domingo, 1 de marzo de 2015

Carmen Salinas exhibiendo sus "méritos" legislativos #PriistasVulgares

'Qué pendejo eres' Carmen Salinas a 'Juanito' #TalParaCual

“Gobierno mexicano no lucha contra corrupción porque lucharía contra sí mismo”: New York Times

La galería de videos de Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, líder de Los Caballeros Templarios

(28 de febrero, 2015).- Sin duda la captura de “La Tuta” ya no sólo genera seguridad o es sinónimo de justicia o de buena labor del gobierno, la duda no sólo está en México sino esparcida en otros países y las causas son la corrupción que domina a las altas esferas de poder en el país y que se ha encargado de desprestigiar la legitimidad y la credibilidad en un maltrecho gobierno. El diario estadounidense The Ney York Times expone en un reportaje, escrito por Elisabeth Malkin, lo que significa la captura de este líder sicario y la situación de seguridad real que le espera al país.
La policía mexicana capturó al líder de la banda de narcotraficantes  “Los Caballeros Templarios” el pasado viernes en una victoria contra el brutal grupo, sin embargo los expertos dicen que habrá poca diferencia en la batalla más amplia contra las organizaciones criminales que se están dividiendo rápidamente.
El líder de la banda, Servando Gómez, conocido como “La Tuta”, o “El Maestro”, fue uno de los capos más buscados en el país. Las autoridades habían pensado que se había escondido en una parte remota de Michoacán, su estado natal. Pero él fue capturado, en las primeras horas del viernes, en la capital del estado, Morelia, sin disparar un tiro.
Es poco probable que su arresto pueda traer paz a Michoacán, donde los policías federales y soldados han debilitado a “Los Caballeros Templarios” sólo para que surjan grupos más pequeños que continúan con la lucha por el territorio y se ramifican dando pie a incrementos en los secuestros y la extorsión. El patrón se ha repetido en todo México ya que el “gobierno de arrestos” de Enrique Peña Nieto mata a capos, como Joaquín Guzmán Loera líder del poderoso cártel de Sinaloa, quien fue detenido en febrero de 2014.
“La captura de capos se ha convertido en cada vez menos importante”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad independiente, “porque lo que estamos viendo en el mundo del hampa es una transición de grandes carteles que se centran en el tráfico de drogas a una serie de mayoría bandas locales y regionales, sus ingresos son más diversificados y más depredadoras en sus actividades”.

¿Quién tumbó a Murillo Karam? .- Jaime Avilés

27 de febrero 2015.- Jesús Murillo Karam se sentía más fuerte que nunca. Y de repente se desplomó. Alguien filtró dos fotografías –una de las cuales captó a 25 de los 43 normalistas en la clínica “Cristina” de Iguala– tomadas la noche del 26 de septiembre por miembros del ejército, y los acompañó con varios reportes dirigidos al jefe militar de aquella ciudad, sobre la situación de los jóvenes que posteriormente desaparecieron.
En todas partes, Murillo Karam dijo, insistió y mantuvo que el ejército no salió de su cuartel esa noche. Incluso alardeó, en una especie de brote psicótico: “Y qué bueno que no salió. ¡Imagínense a quién hubiera apoyado!”. ¿Hablaba de un ejército enemigo, invasor, extranjero?
Durante sus dos inolvidables conferencias de prensa –la del #YaMeCansé el 7 de noviembre y la de la #VerdadHistórica el 27 de enero– siguió negando la intervención del ejército en los acontecimientos de esa noche, pero en su segunda reunión con los periodistas, afirmó que los 43 muchachos fueron llevados al basurero de Cocula en un camioncito de tres toneladas y media, a donde 15 de ellos, según él, llegaron muertos.
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Si en la foto salen 25 normalistas dentro de la clínica, ¿dónde estaban los otros 18 del grupo de los 43? Sólo quienes los desaparecieron lo saben. La pregunta hoy por hoy es quién filtró las fotos y el parte militar que tumbaron al dueño la “verdad histórica” más falsa del mercado negro.
Una de las probables grietas por las cuales gotearon las fotografías, para que cayeran en manos de ciertos periodistas, uno de los cuales fue censurado escandalosamente, está en la cúpula del PRI. No en la oficina de César Camacho Quiroz, todavía presidente de ese partido, sino más arriba.
Hoy, el PRI definirá los nombres de sus candidatos pa las elecciones del 7 de junio. Si entre los ungidos (y urgidos) aparece Camacho Quiroz, todos y todas y todes y todxs preguntaremos: ¿quién será el nuevo presidente del PRI? Y a la vez adivinaremos que Camacho Quiroz, amante de la calumnia y de la intriga, pero de pocas luces y cortos alcances,sustituirá a Manlio Fabio Beltrones como coordinador de la bancada priísta en el segundo tramo del sexenio.
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¿Y Beltrones? ¿A dónde se irá Beltrones cuando salga de San Lázaro? Es bien sabido que no ha cesado de trabajar para que Peña lo ponga al frente del PRI. Sin embargo, los barones del Atlacomulco, terroristas del Estado Islámico, perdón, del estado de México (chiste robado a monero Patricio) se oponen de la manera más férrea.
Ayer en la madrugada –mientras se esparcían las noticias sobre Murillo Karam y los rumores sobre la renuncia de Osorio Chong, que según esto no aceptó Peña Nieto– en Tijuana murió el delegado del IMSS, Roberto Alcides Beltrones Rivera, hermano de Manlio Fabio. Por tal motivo, el líder de la cámara baja voló a esa frontera para asistir a los funerales, y tal vez hoy, mientras la cúpula del PRI sesiona, estará muy lejos del Distrito Federal barajando las opciones que le pueda ofrecer el futuro, y con esta expresión me refiero al futuro ex presidente de nuestra supuesta república.
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LA OTRA GRIETA

