Dice que sólo busca la paz, el fin de la zozobra para millones de mexicanos: ante el aumento exacerbado de la violencia criminal y la ineficacia de las fuerzas del Estado para combatirla, la Conferencia del Episcopado propone “dialogar” con el crimen organizado. Se trata de sentar a la misma mesa a Dios y al diablo, asegura el obispo de Chilpancingo, en Guerrero, entidad donde se pretende aplicar el modelo que en el pasado le dio buenos resultados al clero colombiano.
Ante el fracaso de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ya empieza a proponer un “diálogo” con los cárteles de la droga a fin de evitar lo más posible los asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones y otros atropellos derivados de esa confrontación.
Con el argumento de que “sin diálogo no puede haber paz”, la propuesta eclesiástica surge justamente en el estado de Guerrero, uno de los más violentos del país y donde la CEM aplica un proyecto piloto de pacificación y atención a víctimas inspirado en el modelo del episcopado colombiano.
Salvador Rangel Mendoza, principal impulsor de este “diálogo” y obispo de la convulsionada diócesis de Chilpancingo-Chilapa, comenta: “La Iglesia siempre ha promovido el diálogo, porque sin diálogo no puede haber paz. Por eso es necesario dialogar con la gente que se dedica al narcotráfico, pero sin hacer ninguna concesión. ¡Dialogar, no pactar! Eso que quede claro; con ellos no se debe pactar, pero sí llegar a ciertos arreglos”.
–¿Cuál sería el objetivo del diálogo? ¿Qué arreglos se pretenden? –pregunta el reportero.
–Sobre todo evitar tantos asesinatos, secuestros, extorsiones y demás atropellos. Algunos se preguntarán, escandalizados: ¿cómo es posible sentar en la misma mesa a Dios con el diablo? Pero es necesario hablar para detener este terrible baño de sangre, sobre todo de gente inocente. ¿Cómo puedo ponerme en paz con mi enemigo si ni siquiera podemos vernos la cara? Ya basta, pongámonos a dialogar, no somos mudos.
Mendoza es un franciscano con amplia experiencia en zonas de conflicto; durante siete años realizó labor pastoral en Israel, “entre muertes, bombardeos, explosiones de minas personales, ataques aéreos y todas las demás atrocidades que una guerra implica”. Y hace apenas siete meses que el Papa Francisco lo envió como titular a la diócesis de Chilpancingo-Chilapa para que ahí aplique su experiencia como pacificador.
Rangel acota: “La promoción de la paz es el carácter de la orden religiosa a la que pertenezco. Su fundador, San Francisco, decía: ‘Señor, donde haya odio ponga yo amor’. Y es lo que ahora estoy intentando hacer en la diócesis”.
Por lo pronto, ya pudo comprobar que en Guerrero las fuerzas gubernamentales poco pueden hacer contra el crimen organizado.
Asegura: “El Ejército y la policía estatal sólo están para decorar las carreteras. Se ponen, por ejemplo, para que se sientan seguros los turistas, en la Autopista del Sol que va rumbo a Acapulco, o bien yendo a Chilapa o en otras carreteras principales. Pero no hacen una labor más profunda, más de tierra, yendo a los lugares intrincados. Ahí no se meten… Los vigilados son más bien los soldados y los policías…”
El tema de la amapola
También le ha tocado comprobar que algunas zonas del territorio de su diócesis, y de Guerrero, están bajo el control de los cárteles de la droga, sobre todo porque en ellas se cultiva la amapola. Dice:
“Esos territorios son gobernados por los narcos. Y me deja admirado que ahí no hay asesinatos, secuestros, levantones ni extorsiones. Incluso a los jóvenes no se les permite drogarse, aunque ellos tampoco pueden hacerlo con el opio que sacan de la amapola que cultivan, pues necesita primero procesarse. Un párroco me comentaba que incluso cuando hay algún borrachito tirado en la calle, ellos mismos lo recogen y se lo llevan a algún centro de rehabilitación.
“En la sierra, allá por Tlacotepec y por Yextla, la gente me dice: ‘Nosotros apoyamos a los narcos porque ellos nos cuidan. Hasta podemos caminar muy seguros por las noches’. Pero la violencia llega a esos lugares cuando se los disputan los distintos grupos de narcotraficantes. La mayoría de los asesinatos se dan durante esos choques y ajustes de cuentas entre un grupo y otro.”
–¿Qué zonas ha detectado usted que están controladas por el narco?
