilidad Duarte se defendió bajo este argumento: “Este es un tema que corresponde a las autoridades del Distrito de Federal, no a las autoridades de Veracruz”.
Varios columnistas que se han destacado por hacer el trabajo sucio de tratar de desmentir investigaciones periodísticas como la corrupción de Enrique Peña Nieto en el caso de la “casita blanca” de su esposa Angélica Rivero o por defender a personajes cuestionados como Cuauhtémoc Gutiérrez, ahora se han dedicado a defender y tratar de deslindar a Duarte en su responsabilidad directa o indirecta en el multihomocidio.
“Duarte no está implicado” dicen estos columnistas a los que les causa escozor que otros reporteros que hacen trabajo de campo y saben de los riesgos de hacer coberturas en zonas de conflicto, critiquen las investigaciones de las autoridades y que lancen críticas directas a los gobernantes para que respondan por sus omisiones o actuaciones irresponsables como es no garantizar seguridad a la ciudadanía y a los trabajadores de los medios.
Olvidan que nada es casual sino causal y que en el caso de Veracruz el gobernador Duarte ha creado un estado de violencia e indefensión para la ciudadanía en general y en especial para los reporteros que no reciben su dinero y que son críticos.
Hay registro de más de 200 agresiones a medios de comunicación y sus reporteros en Veracruz y la muerte de 13 periodistas de los cuales las investigaciones no han satisfecho a nadie, salvo al propio gobernador Duarte.
El gobernador de Veracruz dio su declaración ante agentes ministeriales del gobierno del Distrito Federal que viajaron exprofeso a las oficinas de Duarte. Es el primer mandatario estatal en rendir declaración sobre un asesinato.
Como era de esperar se deslindó de la muerte de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, que tuvieron que salir de Veracruz por las amenazas de muerte recibidas por parte de agentes de su gobierno vestidos de civil. Evadió de esa manera su responsabilidad que como gobernante tiene de brindar seguridad a todos y cada uno de sus gobernados que le han pagado su salario. Evadió así su responsabilidad de haber hecho de Veracruz el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el país e incluso del mundo.
Twitter: @GilOlmos

Peña y periodistas: Desdén criminal .- ÁLVARO DELGADO

Exigen justicia para Rubén Espinosa en Morelia. Foto: Enrique Castro

MÉXICO, D.F. (apro).- A los periodistas corruptos el poder los embrutece con dinero y solapa sus excesos. A los independientes, les arrebata espacios, los hostiga y los mata.
Como en ningún país del planeta catalogado de democrático, en México esta fórmula, avalada desde la cúspide del poder, tiene acreditada su plena vigencia.
Por eso cuando el presidente de México y jefe del Estado, Enrique Peña Nieto, desdeña el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de cuatro mujeres, un crimen que ha conmocionado al mundo, se puede tener una única certeza: La matanza de periodistas continuará.
Este desdén de Peña y de todo su gobierno –una indiferencia convertida en complicidad– no es sólo un aval, sino puede configurar una orden: “Maten a periodistas incómodos, serán impunes”.
Eso es exactamente lo que pasa con el gobernador Javier Duarte, a quien hasta sus amanuenses lo saben un sátrapa. Si en Veracruz se han acumulado 14 asesinatos de periodistas en cinco años, entre ellos el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, no es porque ese estado sea libre y soberano, sino porque su superior en la jerarquía constitucional, el jefe de Estado, lo tolera y por tanto lo avala.
No es una conducta fortuita del poder, sino una estrategia de neutralización: Si los periodistas saben que pueden ser asesinados, ellos o sus familias, sobreviene la autocensura y dejan de investigar y de difundir asuntos que la sociedad tiene derecho a saber y que a menudo afectan al poder.
Por eso la relevancia del asesinato de un periodista no es porque la vida de éste vale más que la de otra persona, afectada también por la violencia, sino porque su comisión –y su debido esclarecimiento– es clave para romper el círculo de impunidad en una sociedad.
Si los periodistas –y los medios– viven sometidos al terror y a la incertidumbre, no cumplirán con su trabajo de informar sobre la violencia, la corrupción, la impunidad, la violación de derechos humanos y de todo tipo de abusos de poder.
Y si no hay información, la sociedad no toma conciencia ni se indigna y no se moviliza para reclamar, con lo cual se fortalece el círculo de impunidad que está plenamente vigente en México, aunque no desde que Peña y el PRI están de regreso en la Presidencia de la República.
La violencia contra los periodistas en México ha llegado a niveles bestiales que la alternancia en el poder presidencial, en vez de disminuir, ha estimulado: En los gobiernos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón sumaron 70 periodistas asesinados.
Sólo en el sexenio de Calderón (2016-2012) fueron asesinados 54 periodistas, a razón de nueve por año, un sexenio en el que se llegó a identificar como “enemigos del Estado” a defensores de periodistas y de derechos humanos.
Con Peña la situación ha empeorado: Ya van entre 11 y 21 periodistas asesinados, una variación que depende de la organización que lleve el cómputo, pero Artículo 19 afirma que, desde el 1 de diciembre de 2012, casi cada 24 horas hay un periodista agredido en México.
Según un informe dado a conocer en marzo de este año, los ataques a periodistas han aumentado 80% en comparación con el sexenio de Calderón, cuando un comunicador era agredido cada 48.1 horas.
A principios de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que, en los más recientes 15 años, 103 periodistas fueron asesinados y 25 más están desaparecidos, y son Veracruz y Chihuahua donde más han ocurrido estos crímenes.
Se trata de un fenómeno desdeñado por los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno, una sordera institucional que comienza desde el jefe de Estado, en este caso Peña Nieto, y que replican hasta la base de la pirámide.
Y si hay un desdén de Peña, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la procuradora Arely Gómez, los principales funcionarios civiles responsables de garantizar la vigencia del Estado de derecho, entonces el futuro es negro.
Es el idéntico comportamiento que Peña ha asumido ante la corrupción de altos funcionarios de su gobierno y de él mismo: La indiferencia como aval para el saqueo.
Y es la misma conducta ante la violencia y la inseguridad que atormentan a los mexicanos en todas las regiones del país: La pachorra cómplice de los criminales o la cínica connivencia como en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Malas noticias no sólo para los periodistas, sino para todo México…
Apuntes
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, tan proclive a Peña, copia también a Duarte en el caso del compañero Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres: La Procuraduría de Justicia ha actuado de manera desaseada y manipulada, y su más reciente filtración, al diario Reforma, establece que los homicidas son un violador, un viene-viene y un malabarista callejero. Según el gobierno de Veracruz, a Regina Martínez la mató un drogadicto seropositivo analfabeto. Que les crean sus amanuenses…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

