El dirigente nacional del blanquiazul hizo un llamado a la militancia de ese estado a mantener la unidad y respaldar a Alejandro Zapata.
Georgina Saldierna y Notimex
Publicado: 10/12/2008 18:41
México, DF. El dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, rechazó que en San Luis Potosí se haya registrado un "cochinero" en la elección del candidato a la gubernatura de ese estado -como lo denunció el senador Eugenio Govea- e hizo un llamado a la militancia de ese estado a mantener la unidad y respaldar a Alejandro Zapata.
En entrevista radiofónica, Martínez Cázares dijo que ese proceso estuvo a cargo de la nueva Comisión Nacional de Elecciones del partido y el que ganó fue el también senador con licencia Alejandro Zapata, sobre su contendiente Govea.
"El presidente del partido tiene que ser prudente y cuidar la unidad del partido. Lo que yo afirmo a los ciudadanos es que ya tenemos al primer gobernador del PAN de 2009, se llama Alejandro Zapata, y todos los panistas debemos trabajar por eso", agregó.
Expuso que sin duda los ciudadanos reclaman candidatos confiables, que tengan un perfil de decencia, de vergüenza pública y que sean aceptados socialmente, por lo cual la elección de Zapata Perogordo se hizo en la mejor tradición democrática del PAN.
Reiteró que para el PAN la contienda en 2009 por la mayoría en la Cámara de Diputados y por las seis gubernaturas que estarán en juego será con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No obstante, Germán Martínez dijo que por encima de ganar las elecciones del próximo año está el interés de que haya empleo para más mexicanos ante los difíciles momentos que vive el país, aun cuando ello favorezca a otros candidatos.
"Vamos a apoyar en el PAN cualquier medida, venga de donde venga, que cuide el empleo de los mexicanos por encima de ganar elecciones; nuestro respaldo y nuestra voluntad política, aun a actores de otro partido, que cuiden el empleo de los mexicanos", subrayó.
miércoles, 10 de diciembre de 2008
Son las televisoras privadas las que controlan al gobierno espurio: Rafael Barajas
Discurso por Rafael Barajas “El Fisgón” a nombre de la Comisión de Difusión del Gobierno Legítimo de México, en el acto de protesta frente a las oficinas de la empresa Televisa, en avenida Chapultepec
Compañeras y compañeros:
El pasado 11 de noviembre, estuvo aquí el Movimiento en Defensa del Pueblo. Venimos a demandar al señor Emilio Azcárraga Jean, principal dueño y presidente ejecutivo de Televisa, que su empresa informara de manera plural, veraz y ponderada; que cubriera la lucha de nuestro movimiento; que diera cuenta de las luchas del pueblo de México, de todas sus luchas; que la cobertura informativa de Televisa vaya más allá de lo que los empresarios y su gobierno quieren ver y quieren decir.
No venimos a pedir espacio para nosotros; venimos a exigir espacio para todos los mexicanos, para todos los movimientos ciudadanos. No pedimos un favor, exigimos el cumplimiento del derecho a la información. Este es un derecho consagrado en el Artículo 6° de nuestra Constitución y en diversos apartados de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Claudia Sheinbaum entregó al señor Carlos González, representante de la empresa, una carta con esta demanda, y el señor González ofreció que Televisa daría una respuesta, pero no fue sino hasta el día de hoy por la tarde, casi un mes después de aquella primera movilización que la empresa nos envió una respuesta.
Una carta enviada por Manuel Compeán Palacio, Director General Corporativo de Comunicación de Televisa, afirma que “Televisa busca reflejar fielmente a todos las voces de la sociedad” en “el marco de la objetividad y la pluralidad”.
Objetividad y pluralidad son valores importantes del periodismo moderno, pero los mexicanos sabemos, desde hace décadas, que Televisa sólo enarbola estos valores para defender sus intereses y hacer las coberturas más sesgadas, engañar, mentir y emprender campañas de difamación y hasta de odio. Así lo hizo con el movimiento estudiantil de 1968, con los movimientos sindicales desde la década de 1960 hasta la fecha, con el fraude de 1988, con Manuel Clouthier, con el cardenismo, con los zapatistas, con López Obrador, con el fraude de 2006, con el movimiento de Atenco, con las luchas del pueblo de Oxaca.
Este breve recuento hace evidente que en Televisa no caben las voces disidentes, ya no digamos “todas las voces de la sociedad”. En Televisa nunca han cabido las voces disidentes.
A lo largo de su historia, Televisa ha operado como un vocero del poder instituido y ha sido el más servicial de los soldados del presidente, repitiendo de manera insistente lo que el Estado quería que se dijera. Televisa nunca ha tenido el valor de defender la verdad y la libertad de expresión le vale. Por todo lo anterior podemos afirmar que Televisa no tiene el valor, que a Televisa le vale…
Los noticieros de Televisa hablan a cada rato del Estado de Derecho. Ahora venimos a recordarle a Televisa, de nueva cuenta, algunas de sus obligaciones legales, como las que se establecen en la Ley Federal de Radio y Televisión. Por ejemplo, Televisa está obligada a:
- contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, y a fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.”
Eso dice la ley; quienes manejan esta televisora están obligados a cumplirla y nosotros tenemos el valor de venir a exigirles que la cumplan, pero a ellos les vale…
También venimos a recordarle a Televisa, al señor Azcárraga y a sus representantes, que ellos serán muy dueños de sus instalaciones, de sus antenas, de sus cámaras y de sus foros, pero que no son dueños de las frecuencias que utilizan.
El espacio electromagnético es parte del espacio territorial y es de la Nación, es decir, de todos los mexicanos. Al igual que la industria petrolera y al igual que las playas, las frecuencias que emplean las televisoras no pueden tener propietarios privados. Las leyes nacionales señalan que esas frecuencias pueden serles entregadas temporalmente en concesión para que sirvan a la sociedad, no para que desinformen, distorsionen, defrauden o estupidicen. Miren lo que dice la ley:
Y dice también la ley:
- que no se hará publicidad a centros de vicio de cualquier naturaleza; no transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades;
- que no se deberá hacer publicidad que incite a la violencia, así como aquélla relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición.”
¿Ustedes creen que Televisa cumple con la ley… o le vale?
¿Y por qué el gobierno no le exige a esta empresa que acate las disposiciones legales? Porque el gobierno actual no fue designado por el voto del pueblo, sino por un grupo de grandes empresarios, entre los cuales se encuentran, precisamente, los dueños de Televisa. ¿Se acuerdan de las campañas sucias contra López Obrador desde antes de las elecciones de 2006? Pues detrás de ellas estaban Salinas, Fox, Fernández de Cevallos, Roberto Hernández, Lorenzo Servitje, Claudio X. González, José Luis Barraza y otros potentados. ¿Y quién estaba al frente de esas campañas? Pues Televisa, principalmente.
Así, el gobierno no tiene el valor de hacer cumplir la ley; al gobierno le vale.
Hoy tenemos un problema grave: mediante el uso indebido de las frecuencias, Televisa ha acumulado un enorme poder económico y propagandístico; tan grande que le impone sus intereses al poder político y muchos políticos que se dicen representantes del pueblo actúan de hecho como empleados de la televisora. No tienen el valor de enfrentársele… y la gente les vale…
Para muestra basta un botón.
A fines del sexenio anterior se aprobó una nueva ley de radio y televisión; esta ley fue aprobada por mayoría en las Cámaras, a pesar de que había sido redactada por los mismos concesionarios para que el Estado les regalara las concesiones, para impedir la entrada de nuevos competidores y para consolidar y acrecentar su enorme riqueza. Posteriormente, Televisa convalidó la imposición de Felipe Calderón en la presidencia e hizo todo por ocultar las pruebas del fraude electoral.
Hoy, el gobierno no puede controlar el poder de las televisoras privadas porque las cosas han terminado por invertirse: son las televisoras privadas las que controlan al gobierno, las que ocupan un lugar muy importante en el selecto grupo de los que mueven los hilos de la marioneta. ¿Cómo va a ser controlada una empresa por un gobernante que es su pelele? En los hechos parece que los concesionarios privados de radio y televisión han realizado ya un golpe de estado.