La súbita caída de Murillo, en el marco de la disputa por el control del PRI, agravó la crisis política detonada por la más que sospechosa terquedad del Verde Ecologista y la descarada pachorra de los ninis del INE, encabezados formalmente por Lorenzo Córdova, y dizque sometidos porMarco Antonio Baños, dentro de un juego de simulaciones que prefigura desde ya un nuevo fraude y pone en riesgo la celebración de los comicios.
Es obvio que la campaña ilegal del PVEM –apoyada por los medios, el regente Mancera y el Señor de las Mil Casas–, que el INE toleró desde agosto hasta que se descubrió el pastel, ya dio a los engañabobos de las encuestas la oportunidad de reportar un “asombroso” crecimiento de 150 por ciento (de 4 a 10) en la intención de voto a favor del Verde; está reforzando la náusea que la gente siente por la cosa electoral y pretende fomentar el abstencionismo, que mientras mayor sea favorecerá más y más al PRI-PAN-PRD-Panal-PT-MC y perjudicará a Morena.
A contribuir que las elecciones de junio sean un desastre y se agudice la descomposición social, también se han dedicado los señores y la señora del Tribunal Electoral, que luego de dos años de papar moscas, resolvieron que comprar cinco millones de votos con dinero del crimen organizado es la cosa más decente del mundo.
Así, con “autoridades” electorales extraviadas, la economía rota, los precios a la alza, la violencia fuera de control, la represión política en su máximo esplendor, la censura en los periódicos encadenados a la corrupción y un descontento popular inmenso, el país está en riesgo de presenciar y padecer una guerra dentro del gobierno, en la que a la mejor se acabarán disparando todos contra todos.
La próxima procuradora General de la República, Arelí Gómez González.
La próxima procuradora General de la República, Arely Gómez González.
En medio de este vacío de poder, repudiado por el Papa, escarnecido por Hollywood, condenado por los miembros del Parlamento Europeo que se burlaron de la “verdad histórica” y por el relator de la ONU en materia de derechos humanos, el gobierno de Peña, integrado por un equipo de incompetentes que sólo generan y agravan problemas, le entregó la PGR a Televisa.
¿Fue una decisión repentina? ¿Ya se tenía preparado el relevo del que pasará a la historia por su cinismo y su cansancio? ¿O debemos pensar mal y tomar en consideración que la grieta por la cual se filtraron el parte militar y las fotos de los normalistas, en realidad no está en el despacho de Beltrones sino en el de Emilio Azcárraga?
Como quiera que sea, la nueva procuradora es ya una estrella más del Canal de las Estrellas y debutó ayer con una obra de microteatro, escenificando el proceso entrega-recepción de la Tuta, otro capo que se jubila después de dejar el negocio en manos de los grupos que esperan a su próximo mandatario o más bien mandadero: el perredista Silvano Aureoles Conejo, que será gobernador de Michoacán, por la gracia de los acuerdos que tejió Beltrones con el PRD, y que aceptaron, encantados de la vida, Osorio Chong y los caciques de Morelia.
En su nueva temporada, esta columna aparece en tuiter martes y jueves a las 8 de la noche y los sábados, como siempre, en la mañana. Para todo lo demás está la cuenta @Desfiladero132 por si ocupan…

César Duarte manda porros contra Javier Corral #Chihuahua

La revista "Quién" presenta a la "hijita" del Sr. de los Moches, Beltrones.





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1. Es la única hija de Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien fue gobernador de Sonora de 1991 a 1997, y de Sylvia Sánchez, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y creadora del programa "Regalo de vida" en Sonora, que brindó apoyo médico y quirúrgico a la población más vulnerable durante la jefatura de su esposo.




2. La niña de los ojos de Manlio y Sylvia nació el 11 de agosto de 1982 en Sonora, este 2013 cumplirá 31 años. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y sus primeros trabajos fueron en pequeños despachos privados.



3. Así comenzó a hacerse carrera hasta que llegó a ser diputada federal suplente del PRI, ya que profesionalmente lo que más le apasiona es el servicio público. Durante la campaña a la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012) fue nombrada secretaria general adjunta del PRI.




4. Actualmente ocupa la silla de la Dirección de Gestión Estratégica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables en México.




5. Sylvana también combina la parte altruista en su vida profesional, pues es vicepresidenta de la fundación Beatriz Beltrones, de la cual sus padres son dirigentes. Dicha asociación surgió cuando murió su abuela, en 2003, víctima de cáncer de mama. Hasta el año pasado, habían atendido a cerca de 160 mil mujeres.




