Movimiento de AMLO se suma a demanda del SME

El conflicto en compañía de luz no es por las incosteables finanzas y privilegios salariales, sino que adquiere en bloque la energía a la CFE y ésta adquiere 35% de la misma a la IP, dijo López Obrador ante unos cinco 5 mil electricistas. FAP propondrá una comisión indagatoria, precisó en un mitin en San Lázaro.

La Jornada En Línea

Publicado: 12/10/2009 17:45

México, DF. Al presentar dos iniciativas de ley en materia económica -una enfocada a la austeridad y la otra de eliminación de privilegios fiscales- para 2010, mismas que serán llevadas a debate en ambas Cámaras legislativas a partir de mañana martes, el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador acordó que su movimiento se sumará a las protestas que encabeza el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a raíz del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Durante la asamblea informativa celebrada afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, y a la que se sumaron alrededor de 5 mil integrantes electricistas, el político tabasqueño negó que el conflicto sea producto de un incosteable manejo de finanzas y privilegios salariales como lo han mencionado las autoridades federales y señaló que todo se deriva en que dicho organismo compra la luz en bloque a la Compañía Federal de Electricidad, que a su vez adquiere el 35 por ciento de toda la energía que consume el país a empresas extranjeras y empresarios particulares.

Por ello, pidió a los legisladores del FAP que a partir de mañana empiecen a proponer la formación y constitución de una comisión investigadora para ir al fondo de este asunto.

Al referirse al asunto económico, el líder del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica emplazó a las autoridades a realizar un debate público sobre la política recaudatoria que quiere aplicar el gobierno federal para el año entrante, porque dijo, no es posible que en México, los profesionistas de clase media paguen mil 500 por ciento de impuesto más que cualquier empresario del país.

“Esto es una inmoralidad”, expresó, sobre todo cuando entre la cúpula de banqueros y empresarios priva una situación de privilegios en materia de gravámenes. Para ejemplificar tal iniquidad denunció que tan solo en materia de impuestos, las grandes empresas adeudan a la Secretaría de Hacienda 460 mil millones de pesos; cantidad que de recaudarse serviría para lo que las autoridades federales llaman el boquete financiero y no se requeriría aplicar el 2 por ciento.

En este sentido, informó, los diputados y senadores de su movimiento presentarán mañana 13 octubre dos proyectos de ley y convocó a un debate nacional y público sobre el daño que causa a la nación mantener tales privilegios no solo a nivel económico sino también político.

Por lo que toca a la actual situación de LFC y los integrantes del SME, López Obrador anunció que su movimiento se sumará a las movilizaciones de resistencia y protesta que organice el gremio, por lo que estará presente en la marcha del próximo jueves que iniciará del Angel de la Independencia rumbo al Zócalo.

En este sentido, dejó en claro que no tomará ningún protagonismo, por lo que estará siguiendo lo que determinen los dirigentes del SME a este respecto. Para este fin propuso la integración de una comisión de enlace con los electricistas, conformada por Claudia Sheinbaum, Berta Luján, Ricardo Ruiz y Jesús Martín del Campo, para coordinar los apoyos que puedan brindarles.

Asimismo, esta comisión iniciará al interior de las brigadas de resistencia civil y otras organizaciones sociales una campaña de acopio de víveres para apoyar a los trabajadores afectados por el decreto de Felipe Calderón.

López Obrador conovocó al próximo lunes 19 de octubre, afuera de San Lázaro, a una nueva asamblea informativa.