–Aparte de Tlacotepec y Yextla, está la zona de Mochitlán. También las de Colotlipa y de Chichihualco. Y ni se diga por el rumbo de Iguala y Teloloapan, donde se dio una guerra de los grupos locales contra La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, a quienes echaron para afuera y ahora éstos pelean los territorios de Ciudad Altamirano y Arcelia.
“En Chilapa, todavía hace un mes había enfrentamientos entre dos grupos. Uno logró desplazar a otro a Zitlala, como 30 kilómetros más adelante. Por ese motivo, ahora la situación en la zona de Chilapa está más tranquila.”
En sus recorridos pastorales el franciscano también ha convivido en zonas apartadas con los campesinos que cultivan la amapola, sobre quienes dice: “Viven en la marginación y en condiciones muy precarias. Parecen animalitos encerrados, no pueden salir. Muchos trabajan recogiendo la goma de opio, que al contacto con el aire se hace negra y les mancha las manos, haciéndoles que se les caigan las uñas. Trabajan en la amapola porque no tienen otra opción. Es su único medio de sobrevivencia.
“Aquí surge un gran dilema: si se arrasa con los campos de amapola, entonces ¿de qué va a vivir esa pobre gente? Téngalo por seguro que si eso ocurre, entonces se daría un estallido social. Creo que este es uno de los motivos por los que la autoridad no destruye esos campos. ¿Usted cree que no existen acuerdos cupulares para que se siga sembrando la amapola? Esos cultivos son acaparados por los grandes narcotraficantes. Y el Ejército y la policía no se meten en esos territorios”.
–¿La Iglesia considera entonces que debe legalizarse ese cultivo para que los campesinos puedan sobrevivir?
–¡No! ¡Tampoco! No vamos a bendecir los campos de amapola. Nuestra postura es que estos campesinos tengan otras herramientas para poder sobrevivir, que tengan acceso a la educación, a mejores medios de comunicación y a otras fuentes de trabajo. Y mientras tanto, que sus cultivos de amapola se utilicen para fines medicinales. Por eso también es importante dialogar con la gente dedicada a comercializarla.
“Los obispos de Guerrero hemos platicado el asunto con el gobernador. Y estamos de acuerdo en darle fines médicos a la siembra de amapola. La famosa heroína, producto de la goma de opio, tiene ese nombre porque era considerada la ‘medicina heroica’ que resolvía muchos males. Los grandes laboratorios la utilizaban como medicina. Hay que acordar con los laboratorios para que siga teniendo este uso.”
Apoyo al gobierno
Por lo pronto, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, a fin de reducir la violencia en la entidad, le está proponiendo al gobierno federal que pida permiso a la ONU para que Guerrero sea una de las regiones del mundo donde se siembre amapola con fines exclusivamente medicinales, según declaró en una entrevista para Milenio Televisión, trasmitida el pasado 11 de marzo.
Argumentó: “El problema de Guerrero está radicado en la violencia y desde luego en la siembra de mariguana y en la amapola. Los estudios en seguridad, que no me invento yo, señalan que mientras Guerrero siga siendo un productor de droga la violencia va a seguir. Ahora la violencia está donde se siembra el producto. Guerrero y la federación debemos encontrar un mecanismo para enfrentar estos hechos”.
Sin embargo, a diferencia de la Iglesia local, Astudillo se niega rotundamente a dialogar con las bandas del crimen organizado para llegar a arreglos, ya que, sostiene, estos grupos operan “fuera de la ley”.
El pasado 3 de noviembre, a pregunta expresa de la prensa local que lo inquirió sobre la propuesta de diálogo del obispo Rangel, Astudillo respondió: “Hay que hablar con todos los que se tiene que hablar. Yo no estoy limitado a tener ningún muro que me impida con quien se tenga que hablar. Obviamente que con quien se pueda… No así en la ruta de ponerme a dialogar con quienes absolutamente están fuera de la ley”.
Y aseguró que “sí están dando resultados” los operativos policiaco-militares de su gobierno para aplacar la ola de violencia en la entidad.
Pero el obispo de Chilpancingo-Chilapa ve con mucho escepticismo estos supuestos logros del mandatario: “Qué otra cosa puede decir él como gobernador, pues obviamente que defender a la policía y al Ejército. Pero no olvidemos que, en ocasiones, los soldados tratan a todas las personas como si fueran delincuentes. Ni siquiera yo me les escapo”.