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Está casada desde 2008 con Pablo Escudero con quien tiene dos hijas: Sylvana y Roberta.  (Foto: Archivo Quién)




6. El último proyecto que impulsó en su fundación fue el llamado "Cerrar el círculo", que consiste en ofrecerle transporte o albergue a mujeres de comunidades rurales para que asistan a sus mastografías o den seguimiento a sus tratamientos, que la distancia entre su casa y la clínica no sea un obstáculo. En una entrevista que ofreció a Quién mencionó que sus principales metas son: llegar al número de estudios fijados por año y tener una mayor recaudación de fondos para poder ayudar a más mujeres.




7. En el plano emocional está feliz. Se casó en julio de 2008 con Pablo Escudero (senador del Partido Verde y presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana), en el Colegio de las Vizcaínas del Centro Histórico de la Ciudad de México. A su boda asistieron 700 personajes de la vida social y política del país como: Enrique Peña Nieto, Santiago Creel, Olegario Vázquez Raña, Juan Francisco Ealy, Raúl Salinas, Joaquín López Dóriga y Esteban Moctezuma.




8. Es buena en la política, en el mundo altruista y una excelente esposa, pero sin duda el mejor papel de su vida es el de madre. Tiene dos hijas: Sylvana de 4 años y Roberta de uno, a quienes personalmente lleva a la escuela. A pesar de sus múltiples ocupaciones no se desentiende del cuidado y educación de sus princesas.




9. Debido a su trayectoria profesional, Sylvana ha sido reconocida por diversos medios como una de las mujeres más destacadas de México, así lo hizo la revista Quién en 2012 al nombrarla una de las 31 mujeres que amamos, en la que compartió créditos con Ely Guerra y Montserrat Oliver. En dicha edición reveló que en la música le encanta Adele, su escritor preferido es Mario Vargas Llosa y que la mujer que más admira es su madre, ella es su ejemplo a seguir en la vida.




10. Y por si algo le faltaba a esta mujer es que además de todo es muy bella y posee buen gusto al vestir, es amante de los zapatos de suela roja (Christian Louboutin) y de las bolsas de Louis Vuitton. Su look es clásico y elegante, aunque siempre trata de darle un toque de modernidad o colorido.

Cuauhtémoc Gutiérrez sí tiene madre y será diputada del PRI

Postula PRI a Carmen Salinas y madre de Cuauhtémoc Gutiérrez para diputadas plurinominales
Además, designaron al actual presidente del partido, Cesar Camacho Quiroz y la hija de Manlio Fabio Beltrones.
Postula PRI a Carmen Salinas y madre de Cuauhtémoc Gutiérrez como diputadas plurinominales

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la lista de candidatos a diputados federales plurinominales para las elecciones del 7 de junio, donde se incluyen a  la actriz Carmen Salinas, la madre del ex dirigente del PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la hija de Manlio Fabio Beltrones.
Destacan integrantes de las fuerzas armadas también en la lista de plurinominales. Se trata de Carlos Federico Quinto Guillén, ex subsecretario de Marina, y de Virgilio Daniel Méndez Bazán, ex subsecretario de la Defensa Nacional.
David López Gutiérrez, actual coordinador de Comunicación Social en la Presidencia de la República, figura en la lista de quienes habrán de contender por la primera circunscripción.
También Esthela Ponce Beltrán, alcalde con licencia del municipio de La Paz, Baja California; el ex legislador Enrique Jackson Ramírez; Martha Tamayo Morales, Rafael Yerena Zambrano, Yolanda de la Torre Valdez y Marco Antonio García Ayala.
En igual caso se encuentra Silvana Beltrones Sánchez, hija del actual líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados; Javier Santillán Oceguera y Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.
En la lista para la segunda circunscripción se encuentra Jorge Enrique Dávila Flores, Bárbara Botello Santibáñez, Baltazar Hinojosa Ochoa, Maricela E. Etcheverry Aranda, Javier Guerrero García, Delia Guerrero Coronado, Tomás Montoya Díaz, Monserrat Arcos Velázquez, Álvaro Ibarra Hinojosa y Margarita Gallegos Soto.
En la tercera circunscripción figura el ex titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín; la secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega Pacheco; Virgilio Daniel Méndez Bazán, Adriana Ortiz Lanz, Carlos Federico Quinto Guillén, y la ex subprocuradora jurídica y relaciones internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio.
Además Oswaldo Cházaro Montalvo, Georgina Trujillo Zentella, David Aguilar Robles y Sara Latife Ruiz Chávez.
Por la cuarta circunscripción se encuentran Manuel Vallejo Barragán, líder del sindicato del IMSS; María Esther Cherman Leaño, Fernando Navarrete Pérez, la actriz Carmen Salinas, Matías Nazario Morales, Ercilia Córdoba Morán, Fernando Espino Arévalo, líder del sindicato del Metro; Laura Arellano Gilmore, el dirigente del PRIDF, Mauricio López Velázquez, y Guillermina de la Torre Malváez, madre del ex dirigente del PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez, quien dejó el cargo por un escándalo de prostitución y trata de personas en el Comité Directivo.
En la quinta circunscripción encabeza la lista César Camacho Quiroz, dirigente nacional del PRI; Marcela González Salas, Tristán Canales Najar, Ericka Araceli Ramírez Muñoz, Carlos Iriarte Mercado, María Angélica Mondragón Orozco, Víctor Silva Tejeda, María Guadalupe Alcántara Rojas, Héctor Javier Álvarez Ortiz y Liliana Oropeza.