Una notita vieja...Senador del Verde con un millón de pesos en efectivo :

Como Buen Golpista, Calderón Deshace México a Decretazos

Por encima de la Constitución, ignorando al Congreso y las formas pseudo democráticas, Felipe Calderón se erige en dictador autócrata y a base de "decretazos" impone su ley para desmantelar lo que queda de México. Con "decretos" autócratas se apropia lo mismo de millones de dólares "confiscados" (supuesta prueba de un delito) a un empresario chino-mexicano para repartirlos discrecionalmente, que impone Estado de Sitio en cualquier parte de la república para dar "calambres" a opositores y justificar las violaciones militares a los derechos humanos, o "desaparece" por sus pistolas una empresa de importancia estratégica nacional (Luz y Fuerza del Centro) para entregarla (despuecito y a la callada) a prestanombres de trasnacionales españolas. Las nacionalizaciones de anteriores Presidentes, Calderón las desnacionaliza a toda prisa, para sus voraces patrocinadores salinistas. Como comparte con el salinismo la convicción de la castración nacional con el argumento de que "los mexicanos aguantan todo", Calderón ordena depredar todos los bienes nacionales y dárselos en propiedad a la Cleptocracia, antes de que a alguien se le ocurra gritar ¡YA BASTA, AFUERA TODOS!

Responsabiliza PRI a gobierno federal de eliminación de LyFC

Ciudad de México, 11 de Octubre.- El PRI responsabilizó al gobierno federal de las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de su decisión de extinguir la compañía de Luz y Fuerza del Centro y le recuerda que no es momento para aclarar el conflicto con el sindicalismo mexicano.

El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, estableció que no es responsabilidad del Sindicato Mexicanos de Electricistas la crisis por la que atraviesa este organismo descentralizado, ya que el propio gobierno se ha encargado de reducir la inversión y aplica una política de incremento de tarifas y reducción de subsidios sólo con fines recaudatorios ante al ineficacia de la Secretaría de Hacienda para generar ingresos.

Rojas Gutiérrez pidió a la administración de Felipe Calderón explique de manera amplia la decisión de desparecer Luz y Fuerza del Centro pero también, cómo es la realidad de la productividad, costos precios, subsidios, tipos de generación y energías alternas, porque es preocupante que la percepción social sea que se aplique una estrategia de desprestigio a las empresas públicas y una eventual privatización, cuando la constitución establece que corresponde al Estado la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

Al termino de la lectura de un comunicado, Rojas Gutiérrez, se negó a responder si el PRI apoyaría o no la controversia constitucional que han solicitado los trabajadores electricistas al Congreso de la unión para dar marcha atrás al decreto presidencial “vámonos por pasos en este momento esta es la posición de los priístas”, dijo.

Rossy Ahuactzin, reportera

Se rescata a voraces especuladores pero se elimina a LFC

El gobierno y su oligarquía, lo único realmente oneroso e ineficiente

Carlos Fernández-Vega


Agolpe de caprichos y traspiés, Felipe Calderón intenta mantenerse a flote en Los Pinos, y la muestra más reciente es el sabadazo, por medio del cual –por si alguien tuviera dudas– ratificó que su política es sencilla: por un lado, los excesos, la voracidad y los ataques especulativos de los barones del sector privado se resuelven, ipso facto, con multimillonarios “rescates” a costillas del erario; por el otro, la ineficiencia de alguna paraestatal se solventa con un decreto de defunción, por mucho que los primeros signifiquen un costo infinitamente mayor para las arcas públicas que la segunda.

En cadena nacional y horario triple A, el inquilino de Los Pinos anunció (octubre de 2008 y enero de 2009) el “rescate” de grandes cuan voraces empresas privadas (Comercial, Cemex, Alfa, por ejemplo) que especularon con derivados y salieron trasquiladas, así como el sacrificio de miles y miles de millones de dólares en reservas internacionales para saciar el hambre de los insaciables que apostaron en contra del peso. En cambio, por la puerta de atrás, como es su vicio, un sábado por la noche, sábado futbolero, en plena euforia bananera por el triunfo de los ratoncitos verdes (léase de Televisa), por medio de un mañoso decreto publicado en día inhábil para el Diario Oficial de la Federación y en silencio, firma el acta de defunción de una empresa del Estado.

