Mostrando entradas con la etiqueta Higa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Higa. Mostrar todas las entradas

jueves, 18 de octubre de 2018

En el Senado, Ruiz Esparza evade acusaciones de corrupción y defiende el NAIM en Texcoco

Comparecencia de Ruiz Esparza en el Senado. Foto: Benjamín Flores
Cinismo y corrupción. El sello del peñismo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “avance real” de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es de 31.8% y no de 20% como afirmaron representantes del gobierno electo, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien defendió en el Senado la opción de Texcoco y aclaró que la fecha final para la conclusión de esta obra será junio del 2022.
Las cifras del funcionario se multiplicaron durante su comparecencia. Mencionó que el costo de cancelar el proyecto de Texcoco sería de 100 mil millones de pesos, de los cuales 60 mil millones recaerían sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los 40 mil millones restantes, sobre las empresas más los créditos por 30 mil millones contratados en bonos verdes.
El titular de la SCT insistió en que la primera fase del NAIM se elevó de 170 mil a 285 mil millones de pesos, “primero por el tipo de cambio que se contrató en 21.4 pesos por dólar” y luego, por la ampliación.
Por primera vez, Ruiz Esparza mencionó el costo mensual de la construcción del NAIM: cinco mil millones de pesos y 40 mil millones más que, en total, se tendrán que pagar en los próximos meses.
Cuestionado insistentemente sobre las múltiples obras con sobrecostos o sin terminar durante su gestión como titular de la SCT – como el Tren México-Toluca o el suspendido tren México-Querétaro- evadió explicaciones claras y se hizo al desentendido de las acusaciones de corrupción.
Incluso, evadió el tema de la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre su responsabilidad en el accidente del socavón del Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca.
Durante su comparecencia ante integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Ruiz Esparza volvió a señalar que fue “la basura” la responsable del socavón. Repitió que no renunció al cargo porque “fue hacerle frente al problema” y presumió que “se pidió de inmediato una auditoría y se indemnizó a la familia” de las dos personas muertas.
Luego, justificó: “Hay más de 50 socavones en todo el país, incluso con muertos y nadie ha pedido la renuncia de los gobernadores”. Incluso, presumió que la SCT fue “la única que se preocupó por los dos muertos” y que “hay responsables directos” que deberán ser sancionados.
Justifica retrasos en obras
Sobre la polémica del Tren México-Toluca, Gerardo Ruiz Esparza justificó los retrasos en la obra porque “es más compleja, incluso, que la del Nuevo Aeropuerto”.
Se comprometió que para diciembre de este año estaría listo el 98% del tramo de Zinancatepec-Santa Fe. Afirmó que el costo original fue de 45 mil millones de pesos y “se ha actualizado 54 mil millones de pesos”. Según dijo, la obra debe terminarse en junio de 2019.
El titular de la SCT justificó el alza reciente en el peaje de las autopistas administradas por el Fonadin, al decir que no fue del 16% al 20%, sino del 5% y que este incremento no fue decisión no de la dependencia a su cargo, sino del mismo Fondo, así como de Banobras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En materia de conectividad en el programa México Conectado, Gerardo Ruiz Esparza admitió que no han logrado la cobertura del 100%, sino de “casi 50%” a través de 105 mil conexiones en sitios públicos. “Es un servicio que tiene que contratarse a un privado”, se justificó.
Sin perder su estilo de torear las críticas y sin ninguna pregunta que lo perturbara, -aun con los múltiples escándalos de corrupción en la dependencia que dirige-, se dio el lujo de “invitar a todo el que tenga elementos de intentos de corrupción” a que se lo informara.
“Si han sido objeto de algo a cambio de una obra, que lo digan. Con gusto me sumo a esa denuncia. Si hay el caso y alguien tiene algún daño, que lo diga y yo lo acompaño a presentar esa denuncia”, afirmó el inamovible titular de la SCT.
A favor de Texcoco
En respuesta a varias preguntas planteadas por el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, sí como legisladores del PAN y de Morena, Ruiz Esparza insistió que la opción a favor del NAIM en Texcoco, “no es mi opinión personal, es una opinión técnica”. Luego, citó los informes de MITRE, de la OACI, de la IATA, de ingenieros holandeses y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, entre otras.
Sobre la opción de construirlo en la base aérea de Santa Lucía, afirmó que esta terminal “no puede operar por interferencia de los espacios aéreos” con el actual aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México, según estableció MITRE. Añadió que “para que sea factible la compatibilidad”, debe ser “una opinión técnica”.
El avance real del NAIM, según el reporte de Parsons, la empresa californiana que lleva la gerencia del proyecto, es de 31.8% y que la fecha para su conclusión originalmente fue de octubre de 2020, pero se “actualizó” para aumentar la capacidad a 70 millones de pasajeros y se terminará en diciembre de 2021 más de seis meses para su certificación. De tal manera, que debe estar listo en junio de 2022.
Ante los cuestionamientos por los efectos ecológicos y medio ambientales del NAIM en Texcoco, Ruiz Esparza afirmó que “hasta respirar tiene un costo ecológico”, pero que “se ha cuidado esta parte como un tesoro” y que “tendremos un aeropuerto Platinum, es decir, totalmente amigable con el medio ambiente”.
Al detallar las medidas que se han adoptado para proteger el medio ambiente, sólo mencionó que se “ha quitado el ruido” en las zonas aledañas y que “se va a inyectar el agua” para protegerla. Luego, mencionó que sólo se ha dado una “queja relevante” en los 17 mil contratos que hasta ahora se han dado a la obra.
El senador de Morena, Higinio Martínez, originario de Texcoco, le reprochó la falta de consulta anterior al proyecto del aeropuerto y le preguntó si desaparecería el Lago Nabor Carrillo.
El titular de la SCT respondió que el proyecto en ese municipio “lleva cuatro sexenios de análisis y estudio” y está “suficientemente analizado”. Indicó que se le pidió a Mitre cambiar la orientación de las pistas para no afectar con expropiaciones a los habitantes de San Salvador Atenco y otros municipios aledaños.
Respecto al lago, afirmó que no desaparecerá, sino que, incluso, “tendrá aguas limpias”. Mencionó que en los terrenos donde se construye el NAIM fueron depositados los restos del sismo del 85 en la Ciudad de México, así como acero de la empresa Sosa Texcoco. “Era un foco contaminante”, afirmó.
Niega vínculo con OHL y Grupo Higa
En respuesta a las preguntas del senador Emilio Alvarez Icaza, quien lo cuestionó por el presunto desvío de mil 600 millones de pesos de las obras de la autopista Chamapa-Lechería a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México, el titular de la SCT se lavó las manos y dijo que ese fue un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Toluca por un litigio que ganó la autoridad local.
La empresa OHL “ha sido acusada durante mucho tiempo de manera ilegal” por una persona “que usted sabe quién es”, señaló Ruiz Esparza en respuesta a Alvarez Icaza, en relación con el abogado Paulo Diez Gargari.
“Soy totalmente ajeno” a la “siembra” de la pistola en el automóvil de Diez Gargari, le respondió al senador quien lo cuestionó porque el hijo del secretario de Comunicaciones y Transportes participó en ese operativo.
“No tengo ni un solo vínculo con Grupo Higa ni con OHL y no han sido favorecidas de ninguna manera”, sentenció.