De esta manera, se ha implantado un México televisivo diseñado a gusto y conveniencia de los dueños de las concesionarias: el México de la gente bonita; el México que coincide punto por punto con las postales de Foxilandia y de Felipelandia; un México en el que no aparecen los disidentes, los que alertan sobre la catástrofe a la que nos está llevando el grupo en el poder, los que denuncian la corrupción y la podredumbre.
Sin embargo, hay vida más allá de la televisión. Para demostrarlo basta con mirarnos aquí, pugnando desde las calles por el cumplimiento de las leyes y por la recuperación de los postulados democráticos. Aunque nos sigan diciendo violentos y enemigos de la legalidad, debemos tener muy claro que ha sido la ciudadanía consciente la que, desde las calles, ha defendido el orden constitucional y legal. Lo hizo en el Senado y lo vuelve a hacer aquí.
Nosotros sí tenemos valor y sí nos preocupan el país, los ciudadanos, las mayorías empobrecidas.
Que lo sepan los dueños de Televisa: si el país no se ha caído en pedazos, si todavía existen márgenes de gobernabilidad, si el gobierno espurio aún no ha logrado llevar a México al despeñadero y al caos, se lo deben a la ciudadanía en resistencia: a quienes se oponen a la Ley del ISSTE, a quienes denuncian la Alianza Educativa, a quienes luchan por los derechos de los pueblos indígenas, a quienes claman justicia para las asesinadas de Ciudad Juárez, a quienes se organiza para defender el entorno de la depredación, a quienes exigen la liberación de los presos políticos, a quienes enfrentan los embates de la crisis económica y rechazan la política económica hambreadora, encarecedora, inflacionaria y corrupta del calderonato.
Porque es gracias a la ciudadanía que exige el cumplimiento de las leyes, que todavía hay país en el que estos empresarios pueden seguir haciendo negocios.
Esperábamos que Azcárraga y sus socios lo entendieran y nos dieran una respuesta. Pero hemos aguardado casi un mes y ellos no nos responden; siguen inundando las frecuencias con mentiras y con distorsiones. A la vez que soslayan y ocultan los fraudes, los robos e ilegalidades de ciertos empresarios y políticos, a la vez que esconden los abusos y violaciones de derechos humanos de las corporaciones policíacas, hacen todo por criminalizar a los movimientos populares y a sus dirigentes. Así lo hicieron con el movimiento estudiantil del 68, así lo hicieron en Atenco y Oaxaca; así lo hacen hoy con el sindicato minero y con este movimiento pacífico. Las causas del pueblo no les merecen más tratamiento informativo que la ocultación o la calumnia. Sólo tienen valor ante el desvalido y la verdad les vale…
Para ellos, para los dueños de la televisión privada, México es el país de tarjeta postal que aparece en los informes de gobierno, o las historias frívolas entre personajes de la farándula, o la violencia delictiva que permite los más atroces ejercicios de amarillismo, o la estafa descarada a los consumidores.
Somos un movimiento convencido de su misión civilizatoria, de su determinación de construir, desde abajo, desde estas calles, un país más justo, más incluyente, más veraz y más apegado a su marco legal. Ellos violentan la ley y vandalizan concesiones que no son de propiedad de sus accionistas sino de nosotros, los ciudadanos.
Televisa está en una situación paradójica. Mantiene la audiencia, pero ha perdido la credibilidad. Su historial de mentiras y distorsiones a favor de los poderosos está a la vista: desde el Movimiento de 1968 hasta el presente, pasando por el movimiento estudiantil de 1986-87, por el fraude de 1988, por el alzamiento zapatista de 1994, por el desafuero de Andrés Manuel y por el fraude de 2006, la televisora ha hecho mal uso de su concesión. Por eso, ahora mucha gente la ve, pero prácticamente nadie le cree. Para la gente, Televisa ha perdido valor, a l gente, Televisa le vale…
Sin embargo, esta televisora sigue basando su enorme poder en el hecho de que sus señales son vistas por una gran parte de la población. No tiene credibilidad, pero sigue siendo un enorme escaparate publicitario; un escaparate en el que igual se anuncian remedios milagrosos que resultados falsos de un gobierno espurio. No informa; literalmente apantalla.
Si ellos no cambian su política de desinformación, exclusión y mentira, nosotros tendremos que emprender una campaña de concientización entre la gente y pedirle que apague el televisor o que cambie de canales, que deje de asistir a los eventos que organiza la empresa, que cancele los contratos con su cablera, que se abstenga de apoyar a sus equipos deportivos.
Tendremos que recordarle a la sociedad que la vida no empieza ni se acaba en la televisión, y menos en esa clase de televisión que hace Televisa. De nada van a servirles sus concesiones, de nada va a servirles el gobierno que impusieron, si nadie los ve. Porque si damos la espalda a los canales de Televisa, los anunciantes se retirarán, y porque si damos la espalda a Televisa, ni los policías corruptos del calderonato podrán obligarnos a que sintonicemos sus señales.
¡Viva el Movimiento el Defensa del Pueblo!· · · · ·
Compañeras y compañeros:
El pasado 11 de noviembre, estuvo aquí el Movimiento en Defensa del Pueblo. Venimos a demandar al señor Emilio Azcárraga Jean, principal dueño y presidente ejecutivo de Televisa, que su empresa informara de manera plural, veraz y ponderada; que cubriera la lucha de nuestro movimiento; que diera cuenta de las luchas del pueblo de México, de todas sus luchas; que la cobertura informativa de Televisa vaya más allá de lo que los empresarios y su gobierno quieren ver y quieren decir.
No venimos a pedir espacio para nosotros; venimos a exigir espacio para todos los mexicanos, para todos los movimientos ciudadanos. No pedimos un favor, exigimos el cumplimiento del derecho a la información. Este es un derecho consagrado en el Artículo 6° de nuestra Constitución y en diversos apartados de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Claudia Sheinbaum entregó al señor Carlos González, representante de la empresa, una carta con esta demanda, y el señor González ofreció que Televisa daría una respuesta, pero no fue sino hasta el día de hoy por la tarde, casi un mes después de aquella primera movilización que la empresa nos envió una respuesta.
Una carta enviada por Manuel Compeán Palacio, Director General Corporativo de Comunicación de Televisa, afirma que “Televisa busca reflejar fielmente a todos las voces de la sociedad” en “el marco de la objetividad y la pluralidad”.
Objetividad y pluralidad son valores importantes del periodismo moderno, pero los mexicanos sabemos, desde hace décadas, que Televisa sólo enarbola estos valores para defender sus intereses y hacer las coberturas más sesgadas, engañar, mentir y emprender campañas de difamación y hasta de odio. Así lo hizo con el movimiento estudiantil de 1968, con los movimientos sindicales desde la década de 1960 hasta la fecha, con el fraude de 1988, con Manuel Clouthier, con el cardenismo, con los zapatistas, con López Obrador, con el fraude de 2006, con el movimiento de Atenco, con las luchas del pueblo de Oxaca.
Este breve recuento hace evidente que en Televisa no caben las voces disidentes, ya no digamos “todas las voces de la sociedad”. En Televisa nunca han cabido las voces disidentes.
A lo largo de su historia, Televisa ha operado como un vocero del poder instituido y ha sido el más servicial de los soldados del presidente, repitiendo de manera insistente lo que el Estado quería que se dijera. Televisa nunca ha tenido el valor de defender la verdad y la libertad de expresión le vale. Por todo lo anterior podemos afirmar que Televisa no tiene el valor, que a Televisa le vale…
Los noticieros de Televisa hablan a cada rato del Estado de Derecho. Ahora venimos a recordarle a Televisa, de nueva cuenta, algunas de sus obligaciones legales, como las que se establecen en la Ley Federal de Radio y Televisión. Por ejemplo, Televisa está obligada a:
- contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, y a fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.”