Según el citado decreto, lo “inevitable” de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro parte de su “comprobada ineficiencia operativa y financiera”, la cual representa un costo tan elevado que “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Y horas después el abogado corporativo Fernando Gómez Mont, disfrazado de secretario de Gobernación, detalló: “la extinción de la empresa obedece exclusivamente a razones de onerosidad, que han llevado a la entidad a pasivos hasta de 240 mil millones de pesos, que no se disponen; la compañía enfrenta una situación financiera insostenible, que requería una transferencia cada vez mayor de recursos con cargo a todos los mexicanos y que, de seguir así, hubiera sido necesario transferir al organismo más de 300 mil millones de pesos (en el sexenio calderonista) y de no haber actuado, esa cantidad seguiría creciendo hasta hacerse totalmente impagable”.

Pues bien, si ése es el quid del asunto (es decir, la “situación financiera insostenible con cargo a todos los mexicanos”) va un comparativo: los regímenes tributarios especiales costarán 10 veces más a esos mismos mexicanos en igual periodo (el sexenio calderonista), o lo que es lo mismo, 3 billones de pesos contra 300 mil millones de Luz y Fuerza, pero Calderón decide extender el certificado de defunción para la empresa del Estado y mantener intocados los privilegios fiscales de los voraces barones a los que en cadena nacional y horario triple A “rescató”, con cargo a todos los mexicanos, por la trasquilada que les dieron en los mercados especulativos.

Luz y Fuerza del Centro, en efecto, no es una empresa todo lo eficiente que se necesita, pero en vez de enderezarla, limpiarla, hacerla productiva, sanearla, etcétera, etcétera, el inquilino de Los Pinos simple y sencillamente decide enterrarla, para lo cual deberá erogar miles y miles de millones de pesos que el erario (versión de Calderón) no tiene. De entrada, deberá pagar alrededor de 20 mil millones de pesos por liquidaciones económicas a sus trabajadores, monto equivalente a casi 60 por ciento del subsidio que para 2010 propuso a los diputados el propio gobierno calderonista. Si se prefiere, esos 20 mil millones representan una tercera parte de lo que el erario captaría por el 2 por ciento de IVA disfrazado de impuesto para combatir la pobreza, con el que, un día y el otro también, chantajea cotidianamente el michoacano desde el púlpito oficial.
Independientemente de que la pregunta obligada es ¿con qué pagarán indemnizaciones, liquidaciones y conexos a los trabajadores de Luz y Fuerza? (“no hay dinero”), lo cierto es que es muy abultado el inventario de empresas públicas estacionadas en el limbo de las “extinciones” y “liquidaciones”. Por allí deambulan bancos reprivatizados por el salinato y “rescatados” por el zedillato, y en el mismo lugar dejados por el foxiato y el calderonato, lo mismo que ferrocarriles nacionales, el sistema Banrural, ingenios azucareros “equivocadamente” expropiados, y tantas otras gracias de gobiernos pasados y presentes, que siguen costando mucho dinero a los mexicanos. ¿A ese limbo pasará, por tercera ocasión, a LFC?

Entonces, Luz y Fuerza del Centro se va al hoyo por “onerosa” e “ineficiente” (aunque originalmente se dijo que el “problema” de la paraestatal era el conflicto sindical, el aparente fraude en las elecciones internas del SME y la decisión calderonista de no obsequiar la “toma de nota”), según la versión oficial. Bien, pero por “onerosas e ineficientes” a lo largo de casi tres décadas cinco gobiernos enterraron a casi mil 150 empresas paraestatales (muchas de ellas posteriormente “rescatadas” con recursos públicos), sepultaron el aparato productivo del Estado, eliminaron la participación gubernamental en prácticamente toda actividad económica y productiva y se limitaron a la tarea gerencial, pero –¡sorpresa!– la situación financiera a cargo de todos los mexicanos (Gómez Mont dixit) es cada día peor. Y tal vez sea así porque lo único realmente oneroso e ineficiente que no se desmanteló fue al propio gobierno y a la oligarquía que lo controla.