martes, 12 de julio de 2016

Critica AMLO que recortes dejen intactos proyectos que benefician a Higa y OHL

Los ajustes afectan a programas que son generadores de empleo, señala en videograbación

Corrupción, causa principal de la desigualdad social y económica, insiste el líder de Morena
Foto
El 28 de mayo pasado, miles de simpatizantes de Morena acudieron a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde Andrés Manuel López Obrador encabezó un mitin, en el contexto de los comicios del 5 de junioFoto Jair Cabrera
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 12 de julio de 2016, p. 14
El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expuso que el reciente recorte al presupuesto federal se enfocó en la salud del pueblo, la educación, la agricultura y programas que son generadores de empleo; pero los presupuestos para ocho obras, entre ellas el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que benefician a empresas como Higa y OHL, no fueron alterados.
En un video en su página de Facebook, el tabasqueño expuso que el presupuesto autorizado para dichas obras fue de 100 mil millones de pesos, y en el caso del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México era de 104 mil millones, pero en marzo aumentó a 180 mil millones de pesos, le aumentaron 75 mil millones de pesos más.
Agregó que a los citados ocho proyectos de inversión, que tenían 486 mil millones de pesos, en marzo se les aumentó a 583 mil millones de pesos, un incremento de 97 mil millones en tres meses. Es el blindaje oficial a la asociación delictuosa entre altos funcionarios públicos y empresas como Higa y OHL, entre otras.
Dicho incremento lo contrastó con el recorte de 31 mil millones de pesos al Seguro Popular, al que le quitaron 6 mil 500 millones; a las comunidades indígenas, 3 mil millones en programas de infraestructura; al programa de fomento a la agricultura, mil 500 millones; al programa nacional de becas, mil 100 millones; al Prospera, mil mi­llones; al programa de fortalecimiento de la calidad educativa, 848 millones; actividades científicas e innovación, mil millones; tratamiento a aguas residuales, 750 millones; fondo nacional emprendedor, 630 millones.
Agregó que el problema del país es la corrupción, la cual es la causa principal de la desigualdad social y económica del país, así como de la violencia; convocó a la ciudadanía a terminar con la corrupción y el contratismo voraz.

miércoles, 18 de mayo de 2016

Durante indagatoria de la Casa Blanca, titular de la SCT se reunió con dueño de Higa: WSJ

Hinojosa Cantú, el donador de la Casa Blanca  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las ligas entre funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa, siguen dando de qué hablar.
Este martes el diario The Wall Street Journal (WSJ) reveló que en 2015 el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, se reunió en dos ocasiones con Hinojosa, supuestamente para monitorear el avance de los trabajos de remodelación del hangar presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Sin embargo, en dichos encuentros –realizados en junio y julio del año pasado– también se manejaron otros temas, incluida la investigación que se desarrollaba en ese momento sobre la compra de las dos residencias que hicieron a Grupo Higa la primera dama y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, respectivamente, de acuerdo con una persona que asistió a esas reunión, destacó el diario estadunidense.
Señaló, asimismo, que algunos observadores han cuestionado la conveniencia de dichos encuentros.“Esas fueron reuniones inapropiadas por las circunstancias especiales (por la investigación que se estaba realizando en ese momento sovre la adquisición de ambas casas)”, dijo Max Kaiser, un experto anticorrupción en IMCO.
“Aunque es cierto que este tipo de encuentros entre funcionarios y contratistas son comunes en México”, añadió.
Meses antes de que las reuniones ocurrieran, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, inició una investigación sobre la compra de las casas, que terminó en agosto. El funcionario designado por Peña Nieto determinó que no hubo conflicto de interés en la compra de los inmuebles.
Sobre los encuentros entre Hinojosa y Ruiz Esparza, el vocero del titular de la SCT dijo que se trató de reuniones de trabajo a las que asistieron funcionarios de diversas agencias gubernamentales.
En 2014, investigaciones de diversos medios revelaron que la primera dama, Angélica Rivera, estaba usando y compró a Hinojosa un inmueble en Lomas de Chapultepec, bautizado como ‘Casa Blanca’ –a un precio de 54 millones de pesos–, y poco después se dio a conocer que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también compró al contratista un inmueble a crédito en Malinalco, Estado de México. El costo total de la vivienda fue de 7 millones 500 mil pesos.
WSJ recordó que antes y después de financiar las viviendas, al menos cuatro empresas de Hinojosa, encabezadas por Grupo Higa, recibieron contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011, y ya como Presidente, en 2012, de acuerdo con documentos del gobierno.
Banobras también dio contratos a una empresa de Hinojosa en 2013, cuando Videgaray era titular de Hacienda y presidente del consejo del banco, apuntó el diario.
El secretario ha dicho que no estaba involucrado en alguna decisión de otorgar contratos a Hinojosa, quien el mes pasado volvió a los reflectores con la información revelada en los #PanamaPapers, que mostraron que transfirió unos 100 millones de dólares el año pasado a una cuenta en un paraíso fiscal, después de que emergieron los escándalos de los negocios inmobiliarios y que el gobierno inició la investigación.
El periódico indicó que de acuerdo con la información del gobierno, las empresas de Hinojosa han ganado 22 contratos federales desde que Peña Nieto llegó a la Presidencia en 2012.
Mencionó que Hinojosa, de 60 años y originario de Tamaulipas, inició una exitosa carrera como contratista del gobierno en el Estado de México, entidad natal de Peña Nieto, a finales de los 90.
Luego de que Peña Nieto se convirtió en gobernador, en 2005, ganó los contratos más grandes. En ese entonces, cuando Ruiz Esparza estaba a cargo de la agencia de transporte de la entidad, Hinojosa ganó una concesión carretera de 244 millones de dólares y Banobras lo financió para construirla.