Eso dice la ley; quienes manejan esta televisora están obligados a cumplirla y nosotros tenemos el valor de venir a exigirles que la cumplan, pero a ellos les vale…
También venimos a recordarle a Televisa, al señor Azcárraga y a sus representantes, que ellos serán muy dueños de sus instalaciones, de sus antenas, de sus cámaras y de sus foros, pero que no son dueños de las frecuencias que utilizan.
El espacio electromagnético es parte del espacio territorial y es de la Nación, es decir, de todos los mexicanos. Al igual que la industria petrolera y al igual que las playas, las frecuencias que emplean las televisoras no pueden tener propietarios privados. Las leyes nacionales señalan que esas frecuencias pueden serles entregadas temporalmente en concesión para que sirvan a la sociedad, no para que desinformen, distorsionen, defrauden o estupidicen. Miren lo que dice la ley:
Y dice también la ley:
- que no se hará publicidad a centros de vicio de cualquier naturaleza; no transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades;
- que no se deberá hacer publicidad que incite a la violencia, así como aquélla relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición.”
¿Ustedes creen que Televisa cumple con la ley… o le vale?
¿Y por qué el gobierno no le exige a esta empresa que acate las disposiciones legales? Porque el gobierno actual no fue designado por el voto del pueblo, sino por un grupo de grandes empresarios, entre los cuales se encuentran, precisamente, los dueños de Televisa. ¿Se acuerdan de las campañas sucias contra López Obrador desde antes de las elecciones de 2006? Pues detrás de ellas estaban Salinas, Fox, Fernández de Cevallos, Roberto Hernández, Lorenzo Servitje, Claudio X. González, José Luis Barraza y otros potentados. ¿Y quién estaba al frente de esas campañas? Pues Televisa, principalmente.
Así, el gobierno no tiene el valor de hacer cumplir la ley; al gobierno le vale.
Hoy tenemos un problema grave: mediante el uso indebido de las frecuencias, Televisa ha acumulado un enorme poder económico y propagandístico; tan grande que le impone sus intereses al poder político y muchos políticos que se dicen representantes del pueblo actúan de hecho como empleados de la televisora. No tienen el valor de enfrentársele… y la gente les vale…
Para muestra basta un botón.
A fines del sexenio anterior se aprobó una nueva ley de radio y televisión; esta ley fue aprobada por mayoría en las Cámaras, a pesar de que había sido redactada por los mismos concesionarios para que el Estado les regalara las concesiones, para impedir la entrada de nuevos competidores y para consolidar y acrecentar su enorme riqueza. Posteriormente, Televisa convalidó la imposición de Felipe Calderón en la presidencia e hizo todo por ocultar las pruebas del fraude electoral.
Hoy, el gobierno no puede controlar el poder de las televisoras privadas porque las cosas han terminado por invertirse: son las televisoras privadas las que controlan al gobierno, las que ocupan un lugar muy importante en el selecto grupo de los que mueven los hilos de la marioneta. ¿Cómo va a ser controlada una empresa por un gobernante que es su pelele? En los hechos parece que los concesionarios privados de radio y televisión han realizado ya un golpe de estado.
De esta manera, se ha implantado un México televisivo diseñado a gusto y conveniencia de los dueños de las concesionarias: el México de la gente bonita; el México que coincide punto por punto con las postales de Foxilandia y de Felipelandia; un México en el que no aparecen los disidentes, los que alertan sobre la catástrofe a la que nos está llevando el grupo en el poder, los que denuncian la corrupción y la podredumbre.
Sin embargo, hay vida más allá de la televisión. Para demostrarlo basta con mirarnos aquí, pugnando desde las calles por el cumplimiento de las leyes y por la recuperación de los postulados democráticos. Aunque nos sigan diciendo violentos y enemigos de la legalidad, debemos tener muy claro que ha sido la ciudadanía consciente la que, desde las calles, ha defendido el orden constitucional y legal. Lo hizo en el Senado y lo vuelve a hacer aquí.
Nosotros sí tenemos valor y sí nos preocupan el país, los ciudadanos, las mayorías empobrecidas.
Que lo sepan los dueños de Televisa: si el país no se ha caído en pedazos, si todavía existen márgenes de gobernabilidad, si el gobierno espurio aún no ha logrado llevar a México al despeñadero y al caos, se lo deben a la ciudadanía en resistencia: a quienes se oponen a la Ley del ISSTE, a quienes denuncian la Alianza Educativa, a quienes luchan por los derechos de los pueblos indígenas, a quienes claman justicia para las asesinadas de Ciudad Juárez, a quienes se organiza para defender el entorno de la depredación, a quienes exigen la liberación de los presos políticos, a quienes enfrentan los embates de la crisis económica y rechazan la política económica hambreadora, encarecedora, inflacionaria y corrupta del calderonato.
Porque es gracias a la ciudadanía que exige el cumplimiento de las leyes, que todavía hay país en el que estos empresarios pueden seguir haciendo negocios.
Esperábamos que Azcárraga y sus socios lo entendieran y nos dieran una respuesta. Pero hemos aguardado casi un mes y ellos no nos responden; siguen inundando las frecuencias con mentiras y con distorsiones. A la vez que soslayan y ocultan los fraudes, los robos e ilegalidades de ciertos empresarios y políticos, a la vez que esconden los abusos y violaciones de derechos humanos de las corporaciones policíacas, hacen todo por criminalizar a los movimientos populares y a sus dirigentes. Así lo hicieron con el movimiento estudiantil del 68, así lo hicieron en Atenco y Oaxaca; así lo hacen hoy con el sindicato minero y con este movimiento pacífico. Las causas del pueblo no les merecen más tratamiento informativo que la ocultación o la calumnia. Sólo tienen valor ante el desvalido y la verdad les vale…
Para ellos, para los dueños de la televisión privada, México es el país de tarjeta postal que aparece en los informes de gobierno, o las historias frívolas entre personajes de la farándula, o la violencia delictiva que permite los más atroces ejercicios de amarillismo, o la estafa descarada a los consumidores.
Somos un movimiento convencido de su misión civilizatoria, de su determinación de construir, desde abajo, desde estas calles, un país más justo, más incluyente, más veraz y más apegado a su marco legal. Ellos violentan la ley y vandalizan concesiones que no son de propiedad de sus accionistas sino de nosotros, los ciudadanos.
Televisa está en una situación paradójica. Mantiene la audiencia, pero ha perdido la credibilidad. Su historial de mentiras y distorsiones a favor de los poderosos está a la vista: desde el Movimiento de 1968 hasta el presente, pasando por el movimiento estudiantil de 1986-87, por el fraude de 1988, por el alzamiento zapatista de 1994, por el desafuero de Andrés Manuel y por el fraude de 2006, la televisora ha hecho mal uso de su concesión. Por eso, ahora mucha gente la ve, pero prácticamente nadie le cree. Para la gente, Televisa ha perdido valor, a l gente, Televisa le vale…
Sin embargo, esta televisora sigue basando su enorme poder en el hecho de que sus señales son vistas por una gran parte de la población. No tiene credibilidad, pero sigue siendo un enorme escaparate publicitario; un escaparate en el que igual se anuncian remedios milagrosos que resultados falsos de un gobierno espurio. No informa; literalmente apantalla.
Si ellos no cambian su política de desinformación, exclusión y mentira, nosotros tendremos que emprender una campaña de concientización entre la gente y pedirle que apague el televisor o que cambie de canales, que deje de asistir a los eventos que organiza la empresa, que cancele los contratos con su cablera, que se abstenga de apoyar a sus equipos deportivos.
Tendremos que recordarle a la sociedad que la vida no empieza ni se acaba en la televisión, y menos en esa clase de televisión que hace Televisa. De nada van a servirles sus concesiones, de nada va a servirles el gobierno que impusieron, si nadie los ve. Porque si damos la espalda a los canales de Televisa, los anunciantes se retirarán, y porque si damos la espalda a Televisa, ni los policías corruptos del calderonato podrán obligarnos a que sintonicemos sus señales.