En la masacre de paraestatales, cada uno de los implicados (De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón) en su momento dijo exactamente lo mismo: por “onerosas” e “ineficientes” van para afuera; los recursos “liberados” irán directo al pago de la deuda social, y los dineros que se obtengan por su venta, a la atención de las urgencias de los mexicanos más desamparados. Tres décadas después, la deuda social resulta espeluznante y las urgencias son más urgentes que nunca, mientras los mexicanos, por medio de su oneroso e ineficiente gobierno, se mantienen alta y permanentemente endeudados y las finanzas públicas en “el shock más grave de los últimos 30 años” (Carstens dixit).

Las rebanadas del pastel

Un aplauso a la visión y el colmillo del inquilino de Los Pinos, quien no escogió mejor momento para su nuevo capricho: crisis económica, social, política, laboral y de seguridad, es decir, justo cuando el país se encuentra en plena sequía y el sol cae a plomo. Una chispa resulta suficiente.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

El problema en LFC, el robo de energía de las grandes empresas: ex funcionario de Sener

Israel Rodríguez J.

Nicéforo Guerrero Reynoso, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que el problema en Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan.

Consideró que la eventual privatización del organismo sería un “error”, porque es una empresa viable, de una gran tradición sindical y obrera, a la que se puede “sacar mucho fruto”; sin embargo, reconoció que también es irresponsable.

“Creo que en el problema con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un conflicto del gobierno con un gremio que es muy fuerte”, señaló, y advirtió que bajar el switch en la zona centro del país es un grave riesgo.

Por su parte, José Luis Apodaca, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa, indicó que la liquidación de LFC tiene como propósito allanar el camino para su privatización, con dedicatoria principalmente para las empresas extranjeras.

Nicéforo Guerrero, subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del ex presidente Vicente Fox y relevado en el cargo el 23 de marzo de 2004, después de que Felipe Calderón fue nombrado secretario de Energía, señala en entrevista con La Jornada que la carga de la empresa no es sindical.

“El subsidio es alto sí, 40 mil millones de pesos, pero también hay que cobrarle a los consumidores industriales y comerciales que no pagan lo que corresponde, independientemente de que haya generación distribuida a menor costo.”

El ahora también presidente municipal de Guanajuato, surgido de la coalición PRI, PRD y PT, al preguntarle cómo se resolvería el problema de electricidad en el valle de México, respondió: “poniendo una planta en Lerma y otra en Teotihuacán, ambas de ciclo combinado mediante gas, que hoy es barato, y se resolvería de manera eficiente el anillo que genera la distribución de la electricidad para estos lugares”.
–¿Hay cuentas especiales?

–Sí. Liverpool tiene su propia autogeneración eléctrica y cuenta con 75 megavatios disponibles para la ciudad de México, que sería de energía distribuida. Todas las grandes empresas podrían producir energía distribuida y venderla a la empresa; esa sería una forma de salvar a Luz y Fuerza con la venta de excedentes, pero a precios razonables, no a precios de la CFE, que le cobra en la hora pico más a LFC que a los industriales.

Señaló que fusionar LFC es una buena opción, en la medida que el gobierno hubiera pactado con los trabajadores una adecuada liquidación y no un conflicto. Lo ideal era mantener una sola empresa y que una de las divisiones fuera Luz y Fuerza, como lo fue hasta la época de Carlos Salinas, cuando la convirtió en empresa descentralizada.

Aseguró que el contrato colectivo de trabajo no es el gran problema de LFC, sino la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la ciudad de México. Explicó que si CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a ocho centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza.

“Hay una cuestión clara, CFE le vende a LFC a un precio como a cualquier industrial, lo cual pudiera ser correcto, pero no para la empresa pública, porque tiene que venderla al mismo precio o a menor costo del que se la ofrece Comisión Federal. Es lo que pasa con el gas y otros productos, que son los llamados precios de transferencia entre las subsidiarias de Pemex, que generan este error”, concluyó Nicéforo Guerrero.

LFC: sabadazo del gobierno

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Tal vez sea demasiado tarde para su organización, pero al menos la extinción” de la compañía de Luz y Fuerza del Centro sirvió para unificar a los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).