Ricardo Anaya, priista azul

“Sufran perros”, dice secretario del PRI en Matamoros a mexicanos


"Pero querían venir a Estados Unidossufran perros!!! xD", publicó Armando S. Torres Galindo en su cuenta de la red social. Foto: Facebook
“Pero querían venir a Estados Unidos… sufran perros!!! xD”, publicó Armando S. Torres Galindo en su cuenta de la red social. Foto: Facebook

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- El secretario de Enlace Institucional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Matamoros, Tamaulipas, publicó el pasado fin de semana un polémico comentario en su cuenta de Facebook, sobre los mexicanos que hacían fila para cruzar a Estados Unidos.
“Pero querían venir a Estados Unidos… sufran perros!!! xD”, escribió Armando S. Torres Galindo en su cuenta de la red social, junto con una foto que tomó donde cientos de paisanos esperaban en el puente internacional para cruzar a Brownsville, Texas.
Tras darse cuenta de la molestia generalizada en las redes por su comentario, el priista ofreció disculpas y borró la imagen de su cuenta.
“Les pido una sincera disculpa a todos, pero les quiero aclarar las cosas, al igual que de seguro no me creerán esto. Soy el titular de esta cuenta, varias personas tienen acceso a ella y una de ellas fue quien subió la imagen”, dijo en una nueva publicación.
“Nuevamente les pido disculpas, pues mi educación es totalmente diferente a la que se muestra, y sí, yo también soy mexicano al igual que ustedes, espero y puedan entender”, para después proceder a dar su cuenta de baja en Facebook.
Por su parte, el Presidente del PRI municipal en Matamoros, Víctor García Fuentes, aseguró que Torre Galindo no será sancionada por dicho instituto político, porque sus comentarios fueron hechos “a título personal”, por lo que descartó sanción alguna.
De acuerdo con el diario local Hoy Tamaulipas, el dirigente partidista local dijo que no se le podría aplicar castigo alguno, ya que “los miles de militantes tiene libertad de expresarse, aunque a veces se equivoquen”.