¡Viva el Movimiento el Defensa del Pueblo!· · · · ·
Otro Engaño de los Diputados
En nuevo lance de birlibirloque para hacer como que hacen, pero sin hacer nada en realidad, la Cámara de Diputados aprobó reformas financieras y bancarias para supuestamente ponerle un control a la banca que abusa de sus usuarios mexicanos, a ciencia y paciencia de quienes cobran por regularla y supervisarla.
Entre lo más relevante de la iniciativa aprobada, se establece que el Banco de México (BM), -una entidad sumamente laxa cuando se trata de banqueros y grandes empresarios sacadólares- fije el monto mínimo que deba cobrar la banca, cuando el verdadero problema es el máximo al que llegan los intereses que los bancos multiplican alegremente, elevando los montos de deuda y forzando al incumplimiento, no por irresponsabilidad del usuario (como alega Hacienda y todos sus bien cebados jilgueros) sino por la incapacidad real de pagar.
Diversos legisladores de oposición y hasta Carlos Slim (él mismo banquero y gran empresario) habían insistido en que el Congreso pusiera un tope a la usura bancaria, más que nada para impedir que el engranaje económico del país se alente o de plano se detenga, y se evite otro Fobaproa, que parece ser lo que busca la cleptocracia oficial.
Por eso el diputado perredista Othón Cuevas reprochó a sus compañeros el haber cedido a "las presiones de los cabilderos de los bancos" para impedir que se aprobara el freno a los abusos bancarios, especialmente en tarjetas de crédito, su nuevo filón de oro en México.
Y para hacer como que hacen, los diputados aprobaron que:
1. los bancos no envíen tarjetas de crédito preaprobadas sin previa solicitud, cuando en realidad no lo hacen, salvo a los magnates (entre ellos legisladores y ministros de la Suprema Corte) a quienes entregan tarjetas "Gold" por los montos de dinero que manejan, pero ellos no tienen problemas de morosidad;
2. se aumente el límite de crédito sin consentimiento del cliente, que tampoco lo hacen salvo a los magnates, pues al necesitado ciudadano común que solicita aumento del crédito, le hacen llenar una solicitud, le exigen comprobantes de ingresos y se tardan un mes en decidir que lo niegan; y
3. se cobre intereses por sobregiro en la cuenta, cuando en realidad lo que hacen -hasta sin sobregiro- es cobrar un cargo mensual por mora (que se multiplica), más gastos crecientes de cobranza, más IVA (que nunca enteran a Hacienda), todo lo cual se capitaliza en el estado de cuenta que llega al deudor.
¿Dónde estuvo el control al abuso y la protección al usuario?
Los diputados, en la misma línea oficial impuesta por la tecnocracia, culpan en sus argumentos de la reforma a la irresponsabilidad de los ciudadanos por las deudas que se elevan con un simple teclazo en las computadoras de los bancos, sin que a éstos se les exija cobrar en México las mismas tasas que cobran en sus matrices del Primer Mundo. Pero para lavarse las manos, los diputados alegaron que su iniciativa intenta frenar el "uso irreflexivo de una tarjeta , pues puede llevar a una familia a perder su patrimonio".
Otra desfachatez de los autonombrados "representantes populares".
Entre lo más relevante de la iniciativa aprobada, se establece que el Banco de México (BM), -una entidad sumamente laxa cuando se trata de banqueros y grandes empresarios sacadólares- fije el monto mínimo que deba cobrar la banca, cuando el verdadero problema es el máximo al que llegan los intereses que los bancos multiplican alegremente, elevando los montos de deuda y forzando al incumplimiento, no por irresponsabilidad del usuario (como alega Hacienda y todos sus bien cebados jilgueros) sino por la incapacidad real de pagar.
Diversos legisladores de oposición y hasta Carlos Slim (él mismo banquero y gran empresario) habían insistido en que el Congreso pusiera un tope a la usura bancaria, más que nada para impedir que el engranaje económico del país se alente o de plano se detenga, y se evite otro Fobaproa, que parece ser lo que busca la cleptocracia oficial.
Por eso el diputado perredista Othón Cuevas reprochó a sus compañeros el haber cedido a "las presiones de los cabilderos de los bancos" para impedir que se aprobara el freno a los abusos bancarios, especialmente en tarjetas de crédito, su nuevo filón de oro en México.
Y para hacer como que hacen, los diputados aprobaron que:
1. los bancos no envíen tarjetas de crédito preaprobadas sin previa solicitud, cuando en realidad no lo hacen, salvo a los magnates (entre ellos legisladores y ministros de la Suprema Corte) a quienes entregan tarjetas "Gold" por los montos de dinero que manejan, pero ellos no tienen problemas de morosidad;
2. se aumente el límite de crédito sin consentimiento del cliente, que tampoco lo hacen salvo a los magnates, pues al necesitado ciudadano común que solicita aumento del crédito, le hacen llenar una solicitud, le exigen comprobantes de ingresos y se tardan un mes en decidir que lo niegan; y
3. se cobre intereses por sobregiro en la cuenta, cuando en realidad lo que hacen -hasta sin sobregiro- es cobrar un cargo mensual por mora (que se multiplica), más gastos crecientes de cobranza, más IVA (que nunca enteran a Hacienda), todo lo cual se capitaliza en el estado de cuenta que llega al deudor.
¿Dónde estuvo el control al abuso y la protección al usuario?
Los diputados, en la misma línea oficial impuesta por la tecnocracia, culpan en sus argumentos de la reforma a la irresponsabilidad de los ciudadanos por las deudas que se elevan con un simple teclazo en las computadoras de los bancos, sin que a éstos se les exija cobrar en México las mismas tasas que cobran en sus matrices del Primer Mundo. Pero para lavarse las manos, los diputados alegaron que su iniciativa intenta frenar el "uso irreflexivo de una tarjeta , pues puede llevar a una familia a perder su patrimonio".
Otra desfachatez de los autonombrados "representantes populares".
Pluralidad y apertura informativa, exigen AMLO y seguidores a Televisa
Demandan que se hable de las causas de la pobreza, el desempleo, la carestía y la inseguridad
Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Economía Popular y la Soberanía Nacional regresaron ayer a Televisa para reiterar a esa empresa, que representa “el poder de los poderes” en México, su demanda de pluralidad y apertura, después de que la televisora les asegurara que sus actividades y posiciones son y seguirán siendo cubiertas y difundidas en sus espacios noticiosos.
Esa fue la respuesta a la solicitud de respeto a la libertad de información que le presentaron el 11 de noviembre pasado, pero no satisfizo al ex candidato presidencial y a sus miles de seguidores que se apostaron frente a las instalaciones de la empresa en avenida Chapultepec.
López Obrador indicó que su presencia en el lugar no fue sólo para exigir que se atienda a su movimiento y a su persona, “sino para que se aborden con seriedad los grandes y graves problemas nacionales, y se dé voz a todos los mexicanos.
“Queremos que se informe sobre las causas de la pobreza, del desempleo, de la carestía, de la migración, de la inseguridad y de la violencia. Que se hable de la corrupción y de la impunidad, que tanto daño le han hecho al país. Queremos que se invite a especialistas de todas las corrientes de pensamiento para debatir el porqué, a pesar del fracaso, se insiste en sostener el modelo económico neoliberal. Esto es, en esencia, lo que demandamos”, señaló.
“El poder de los poderes”
Aseguró que no es asunto menor acudir a Televisa a demandar pluralidad y apertura. “Con nuestra presencia estamos dejando de manifiesto que en esta fábrica de mentiras hay más poder, que se oiga bien, que en Los Pinos, que en la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) o que en el Congreso de la Unión. Aquí está el poder de los poderes”, señaló.
El mitin –segundo que encabeza López Obrador frente a la empresa– inició con la lectura de la respuesta que Manuel Compeán Palacios, director general corporativo de comunicación de Grupo Televisa, envió ayer, a las 15:25 horas, a la coordinación nacional del movimiento, a casi un mes de que fue entregada la solicitud de respeto a la libertad de expresión que hicieron a Emilio Azcárraga Jean, presidente del corporativo.