lunes, 16 de mayo de 2016

Tratos bajo el agua de Higa en la vía Toluca a Naucalpan

Ha dividido a comuneros e indígenas en torno a la carretera Toluca-Naucalpan
Filial de Higa ha repartido 100 millones de pesos en Xochicuautla
La constructora Autovan es propiedad del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú
Foto
Vigilancia de la policía estatal en la zona de obras en San Francisco XochicuautlaFoto Agencia MVT /Archivo
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 16 de mayo de 2016, p. 3
Los integrantes del comisariado de bienes comunales (CBC) del poblado de San Francisco Xochicuautla y del barrio La Concepción –que desde 2009 fungen como representantes de los 882 comuneros de ambos poblados, ubicados en el municipio de Lerma, estado de México– han recibido entre diciembre de ese año y marzo pasado, por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria, al menos 100 millones de pesos de parte de autoridades mexiquenses.
En realidad, los recursos entregados al comisariado fueron proporcionados por la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa –uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto–, la cual obtuvo en 2007 la concesión del gobierno mexiquese para encargarse de las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen una minoría de los 882 comuneros y la mayoría de los 15 mil habitantes de los dos poblados afectados.
Los pobladores inconformes con la construcción de la autopista han argumentado en diversas demandas de amparo que los miembros del CBC están cooptados por el gobierno mexiquense, que sus integrantes no informaron debidamente a toda la comunidad del proceso de expropiación de las 37 hectáreas que serán dañadas por la construcción de la autopista y que la construcción del proyecto carretero violaría los derechos humanos de los 15 mil indígenas otomíes que habitan ambos poblados.
De su lado, los abogados de la empresa Autovan intentan demostrar al Poder Judicial Federal que han cumplido a cabalidad con las normas del derecho agrario, por lo que ya entregaron al juzgado quinto de distrito del estado de México copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.
Entre los documentos privados aportados por la compañía destacan cinco convenios que avalan en total el pago de 56 millones de pesos y que fueron firmados por el CBC a cambio de permitir los trabajos de construcción de un tramo de esa carretera, que afectará 37 hectáreas pertenecientes a esas comunidades, cuyos terrenos fueron expropiados el año pasado.
La Jornada cuenta con copia de los cinco convenios firmados por los integrantes del comisariado, así como de otras documentales bancarias que demuestran la existencia de un fideicomiso por 54.2 millones de pesos, además de transferencias bancarias y cheques por otros tantos millones que administra el comisariado.
Buena parte de los 15 mil pobladores indígenas de la región afectada por la construcción de la autopista –representados por organismos no gubernamentales– han conseguido suspensiones en vía de amparo.
Esos recursos legales han retrasado durante más de ocho años la consumación del proyecto que se concesionó en 2007 al propietario de Higa, grupo constructor de la llamadaCasa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, edificada al gusto de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto.
Aunque los pobladores inconformes sostienen que los miembros del comisariado están cooptados por el gobierno mexiquense, en el mismo decreto de expropiación de las 37 hectáreas de terreno de 2015 se informa que en junio de 2014 se realizó una asamblea comunal y ahí se autorizó la construcción de la autopista, con el aval de la mayoría de votos de los 882 comuneros de ambos poblados.
Fuentes jurídicas cercanas al gobierno mexiquense –que pidieron no mencionar su nombre– informaron a este diario que los pagos los ha realizado la empresa ‘‘de buena fe’’. Añadieron que los comuneros que sí están en favor de la autopista siguen solicitando dinero a la empresa, supuestamente para calmar las inconformidades de quienes aún se oponen.
De su lado, José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien junto con otros organismos no guberamentales asesora legalmente a los comuneros e indígenas otomíes inconformes con la construcción de la autopista, reconoció que los integrantes del CBC y buena parte de los 882 comuneros recibieron dinero del gobierno mexiquense y de Autovan.
‘‘Los comuneros y pobladores están divididos, eso es real, hay que decirlo textualmente. (Sin embargo), la mayoría de los que están en favor de la autopista efectivamente es porque recibieron prebendas y dádivas del gobierno del estado de México y por parte de la empresa’’, dijo Lara Duque.
Según el representante de los comuneros inconformes, la controversia de fondo no es por temas de derecho agrario, sino de derechos indígenas tutelados por el artículo 2 de la Constitución y por diversos tratados internacionales.
‘‘Hay poco más de 800 comuneros con título de propiedad y una comunidad de cerca de 15 mil personas; por tanto, nuestro argumento es que si bien hay un padrón de 882 comuneros que se rigen mediante las leyes agrarias, existen unos 15 mil otomíes tutelados por el derecho indígena a quienes se les violarán sus derechos humanos individuales y colectivos si se construye una autopista en los poblados donde habitan desde hace varias generaciones. Eso está a debate en los tribunales’’, dijo Lara.