El Bronco, el nuevo Vicente Fox…, pero “independiente”

El Bronco, el nuevo Vicente Fox…, pero “independiente”
Por: Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) y César Huerta (@zorrotapatio)
11 de agosto de 2015. Se llama Jaime Rodríguez Calderón, pero lo conocen como “El Bronco”. Es el gobernador electo de Nuevo León. Su victoria significó el rompimiento del bipartidismo en dicha entidad. Pero no solamente eso, ganó sin las siglas de partido político alguno, y es que fue candidato independiente (se entiende que lo “independiente” es respecto a un partido político, no a un grupo de poder).
Su estilo es el de un “bronco”. O al menos eso quiere hacer creer. A la gente (sus seguidores) le dice “raza”, y habla con un tono muy de gente, muy “echado pa’delante”, muy como encarando al futuro. Digamos que la intención de Jaime Rodríguez es parecer un tipo completamente transparente, que no tiene nada que ocultar, que le dice todo a su “raza” y no se queda con nada, sin “pelos en la lengua”, que le habla a todos por igual y no se vence ante un traje o un avión privado o empresario de esos que se creen dueños de casi todo.
El Bronco ha sabido usar las esperanzas y aspiraciones de la gente para beneficiarse políticamente de ello, y también los momentos tráficos de su vida. Repasemos su historia. Jaime Rodríguez militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 33 años. En realidad se separó de dicha organización política hace poquito (septiembre de 2014), cuando no le dieron la candidatura a la gubernatura de Nuevo León. Se fue por la vía “independiente”. Ante de eso Jaime Rodríguez fue diputado federal por el PRI, diputado local por el PRI y presidente del municipio de García por el PRI (esto último de 2009 a 2012).
Es decir, Jaime Rodríguez perteneció al PRI cuando Carlos Salinas de Gortari y los asesinatos a opositores y los fraudes y la corrupción, cuando Ernesto Zedillo y las matanzas y la crisis que se agravó y cuando el fraude a Pemex en tiempos de Francisco Labastida Ochoa como candidato presidencial. Perteneció al PRI cuando la campaña deEnrique Peña Nieto y cuando la compa masiva de votos. Nunca dijo, en ese tiempo tan pero tan amplio, que había que luchar por que los candidatos independientes fueran una realidad en el país. Tampoco levantó la voz para decir algo que fuera en contra del PRI.
El Bronco se hizo popular en Monterrey cuando ganó la presidencia municipal de García. Y es que su hijo fue encontrado muerto (un supuesto accidente) días antes de que él asumiera su cargo.
Jaime Rodríguez, de ser un líder campesino priísta ha pasado a ser el gobernador electo de Nuevo León. Supo manejar en los últimos años las nuevas tecnologías: es uno de los políticos más activos en Facebook y en Twitter, y siempre llama a la gente “raza”, y le dices que va a hacer esto, y que va a ir a esto, y que está pensando esto. Interacción constante, siempre tratando de parecer lo más popular posible, lo más “raza” creíble.
Pero, cosa extraña, los empresarios no lo miran como un “populista”, o como “un peligro para México”, o como “alguien que va a acabar todo”. No, a él lo tratan bien. Lo cuidan. Lo apapachan. Ha salido en revistas del corazón, y para esos empresarios que discriminan y que miran desde lo alto, el Bronco no es un campesino que desde abajo logró ascender en la escala política. No, para ellos, para esos empresarios, el Bronco es ya un “buen gobernante”, alguien que no romperá la estabilidad y que hará todo bien. ¿Extraño, no?
En su más reciente edición, la revista Forbes le dedicó su portada a Jaime Rodríguez y a su ahora mano derecha, el ex panista Fernando Elizondo Barragán. El mensaje fue muy claro: “Política y Negocios: sociedad perfecta”.
bronco
Elizondo es un empresario y político que es bien visto por los dueños del capital de Nuevo León. Quiso ser gobernador por Movimiento Ciudadano, pero antes de las elecciones, declinó por El Bronco, y se estableció una sociedad que podríamos llamarRodríguez-Elizondo. Esto agradó al empresariado del norte: el Bronco, un expriísta muy cercano a los sectores campesinos de ese partido, no estaría solo, iría acompañado de un muy amigo de todos los que poseen el dinero en el norte del país. Hay que recordar que Elizondo fue un panista muy cercano a Vicente Fox, y cuando las elecciones de 2006, aquellas en que hubo un fraude electoral, él siempre apoyó el fraude, o a Calderón, que es lo mismo, y se benefició de ello: logró ser senador (del PAN).