En el documento, manifestó que “la política editorial de Televisa busca reflejar fielmente todas las voces de nuestra sociedad en el marco de la objetividad y la pluralidad. Es por ello que las actividades del movimiento en defensa del petróleo, y en especial las del licenciado Andrés Manuel López Obrador, han sido cubiertas rutinariamente por nuestros noticiarios”.
Como ejemplo, citó que la “visita” que realizaron el 11 de noviembre fue difundida en distintos espacios informativos, así que “tengan la seguridad de que las actividades y posiciones de su movimiento sobre los temas fundamentales que se debaten en el país seguirán siendo cubiertas y difundidas por Televisa”.
“¡Qué poca madre!”, gritaban los asistentes al mitin conforme avanzaba la lectura del documento. Porfirio Muñoz Ledo, coordinador nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), tomó la palabra, exigió la democratización de los medios de comunicación y propuso “abolir este monopolio, con toda la fuerza del pueblo”.
Después, Rafael Barajas, El Fisgón, integrante de la comisión de difusión del movimiento, consideró que la respuesta de Compeán fue una burla y le recordó que la objetividad y pluralidad de las que habló, Televisa sólo las enarbola para “defender sus intereses y hacer coberturas más sesgadas, engañar, mentir y emprender campañas de difamación y hasta de odio.
“Así lo hizo con el movimiento estudiantil de 1968, con los movimientos sindicales independientes desde 1970 a la fecha; con el fraude de 1988, con Manuel Clouthier, con el cardenismo, con los zapatistas, con López Obrador, con el fraude de 2006, con los luchadores de Atenco, con los movimientos de Oaxaca”. Conminó a iniciar una campaña contra la televisora, que incluya pedir a la gente apagar su televisor o cambiar de canales, que deje de asistir a los actos que organiza la empresa, cancele los contratos con su cablera y se abstenga de apoyar a sus equipos deportivos.
Después, López Obrador advirtió que el regreso de ayer a Televisa no será el último. “Hagamos el compromiso de volver las veces que sean necesarias hasta lograr que se atienda nuestra demanda de pluralidad y apertura informativa”. En tanto, sostuvo, esperemos a ver resultados del planteamiento presentado por el ejecutivo de la empresa, porque “no nos estamos chupando el dedo. Pronto vamos a saber cuál es la verdadera intención de Televisa. Evaluemos, y en nuestra próxima asamblea del 25 de enero próximo, en el Zócalo capitalino, tomemos decisiones”.
Insistió en pedir a los dueños de la televisora, entre quienes citó, además de Azcárraga Jean, a María Asunción Aramburuzabala, Pedro Aspe Armella, Ana Patricia Botín, Jorge Cutillas, Claudio X. González, Roberto Hernández, Germán Larrea, Fernando Senderos, Carlos Fernández González y Lorenzo Zambrano, que los espacios que demandan también son para tratar, “de cara a la nación, con la participación de todos los actores sociales, los grandes y graves problemas nacionales”.
Por ejemplo, citó, “sería de mucha utilidad que economistas de nuestro movimiento debatieran en televisión con el secretario de Hacienda del gobierno usurpador sobre la crisis económica y, en particular, sobre temas como el desempleo, la devaluación (del peso), el uso y destino de las reservas internacionales de México; las alzas de las gasolinas, el diesel, el gas, la luz y los artículos de primera necesidad, así como la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los fondos de ahorro de los trabajadores, entre otros asuntos”.
Recordó que esta empresa tiene 80 por ciento de cobertura nacional. Es el medio de comunicación que llega a todos, pero no se tratan estos temas. “Se ha dedicado nada más a manipular para mantener este régimen de corrupción, de privilegios; este régimen caduco que ha llevado a la desgracia a nuestro pueblo”.
En la parte final de su discurso, López Obrador afirmó que ya hay 2 millones 400 mil afiliados al “gobierno legítimo de México”, y viene, anticipó, la constitución de 2 mil 500 comités municipales. Pidió mantenerse serenos y tranquilos ante las “diferencias” en los partidos del FAP, porque existe este movimiento y “no sólo se cuenta con el apoyo de militantes de PRD, PT, Convergencia, contamos también con el apoyo de millones de ciudadanos que no tienen partido, de organizaciones sociales y ciudadanas”.
Cuatro golpes a las pensiones. Asa Cristina Laurell
La devastación del sistema de pensiones a causa de la crisis era previsible y ha ocurrido tal como se había predicho con base en el conocimiento actuarial y económico al aprobarse las Leyes de Seguro Social y del SAR en 1995 y del ISSSTE en 2007. Desde el inicio del derrumbe del mercado financiero los fondos de pensiones de los trabajadores han perdido 64 mil millones, mientras que, en el mismo lapso, las Afore han tenido ingresos de 12 mil millones. Y la crisis apenas está empezando.
Aparte de la caída del valor de los fondos, la debacle económica golpeará las pensiones a causa del desempleo que conllevará la disminución del número de cotizaciones, de las semanas cotizadas y del monto depositado.
La “densidad de cotización” corresponde al tiempo con contribuciones a la seguridad social durante una vida laboral. Los actuarios han advertido que es necesario tomar en cuenta este factor, porque es determinante para el monto de la futura pensión en el actual sistema de capitalización individual.
Un estudio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de 2006 demuestra que la densidad de cotización de los contribuyentes al IMSS es en promedio 56 por ciento, o sea, si trabaja 40 años sólo cotiza 22.4 debido a la inestabilidad en el empleo. Esto conlleva que, en promedio, la futura pensión apenas será de entre 24 y 32 por ciento del último salario, según la Afore que administró el fondo de ahorro del trabajador. Esto a su vez significa que los fondos de la mayoría de los asegurados, particularmente las mujeres, no son suficientes ni siquiera para una pensión de un salario mínimo. Así, el Estado tendrá que proporcionar dinero fiscal para el pago de la pensión asegurada legal de esta cantidad. Estos datos se basan en cálculos anteriores a la crisis financiera y serán todavía más graves con ella.
La disminución de la densidad de cotización por el desempleo en la crisis también incrementa el riesgo de que el trabajador no alcance las mil 250 semanas de contribución necesarias para tener derecho a una pensión. Con la densidad de cotización precrisis, una vida laboral de 40 años correspondía a mil 165 semanas, por lo que se requeriría de otro año y medio de trabajo para alcanzar el mínimo de semanas cotizadas. Con la crisis financiera y la recesión será todavía más difícil cumplir las contribuciones obligatorias para gozar de este derecho y muchos tendrán que seguir trabajando a pesar de haber cumplido 65 años.
La recesión económica y el aumento del desempleo afectarán el monto de los fondos acumulados por la falta de contribuciones. Las Afore además siguen cobrando su comisión sobre el saldo de la cuenta a pesar de que no haya depósitos. Habría que recordar que el año pasado los diputados del PAN y del PRI, con la oposición del FAP, aprobaron cambios en la ley para que las Afore sólo cobren sobre el saldo de las cuentas de los trabajadores y no sobre los depósitos, lo que originó el incremento muy importante en el monto de las comisiones correspondiente a entre 1.17 y 3 por ciento sobre el total. La ley también creó nuevos Siefore (portafolios de inversión) de mayor riesgo financiero, sin que el trabajador pueda elegir a qué Siefore pertenecer, ya que la adscripción se hace según la edad. Ambos cambios entraron en vigor en marzo de 2008 poco antes de que empezara la actual catástrofe financiera.
La perspicacia de los asegurados del ISSSTE, que en su mayoría primero se ampararon contra la nueva ley y luego se negaron a elegir el nuevo sistema, los ha salvado de ser víctimas del afán neoliberal de poner sus fondos de pensión en manos de los grupos financieros. Es revelador que los únicos a los cuales el gobierno no ha impuesto un sistema de capitalización individual son las fuerzas armadas. La reforma de su ley de seguridad social, aprobada hace unas semanas, mantiene y fortalece el sistema solidario de reparto con aportaciones importantes del Estado.