Presidente municipal ladrón, humilla a joven ante miles #Nayarit

¿ Convertirán al agua en carísima mercancía? ¡ Ni madres !

Urbanización .- Boligán

Tuta show-Hernández

Peña Nieto quiere privatizar hasta el agua .- Jesusa Cervantes

Especialista asegura se deben realizar estudios en la calidad del agua embotellada

El derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. Aun así, el gobierno federal presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley General de Aguas cuya finalidad última es entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no significará necesariamente un buen servicio y sí una previsible alza en las tarifas. La propuesta federal va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo privatizado fracasó y el servicio hidráulico debió volver al sector público.
Heredar las concesiones de agua, mantener el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de “concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.
La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.
Legisladores federales y especialistas coinciden en que la iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales.
Los diputados federales prevén un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico debido a que en la Ley Korenfeld se promueve aún más la participación de la iniciativa privada, “misma que cobraría sus costos de extracción y traslado”.
Y un peligro más: advierten que ejidatarios y comuneros perderán sus concesiones de agua cuando renten sus tierras. “Lo que buscan los empresarios es el agua, no la parcela”, advierte la especialista e integrante de la agrupación cívica Agua para Todos, Agua para la Vida, Elena Burns.
El vocero de esta agrupación y miembro del Comité Independiente de Tecámac, Ricardo Ovando Ramírez alerta también sobre la violación a la Constitución al permitirse que se “suspenda el servicio de agua potable”. “Eso lo intentó (el gobernador) Eruviel (Ávila) en el Estado de México y tuvo que rectificar, porque va contra la Carta Magna”.
Detalla que para el caso del Distrito Federal, en el artículo 25, fracción X, de la iniciativa se establece la posibilidad de “suspender o restringir la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”.
En el caso de las tarifas, Burns advierte que el consumidor final recibirá un incremento en las mismas debido a la privatización y a que la propia ley obliga a que la tarifa le dé “sostenibilidad financiera” a los prestadores del servicio; es decir la iniciativa privada.
Para sostener su dicho recurre al artículo 237de la Ley Korenfeld donde destaca el vocablo “debe”. Esta palabra no da opción, sino que establece como obligatorio cumplir entre otras cosas lo que dicen las fracciones IV, V, VII y VIII: “Propiciar la sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios públicos de agua y su progresiva autosuficiencia; prever ajustes en función de la inflación y los costos; considerar la capacidad de pago del o los usuarios y considerar la productividad económica del agua”.
Focos rojos
La Ley General de Aguas que promueve el gobierno federal y cuyo borrador ya se analiza en Cámara de Diputados ha alertado a legisladores de izquierda, quienes para evitar un albazo de la Mesa Directiva presentaron una iniciativa alterna, la cual recoge los planteamientos de una treintena de organizaciones ciudadanas agrupadas en Agua para Todos, Agua para la Vida.
La perredista Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, dice en entrevista que el pasado 10 de febrero se pretendía darle primera lectura a la iniciativa elaborada por el Ejecutivo federal, por lo que un grupo de legisladores –entre ellos Luisa María Alcalde Luján y Manuel Huerta– decidieron hacer suya la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas.
El documento se presentó al pleno el jueves 12 y se turnó a las comisiones de Agua y de Recursos Hidráulicos. Con dicha maniobra Agua para Todos, Agua para la Vida evitó el albazo del gobierno federal, pues ambas propuestas deben ser discutidas en comisiones unidas.
Alavez, quien formó parte del grupo de diputados que respaldó la iniciativa ciudadana, alertó sobre la eliminación de la figura de “asignación” en la Ley Korenfeld, pues evidencia la intención privatizadora.
En la exposición de motivos del documento gubernamental se argumenta que tener dos figuras –“concesión” o “asignación”– para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, ha generado una “sobrerregulación y dispersión en el régimen jurídico aplicable en su otorgamiento, transmisión, prórroga y extinción”.
Por ello, dice, se suprime la figura de “asignación”. “Esto a fin de evitar divisiones conceptuales con figuras innecesarias; se establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas se realiza mediante concesión, incluso en el caso del uso público urbano”.
Alavez advierte que el término “asignación” es primordial pues lleva implícita la gratuidad y un fin social del agua para estados y municipios en los casos de “uso doméstico” y “uso urbano”.
Recuerda que en Puebla, desde que la gestión del agua está en manos privadas, las tarifas han aumentado hasta 400%.
En Aguascalientes todo el proceso está en manos de la empresa española Aguas de Barcelona, asociada con firmas mexicanas. En el Distrito Federal “partes del proceso” las tiene la empresa Suez.
“La tendencia en México es entregar todo a los privados mientras en el mundo se va a la inversa, pues este modelo no funcionó”, dice la legisladora y como ejemplo menciona Berlín y París, que luego de 25 años regresaron el servicio a los ayuntamientos, pues las empresas no cumplieron con invertir en infraestructura pero sí aumentaron las tarifas.
En el caso de la Ley Korenfeld, dice Alavez, al eliminar la “asignación” para municipios, establecer que un ejidatario pierda su concesión cuando renta su parcela y obligar a funcionarios a que “fomenten” la intervención de la iniciativa privada, el gobierno entrega la “certeza jurídica” que demandan las empresas.
Ovando Ramírez detalla que el modelo privatizador se estrenó en 2008 cuando el municipio de Huixquilucan le entregó a Aguas de Barcelona gran parte del manejo y cobro del líquido.
Burns advierte de los peligros que entraña poner en manos de empresas trasnacionales el manejo del agua. Explica que si una empresa extranjera no obtiene las utilidades establecidas en el contrato, debido a cambios futuros en la legislación mexicana –como ajustes a las normas ecológicas o laborales–, puede demandar a México ante tribunales internacionales, merced a la firma del Tratado de Libre Comercio.
“Esto pasó en Buenos Aires y en Bolivia, lo que dio origen a enfrentamientos con la población. La ley Korenfeld es escalofriante”.
Los especialistas alertan sobre las acciones que promueve el gobierno en beneficio de la llamada “fractura hidráulica”, proceso mediante el cual se obtiene gas capturado en una roca que debe fracturarse para liberarlo; para ello se requieren millones de litros de agua.
