Irónica, falta de autocrítica y electorera. Así califican tres especialistas en derechos humanos y en la narcoguerra en México la expresión de Margarita Zavala Gómez del campo, auto declarada precandidata presidencial del Partido Acción Nacional para las elecciones presidenciales de 2018. Sus dichos, coinciden, no muestran un reconocimiento de los errores cometidos desde el sexenio del también panista Vicente Fox y que su marido, el ex Presidente Felipe Calderón, exacerbó al lanzar la guerra contra el narcotráfico en México, una estrategia fallida que ha dado menos resultados en la administración del priista Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– En la víspera de que se cumpliera una década del despliegue militar iniciado por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa contra grupos del narcotráfico, una política se pronunció por el regreso de las tropas a los cuarteles: Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del mismo ex mandatario que los puso por miles en las calles y hoy auto declarada precandidata panista a la Presidencia de la República.
“Yo quiero que los delincuentes estén en la cárcel, que los ciudadanos caminen libres en las calles, que policías, fiscales y jueces protejan a los ciudadanos. Y entonces sí, esto permitirá que suceda lo que por supuesto también quiero: quiero que nuestros soldados y nuestros marinos regresen victoriosos a los cuarteles”, dijo el pasado sábado 10 de diciembre.
Por provenir del círculo político más estrecho del calderonismo, sin embargo, el mensaje fue considerado como “irónico”, “electoral” y poco creíble.
Además, de acuerdo con la investigadora Laura Atuesta Becerra, trasluce la misma ausencia de autocrítica que han mostrado Calderón Hinojosa y el resto de los mandatarios que han recurrido a la estrategia de usar al Ejército en tareas de seguridad pública, iniciada hace dos décadas pero masificada a partir del 11 de diciembre de 2006.
“Tanto el ex Presidente Vicente Fox Quesada, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en algún momento, por más que hayan dicho: ‘esta es la solución’, tienen que darse cuenta de que no lo fue. Cuando se implementa una política pública, en algún momento se tiene que evaluar y decir si estamos haciendo algo mal y no podemos seguir haciéndolo”, dice Atuesta Becerra, académica del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Entonces, por más que haya sido la primera dama, o que sea panista o por más que sea de derecha, yo pienso que, si quiere ser Presidenta, tiene que empezar a evaluar qué se hizo bien o qué se hizo mal”, agrega la también autora de “La política de drogas en México 2006-2012: análisis y resultados de una política prohibicionista”.
Zavala Gomez del Campo expresó su opinión con respecto a los militares en un evento partidista en la Ciudad de México. Al siguiente día se cumpliría la primera década de que el Gobierno de su esposo y compañero de partido anunciara el inicio de “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”.
Diez años después, sin embargo, México es todavía el principal proveedor de drogas ilegales del mercado norteamericano, de acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y, en territorio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el delito de asesinato ha dejado más de 186 mil víctimas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015.
La presencia del Ejército en zonas urbanas de Nuevo León, Chihuahua, Baja California y otros estados se tradujo asimismo en una multiplicación de casos de violaciones a derechos humanos, con decenas de evidencias de allanamientos, detenciones ilegales, tortura e incluso, como en el municipio mexiquense de Tlatlaya, con ejecuciones extrajudiciales.
“Los estados en los que se dieron más violaciones a los derechos humanos (tomando como referencia el número de recomendaciones emitidas) fueron Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas (…) las más recurrentes fueron la tortura, la detención arbitraria y la ejecución extrajudicial”, indica Atuesta en su análisis sobre la política prohibicionista, publicado en 2014.
“Lo que demuestran los datos es que las violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico fueron particularmente abundantes durante en el sexenio de Calderón”, agrega.
El 8 de diciembre pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, reclamó que los legisladores y otros sectores gubernamentales no hacen su trabajo en el combate al crimen y por ello el Ejército tiene que salir a las calles.
“Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. Esto [violencia] no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos”, expuso el General Secretario en una conferencia al hacer un balance a 10 años de que las Fuerzas Armadas recrudecieron su embate contra la delincuencia organizada.