martes, 19 de abril de 2016

Higa construye… y destruye casas .- JOHN M. ACKERMAN

Restos de una casa expropiada y derrumbada por Grupo Higa en Xochicuautla, Estado de México. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Juan Armando Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche.
El pasado lunes 11, la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para construir una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora violaban así una suspensión judicial que tiene detenidas las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal.
Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa. La compañía primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra para después destruir la casa de García Salazar y otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad.
Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de descarrilar su eventual candidatura presidencial.

Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales respecto de la aplicación de la ley.
Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llama la atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto paseaba con el presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlín como parte del Año Dual México-Alemania. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual.
Al día siguiente, el martes 12, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones de pesos, que equivale a menos de una docena de spots gubernamentales en Televisa y a una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial.
Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos cómo apenas hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde.
El miércoles 13 un grupo de indígenas tarahumaras clausuró el aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua, en protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por las afectaciones ambientales y sociales generadas por la construcción del aeropuerto. Los indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua, reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias.
Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de aprobación para el presidente de la República hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13%, de acuerdo con el último sondeo del periódico Reforma).
Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya se inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a la patria. l
www.johnackerman.blogspot.com
@JohnMAckerman

“Casa blanca de EPN: un barril de pólvora” .- Antonio Campos

El libro revela "lo desaseado de la colusión de políticos y empresarios para hacer negocios".