En el artículo 178 del capítulo IV del borrador de iniciativa federal, “Uso en generación de energía eléctrica”, se detalla paso a paso lo que se debe hacer para llevar a cabo el llamado fracking.
Además, añade Ovando, la ley permite el tráfico de concesiones dentro de una misma cuenca; es decir que si en una zona geográfica se tiene un concesión para uso industrial, esa misma concesión se puede “vender” a una empresa que quiera obtener gas y necesite agua.
Las facilidades para obtener el agua necesaria para el proceso del fracking llevó a los legisladores Alavez y Manuel Huerta a considerar esta ley como “secundaria” de la energética. Ambos advierten que la figura de los “trasvases” y su “promoción” en la Ley Korenfeld tiene como objeto beneficiar el fracking.
El trasvase es el traslado del agua de una cuenca a otra administración hidrológica; para ello se necesita un acueducto. De acuerdo con la ley hay dos tipos de autorización de trasvase: directo e indirecto. Quien participa en el primero se convierte automáticamente en “concesionario” del agua hasta por 75 años.
Lo anterior se sustenta con el artículo 114, cuyo segundo párrafo dice: “La solicitud de autorización de trasvase directo podrá presentarse conjuntamente con la de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales o con posterioridad al otorgamiento de ésta última”.
El párrafo tercero completa: “El uso de las aguas nacionales trasvasadas no podrá ser distinto al establecido en el título de concesión, excepto que el cambio se solicite para los usos domésticos y públicos urbanos”. El cuarto párrafo sostiene que “la autorización para el trasvase directo podrá prorrogarse conjuntamente con el título de concesión”.
Alavez, auxiliada por sus asesores, explicó que de acuerdo con esos párrafos, Armando Hinojosa Cantú –quien participa con más de 50% en la construcción del acueducto Monterrey VI, mediante el cual se pretende llevar agua del río Pánuco a la capital nuevoleonesa– se convierte automáticamente en concesionario del agua.
La propuesta federal establece en su artículo 90 que la concesión puede ser de cinco a 35 años y prorrogarse una vez. Es decir que Hinojosa Cantú tendría una concesión del agua hasta 75 años.
Arrebatadas y heredadas
Según la propuesta del gobierno, las concesiones se pueden “transmitir”. Excluye de esto las concesiones para uso doméstico. En el caso del uso público urbano, sí procede la transmisión siempre y cuando sea a favor del estado o municipios.
La transmisión puede ser temporal, definitiva o parcial por el total de volúmenes concesionados y viene luego la heredad. De acuerdo con el artículo 95 las concesiones se pueden transmitir por “convenio”, “resolución judicial” y por “vía sucesoria”, es decir que se pueden heredar. Incluso se pueden transmitir fuera del distrito en el cual se autorizó.
Burns explica que con ello se mantiene la compra-venta que hay en la ley vigente. Alavez sostiene que esto sólo promueve el “tráfico” de concesiones.
La transmisión implica que una empresa puede vender su concesión para explotar y usar el agua de un giro mercantil a otro.
Pero mientras está la compra-venta de las concesiones del agua, dice la especialista, la propuesta del gobierno abre la puerta al abuso contra ejidatarios a quienes se les puede arrebatar su concesión cuando renten sus tierras.
El artículo 159 de la iniciativa gubernamental establece que “cuando se transmita el dominio de tierras ejidales o de uso común o se otorgue el usufructo de parcelas, a sociedades civiles o mercantiles o a cualquier otra persona moral, dichas personas o sociedades adquirentes conservarán los derecho sobre explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.
Burns alerta sobre el tema debido “a la colusión entre autoridades y notarios en varias zonas de la república que buscan el control de la tierra para lograr el acceso al agua”.
Burns y Ovando consideran que se debe mantener la concepción de que el agua es de la nación y no como aparece en la iniciativa del gobierno, que pertenecen al Estado. Reclaman que el modelo de gestión del agua promovido sea mediante enormes proyectos de infraestructura hidráulica –presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores– “cuya construcción y operación serían concesionadas preferentemente a empresas privadas”.
Con todas estas obras que se promueven y que serían privadas, concesionadas, la tarifa final que se cobraría llevaría el costo por la obtención del agua de una cuenca hasta la distribución en una ciudad.
Con el pretexto de cumplir con el derecho humano al agua se promueven estas obras en la ley gubernamental, dicen los especialistas, pero en realidad lo que se pretende es abrir los espacios para favorecer megaproyectos que se supone abastecerán a “megalópolis” del futuro, añaden.
La propuesta ciudadana, en cambio, propone menos construcción y más restauración de cuencas y flujos subterráneos a través de cambios en patrones de consumo, producción y urbanización, junto con obras públicas y comunitarias para gestionar ciclos locales y zonales del agua.
En la Ley Korenfeld se tiene incluso todo un capitulo, el número dos, que obliga a los funcionarios estatales y municipales a promover la participación de la iniciativa privada en la gestión del agua y para ello menciona las llamadas asociaciones público privadas (APP).
Por ejemplo en el artículo 64 se señala que la “autoridad debe fomentar (…) la concertación y participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos”. Más adelante sostiene que los contratos de APP a los que se recurra deben ajustarse a la reglamentación aplicable.
Los contratos podrán hacerse para “extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas. El prestador de esos servicios será responsable de su actividad”, reza el artículo 65.
Pero la Ley Korenfeld prende otras alertas. Manuel Huerta, diputado de Morena, considera más preocupante el artículo 12, donde se faculta al Ejecutivo federal para que determine el “decreto de expropiación, ocupación temporal, total o parcial de los bienes, o su limitación de derechos de dominio en términos de la ley agraria”.
Lo anterior va unido, dice, al capítulo llamado “medidas de apremio y de seguridad”, el cual en su artículo 261 sostiene que “para hacer cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipales podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública”.
“Sólo en un estado autoritario como el que encabeza Peña Nieto se puede poner en una ley el uso de la fuerza. ¿Qué va a pasar con los manifestantes que están contra Monterrey VI, contra la construcción de la presa La Parota? ¿Se mandará a la fuerza pública, se golpeará y encarcelará a la gente que proteste?”, se pregunta Huerta.