Cuenta que en dos ocasiones, al viajar en vehículo acompañado de religiosas, los militares los sometieron a un violento cateo. “La última vez fue ahora en Semana Santa, entrando a Chilapa. Iba con tres monjas. Ellas con su hábito y yo con mi hábito franciscano. Nos hicieron bajar del vehículo. Nos catearon con brutalidad como si fuéramos narcotraficantes disfrazados, jamás me habían hecho una cosa así”, se lamenta.
Las diócesis de la entidad realizan constantes monitoreos sobre la situación de violencia. En su último reporte la arquidiócesis de Acapulco señala: “En las últimas semanas se ha recrudecido la situación crítica de violencia e inseguridad en Acapulco. Se habla de al menos 42 ejecuciones en la Semana Santa, tan sólo en Acapulco. Ante esta situación, urgen acciones de emergencia, tanto del Estado como de la sociedad civil, para disminuir los riesgos de pérdidas de vidas”.
Rangel aclara que “los obispos de Guerrero apoyamos al actual gobierno estatal, siempre y cuando trabaje para el bien de las personas. El gobernador tiene seis meses en el cargo, casi lo mismo que yo en la diócesis. Es poco tiempo para dar juicios sobre su desempeño”.
Y comenta que, aprovechando esta caótica situación, en Guerrero también operan bandas dedicadas al secuestro y la extorsión, pero ajenas a los grupos de narcotraficantes.
“Hay que saber distinguir a los seudonarcotraficantes de los verdaderos narcotraficantes. Aquellos se agrupan en pandillitas que de pronto realizan un asalto o un secuestro y, como les salió bien, continúan con sus fechorías. Sólo aprovechan el río revuelto, no se dedican al tráfico de droga, pero a veces son todavía más sanguinarios. De pronto hay gente que se me acerca y me aclara estas cosas, diciéndome: ‘Mire, señor obispo, nosotros nos dedicamos a traficar droga, no a secuestrar personas’”, dice.
–¿Y usted ya ha tenido contacto formal con los grupos de narcotraficantes?
–No, todavía no. Directamente no. Y los obispos de Guerrero tenemos una postura conjunta a favor del diálogo que, sobre todo, hemos estado expresando a través de nuestros comunicados de prensa.
Son cuatro las diócesis de Guerrero aglutinadas en la llamada Provincia Eclesiástica de Acapulco: la de Chilpancingo- Chilapa, a cargo de Rangel; la arquidiócesis de Acapulco, presidida por Carlos Garfias; la de Tlapa, por Dagoberto Sosa; y la de Ciudad Altamirano, por Maximino Martínez.
Los cuatro obispos han estado publicando comunicados conjuntos donde hacen llamados al “diálogo” para “construir la paz”. Y exhortan, por ejemplo, a crear una “gran plataforma social” –con la participación del gobierno, las Iglesias, las organizaciones civiles, ciudadanía, etcétera– para “reconstruir el tejido social”, pero siempre “privilegiando la palabra como herramienta social y política”.
Durante la presentación del comunicado titulado Compromiso con Guerrero y con la paz, el pasado 3 de noviembre en Acapulco, el arzobispo Garfias dijo: “La palabra es el instrumento privilegiado de las autoridades para relacionarse con sus ciudadanos. Y la ciudadanía también son los delincuentes, las implicaciones pueden ser muchas”.
A Garfias lo acompañaba el sacerdote colombiano Leonel Narváez, quien dio una exposición sobre el diálogo entre el gobierno de Colombia y los cárteles de la droga para conseguir la paz, en el que tuvo bastante participación el episcopado de ese país.
El episcopado mexicano ahora sigue el modelo del colombiano. Y escogió a Guerrero –por sus altos índices de violencia– para implementar paulatinamente el mismo esquema. Un primer paso fue abrir los llamados “centros de escucha”, espacios parroquiales donde se les da atención espiritual, psicológica y jurídica a las víctimas de la violencia con equipos de sacerdotes, psicólogos, abogados y laicos que hacen esa labor social (Proceso 1951).
La Iglesia de Guerrero comienza a dar el siguiente paso: abrir las llamadas “escuelas del perdón”, cuyo objetivo es reunir a las víctimas con sus victimarios para que lleguen a la reconciliación (Proceso 2038).
Así, la propuesta eclesiástica de “dialogar” con los cárteles de la droga forma parte del mismo proyecto de pacificación, pues la guerra gubernamental contra el narcotráfico parece no tener fin.
“Con estos diálogos, lo único que pretendemos es alcanzar la paz. Es nuestro objetivo final”, recalca Rangel. l