Casa-blanca-de-Peña-Nieto-4


Surgió de la casualidad, es decir, de la asociación que hizo el reportero Rafael Cabrera, al ver en mayo de 2013, el reportaje de veinte páginas a Angélica Rivera en ¡Hola! con lo que se llamaría más tarde la Casa Blanca.
En la revista española, tan inquieta siempre por divulgar a agraciados personajes de la socialité, es decir, la gente chic, una frase de Angélica Rivera le saltó al reportero: “En nuestra familia llevamos un vida lo más normal posible. Les he hecho saber que Los Pinos nos será prestado por seis años y su verdadera casa, su hogar, es esta donde hemos hecho este reportaje”.
Cabrera empezó a hurgar en registros y a buscar una y otra vez entrevistas que fueran dando nuevos indicios o claves para saber si el propietario de la casa que se veía en el reportaje de ¡Hola! era el presidente Enrique Peña Nieto, y luego, cuál era la constructora, cuánto era el costo, quién era el arquitecto, por qué y quiénes compraron los predios que estaban junto a la casa de Angélica Rivera en Paseo de las Palmas 1325, es decir, los predios de Sierra Gorda 150 y 160 para fusionar los tres. Rafael Cabrera se incorporó al grupo de investigación que formó Carmen Aristegui y el cual aún trabaja para ella (Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Sebastián Barragán y el propio Cabrera). Los cuatro escribieron el libro (La Casa Blanca de Peña Nieto, Grijalbo, 2015) con todos los detalles de la esmerada investigación. El libro contiene un incisivo prólogo de Aristegui.
Mientras Cabrera indagaba y luego todo el grupo, sabían que estaban sentados en un barril de pólvora. Todas las conversaciones las llevaban a cabo caminando por calles de la colonia Anzures. La clave para la investigación era “Tepoztlán”.  Más de una vez los reporteros –encabezados por Aristegui- se cuestionaron si valía la pena el riesgo, si era sólida la investigación, si debería haber en algunas partes autocensura, hasta que, ya concluido, y revisado múltiples veces el reportaje, decidieron no sacarlo en el noticiero radiofónico de Carmen en Multivisión para proteger el trabajo y la fuente de ingresos. Al final se publicaría simultáneamente en el portal Aristegui Noticias, el diario La Jornada, la revistaProceso y en la revista electrónica Sin embargo.
Como han dicho los moralistas a lo largo de los siglos: sirve infinitamente más a los ciudadanos que se predique con el ejemplo que con el discurso. Recientemente el ex presidente uruguayo José Mújica es un paradigma extremo de áurea medianía, como lo fueron en nuestro siglo XIX Benito Juárez y los prohombres de la Reforma. La gran mayoría vivieron y murieron en la pobreza decorosa o en franca pobreza. Pero ¿qué imagen y ejemplo pueden tener los mexicanos cuando el presidente de la República y sus más allegados, se salen de las vías legales, y no conformes con eso, tratan de aniquilar, a base golpes bajos, a quienes los evidencian?
Pero ¿cómo fue el proceso de la indagación? El grupo de investigadores fue develando que la casa no estaba a nombre de Enrique Peña Nieto o Angélica Rivera, sino de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial del Grupo Higa, una de las 29 que tiene este consorcio.
El dueño del holding o imperio empresarial es el tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista dilecto de Peña Nieto en sus años como gobernador y en los que lleva como presidente, aun si bien antes, siendo Arturo Montiel gobernador del Estado de México, la fortuna le cambió, y empezó a dejar de ser el empresario modesto que tanto tiempo fue. Con Peña Nieto como gobernador, los contratos alcanzaron, según los estimados de los reporteros, los 8,000 millones de pesos. ¿Serán sólo 29 empresas? De Hinojosa acaba de salir otra rama de su inmoralidad con los Panama’s Papers: abrió una cuenta de cien millones de dólares para una empresa fantasma. ¿Sabría Peña Nieto que su multimillonario contratista tenía también esa suma en paraísos fiscales que supera en más de mil por ciento el costo de la casa blanca?
Una pregunta se me repite. Si la casa está a nombre de la compañía de Hinojosa, peroAngélica Rivera declaró a ¡Hola! en mayo de 2013 que era de la familia, y en noviembre, por televisión, días después del escándalo, repitió que era suya, si el EMP la custodia, y aun en su anunciado informe de exoneración Virgilio Andrade informó que pertenecía a la esposa del primer mandatario ¿cómo se las arreglarán para definir legalmente quiénes son los dueños? Si se hizo el traspaso de la compañía de Juan Armando Hinojosa Cantú a Peña Nieto-Rivera ¿bajo qué argumentos legales se llevó a cabo y no simplemente si se pagó o no?
De una cosa estoy seguro: una casa de 86 millones de pesos al valor de 2012, ni con todos los sueldos y bonos que Peña Nieto ha tenido como gobernador y como presidente y los que tendrá hasta 2018, podría pagarla. ¿No le parecía suficiente con tener las cuatro casas, los cuatro terrenos y el departamento que declaró como sus bienes al entrar a la presidencia y aun la casa de Ixtapan de la Sal que no declaró? La casa blanca, fachada e interiores, está minuciosamente detallada en varias páginas del libro de los jóvenes reporteros del equipo de Aristegui.
Los meganegocios del sexenio de Peña Nieto serían dos: el tren de alta velocidad México-Querétaro y el aeropuerto. El contrato del primero –no se permitieron competidores- se destinó a la compañía asiática China Railway Construction Corporation, y a las mexicanas, GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y… Constructora Teya, filial de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú. El costo sería de 3,760 millones de dólares. ¿Para qué meter en competencia a otras trece compañías que pedían que se ampliara el plazo “para presentar sus propuestas”? Pero ¿qué no saben esas compañías, o no les han informado que para un gobierno mexicano eso les pertenece a los amigos útiles, y si son de las familias más ricas, es mucho mejor? El 3 de noviembre se anunció la adjudicación, y los tres días siguientes, el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza se pasó defendiendo el otorgamiento, pero la noche del 6 de noviembre, ante la inminente bomba mediática de la casa blanca, Ruiz Esparza anunció “que se reponía la convocatoria” -eufemismo por cancelarla.
Pero estalló la bomba. El 9 de noviembre el reportaje se publicó cuando Peña Nieto viajaba –curiosamente- a China. ¿Qué explicaciones dio a los chinos por la cancelación del tren de alta velocidad? No lo sabemos. Con humor, que tal vez no quiso ser involuntario, a su vuelta a México dio la noticia de que se entablaron negociaciones con los asiáticos para venderles… tequila, fresas y frambuesas. No se trataba de dejarlos con las manos vacías, y menos, cuando el escándalo de la casa blanca se propagaba como fuego, y en la adjudicación del contrato para el tren de alta velocidad México-Querétaro ya se sabía que una de las partes era el propietario que edificó la casa blanca… y también el propietario legal de la casa. Lo cierto es que en 2014, primero con la noche del 26 de septiembre en Iguala, y luego en noviembre con la publicación del reportaje de la casa blanca, el Mexican Moment de Peña Nieto, de que habló The Economist, se volvió cotidianamente para los mexicanos el Mexican Negative Moment.
Todos saben que desde sus inicios la Secretaría de la Función Pública ha sido una entidad parasitaria. Peña Nieto prometió desaparecerla y crear la Comisión Nacional de Anticorrupción. Contra lo dicho, el miércoles 4 de febrero de 2015 Peña Nieto la revivió para nombrar, en una triste y grotesca mascarada, a su amigo y empleado Virgilio Andrade al frente de la Secretaría con el fin de investigar el estatus legal de la casa blanca y la casa de Malinalco de Luis Videgaray. Creo que pocas veces se ha visto una burla mayor de un presidente de México a la inteligencia de los ciudadanos. ¿Alguien creyó en ese momento que Andrade no los exoneraría? El asombro de aquella noche no terminó con la designación. Luego de anunciarlo, al retirarse del micrófono, Peña Nieto comentó en voz audible: “Ya sé que no aplauden”. O sea, creía que debían aplaudirle por designar a alguien que todo mundo sabía que lo exoneraría.
El 15 de marzo de 2015 Carmen Aristegui y su equipo fueron despedidos del programa radiofónico de MVS. Se castigaba, no a quien violó la ley, sino a quienes denunciaron que se violó la ley.
Cinco meses más tarde, el 21 de agosto, Virgilio Andrade, en el mal final de una mala obra de teatro, exoneró a sus amigos Peña Nieto y Videgaray, arguyendo que no había conflicto de interés. Todo estaba limpio, la casa era de Angélica Rivera y la casa de Videgaray fue comprada en la campaña de Peña Nieto y no cuando ya era secretario de Hacienda (aunque el único contrato de compraventa que existe es de más de un año después, y más precisos, del 28 de noviembre de 2013).
En el expediente de 60,000 fojas que Andrade armó hubo apenas una breve contestación por escrito de Peña Nieto diciendo que la casa era de su cónyuge, pero ni Juan Armando Hinojosa Cantú ni Angélica Rivera fueron entrevistados. Es decir 60,000 fojas que se resumían en una sola línea en una sola página: No hay conflictos de interés. El caso está cerrado. Sin embargo nunca dijo que desde el principio todo olía mal: el primer conflicto de interés venía de él mismo, que no debió haber aceptado el puesto porque no podía investigar a su jefe: era imposible que fuera a inculparlo. Luego de la exoneración de Peña Nieto y Videgaray, el senador perredista Luis Miguel Barbosa, con su característica gracia, comentó: “¿Alguien esperaba algo diferente de Virgilio? ¿Entonces?” El famoso periodista Jorge Ramos, de Univisión, advirtió algo que era imposible no compartir: “Andrade pasará a la historia como una de las figuras más tristes y patéticas de la política mexicana”.
La casa blanca de Peña Nieto se publicó hace unos meses en la editorial Grijalbo. Mientras leíamos el libro, al paso de las páginas, íbamos sintiéndonos cada vez más abrumados por la información que nos hacía ver con documentos y cifras lo desaseado de la colusión de políticos y empresarios para hacer negocios. Al llegar a los capítulos finales, dedicados a Juan Armando Hinojosa Cantú, quien en poco más de diez años se ha hecho poseedor de un holding de 29 empresas –sin contar la fantasma de cien millones de Panamá-, y a Virgilio Andrade, del que se muestran todos los retorcimientos, sesgos, ocultamientos y omisiones de su investigación, nos sentimos aplastados ante el peso de la carga de tanta inmoralidad.
¿Qué hacer con quienes “no entienden que no entienden”?