El fatídico experimento de Peña Nieto .- Jorge Gil Olmos


PROCESO 2000

El infierno que viven los habitantes de Michoacán representa una de las expresiones más palmarias del fracaso del Estado mexicano en lo que atañe a su obligación de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos. En su libro Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, publicado por Ediciones Proceso, el reportero de este semanario José Gil Olmos presenta una detallada investigación sobre los graves problemas que afectan a esa entidad, donde sucesivos gobiernos federales y locales, en muy alta medida coludidos con el narco, han realizado toda suerte de experimentos políticos, policiacos y militares, incluso paramilitares, a fin de contener al crimen organizado. Aquí se adelanta una parte de la introducción de este libro que comenzará a circular en los próximos días.
El 24 de febrero de 2013 un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Parecía una escena sacada de la época revolucionaria, pero ahora se trataba de rancheros que, durante años, habían sido sometidos por Los Caballeros Templarios a un régimen de terror y miedo.
Aquellas personas se hacían llamar “Autodefensas”. Y, de pronto, se convirtieron en referente del hartazgo social que existe en el país ante el crecimiento incontrolable del narcotráfico y su cauda de violencia.
¿Pero quiénes eran esos rancheros que protestaban cargando rifles de alto poder? ¿Quiénes los apoyaron con recursos económicos y armas? ¿Por qué se expresaban en esta zona de Michoacán? ¿Qué historia hay en esa región del país para que se diera el fenómeno de las autodefensas armadas? ¿Qué hay detrás de estos hombres fuertemente armados que le hicieron el trabajo sucio al gobierno y limpiaron el terreno de templarios?
En Michoacán, el narcotráfico y su evolución es un asunto complejo y con una larga historia, en el que se entrecruzan muchos factores y actores sociales, políticos, económicos y hasta culturales. En más de medio siglo, este fenómeno se ha filtrado hasta las raíces de la sociedad y permeado en la mayor parte de sus gobernantes, incluso de manera directa.
En dicha entidad casi todo mundo conoce a alguien que se ha dedicado a este negocio –que empezó siendo un apoyo económico y devino el sustento de todo el estado merced a los millones de dólares generados por el crimen organizado convertido en gobierno.
Ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que cocinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo.
Se trataba de armar a numerosos civiles de la zona de Tierra Caliente que ya estaban cansados del yugo de Los Caballeros Templarios. Se les daría dinero y protección para que fueran ellos quienes combatieran a los criminales en su propio terreno. Para esto hicieron un pacto con una banda criminal enemiga de Los Templarios –encabezada por los hermanos Juan José y Uriel Farías Álvarez–, que colaboraba con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En noviembre de 2012, habitantes del pueblo de Tepalcatepec vieron al general colombiano Óscar Naranjo llegar al salón Plaza para reunirse con los Farías. Les ofreció su apoyo para los grupos de autodefensas ciudadanos o policías comunitarios. Lo mismo ocurrió en el poblado de La Ruana por esas mismas fechas.
Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, revela en entrevista que desde 2012 fue informado por vecinos de este municipio de la formación de un grupo armado que se enfrentaría a Los Caballeros Templarios. Al frente de este grupo estaba Juan José Farías El Abuelo y su hermano Uriel Farías alias El Paisa, quien fuera presidente municipal de Tepalcatepec y uno de los presos de El Michoacanazo acusado con ligas al Cártel de Jalisco.
Al principio Valencia dice que pensaba que se trataría de un grupo similar a los Mata Zetas que El Abuelo había organizado cuando estaba con Los Valencia, el primer grupo michoacano de tráfico de cocaína con los colombianos, pero al poco tiempo se dio cuenta de que se trataba de otro proyecto más fuerte y amplio, financiado por el gobierno federal.
La estrategia peñista, además, daría lugar al nacimiento de un nuevo grupo del crimen llamado El H3 o Tercera Hermandad, que significaba la tercera generación de narcotraficantes michoacanos. Sus precedentes eran La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Esta banda es el nuevo amo de la delincuencia organizada en Michoacán, protegida por el pacto que concretaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y con el general Naranjo, quien regresó a Colombia a inicios de 2014, una vez que su misión había concluido.
Quedarían fuera de este pacto algunos personajes como el doctor José Manuel Mireles, quien se rebeló e intentó hacer de las autodefensas el agente del cambio y de lucha contra el crimen organizado en Michoacán y en todo el país. En castigo fue encarcelado en Sonora.