Esta sociedad Bronco-Elizondo ha sido bien vista por el empresariado, pues miran que con un candidato populista y un estratega en eso de los negocios, se pueden hacer muy bien las cosas “por el bien primero de los neoleoneses y después país”. Tan la ven con buenos ojos que la misma revista Forbes lo decretó: “Un nuevo proyecto económico se cierne en el norte. Jaime Rodríguez, de la mano de Fernando Elizondo, gobernará la segunda economía del país. Los empresarios más poderosos mantendrán una estrecha relación”.
La semana pasada, el Bronco, que dice siempre en sus redes sociales todo lo que está haciendo, se le olvidó comentar que habló con Carlos Salinas de Gortari. Pequeño detalle. Alguien se enteró de ello y fue publicado en un diario. El Bronco salió, con su estilo bronco, a decir que no había sido una reunión formal, sino que solamente lo saludó porque casualmente Salinas estaba casualmente en el mismo lugar donde él estaba, y casualmente se toparon, y se saludaron casualmente. Es decir, un simple apretón de manos, un “hola, cómo estás”, un “que te vaya bien”, un “felicidades”, un “es un gusto”. No más.
[Estuve] una reunión con don Juan González, presidente del grupo GRUMA y BANORTE en su oficina, esta reunión se hizo a petición de él para ver la deuda del gobierno del estado con su banco, ahí saludamos a el ex presidente [Carlos Salinas de Gortari] que estaba ahí en otra reunión […], lo anterior lo aclaro por los asegunes.
Días después, Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Facebook que el Bronco viajaba en avión privado de un contratista de Monterrey a Sudamérica. El Bronco respondió pronto.
Dijo que sí lo había hecho (se le había olvidado decirlo en sus redes sociales “eh, raza, voy en avión privado de un contratista a Sudamérica a una charla con jóvenes porque allá me quieren mucho”. Pequeño detalle), pero que se lo prestaron porque él era amigo del empresario, y porque ese empresario lo había ayudado mucho cuando buscaba a su hijo, y nada de nada de intercambio de favores en el presente o futuros intercambios de favores. Dijo que lo volvería a hacer, siempre y cuando viajar en aviones privados le ahorrara dinero al “pueblo”. Es decir, acuñó una nueva máxima, una novedosa lógica: siviajar en aviones privados de empresarios deseosos de ganar contratos ahorra recursos al erario público, entonces es bueno.
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Como respuesta a este comentario de López Obrador, Jaime Rodríguez le dijo que no eran “enemigos”, y que él apoyaría al tabasqueño siempre y cuando no usara para una posible candidatura a la presidencia en 2018 el dinero que se le otorgará a Morena (una parte de la cual, se ha establecido, será invertida en educación pública). Es decir, Jaime Rodríguez le pidió a López Obrador que se vaya por la vida independiente (y lo hizo él, el Bronco, que hace menos de un año era un alfil del PRI y que durante muchos años usó recursos públicos para todo).
El Bronco se asemeja a Vicente Fox. Es evidente el parecido. Un tipo echado pa’delante, que “no tiene pelos en la lengua”, que dice que él y la gente son la misma cosa, que menciona que va a mejorar al país (vía ahora Nuevo León) en un ratito, que promete que todo cambiará nada más llegar al poder. Sí, se asemeja a Vicente Fox porque está acompañado (y apoyado y sostenido) por un grupo empresarial que busca beneficiarse de los espacios políticos que vayan ganando sus apoyados. En 2000 Fox era la novedad: un nuevo partido que entra a la presidencia de la República, uno distinto al PRI, un hombre que venció al monstruo. Ahora es: un “independiente” que llega, que pueda cambiar a México, que puede vencer al monstruo. Fox y el Bronco son tan parecidos…
Se llama Jaime Rodríguez Calderón, pero lo conocen como “El Bronco”. Es el gobernador electo de Nuevo León, y quiere ser presidente de México. Ya tiene un grupo empresarial muy fuerte (el de Nuevo León) que lo apoya y que hará todo lo posible para que llegue a la grande, y ya ahí, ese grupo esperará los beneficios por tanto apoyo dado. Digamos que algo muy similar a lo que sucedió con Vicente Fox. Digamos que casi igual.