viernes, 15 de abril de 2016

214 diputados (ninguno del PRI) impulsan comisión que investigue contratos de Grupo Higa

Cuatro grupos impulsan la propuesta: Morena, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano.

Camara_Diputados_NTX

La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la creación de una comisión que investigue los contratos del Grupo Higa con organismos gubernamentales, empresas paraestatales y órganos descentralizados.
Se trata de la empresa que es propietaria y construyó la casa blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.
La petición para crear esta comisión investigadora tiene el respaldo de 214 firmas de legisladores de cuatro grupos parlamentarios: 36 de Morena, 56 de PRD, 97 de PAN y 25 de MC, indicó Virgilio Caballero, quien estuvo acompañado de otros diputados de su bancada.
Indicó que se ha confirmado la relación de esta firma con 25 organismos, entre ellos: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Casa de Moneda de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
Asimismo, como la Comisión Federal de Electricidad (FCE), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), entre otros.
Caballero Pedraza mencionó que es probable que las ganancias que ha obtenido Higa con esas dependencias, formen parte de los supuestos 100 millones de dólares que se le adjudicaron en empresas “offshore”, en la investigación periodística Panamá Papers, basada en documentos del despacho Mossack Fonseca.
El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) recordó que durante la pasada LXII Legislatura también se realizó una petición similar, encabezada por el ex diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pero no se concretó por parte de la Jucopo, ya que “no hubo voluntad política”.
El legislador Vidal Llerenas Morales (Morena) consideró que “es una gran oportunidad para que se ejerza esta facultad que tiene la Cámara de Diputados, de realizar investigaciones que permitan aclarar las enormes dudas que hay sobre un grupo, que prácticamente tiene contratos con toda la Administración Pública Federal”, mencionó.(Con información de Notilegis)

jueves, 14 de abril de 2016

México construye una autopista privada sobre un santuario indígena en Xochicuautla

ElPais, España.
El líder indígena de Xochicuautla sobre los escombros de su casa.
Dominga Villada, indígena otomí del pueblo mexicano de Xochicuautla, saca de los escombros unas hojas de estafiate, la planta con sabor amargo que crece en su tierra de manera natural y que emplea en algunos rituales. Aplastada por algunos restos de cemento asoma la jara, con la que bañan a las "muchachitas" que acaban de parir. En el camino hacia el bosque recolectan los hongos que consumen y venden en la capital del país, a unos 70 kilómetros. Y cada pocos metros, una cruz. Desde lo más alto, unas señoras de rostro duro controlan que se respete la única construcción que las máquinas no han derribado todavía: una pequeña y humilde capilla. Todo lo demás se encuentra arrasado. Sobre las montañas a las que los peregrinos indígenas conocen como Santuario del agua van a construir una autopista privada.

El Castillo derribado era el inicio de la peregrinación para los indígenas de los pueblos vecinos

En 2007 la constructora del Grupo Higa —cuyo propietario, Juan Hinojosa, está involucrado en el escándalo de losPapeles de Panamá y la empresa fue señalada por la construcción de la polémica Casa Blanca de la primera dama de México, Angélica Rivera— consiguió la concesión para la obra de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. En julio del año pasado se decretó la expropiación de 38 hectáreas del pueblo de Xochicuautla para tal fin. Pero los vecinos aseguran que nunca se consultó al Consejo Supremo Indígena, como marca la ley que se debe hacer para respetar los usos y costumbres de estos pueblos. Añaden que los desalojados no han recibido ningún tipo de indemnización. Y, sobre todo, que las obras fueron suspendidas por un juez de distrito el pasado mes de febrero después de los amparos presentados. Pese a todo, el lunes pasado las máquinas entraron apoyadas por más de 300 policías federales para allanar el terreno. Los vecinos aseguran que no tenían ningún tipo de orden judicial para tocar sus propiedades.
Por la cuesta que lleva al cerro, baja un centenar de policías en formación romana. "Mañana regresamos", espeta uno de ellos en tono burlón a un hombre mayor con sombrero que los observa. Según una abogada, miembro de una organización activista que está apoyando a los indígenas, las autoridades se han comprometido a respetar las construcciones que quedan en pie. Se refieren a la capilla. Todos, agrupados en un círculo la miran escépticos: "¿Y cómo pretenden que nos creamos que van a respetar el templo si por ahí tiene que pasar la carretera?", se atreve a preguntar uno de ellos. Silencio total. Aunque la resistencia de los vecinos ha logrado que no toquen los edificios, muchos sospechan que ese avance no durará mucho tiempo.
Los escombros que se extienden por lo que ahora es una explanada donde los vecinos y los activistas han montado un campamento son de lo que ellos llamaban El Castillo. Una casa de tres niveles construída hace siete años por el líder de la comunidad, Armando García Salazar, de 51 años. En la planta baja vivía con su mujer y sus dos hijos adolescentes. Los otros dos pisos servían de centro cultural para los vecinos del pueblo de unos 3.000 habitantes. "Era un símbolo para nosotros. Está junto al bosque, que es sagrado", explica Villada.