Estos elementos le dieron forma al escenario que en los últimos años hemos presenciado en el sur de Michoacán y que es similar al de una guerra, con pueblos y ciudades custodiadas por miles de militares y soldados equipados con armas de alto calibre, cascos de acero, chalecos antibalas, camionetas con metralletas en el techo o helicópteros artillados sobrevolando territorios anegados por la violencia de los cárteles, que también se enfrentaron a grupos de autodefensa y policías comunitarios igualmente pertrechados.
Al momento de escribir este libro –mediados de 2014– en Michoacán había por lo menos 12 organizaciones legales e ilegales fuertemente armadas dispuestas a disparar en cualquier momento: las policías comunitarias, las autodefensas ciudadanas, los grupos criminales La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, además del Ejército y las policías estatal, municipal y federal.
Al observar con detenimiento el paisaje actual de Michoacán podríamos decir que, en esta segunda década del siglo XXI, se desarrolló un conflicto armado o una guerra no convencional, en la cual un ejército de 10 mil militares y policías se enfrentó a diversos grupos armados. Se disputaron el control de un territorio a costa de miles de víctimas civiles heridas, muertas, desaparecidas y algunas comunidades desplazadas.
Además, si le damos un sentido histórico a lo que ha acontecido en esta región del país, resalta de inmediato un aspecto de enorme impacto político y social. Hace 200 años, en Apatzingán (el corazón de la Tierra Caliente), los independentistas encabezados por José María Morelos y Pavón promulgaron la Constitución de 1814, que delineó los primeros rasgos de lo que sería el rostro del Estado mexicano.
Dos siglos después, en esa misma parte de México se expresa un nuevo actor, un nuevo grupo de poder: el crimen organizado que tiene incidencia directa en las decisiones de gobierno y en las funciones propias del Estado, como son la seguridad, la justicia y el control del territorio, dándole un nuevo perfil a este último.
Así, en medio de este conflicto armando, podemos apreciar con claridad el evidente fracaso del Estado mexicano, que ha sido incapaz de dar seguridad a la población de Michoacán y, al mismo tiempo, permitió la formación de un Estado paralelo en un territorio donde el que gobierna es el crimen organizado.
Desde 1989, con el nacimiento del PRD y el arranque del gobierno de políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, Michoacán entró a una etapa de continuos conflictos que han cobrado la vida de miles de civiles. Pero la espiral de violencia se acrecentó desde 2006, con la declaración de guerra al narcotráfico lanzada por Felipe Calderón: un fracaso que cimentó las bases para la construcción de un reino de terror por parte de bandas delincuenciales, que a su vez sometieron pueblos y ciudades enteras.
Es evidente que en esta región del país se fracturó el Estado y que de las grietas emergieron dos grupos de narcotraficantes con un perfil distinto a los que ya existían en México. Estos grupos tienen rasgos de secta religiosa, un sentido de pertenencia regional y una organización de células estilo paramilitar o guerrilla: se trata de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Al inicio surgieron como una especie de autodefensas, pues en el discurso proponían a los ciudadanos darles la protección que el gobierno no les daba, a cambio de cuotas voluntarias que se convirtieron en obligatorias: En la práctica se trataba de un impuesto cuyo incumplimiento implicaba la muerte.
Con la presencia ominosa de estos grupos, en una década la vida cambió para los michoacanos, que dejaron de salir en la noche y se fueron acostumbrando a las extorsiones, secuestros, cobro de cuotas, ejecuciones, desapariciones y amenazas de los delincuentes y sus aliados: los policías estatales y municipales, ediles y legisladores, quienes se fundieron con las bandas para establecer una amplia red de poder que traspasaba todas las leyes.
Producto de la violencia generada por esta guerra entre las mafias del narcotráfico cada año se cometen 35 mil delitos del fuero común. Así, a partir de 2013 y en 43 municipios surgieron grupos de autodefensa ciudadana, policías comunitarias, rondas comunitarias y, en otros, 50 guardias blancas.
Todos estos grupos de autodefensa y bandas de delincuentes cuentan con armas de alto poder a pesar de que el gobierno federal ha realizado varios intentos para desarmarlos. De hecho, a principios de 2014 envió a 10 mil policías y soldados como parte de un operativo de recuperación estatal.
La Familia Michoacana primero y luego Los Caballeros Templarios resistieron entonces los embates policiacos y militares y ensancharon su área de influencia hacia otras actividades que resultaron ser mejor negocio que la producción y venta de droga: las extorsiones, cobro de cuotas, secuestros, venta de autos y negocios turbios con empresarios chinos. Todo, a través de la violencia y el terror como los principales métodos de control social y de mercado.