Las evidencias inobjetables de la ineficacia del sistema pensionario de capitalización individual con administración privada se ahondan con la actual crisis económica. Ésta exige tomar medidas inmediatas de protección de los fondos de pensiones, cambiando el cobro de comisiones sobre saldo al cobre sobre los rendimientos de los fondos. Simultáneamente habría que diseñar un nuevo sistema incluyente y solidario de capitalización colectiva, en el que todos los adultos mayores, hayan cotizado o no, tengan una pensión mínima garantizada.
Aparte de la caída del valor de los fondos, la debacle económica golpeará las pensiones a causa del desempleo que conllevará la disminución del número de cotizaciones, de las semanas cotizadas y del monto depositado.
La “densidad de cotización” corresponde al tiempo con contribuciones a la seguridad social durante una vida laboral. Los actuarios han advertido que es necesario tomar en cuenta este factor, porque es determinante para el monto de la futura pensión en el actual sistema de capitalización individual.
Un estudio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de 2006 demuestra que la densidad de cotización de los contribuyentes al IMSS es en promedio 56 por ciento, o sea, si trabaja 40 años sólo cotiza 22.4 debido a la inestabilidad en el empleo. Esto conlleva que, en promedio, la futura pensión apenas será de entre 24 y 32 por ciento del último salario, según la Afore que administró el fondo de ahorro del trabajador. Esto a su vez significa que los fondos de la mayoría de los asegurados, particularmente las mujeres, no son suficientes ni siquiera para una pensión de un salario mínimo. Así, el Estado tendrá que proporcionar dinero fiscal para el pago de la pensión asegurada legal de esta cantidad. Estos datos se basan en cálculos anteriores a la crisis financiera y serán todavía más graves con ella.
La disminución de la densidad de cotización por el desempleo en la crisis también incrementa el riesgo de que el trabajador no alcance las mil 250 semanas de contribución necesarias para tener derecho a una pensión. Con la densidad de cotización precrisis, una vida laboral de 40 años correspondía a mil 165 semanas, por lo que se requeriría de otro año y medio de trabajo para alcanzar el mínimo de semanas cotizadas. Con la crisis financiera y la recesión será todavía más difícil cumplir las contribuciones obligatorias para gozar de este derecho y muchos tendrán que seguir trabajando a pesar de haber cumplido 65 años.
La recesión económica y el aumento del desempleo afectarán el monto de los fondos acumulados por la falta de contribuciones. Las Afore además siguen cobrando su comisión sobre el saldo de la cuenta a pesar de que no haya depósitos. Habría que recordar que el año pasado los diputados del PAN y del PRI, con la oposición del FAP, aprobaron cambios en la ley para que las Afore sólo cobren sobre el saldo de las cuentas de los trabajadores y no sobre los depósitos, lo que originó el incremento muy importante en el monto de las comisiones correspondiente a entre 1.17 y 3 por ciento sobre el total. La ley también creó nuevos Siefore (portafolios de inversión) de mayor riesgo financiero, sin que el trabajador pueda elegir a qué Siefore pertenecer, ya que la adscripción se hace según la edad. Ambos cambios entraron en vigor en marzo de 2008 poco antes de que empezara la actual catástrofe financiera.
La perspicacia de los asegurados del ISSSTE, que en su mayoría primero se ampararon contra la nueva ley y luego se negaron a elegir el nuevo sistema, los ha salvado de ser víctimas del afán neoliberal de poner sus fondos de pensión en manos de los grupos financieros. Es revelador que los únicos a los cuales el gobierno no ha impuesto un sistema de capitalización individual son las fuerzas armadas. La reforma de su ley de seguridad social, aprobada hace unas semanas, mantiene y fortalece el sistema solidario de reparto con aportaciones importantes del Estado.
Las evidencias inobjetables de la ineficacia del sistema pensionario de capitalización individual con administración privada se ahondan con la actual crisis económica. Ésta exige tomar medidas inmediatas de protección de los fondos de pensiones, cambiando el cobro de comisiones sobre saldo al cobre sobre los rendimientos de los fondos. Simultáneamente habría que diseñar un nuevo sistema incluyente y solidario de capitalización colectiva, en el que todos los adultos mayores, hayan cotizado o no, tengan una pensión mínima garantizada.
Dinero. La columna de Enrique Galván Ochoa
Senadores se doblegan
■ No quieren tocar intereses de bancos y afores
■ La mejor crisis de la historia
Parece que no tienen relación entre sí pero al examinarlos con detenimiento podríamos encontrar vínculos sugestivos entre los siguientes sucesos: 1) Carlos Slim, en la convención del mercado de valores, estalló una bomba al proponer un tope a los cargos que hacen los bancos a los clientes de tarjetas de crédito, porque son 10 veces más altos que lo que pagan cuando captan dinero en cuentas de cheques, ahorro o fondos de inversión. 2) El Senado de la República –cuyo presidente Gustavo Madero es ex empleado de Banamex– introdujo algunas tímidas reformas a la legislación bancaria, sin tocar a fondo el asunto de las comisiones y los intereses. 3) Transparencia Internacional dio a conocer un reporte en el sentido de que México lidera a los países latinoamericanos en materia de sobornos a funcionarios, políticos y policías. Uno se pregunta cómo es que los bancos han llegado a extremos de abuso si existen varios organismos que tienen a su cargo regular su actividad: la Comisión Nacional Bancaria, la de competencia, Hacienda, la Condusef, el Banco de México y el propio Congreso de la Unión. Una hipótesis podría aventurarse: ¿los sobornos de que habla Transparencia tienen algo que ver en este tema?
Más sospechosismo
También despierta dudas el episodio en que los legisladores se pusieron de rodillas ante el lobby de la Amafore –la asociación de administradoras de ahorros para el retiro. Aprobaron una serie de reformas light sin tocar sustancialmente sus intereses. Los principales reclamos de los trabajadores fueron soslayados: 1) las administradoras podrán seguir teniendo utilidades fabulosas aunque sus clientes pierdan; 2) tienen manos libres para jugar con los ahorros en el mercado de los derivados financieros, no obstante que ya se han esfumado 60 mil millones de pesos; 3) los clientes seguirán impedidos a retirar una parte de su dinero aun cuando se presenten situaciones extraordinarias de penuria como la actual y, en caso de desempleo, sólo están autorizados a disponer de una mínima parte una vez que cumplan con un papeleo sin fin. ¡Como si el dinero no fuera de nosotros! De veras que los senadores –al menos los líderes de las bancadas– van a recibir muy buenos regalos esta Navidad.
e@Vox Populi
Asunto: ¿por qué no se van?
Agregando otra rebanada al pastel de Romel Balseca, Patricio Cheung y Víctor Adrián Trujillo, quisiera comentar: ¿por qué en lugar de que nos vayamos todos, que somos muchos, mejor no se van ellos, que son pocos –pero suficientes para hacer taco al país? Me refiero a los Calderones, los Romero Deschamps, Elbas, Marines, Ulises, Manlios, Navarretes, y demás socios.
Álvaro Carlos Aldama y Luebbert/ Distrito Federal
R: Es una idea genial. ¿Pero cómo los convenceríamos de que ahuecaran el ala? En otro lugar del planeta nomás no la hacen; aquí cayeron en blandito.
Asunto: empresas públicas y privadas
A propósito del tema que plantea la maestra Beltrán Aguirre, de Puebla, aquí en Monterrey nos prometieron buen trato, mejor servicio y bajos costos en el gas después de que se privatizara. Hoy en día pagamos a Gas Natural unos recibos abusivos, peleamos con cajeros automáticos que nunca funcionan, y si te atreves a reclamar son hasta capaces de llamar a seguridad. El mal trato y los altos precios de la empresa de los españoles ya es famoso por acá y todos tienen una historia que contar. No veo la salida en la privatización.
Melissa Martínez/ Monterrey
R: ¿Estamos perdidos? En manos del gobierno estas empresas fueron un fracaso, y administradas por el sector privado, también. Basta con ver el gigantesco naufragio del sector financiero privado a escala mundial.