La capilla sobre la que pasará la autopista privada Toluca-Naucalpan. 

#Xochicuautla, Grupo Higa y la conspiración mexiquense

La vivienda destruida en Xochicuautla. Foto: Frente Juvenil Xochicuautla
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con algunas horas de diferencia, mientras Enrique Peña Nieto presumía en Berlín las estelas de la cultura maya, en el bosque de Xochicuautla, zona otomí del Estado de México, personal de la empresa Autovan, filial de Grupo Higa, ingresó en un predio para desalojar a sus habitantes, destruir casas y parte del bosque, en franca violación a la suspensión definitiva que obtuvo la comunidad en un juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca.
Con el apoyo de los granaderos estatales y haciendo valer su condición de contratista privilegiado, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú –el mismo empresario consentido del peñismo, el de la Casa Blanca, de la Casa de Malinalco, del millonario proyecto del Acueducto hacia Monterrey, del Aeropuerto de Toluca, del frustrado proyecto de tren hacia Querétaro, más los que se sumen– hizo valer el poder de la impunidad y el respaldo de las autoridades del gobierno del Estado de México.
La tarde del lunes 11, maquinaria pesada demolió la vivienda propiedad del delegado Armando García Salazar, bajo el pretexto de que se encontraba en el polígono expropiado, que forma parte de la concesión de la carretera Toluca-Naucalpan.
Las imágenes de la demolición de la vivienda, del ingreso de más de 100 granaderos, de la expulsión de los habitantes de esta zona, se difundieron a través de cuentas en Twitter y en otras redes sociales como Periscope. El hashtag #AlertaXochicuautla se convirtió de inmediato en Trending Topic. Las cuentas falsas del oficialismo federal y estatal y la estrategia de “inflar” otras frases insulsas para borrar Trending Tópics incómodos fue aplicada durante toda la tarde del mismo lunes 11 para “encubrir” la agresión.
En la mañana de este martes, los granaderos continuaron con su labor de desalojo. A las 10:30 de la mañana se registró otro ataque. Las imágenes de agresiones a mujeres otomíes orando y con veladoras, en una de las capillas de la comunidad, recorrieron las redes sociales.
El gobierno de Eruviel Ávila, siempre dispuesto a lavarse las manos ante la arbitrariedad de su propio gobierno, informó que el Sistema de Autopistas del Estado de México inició trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, en el tramo de los kilómetros 16 a 19, “a fin de ejecutar conforme a derecho de posesión un predio ejidal expropiado en junio de 2015”.
Es decir, justificaron el desalojo remitiéndose al decreto de expropiación firmado por Enrique Peña Nieto el año pasado, que afecta a 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar con una carretera que lleva más de seis años de retraso.
Los pobladores de la zona otomí afirmaron que el gobierno federal de Peña Nieto nunca hizo la consulta a la que estaba obligado antes de emitir el decreto expropiatorio, por lo que ellos promovieron un juicio de amparo y ganaron en febrero de 2016 la suspensión definitiva. El juez quinto de distrito en materia administrativa ordenó al Grupo Higa no realizar obras ni invadir los predios de Xochicuautla, hasta que se emita la sentencia del juicio de amparo.
El tamaño del negocio es de 7 mil 200 millones de pesos que el gobierno del Estado de México concesionó a Grupo Higa desde que Enrique Peña Nieto era gobernador. Se trata de la construcción de la vía de cuota de 39 kilómetros que conectará a la autopista La Venta-Chanopa, para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y, sobre todo, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, concesionado “casualmente” también a Grupo Higa.
El acto de represión contra los pobladores de Xochicuautla ocurre una semana después de que Juan Armando Hinojosa Cantú apareciera en los #PanamaPapers como uno de los empresarios mexicanos que utilizaron este mecanismo para encubrir fondos por más de 100 millones de dólares, justo cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto lo “investigaba” a través de la Secretaría de la Función Pública por posible corrupción en los casos de la Casa Blanca y también de la casa de Malinalco.
La represión ocurre también “casualmente” cuando Peña Nieto está fuera del país. Una vez más se repite el guión: cada vez que está ausente del territorio nacional el primer mandatario, algo ocurre con Grupo Higa y este personaje que parece romper todos los récords de impunidad y de silencio.
En medio de esta trama hay un creciente pleito entre los distintos bloques y grupos de poder del Estado de México: principalmente entre quienes participan en el gobierno federal de Peña Nieto y han apoyado a Hinojosa Cantú hasta la ignominia (léase Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT y exsecretario estatal de Infraestructura y también vinculado al escándalo OHL) y entre quienes están en el gobierno de Eruviel Ávila, una administración cercada por sus propias torpezas y fracturas.
La conspiración mexiquense apenas empieza. Y se esperan capítulos aún más represivos y violentos. No en balde la llamada #LeyAtenco parece retratar a una clase política que se divide y se fractura por sus intereses y negocios en juego, pero que coincide en una sola cosa: la ley del más fuerte es la que impera en el medioevo mexiquense.
www.homozapping.com.mx

miércoles, 13 de abril de 2016

Constata ONU violación de órdenes judiciales en obras de la autopista Naucalpan-Toluca