Según la información que se desprende de documentos requisados a Los Caballeros Templarios y de declaraciones del exgobernador Fausto Vallejo (PRI), así como de líderes de distintos sectores económicos, las ganancias obtenidas por el crimen organizado entre 2012 y 2014 se estiman en 31 mil 460 millones de pesos por la vía de extorsiones a los mineros, productores de aguacate, empresarios y comerciantes grandes, medianos y pequeños, por “cuotas”, venta de drogas y secuestros.
Además de este auge económico, el crimen organizado michoacano se convirtió en cogobierno desde principios de este siglo, controlando de manera absoluta la mayor parte de los 113 municipios e infiltrándose en las instituciones policiacas, municipales y de gobierno del estado.
En resumen, el crimen organizado levantó un imperio y una forma de gobierno en Michoacán, haciendo realidad lo que tanto se temía, la formación de un Estado y un gobierno-narco.
Los casos más evidentes de esto son la vinculación del exgobernador interino Jesús Reyna (PRI) con Los Caballeros Templarios –que supuestamente le dieron 300 millones de pesos para la campaña a la gubernatura de Fausto Vallejo, que él coordinó en 2011– y también de Rodrigo Vallejo, hijo del mencionado Fausto Vallejo. Desde 2008, Rodrigo ya era jefe de plaza en Morelia para La Familia michoacana y, luego, para Los Caballeros Templarios.
Visto a la distancia, de nada sirvió que en 2006 el presidente Felipe Calderón se haya vestido de casaca y quepis militar y, ante las tropas militares destacamentadas en Apatzingán, lanzara una temeraria declaración de guerra contra el narcotráfico. Envió a miles de soldados y policías que no pudieron controlar a ninguna banda sino que, al contrario, avivaron el avispero provocando más de 100 mil muertes, 26 mil desaparecidos y miles de desplazados en todo el país a causa de la violencia en seis años, muchos de ellos en Michoacán.
La misma táctica la siguió Enrique Peña Nieto desde que arribó al poder en 2012. Generó el mismo tipo de violencia e inseguridad, lo que provocó decenas de miles de muertes. En 2014 dio un giro y propuso una estrategia que implicaba suplantar de manera ilegal el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Para ello estableció una especie de virreinato bajo la tutela de un “comisionado”, y en ese puesto colocó a Alfredo Castillo, uno de los allegados a Peña Nieto desde que éste gobernaba el Estado de México.
Un año después, Castillo presentó su renuncia asegurando que se había logrado la meta de arrancarle el territorio a los Caballeros Templarios y terminado con su estructura. Pero en Michoacán seguía la violencia con enfrentamientos en La Ruana y Apatzingán,  el índice de asesinatos era de los cinco más altos a nivel nacional y continuaba operando el crimen organizado.
El presente libro parte de un intento por responder preguntas elementales: por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente y, al mismo tiempo, desbrozar el confuso panorama de Michoacán. Se pretende dar algunos elementos para entender que se trata de una tierra tradicionalmente productora de drogas (mariguana y opio), en la que ha emergido un actor dentro de un escenario de por sí complejo: se trata de las autodefensas ciudadanas, que llegaron a inspirar a pueblos y comunidades de otros estados a tomar en sus manos las armas para protegerse y, en algunos casos, establecer su propio sistema de justicia.
El objetivo es explicar los orígenes de este conflicto armado que, según el investigador Salvador Maldonado Aranda, se encuentra en las políticas neoliberales del expresidente Carlos Salinas de Gortari y en el fracaso de la transición a la democracia de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Se busca explicar por qué en Tierra Caliente se dio este conflicto armado y por qué surgieron ahí los poderosos cárteles locales de la droga que desafiaron las instituciones de gobierno y justicia, así como sus némesis, las autodefensas auspiciadas por el gobierno federal a través del general colombiano Óscar Naranjo, promotor de las autodefensas en su país.
También trataremos de describir el impacto económico y social de este conflicto, que ha generado un escenario similar al de una guerra y ha afectado a la población de todo el estado. Finalmente habremos de dar cuenta del surgimiento de los grupos de autodefensas ciudadanos, de la participación del gobierno peñista a través del general colombiano Óscar Naranjo, quien a pesar de haber dicho públicamente que estos grupos eran un “error y un peligro social armado” participó en su formación y equipamiento, tal como lo aseguran testigos que lo vieron en los pueblos de Tierra Caliente.
De esta manera habremos de contar las historias de los principales personajes de esta imbricada historia, de las organizaciones criminales y grupos armados que se disputan el territorio y de las erráticas estrategias gubernamentales a través de entrevistas, reportajes y crónicas de los pueblos sojuzgados por el crimen organizado y de los principales acontecimientos que, en los últimos años, han dado lugar a una lucha sin cuartel, a las batallas de Michoacán.