BdeM rebaja de nuevo pronóstico del PIB


México, D.F. El Banco de México redujo por cuarta ocasión consecutiva la previsión sobre el crecimiento la economía para este año, que ubicó en un rango de 1.7 a 2.5 por ciento, medio punto porcentual menos de su pronóstico previo. Advirtió de una alza en su tasa de interés de referencia en caso de que perciba que la deprecación del peso frente al dólar "desestabilice" las expectativas de inflación.
La nueva previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) es menor a la de 2 a 3 por ciento anual, que había sido fijada por el banco central el 19 de mayo pasado, de acuerdo con el "Informe trimestral Abril-Junio", presentado este miércoles por el gobernador del banco central Agustín Carstens.
Con la nueva previsión de crecimiento, la generación de empleos formales este año será de entre 560 mil y 660 mil plazas, la mitad de la que demanda la dinámica de crecimiento anual de la población económicamente activa, y menor en 20 mil puestos a la previsión anterior, del 19 de mayo, de acuerdo con el informe.
Hace un año, el banco central pronosticaba que el PIB crecería entre 3.2 y 4.2 por ciento en 2015; la previsión fue ajustada a la baja tres meses después a un rango de entre 3 y 4 por ciento; posteriormente, el 18 de febrero la situó entre 2.5 y 3.5 por ciento, nivel que redujo a entre 2 y 3 por ciento el 19 de mayo pasado.

Aumento de tasas, si hay mayor devaluación: Carstens
En una conferencia de prensa este miércoles, el gobernador Agustín Carstens anticipó que el Banco de México recurrirá a un incremento en su tasa de interés de referencia, actualmente en 3 por ciento anual, si la depreciación del peso comienza a afectar las expectativas de inflación.
Como resultado del esfuerzo del Banco de México, dijo Carstens, este año se ha logrado el objetivo de convergencia de la inflación a 3 por ciento anual y, de hecho, el nivel actual de precios, de 2.74 por ciento, se encuentra en un mínimo histórico.
La convergencia de la inflación al objetivo de 3 por ciento, se ha logrado en un contexto en el cual ha habido una depreciación de 23 por ciento del peso frente al dólar en el último año, expuso. Esa pérdida de valor de cambio del peso, aseguró, "ha tenido un efecto muy limitado en la inflación".
El movimiento del peso frente al dólar, "si bien no ha tenido efecto en la inflación, es un tema que el Banco de México tiene que vigilar con mucha prudencia y, en caso de que se perciba que esto pudiera desestabilizar las expectativas de inflación, o que pudiera generar futuras presiones, podría recomendar un ajuste en la política monetaria, muy en particular en la dirección de aumentar las tasas de interés", afirmó Carstens.
En el último año, el peso se ha depreciado 23 por ciento frente al dólar; sin embargo, en comparación con una canasta de monedas de países con los que realiza su comercio exterior, la devaluación es de 13 por ciento en el mismo periodo, dijo el gobernador del Banco de México. En ese lapso, el real brasileño se ha devaluado 70 por ciento; el peso colombiano 60 por ciento y el rand de sudáfrica 50 por ciento, de acuerdo con datos mostrados hoy por Carstens.

Cerró el dólar ayer a $16.62, pese a que se inyectaron 373 mdd

Ante la devaluación en China, el mercado abrió presionado por la demanda de dólares
Por las subastas, la reserva de divisas del país disminuyó mil 41 mdd del 3 al 7 de agosto
Foto
Ayer, el total de la participación del Banco de México en las operaciones de mercado abierto llegó a 373 millones de dólaresFoto Reuters
Juan Antonio Zúñiga
 
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de agosto de 2015, p. 23
El Banco de México (BdeM) activó por segunda ocasión en menos de una semana la subasta de dólares con precio mínimo para evitar que la escasez de divisas se transforme en un factor de mayor depreciación del peso frente al dólar, el cual se vendió en los principales bancos comerciales del país a 16.62 pesos, unos 16 centavos arriba de la víspera.
Durante la jornada de ayer el banco central inyectó 373 millones de dólares al mercado local de cambios, pero de cualquier modo la moneda mexicana resintió una depreciación de 0.98 por ciento frente al dólar Fix, una modalidad de tipo de cambio determinada diariamente por el Banco de México para el pago de obligaciones en moneda extranjera.
En las grandes operaciones interbancarias, la divisa estadunidense alcanzó un precio máximo de 16.3700 pesos a media jornada, cuando el peso alcanzaba una depreciación de 1.46 por ciento, la cual tendió a atenuarse durante la sesión, para cerrar finalmente a 16.3193 pesos, lo que significó una caída de la moneda nacional de 1.15 por ciento respecto al cierre de la jornada anterior.
Tras la noticia del cambio de política cambiaria de China, donde la autoridad monetaria anunció una devaluación de 1.9 por ciento del yuan, el mercado de cambios en México abrió con un peso presionado por la demanda de dólares a un tipo de cambio interbancario de 16.3290 pesos, 1.2 por ciento encima de la víspera, mientras algo similar ocurría con el dólar Fix.
Esta situación ocasionó que el banco central pusiera en subasta 62 millones de dólares con límite de precio, de los 200 millones autorizados por la gubernamental Comisión de Cambios cuando el dólar Fix eleve uno por ciento su cotización durante una sesión respecto al del cierre de la jornada anterior. Este mismo mecanismo fue puesto en funcionamiento también el pasado 5 de agosto.
Poco después de iniciada la jornada de cambios se llevó a cabo la subasta diaria de 200 millones de dólares sin precio mínimo, la cual fue colocada en su totalidad entre 10 postores a un precio de 16.3555 pesos en promedio ponderado, pero el mercado de divisas se mantuvo demandado, por lo que luego se llevó a cabo la segunda subasta de dólares con límite de precio, en la que se asignaron 107 millones de dólares más, a un precio de 16.3274 pesos, a ocho participantes.
Así, en total la participación del Banco de México en las operaciones de mercado abierto fue de 373 millones de dólares. Con la cotización de ayer, la moneda mexicana registró una devaluación anual de 23.6 por ciento frente al dólar Fix.
En ese sentido, el Banco de México informó que el saldo de la reserva de divisas del país tuvo una disminución de mil 41 millones de dólares en la semana del 3 al 7 de agosto, ocasionada principalmente por la asignación de mil millones de dólares a las subastas diarias de dólares sin precio mínimo, así como de otros 200 millones de dólares correspondientes a las subastas diarias sin precio mínimo, conforme a los mecanismos autorizados por la Comisión de Cambios.