Intentan tirar capilla
CNDH pide diálogo
Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de abril de 2016, p. 26
Lerma, Méx.
Personal de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) constató ayer que la empresa Autovan (propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa y uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto), continuó con la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca en el núcleo ejidal de San Francisco Xochicuautla, a pesar de que existen dos suspensiones definitivas concedidas por juzgados de distrito a los comuneros de esa localidad, las cuales ordenan que no se realicen obras en los terrenos expropiados mientras se resuelven los juicios de amparo.
Protegidos por cientos de granaderos, tres trascabos de Autovan continuaron desmantelando el campamento Por la Paz y la Digna Resistencia que habitantes de Xochicuautla instalaron en junio pasado para impedir las obras. También siguieron abriendo brecha para la carretera y amenazaron con derribar una pequeña capilla en el paraje de El Zopilote, donde ayer demolieron una casa.
Cuatro mujeres y un hombre entraron en la capilla para impedir que la maquinaria la derribara. Los dos enviados de la ONU se pusieron frente al inmueble y pidieron tolerancia a los policías antimotines.
Los abogados del movimiento explicaron al personal de la ONU que cuentan con dos suspensiones que no están siendo respetadas y anunciaron que denunciarán a la empresa por incurrir en desacato, con apoyo de la policía estatal.
El comandante que estaba al frente de los granaderos dijo desconocer la existencia de las suspensiones y manifestó que sus superiores no le notificaron.
En el paraje Los Zopilotes se reunieron más de 100 habitantes que pidieron con gritos y llanto a los policías y a los ingenieros de Autovan que pararan la destrucción del bosque y sus viviendas. En el trazo de la carretera hay seis viviendas más que podrían ser demolidas.
La mayoría de la población de Xochicuautla se opone a la construcción de la autopista desde 2008, cuando se inició su construcción, pues aseguran que este proyecto es punta de lanza para que la zona se urbanice y se arruine el llamado Bosque de Agua, principal punto de recarga del acuífero del Lerma, que abastece a la Ciudad de México.
Los pobladores han retrasado ocho años el proyecto que se concesionó a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa, que construyó la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México al gusto de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
El año pasado el Ejecutivo expropió 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar la autopista, pero habitantes promovieron amparos y aseguran que nunca se realizó la consulta a la que estaban obligadas las autoridades antes de emitir el decreto expropiatorio.
Apoyo de normalistas
A la zona de conflicto también llegaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes tomaron nota. Pasadas las 15 horas, policías y personal de Autovan se retiraron cuando arribaron normalistas de Tenería en apoyo a la comunidad.
En tanto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, invitó a las partes a que en la disputa por este proyecto priven el diálogo, el respeto a la ley y los derechos humanos.
Durante la presentación delDiagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015, en la Ciudad de México, el ombudsman dijo que el organismo a su cargo analiza el expediente.

Desacata Higa fallo judicial para detener autopista


Constata ONU violación de órdenes judiciales en obras de la autopista Naucalpan-Toluca
Intentan tirar capilla
CNDH pide diálogo
Israel Dávila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de abril de 2016, p. 26
Lerma, Méx.
Personal de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) constató ayer que la empresa Autovan (propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa y uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto), continuó con la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca en el núcleo ejidal de San Francisco Xochicuautla, a pesar de que existen dos suspensiones definitivas concedidas por juzgados de distrito a los comuneros de esa localidad, las cuales ordenan que no se realicen obras en los terrenos expropiados mientras se resuelven los juicios de amparo.
Protegidos por cientos de granaderos, tres trascabos de Autovan continuaron desmantelando el campamento Por la Paz y la Digna Resistencia que habitantes de Xochicuautla instalaron en junio pasado para impedir las obras. También siguieron abriendo brecha para la carretera y amenazaron con derribar una pequeña capilla en el paraje de El Zopilote, donde ayer demolieron una casa.
Cuatro mujeres y un hombre entraron en la capilla para impedir que la maquinaria la derribara. Los dos enviados de la ONU se pusieron frente al inmueble y pidieron tolerancia a los policías antimotines.
Los abogados del movimiento explicaron al personal de la ONU que cuentan con dos suspensiones que no están siendo respetadas y anunciaron que denunciarán a la empresa por incurrir en desacato, con apoyo de la policía estatal.
El comandante que estaba al frente de los granaderos dijo desconocer la existencia de las suspensiones y manifestó que sus superiores no le notificaron.
En el paraje Los Zopilotes se reunieron más de 100 habitantes que pidieron con gritos y llanto a los policías y a los ingenieros de Autovan que pararan la destrucción del bosque y sus viviendas. En el trazo de la carretera hay seis viviendas más que podrían ser demolidas.
La mayoría de la población de Xochicuautla se opone a la construcción de la autopista desde 2008, cuando se inició su construcción, pues aseguran que este proyecto es punta de lanza para que la zona se urbanice y se arruine el llamado Bosque de Agua, principal punto de recarga del acuífero del Lerma, que abastece a la Ciudad de México.
Los pobladores han retrasado ocho años el proyecto que se concesionó a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa, que construyó la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México al gusto de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
El año pasado el Ejecutivo expropió 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar la autopista, pero habitantes promovieron amparos y aseguran que nunca se realizó la consulta a la que estaban obligadas las autoridades antes de emitir el decreto expropiatorio.
Apoyo de normalistas
A la zona de conflicto también llegaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes tomaron nota. Pasadas las 15 horas, policías y personal de Autovan se retiraron cuando arribaron normalistas de Tenería en apoyo a la comunidad.
En tanto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, invitó a las partes a que en la disputa por este proyecto priven el diálogo, el respeto a la ley y los derechos humanos.
Durante la presentación delDiagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015, en la Ciudad de México, el ombudsman dijo que el organismo a su cargo analiza el expediente.


Green Go