En un inusual mitin de protesta –por realizarse en domingo ante el sabadazo del gobierno–, el secretario general del SME, Martín Esparza, estuvo acompañado por el opositor Alejandro Muñoz, quien dio paso al conflicto por sus denuncias de supuesto fraude electoral.


El camino legal y político será largo y enconado, pero en los hechos se consolidó el control gubernamental sobre las instalaciones eléctricas, con la llegada de personal de la Comisión Federal de Electricidad, cuyo director, Alfredo Elías Ayub, garantizó que no será afectado el servicio a consumidores.

La cosecha


Certificación e intercambio de maestros en la enseñanza del inglés, así como revisión del contenido, la perspectiva didáctica y la aplicación de los nuevos libros de texto en las materias de ciencias y matemáticas fueron los temas centrales tratados por el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Fernando González, durante el pasado fin de semana con los directores y equipos de trabajo de los departamentos de educación de las universidades Columbia y de Nueva York para la firma en un futuro cercano de convenios de colaboración, como parte del proceso para mejorar los nuevos libros de texto, todo dentro de la Reforma Integral de la Educación Básica.

“Ante un programa económico gubernamental recesivo, en el PRI preparamos una alternativa responsable para impulsar la economía nacional con desarrollo social”, aseguró el coordinador de la fracción del tricolor en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, quien reiteró que los priístas pretenden eliminar privilegios fiscales a empresas y sectores, lo cual ha mermado la recaudación y disminuido el potencial de acción del gobierno federal, además de que “vamos contra la evasión y el contrabando”.



Los mexicanos exigen un Estado que garantice una economía sana que no obstaculice el crecimiento del país. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón considera que lo mejor que se puede hacer por sus ciudadanos es darles dinero, como hacen las instituciones de asistencia social, al tiempo que pretende subir los impuestos y aplicar el IVA a alimentos y medicinas, comentó el líder nacional de la CNOP, Marco Antonio Bernal.


El presidente del PRI en el estado de México, Ricardo Aguilar Castillo, exigió al PAN explicar por qué pretende reducir en 31 por ciento el presupuesto de Liconsa y en 11 por ciento el de Diconsa cuando más de 19 millones de mexicanos viven en una situación de crisis alimentaria.


Como parte de las acciones para asegurar el abasto a la zona centro del país, Pemex contrató la construcción de cinco tanques, con capacidad de 100 mil barriles cada uno, en la Terminal Marítima de Tuxpan, Veracruz.

riverapaz@prodigy.net.mx

Juristas: ilegal, el decreto de extinción de LFC; Calderón sobrepasó sus facultades

“Debe tener autorización del Congreso para tomar decisiones legislativas extraordinarias”

Alfredo Méndez y Gabriel León

La liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) es un acto presidencial que viola los artículos 14, 16, 73 y 131 de la Constitución, sostuvieron ayer, en entrevistas por separado, los constitucionalistas Elisur Arteaga y Miguel Eraña, catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Iberoamericana, respectivamente, y los abogados laboralistas Néstor de Buen, Manuel Fuentes y Eduardo Miranda, los dos últimos asesores jurídicos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Los juristas agregaron que el decreto de extinción “es ilegal”, pues Felipe Calderón, titular del Ejecutivo federal, rebasó sus atribuciones constitucionales al pasar por encima de los “derechos exclusivos” del Congreso de la Unión.

Incluso, Eraña consideró que el Congreso tiene que llamar a juicio político a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, porque incurrió en responsabilidad política debido a que “se tardó tres años en descubrir que la empresa es un barril sin fondos”.

Agregó que por “enésima ocasión”, Calderón “vuelve a hacer uso excesivo y abusivo de sus facultades, porque con una apariencia de legalidad está recurriendo a múltiples leyes en los fundamentos de la actuación en el decreto y solamente a un artículo de la Constitución, el 89, pero se le olvidó el fundamental: el 131.