Queda demostrado que EPN realmente compró la presidencia #Monex

EPN gastó en campaña 4 mil 599 mdp, 13 veces más de lo permitido; tarjetas Monex triangularon con 35 empresas fantasma

(12 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En su informe final de actividades, con el que además termina formalmente el trabajo de la Comisión de Investigación sobre el Caso Monex, legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), concluyeron que en la campaña presidencial de 2012, Peña Nieto -abanderado de la coalición “Compromiso por México”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- gastó 13 veces más del tope permitido por la ley electoral.
La comisión argumenta que el total de gasto erogado por Peña para conseguir la presidencia y que no fue reportado al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), asciende a 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos. Estos recursos no fueron fondeados únicamente a través de las tarjetas Monex, sino con otros 26 tipos de plásticos, en una “triangulación con más de 35 empresas fantasma que inyectaron recursos, mismos que se desconocen de donde provenían”.
Cabe señalar que el tope de gatos para la campaña presidencial, establecido por el IFE era de 336 millones 112 mil 84 pesos con 16 centavos; por lo que el PRI y Peña Nieto rebasaron esta cantidad por 4 mil 263 millones 835 mil 749 pesos con 84 centavos.
Los diputados Roberto López Suárez y Julisa Mejía Guardado, del PRD; y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, señalaron que, a pesar del esfuerzo por realizar una investigación seria y profunda sobre Monex, las operaciones financieras, el dinero involucrado y su relación con el financiamiento de la campaña de Peña, se presentaron varios factores que han impedido avances importantes, entre ellos: el acotamiento en la capacidad de investigación, el nulo acceso a documentos e información sobre la triangulación de recursos financieros y la posible participación de empresarios que no pueden ser llamados ni a una mesa de trabajo por la Cámara de Diputados.
Aunado a esto, los legisladores señalan que “las comisiones de investigación se encuentran a merced de la voluntad política de la mayoría que la integra, es decir el PRI. Con la inasistencia de estos legisladores, la comisión que investiga el caso Monex simplemente no sesiona, evitando un avance sustancial en las diligencias”.