Asunto: pasos desnivelados
Estoy totalmente de acuerdo con los vecinos del poniente de la ciudad, quienes se oponen, de forma por demás justificada, a los pasos a desnivel en Reforma y Palmas, proyecto impulsado por la panista Gabriela Cuevas, quien está más preocupada en los negocios millonarios para ella y sus amigos contratistas que en el impacto ambiental y las molestias ocasionadas a los ciudadanos. Mi hijo estudia medicina y acostumbra tomar esa ruta para llegar a Santa Fe, donde está la universidad. Es sumamente transitada todas las mañanas y con este proyecto miles de personas se verían seriamente afectadas, algo no considerado por estos nefastos panistas. Mi preocupación, Enrique, va en el sentido de la actitud de Marcelo Ebrard ante este problema, pues ha sido desesperante su indiferencia o apatía.
Heriberto Maldonado Victoria/ Distrito Federal
R: El asunto se complicó porque le andan botando los cheques a la delegada. Preguntas: a) ¿no ha cobrado su comisión?; b) ¿la cobró pero ya se la gastó?, y c) ¿se la pagaron con otro cheque sin fondos? Averígualo y nos dices.
Asunto: la mejor crisis de la historia
Ahora el gobierno federal nos quiere engañar con un supuesto programa de empleo y de inversión para reactivar la economía de México. Según Calderón, van a pintar y reparar todas las escuelas de México. En días pasados, el plantel al que asisten mis hijos fue pintado e impermeabilizado y gastaron 200 mil pesos. Cualquiera diría que estuvo bien. Pero la escuela ya había sido remozada en agosto por los padres de familia y sólo se gastaron 38 mil pesos. Cuestionamos a la directora y dijo que son órdenes de la Secretaría de Educación, que contrató a la empresa (una de San Luis Potosí, nosotros estamos en Guanajato). Esto nos dice que alguien se ganó más de 100 mil pesos.
Víctor Hugo Álvarez/ Celaya
R: ¡Chispas! Picasso le hubiera dado una buena pintada por la mitad de lo que cobró la empresa potosina. Para la clase política, y todos los que estén en el ajo, ésta será la mejor crisis de la historia. Disponen de un presupuestazo de 3 millones de millones de pesos. Pueden comprar gises a mil pesos la pieza, al cabo Marta Sahagún pagaba toallas de 4 mil.
■ No quieren tocar intereses de bancos y afores
■ La mejor crisis de la historia
Parece que no tienen relación entre sí pero al examinarlos con detenimiento podríamos encontrar vínculos sugestivos entre los siguientes sucesos: 1) Carlos Slim, en la convención del mercado de valores, estalló una bomba al proponer un tope a los cargos que hacen los bancos a los clientes de tarjetas de crédito, porque son 10 veces más altos que lo que pagan cuando captan dinero en cuentas de cheques, ahorro o fondos de inversión. 2) El Senado de la República –cuyo presidente Gustavo Madero es ex empleado de Banamex– introdujo algunas tímidas reformas a la legislación bancaria, sin tocar a fondo el asunto de las comisiones y los intereses. 3) Transparencia Internacional dio a conocer un reporte en el sentido de que México lidera a los países latinoamericanos en materia de sobornos a funcionarios, políticos y policías. Uno se pregunta cómo es que los bancos han llegado a extremos de abuso si existen varios organismos que tienen a su cargo regular su actividad: la Comisión Nacional Bancaria, la de competencia, Hacienda, la Condusef, el Banco de México y el propio Congreso de la Unión. Una hipótesis podría aventurarse: ¿los sobornos de que habla Transparencia tienen algo que ver en este tema?
Más sospechosismo
También despierta dudas el episodio en que los legisladores se pusieron de rodillas ante el lobby de la Amafore –la asociación de administradoras de ahorros para el retiro. Aprobaron una serie de reformas light sin tocar sustancialmente sus intereses. Los principales reclamos de los trabajadores fueron soslayados: 1) las administradoras podrán seguir teniendo utilidades fabulosas aunque sus clientes pierdan; 2) tienen manos libres para jugar con los ahorros en el mercado de los derivados financieros, no obstante que ya se han esfumado 60 mil millones de pesos; 3) los clientes seguirán impedidos a retirar una parte de su dinero aun cuando se presenten situaciones extraordinarias de penuria como la actual y, en caso de desempleo, sólo están autorizados a disponer de una mínima parte una vez que cumplan con un papeleo sin fin. ¡Como si el dinero no fuera de nosotros! De veras que los senadores –al menos los líderes de las bancadas– van a recibir muy buenos regalos esta Navidad.
e@Vox Populi
Asunto: ¿por qué no se van?
Agregando otra rebanada al pastel de Romel Balseca, Patricio Cheung y Víctor Adrián Trujillo, quisiera comentar: ¿por qué en lugar de que nos vayamos todos, que somos muchos, mejor no se van ellos, que son pocos –pero suficientes para hacer taco al país? Me refiero a los Calderones, los Romero Deschamps, Elbas, Marines, Ulises, Manlios, Navarretes, y demás socios.
Álvaro Carlos Aldama y Luebbert/ Distrito Federal
R: Es una idea genial. ¿Pero cómo los convenceríamos de que ahuecaran el ala? En otro lugar del planeta nomás no la hacen; aquí cayeron en blandito.
Asunto: empresas públicas y privadas
A propósito del tema que plantea la maestra Beltrán Aguirre, de Puebla, aquí en Monterrey nos prometieron buen trato, mejor servicio y bajos costos en el gas después de que se privatizara. Hoy en día pagamos a Gas Natural unos recibos abusivos, peleamos con cajeros automáticos que nunca funcionan, y si te atreves a reclamar son hasta capaces de llamar a seguridad. El mal trato y los altos precios de la empresa de los españoles ya es famoso por acá y todos tienen una historia que contar. No veo la salida en la privatización.
Melissa Martínez/ Monterrey
R: ¿Estamos perdidos? En manos del gobierno estas empresas fueron un fracaso, y administradas por el sector privado, también. Basta con ver el gigantesco naufragio del sector financiero privado a escala mundial.
Asunto: pasos desnivelados
Estoy totalmente de acuerdo con los vecinos del poniente de la ciudad, quienes se oponen, de forma por demás justificada, a los pasos a desnivel en Reforma y Palmas, proyecto impulsado por la panista Gabriela Cuevas, quien está más preocupada en los negocios millonarios para ella y sus amigos contratistas que en el impacto ambiental y las molestias ocasionadas a los ciudadanos. Mi hijo estudia medicina y acostumbra tomar esa ruta para llegar a Santa Fe, donde está la universidad. Es sumamente transitada todas las mañanas y con este proyecto miles de personas se verían seriamente afectadas, algo no considerado por estos nefastos panistas. Mi preocupación, Enrique, va en el sentido de la actitud de Marcelo Ebrard ante este problema, pues ha sido desesperante su indiferencia o apatía.
Heriberto Maldonado Victoria/ Distrito Federal
R: El asunto se complicó porque le andan botando los cheques a la delegada. Preguntas: a) ¿no ha cobrado su comisión?; b) ¿la cobró pero ya se la gastó?, y c) ¿se la pagaron con otro cheque sin fondos? Averígualo y nos dices.
Asunto: la mejor crisis de la historia
Ahora el gobierno federal nos quiere engañar con un supuesto programa de empleo y de inversión para reactivar la economía de México. Según Calderón, van a pintar y reparar todas las escuelas de México. En días pasados, el plantel al que asisten mis hijos fue pintado e impermeabilizado y gastaron 200 mil pesos. Cualquiera diría que estuvo bien. Pero la escuela ya había sido remozada en agosto por los padres de familia y sólo se gastaron 38 mil pesos. Cuestionamos a la directora y dijo que son órdenes de la Secretaría de Educación, que contrató a la empresa (una de San Luis Potosí, nosotros estamos en Guanajato). Esto nos dice que alguien se ganó más de 100 mil pesos.