“Para que el Presidente pueda tomar decisiones legislativas extraordinarias –que es lo que hizo en el decreto– tiene que contar con la autorización previa del Congreso de la Unión”, destacó Eraña.

Arteaga sostuvo que la vía de defensa más factible para los trabajadores afectados (cerca de 42 mil) es el juicio de amparo, pues una probable controversia constitucional contra el decreto presidencial que pueda presentar un grupo de legisladores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “tendría pocas posibilidades de salir victoriosa”.
A decir de Arteaga, para que los trabajadores puedan resistir todo el litigio contra el gobierno, será vital que obtengan de un juez federal la suspensión del acto reclamado, lo cual “sinceramente se ve difícil”, destacó.

Agregó que si los quejosos no consiguen la suspensión provisional del decreto de Calderón, se corre el riesgo de que desistan de su intención de obtener un amparo de fondo, ya que un juicio de esa índole puede tardar hasta dos años, y durante ese tiempo dejarían de recibir sus pagos nominales, lo que los obligaría a aceptar las “jugosas indemnizaciones” que les ofrece el gobierno.

“El Presidente (Calderón) violentó garantías constitucionales de los trabajadores (de LFC) desde el momento en que los privó de sus derechos por virtud de un acto que se realizó sin seguir los lineamientos que se estipulan en la escritura constitutiva de la empresa para disolver la sociedad”, indicó Arteaga.

Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de México, aseguró que la decisión presidencial “viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, que fijan los principios de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y derecho de defensa de los trabajadores”.

Manuel Fuentes, con más de 25 años de litigar juicios laborales, sostuvo que el decreto de extinción “es violatorio del artículo 73 de la Constitución, el cual indica que estas cuestiones, como la materia eléctrica, son un área estratégica que debe ser manejada exclusivamente por el Congreso de la Unión”.

Néstor de Buen, también experto en materia laboral, indicó que el decreto “es un acto presidencial sin fundamento legal constitucional”.

Atención, enemigos de Televisa y Tv Azteca

Ojo por ojo
Álvaro Cueva
2009-10-11•Acentos
.Los enemigos de Televisa y Tv Azteca están felices con lo que acaba de pasar en Argentina, porque suponen que aquí, tarde o temprano, va a pasar lo mismo.

¿Y qué es lo que acaba de pasar en Argentina? Que se acaba de aprobar una nueva ley de medios propuesta por la presidenta de aquella nación, Cristina Fernández de Kirchner.

¿Qué tiene esa ley de especial como para haber provocado la felicidad de los enemigos de Televisa y Tv Azteca? Que se supone que es una ley que rompe con los monopolios mediáticos.

A partir de ahora, las grandes concentradoras de medios, en Argentina, van a tener que soltar frecuencias de radio y televisión, y ya no van a poder tener, al mismo tiempo, por ejemplo, periódicos, cableras, radiodifusoras, televisoras ni telefónicas.

Por si esto fuera poco, van a estar obligadas a sostener un determinado porcentaje de producción nacional y se van a tener que someter a una nueva figura que las va a estar vigilando.

Suena revolucionario. Imagínese que el control de los medios pase de un puñado de empresarios a un vertiginoso conjunto de fuerzas integrado por empresarios, instituciones públicas y privadas, comunidades de todos los tipos y tamaños, y jóvenes emprendedores.

Suena a venganza, a nunca jamás una televisora va a estar por encima de un presidente, de la ley ni de nadie.

El problema es que esta ley es sólo un juego de apariencias y que lejos de beneficiar el esquema de medios de Argentina, va a provocar una de las mayores catástrofes que la radio y la televisión hayan conocido en toda América Latina.

Para empezar, lo que la señora Fernández está buscando con su ley no es que exista un marco mucho más amplio de competencia y diversidad mediática en su país.

Lo que quiere es tener el control absoluto de todo lo que se haga y se diga en todas las estaciones de radio y en todos los canales de televisión de Argentina. Divide y vencerás.