El diablo está en los detalles
La aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados para la creación de la comisión, se dio -luego de varios intentos del PRI y del Verde por desecharla- el 27 de noviembre de 2012.
La comisión se propuso “investigar las presuntas operaciones ilícitas que realizaron diversas empresas fantasmas, a través del grupo financiero Monex, con el objetivo de financiar la campaña presidencial de Peña Nieto”.
Para lograr su cometido, la comisión buscó entablar diálogo con el titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Conducef), el exdiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mario Alberto Di Costanzo.
El 23 de enero de 2013 se realizó una mesa de trabajo con el funcionario, quien según el informe presentado, “se dedicó a exponer razones, por la cuales no podía intervenir en el caso Monex”; sin embargo, antes de ser nombrado titular de la dependencia, Di Costanzo –quien durante la LXI Legislatura se caracterizó por ser uno de los legisladores más críticos a la administración de Felipe Calderón- afirmó que “la operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero”.
Un día después, se efectuó una reunión con Alfredo Cristalinas Kaulitz, titular de la Unidad de Fiscalización quien afirmó a los diputados que, en caso de encontrar algún tipo de irregularidad, se giran los oficios a las dependencias correspondientes, sin haber profundizado en mayores detalles, a pesar de que él sí cuenta con las atribuciones legales y jurídicas.
“Cabe destacar que durante esta mesa, Cristalinas Kaulitz dijo al presidente de la comisión investigadora que, hasta ese momento, todas las diligencias que constaban en el expediente no habían sido corroboradas, pues él no actuaba como Ministerio Público”, detalla el informe.
Tras las reuniones, se volvió a dar una intentona del PRI de dar por concluidos los temas, argumentando que la comisión de investigación carecía de materia de trabajo, dado que la Conducef estaba impedida legalmente para investigar a Monex y sus operaciones financieras y la Unidad de Fiscalización, “se encontraba realizando las diligencias correspondientes y por lo tanto no podía revelar ningún tipo de información”.
Sin embargo el asunto no quedó ahí; a los legisladores de oposición se acercaron exempleados de Monex –quienes pidieron mantener anónima su identidad por razones de seguridad- que dieron testimonio del funcionamiento de la empresa.
“Era mayo cuando supe de la situación. En la conciliación de abril, no se había podido justificar un depósito grande de millones, no se tenía identificado a qué cliente correspondía.  Al empezar a hacer el análisis fue como nos enteramos, por órdenes de los jefes del área, que era del PRI; que no lo tocáramos. Fue así como el rumor empezó a correr en el área.  Al consultar con el ejecutivo de la cuenta confirmó la información y además dijo que no iba ser el único, que harían más depósitos. En nuestra área se autorizaban las dispersiones (cargas de saldos), las cuales, en específico de las empresas citadas, eran poco comunes para una razón social privada; subían los archivos con cargas de saldos altos y así mismo, también sus depósitos (pagos) fueron cayendo poco a poco. Por la ocupación que desempeñaba en la empresa, tuve acceso a los documentos como facturas y archivos con los depósitos. Por haberme enterado de esas cosas fui despedido”, consigna el informe sobre uno de los testimonios.
Durante la investigación, los legisladores se percataron que, de manera constante, surgían nombres de empresas que habrían sido las responsables de proporcionar o recibir el dinero que se transfirió a través del grupo financiero Monex: Atama, Inizzio, Koleos y Tiguan.
Ante este hecho, legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC), plantearon la posibilidad de invitar a una mesa de diálogo a los principales accionistas de Atama e Inizzio: Ramón Paz Morales y Juan Oscar Fragoso Oscoy, así como a su representante legal, Alejandro Jaen Pérez Lizárraga.
En representación Koleos y Tiguan, se invitó a Juan Antonio Hodrogo Guerra y a Luz María Viveros Balero -únicos accionistas- además de Demetrio Jordenn Sabat, quien funge como comisario en ambas empresas. Las empresas nunca dieron una respuesta, además de que el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza (NA) se opusieron a cualquier intensión de preguntar directamente a los involucrados, lo que los diputados de oposición señalan como una prueba de que “no existió voluntad de investigar”.

Control de daños
El pasado 27 de junio de 2012, el todavía IFE, reconoció que las tarjetas interceptadas a miembros de la estructura electoral del PRI, formaban “parte de una serie de 9 mil 924 tarjetas que una persona moral, de carácter mercantil, contrató con Monex” y que “el monto total fondeado a las 9 mil 924 tarjetas, asciende a 70 millones 815 mil 534 pesos.”
El informe final de la comisión señala que “la Unidad de Fiscalización obtuvo: ‘información cierta de que el PRI adquirió 9 mil 224 tarjetas de prepago ´Monex recompensa´; sin embargo, los supuestos ‘servicios financieros’ dan cuenta de 7 mil 224 tarjetas, primer incongruencia que revela la construcción de pruebas y maniobra de apariencia de licitud”.
Los legisladores del PRD y Morena sostiene que “al quedar al descubrimiento dicho financiamiento oculto e ilícito, el PRI se abocó a realizar un control de daños con el beneplácito de la autoridad electoral, que le permitió reducir en más de 20 millones, el financiamiento descubierto”, quedando este en 50 millones 508 mil 891 pesos.
De acuerdo a la investigación, el “control de daños” se hizo de la siguiente forma: ocultando el total de las facturas expedidas por Monex a la empresa Inizzio, a pesar de que el PRD aportó 19 facturas por 68 millones 317 mil 54 pesos; suprimiendo 1 mil 373 tarjetas a las que argumentan que no se transfirieron recursos, quedando en 7 mil 851 las sí utilizadas.
Según estos datos, el PRI “reconoce 66 millones 326 mil pesos en 7 mil 224 tarjetas que no puede recuperar; para lo cual construye pruebas con un entramado de intermediarios con contratos de prestación de servicios, de mutuo y comisión mercantil para aparentar un crédito y relación indirecta entre el PRI y la empresa Inizzio que contrató con Monex”, detalla el informe.
Después, el tricolor logró que se redujera el monto de lo destinado en las 7 mil 224 tarjetas, quedando en 57 millones 318 mil 609 pesos.
“Finalmente el IFE sólo toma las operaciones al último día de campañas, por un importe de 50 millones 508 mil 609 pesos que se dispuso cuantificar a los gastos de campaña”, dice el texto presentado por los diputados.