El titular de la Sedena lamentó que en ese periodo las policías estatales no se hayan reestructurado y que haya muerto una alta cantidad de mexicanos sin importar el bando.
JUÁREZ: 11 MIL ASESINATOS EN 4 AÑOS DE CALDERÓN
La disputa por el territorio y las rutas del narcotráfico fue notoriamente violenta en Ciudad Juárez, donde entre 2008 y 2012 se registraron alrededor de 11 mil asesinatos.
Y ahí, como primera dama, Zavala presenció en 2010 el reclamo de justicia que le hizo a su esposo la ciudadana Luz María Dávila, madre de dos de las víctimas asesinadas ese año en el fraccionamiento Villas de Salvárcar.
“No me diga ‘por supuesto’, ¡haga algo!”, le dijo Luz María Dávila a Calderón, sentado junto a Zavala en el presídium de un encuentro de su gabinete con diversos sectores de la sociedad civil de esa frontera.
“Si a usted le hubieran matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, pero como yo no tengo los recursos, no los puedo buscar”, agregó la madre de familia.
De acuerdo con el abogado juarense Gustavo de la Rosa, representante de las familias víctimas de esa masacre, a partir de ese encuentro con Luz María Dávila, Zavala mantuvo el contacto con el resto de los afectados y, en diversos encuentros, comentaba no haber previsto que la estrategia tuviera tan violentas consecuencias.
“Decía: ‘¿cómo es posible que algo que se veía lógico, que la disputa iba a ser entre el narco y el Estado, resulta que los narcos van y asesinan a 15 personas? Eso nunca se previó en ese sentido”, narra De la Rosa.
“Decía que pensaba que tal vez hubiera muertes incidentales, pero jamás una respuesta de ese tamaño”, agrega el ex visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua y quien documentó diversas actuaciones ilegales del personal castrense desplegado en Juárez.
Públicamente, sin embargo, dice De la Rosa, Zavala nunca hizo una crítica a la estrategia encabezada por Calderón y, si ahora lo hace, considera, es sólo el mensaje de una política en campaña.
“Lo cierto es que ahorita está buscando ser candidata y la opinión del Ejército es muy importante en las decisiones que tome el PAN o el PRI”, dice. “Es probable que se esté congraciando con el Ejército, que esté sugiriendo que se reglamente la presencia del Ejército en la vida cotidiana de México, lo que seria terriblemente grave y peligroso”, agrega.
Al margen de su cercanía con Calderón, coinciden los entrevistados, el mensaje de Zavala no indica con qué reemplazaría la actual estrategia.
“¿Cómo retiras al Ejército de estas funciones, si no tienes estructuras ni agencias para llevarlas acabo?”, cuestiona Antonio Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice, en Estados Unidos, y quien considera “irónico” y “tenuemente creíble” el mensaje de Zavala.
“Retiras y dejas un vacío, y la naturaleza indica que alguien va a llenar ese vacío, y pudiera ser el crimen organizado. Es cierto: hay que retirar a las fuerzas armadas, porque en una democracia no están para esto, pero tampoco hay otra cosa efectiva, y vemos la Secretaría de Gobernación (Segob), que asumió a la Policía Federal (PF) y tiene más facultades, ha sido sumamente inefectiva para resolver los conflictos sociales y los muchos de los problemas de seguridad que afronta México”, agrega Tony Payán.
El mismo vacío observa Atuesta. “Obviamente podemos decir ‘vamos a sacar a Ejército de las calles, pero, ¿qué vamos a hacer entonces? México sigue en una situación de violencia en la que ella no puede decir que el ejército va a volver exitoso, porque no va a volver exitoso: volverá derrotado”, dice la académica.
“Es decir, que lleva 10 años en las calles en los cuales lo único que ha ocurrido es que se ha incrementado la violencia y, ahora, quitamos al ejército y ¿qué vamos a hacer, si tenemos una policía totalmente deslegitimizada, y un problema de crimen organizado que no hemos podido solucionar?”, agrega.