Luego, ni los empresarios, ni las instituciones, ni las comunidades ni los emprendedores argentinos tienen la experiencia, la tecnología ni la capacidad para convertirse, de la noche a la mañana, en concesionarios de radio o de televisión, en cableros o en proveedores de telefonía o de internet.

No, pero espérese, todavía falta lo peor. El mercado argentino no da para sostener ni la décima parte de las estaciones de radio ni los canales de televisión que van a tener que aparecer.

Van a ser frecuencias condenadas al fracaso económico, al subsidio y a la corrupción, trabajadas por empleados mal pagados con base en esquemas que, lejos de generar riqueza, la van a aniquilar.

El más perjudicado con esta ley va a ser el que se suponía que iba a ser el más beneficiado, el público, porque en lugar de ver una programación más rica y competitiva a nivel mundial, va a ver programas cada vez más pobres y amarrados a un nacionalismo mal entendido.

Ahora, esto es sólo el principio. A lo mejor usted no lo sabe pero Argentina era, hasta su nueva ley de medios, un caso ejemplar del éxito que puede llegar a tener la televisión de paga.

Allá toda la gente veía televisión de paga o producía televisión de paga.

Por tanto, las grandes casas productoras internacionales como MTV, Fox, Disney, The History Channel, HBO y Discovery Channel invertían con particular entusiasmo en Buenos Aires.

Con esta nueva ley, que las obliga a cambiar su posición de compañías internacionales por la de casas productoras nacionales, que les va a robar una espeluznante cantidad de impuestos que antes no pagaban y que sólo les permite trabajar con talentos locales, todas, antes o después, van a salir corriendo.

Y no, no se van a venir a México, se van a ir a Brasil porque aquí las condiciones son escandalosamente infames y porque las que se queden en la nueva Argentina van a vivir un infierno igual o peor que el que viven las casas productoras que se quedaron en la Venezuela de Hugo Chávez.

A propósito de México, aquí también va a haber problemas porque nuestras televisoras ya no van a poder comprar y grabar telenovelas allá como lo habían estado haciendo. Les va a costar más, en todos los sentidos.

¿Éste es el cambio que queremos para nuestro país? ¿Ésta es la ley de medios que miramos con tanta ilusión? No, pues cuidado, porque entonces, la cosa se va a poner peor, mucho peor.

¡Atrévase a opinar!

alvarocueva@milenio.com

LyFC: ¿razón o arbitrariedad?

Editorial de EL UNIVERSAL

12 de octubre de 2009


No queda claro cómo comenzó el conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal. Menos aún cómo va a terminar.
La descarga que puede ocasionar este episodio sobre el ya muy tenso tejido social es de proporciones insospechables. Desde ayer la polarización es notable. Las partes no han hecho lo suficiente para orientar a su favor, definitivamente, la balanza de la opinión pública.

La mesa estaba ya puesta para la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. En el contexto de la crisis económica el impugnado dirigente del sindicato, Martín Esparza, no ha ofrecido argumentos para contrarrestar los que pesan en su contra: una nómina de 44 mil personas pese a que la empresa puede operar sólo con 8 mil 500; un contrato colectivo que da ascensos y premios al personal con base en la lealtad sindical; y un presupuesto anual que supera en monto al del programa Oportunidades.


Del otro lado está el temor a la privatización de la energía eléctrica. Existe también la sospecha de que se trata un ataque contra el sindicalismo democrático, pues el SME lleva a cabo elecciones constantes, voto universal, directo y secreto, algo de lo que no pueden presumir la mayoría de los sindicatos en México.


Si el gobierno quería demostrar su fuerza para enfrentar a los poderes fácticos, ¿por qué no escogió a uno de los que juegan como sus aliados? Tratándose de sindicatos omnipotentes —el SNTE, por ejemplo, o el de Pemex—, resulta emblemático que se haya tratado de una organización protoperredista. Este hecho abona en favor de quienes aseguran que en realidad se trata de una cruzada derechista en contra de los enemigos de siempre. Esta visión de los hechos, sea real o no, tiene el voltaje para conducir al conflicto en una dirección muy peligrosa.