El tema Monex sigue vigente:
En enero del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) reabrió el expediente de investigación por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero contra las empresas que serían las probables responsables de financiar los monederos electrónicos de Monex, con que el PRI operó la campaña de Peña Nieto.
En tanto, la Unidad de Fiscalización ha girado 639 oficios a diversas dependencias y autoridades para solicitarles información relacionada con el caso.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó “una red criminal de lavado y simulación de contratos, que habría triangulado 23 millones de pesos a los monederos priistas”, denunciaron los legisladores.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en la lista de empresas que expiden facturas fraudulentas, a 16 vinculadas a una red delictiva que inyectó fondos a los monederos electrónicos del PRI en 2012.
El informe final sostiene que de las 163 empresas listadas en el oficio 500-05-2014-1175 del SAT, el 10 % está relacionada con la trama financiera ilegal que, de acuerdo a una indagatoria de la PGR, presumiblemente encabeza Eduardo Felipe Moisés Salomón, investigado desde el sexenio pasado.
“En el documento divulgado por el administrador central de Fiscalización Estratégica, Carlos Enrique Borja Duarte, aparece EDICOM Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales. Con base en información oficial, a través de depósitos de la red de empresas vinculadas a EICM, Raúl Álvarez Longoria y Ricardo Mauro Calzada Cisneros inyectaron 23.2 millones de pesos a los monederos electrónicos Monex de la campaña de Peña Nieto”, se puede leer en el informe.
“Una de las involucradas con la red de lavado y venta de facturas relacionadas con el financiamiento a partidos políticos litiga para descongelar sus cuentas bancarias y que le devuelvan dinero asegurado por la PGR. Natalia Nava Guzmán, una mujer de 33 años que movilizó en cuatro años más de 431 millones de pesos en sus cuentas bancarias para las empresas vinculadas con Edicom, demandó la protección de la justicia al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en materia de amparo penal del DF. En su demanda de garantías 1040/2013, la joven pidió dejar sin efecto un acuerdo que emitió la PGR, en el que reiteró el aseguramiento de sus cuentas bancarias en el marco de las indagatorias UEIORPIFAM/AP/167/2012 y UEIDEFF/FISM16/265/2012”, detalla.
La primera averiguación previa en contra de Nava Guzmán, a cargo de la SEIDO, fue iniciada por lavado de dinero; la segunda corre a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales, que investiga una defraudación fiscal. Las cuentas aseguradas a Natalia Nava Guzmán son la 177302169 en BBVA Bancomer y la 60538501295 en Santander. En esas cuentas recibió depósitos de empresas vinculadas a la red de Edicom que inyecto recursos a los monederos del PRI.

Comisiones maniatadas
En el documento presentado, los legisladores del PRD y Morena, sostienen que “la situación jurídica en la que se encuentran inmersas las comisiones de investigación las han relegado a espacios enunciativos, sin consecuencias políticas y mucho menos penales. Por la naturaleza de estas comisiones, requieren de facultades especiales o extraordinarias que les permitan realizar de manera integral su trabajo”.
Para cambiar esta situación, los diputados federales que están por dejar su cargo, proponen que el alcance de las comisiones sea más amplio; establecer una relación clara y precisa con el poder judicial, para que este actué en caso de que la comisión de investigación encuentre elementos de un delito cometido por servidores públicos, representantes populares e incluso actores privados como las empresas o bancos.
También proponen que se faculte a las comisiones para solicitar información a cualquier institución pública y que se obligue a las mismas a responder, además de contar con capacidad para llamar a comparecer a cualquier funcionario público o persona que pueda estar involucrada en el caso que se investiga.