Víctor Hugo Álvarez/ Celaya
R: ¡Chispas! Picasso le hubiera dado una buena pintada por la mitad de lo que cobró la empresa potosina. Para la clase política, y todos los que estén en el ajo, ésta será la mejor crisis de la historia. Disponen de un presupuestazo de 3 millones de millones de pesos. Pueden comprar gises a mil pesos la pieza, al cabo Marta Sahagún pagaba toallas de 4 mil.
La columna de hoy de Julio Hernández
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Sindicalismo minado
■ Extrañas suertes de Napo
■ SLP: ¿chantaje o cochinero?
Ha sido extraña la manera en que los gobiernos federales panistas han tratado al cacique del sindicato de trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia. A diferencia de lo que ha sucedido con otros de sus destacados congéneres (como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, por citar algunos ejemplos apabullantes), el heredero de ese accidentado coto laboral ha sufrido persecución y, a no ser porque oportunamente se habilitó un refugio de lujo en Canadá, seguramente ya estaría en la cárcel, no a causa de los muchos trasiegos que con los fondos proletarios ha realizado ni por la venta de contratos de protección a poderosas empresas o el disimulo bien pagado para que en instalaciones de trabajo se incumplieran las condiciones mínimas de seguridad, sino porque, a juicio de la ultraderecha posesionada de la secretaría federal del Trabajo (primero con Carlos Abascal, luego con Francisco Xavier Salazar Sáenz), el hijo de Napoleón Gómez Sada (que también jineteó al gremio durante largas décadas) no se avenía a los planes electorales del foxismo de salida ni a los planes de recaudación de fondos empresariales para el inflado de la desangelada opción de 2006 apellidada Calderón.
Extraño también resulta el ver a ese sindicalismo charro en compañía de agrupaciones que si bien no constituyen ningún ejemplo notable de democracia, combatividad y honestidad, tampoco se ubican en el flanco más criticable del sombrío abanico de la representación obrera mexicana. Pero sucede que por encima de la personalidad del dirigente Gómez Urrutia, de su suntuoso tren de vida, de la manera tramposa como se hizo pasar por trabajador para continuar explotando la franquicia sindical recibida en herencia directa, de sus antecedentes burocráticos parasitarios (fue director de la jugosa Casa de Moneda, que luego tuvo a su cargo Georgina Kessel) y de los indicios fuertes de que hizo negocios personales y de camarilla con fondos sindicales, resulta necesario luchar contra el uso de las leyes y el aparato federal para desplazar a un dirigente sindical indeseado por los gobernantes, pues del éxito de esta pretensión calderonista derivaría la suerte de todos quienes cayeran en la misma zona de desafectos palaciegos. No está de más mencionar que pese a la terrible embestida de dos gobiernos panistas, del desgaste, la creación de “liderazgos” oficialistas, las infiltraciones y el mando a distancia internacional, la estructura “napista” de control del sindicato minero se ha mantenido a flote y combativa, aun cuando sus adversarios juren que ese predominio se funda en pistolerismos, chantaje y corrupción.
La resolución de esa paradoja política –el sindicalismo “independiente” y una parte de la izquierda apoyando al charrismo de Napito, o Napo júnior– ha sido facilitada por la actual administración federal, que ha dado continuidad plena a los compromisos adquiridos por la anterior, la foxista. Los intereses políticos del gerente sonorense Eduardo Bours, del empresario culpable de Pasta de Conchos, Germán Larrea, y de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, han sido protegidos sin sombra de duda por el felipismo, que ha encarcelado en estos días a dos miembros de la dirigencia nacional minera, Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar, y que ha designado como una suerte de patronal gestor jurídico al actual secretario del Trabajo, Javier Lozano, ampliamente involucrado en una serie de incidentes y escándalos no siempre relacionados con lo laboral, uno de ellos jamás confirmado procesalmente más allá del dicho de su acusador, pero ya instalado en el anecdotario colectivo, el del oriental episodio del “coopelas o cuello”.
En un contexto de violencia tanto latente como cumplida (recuérdense los muertos y heridos durante enfrentamientos como los de Ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y en zonas norteñas del país), el desenvolvimiento del conflicto minero está siendo acompañado por contingentes de trabajadores pertenecientes a las empresas de telefonía y electricidad, a la UNAM y al Nacional Monte de Piedad, entre mantas y pancartas que dan fe de la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Unión Nacional de Trabajadores y del Frente Sindical Mexicano. Sea por la desesperación que les causa un conflicto intencionalmente alargado, o porque el gobierno ha cerrado el flujo económico derivado de las cuotas sindicales y ha desatado una cacería judicial contra sus principales dirigentes, el expediente minero podría estar en vías de crecer y acaso desbordarse, en términos aún mayores a los hasta ahora vistos con los maestros opositores a la alianza gordillista. Antes de continuar con las provocaciones o caer en las tentaciones de la represión ejemplar, el calderonismo autista bien haría en tomar nota de lo que hoy mismo está sucediendo en otras latitudes, donde protestas que en otras circunstancias serían menores o controlables han acabado convertidas en punto de confluencia de inconformidades similares.
Astillas
El senador panista Eugenio Govea ha culpado a Germán Martínez y a José Espina de haber fabricado un cochinero en San Luis Potosí para beneficiar al también senador Alejandro Zapata Perogordo, quien este domingo ganó la candidatura a gobernar San Luis Potosí. Govea, desconocido en la política nacional, podrá demostrar en estos días las graves acusaciones que hace a la cúpula de su partido (aunque ayer fundó sus alegatos en el punto de una fecha de corte de inscripciones al padrón panista, que ya resolvió en su contra el tribunal electoral federal, señalando éste que teniendo Govea conocimiento oportuno del punto no lo denunció en su momento ni trabó puntuales recursos de protesta). A menos que de lo que se trate sea de encarecer futuros arreglos “de unidad”. Por lo pronto, los jaloneos del blanquiazul abren tenues rendijas de oportunidad a alguna candidatura unitaria de oposición al PAN en SLP… Y, mientras los legisladores juegan a poner “candados” a los bancos, ¡hasta mañana, con Ney González protestando hoy por el envío de miembros de la banda de La Flor a cárceles de Nayarit, en donde en 2006 recibieron dócilmente a activistas oaxaqueños!
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Sindicalismo minado
■ Extrañas suertes de Napo
■ SLP: ¿chantaje o cochinero?
Ha sido extraña la manera en que los gobiernos federales panistas han tratado al cacique del sindicato de trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia. A diferencia de lo que ha sucedido con otros de sus destacados congéneres (como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, por citar algunos ejemplos apabullantes), el heredero de ese accidentado coto laboral ha sufrido persecución y, a no ser porque oportunamente se habilitó un refugio de lujo en Canadá, seguramente ya estaría en la cárcel, no a causa de los muchos trasiegos que con los fondos proletarios ha realizado ni por la venta de contratos de protección a poderosas empresas o el disimulo bien pagado para que en instalaciones de trabajo se incumplieran las condiciones mínimas de seguridad, sino porque, a juicio de la ultraderecha posesionada de la secretaría federal del Trabajo (primero con Carlos Abascal, luego con Francisco Xavier Salazar Sáenz), el hijo de Napoleón Gómez Sada (que también jineteó al gremio durante largas décadas) no se avenía a los planes electorales del foxismo de salida ni a los planes de recaudación de fondos empresariales para el inflado de la desangelada opción de 2006 apellidada Calderón.
Extraño también resulta el ver a ese sindicalismo charro en compañía de agrupaciones que si bien no constituyen ningún ejemplo notable de democracia, combatividad y honestidad, tampoco se ubican en el flanco más criticable del sombrío abanico de la representación obrera mexicana. Pero sucede que por encima de la personalidad del dirigente Gómez Urrutia, de su suntuoso tren de vida, de la manera tramposa como se hizo pasar por trabajador para continuar explotando la franquicia sindical recibida en herencia directa, de sus antecedentes burocráticos parasitarios (fue director de la jugosa Casa de Moneda, que luego tuvo a su cargo Georgina Kessel) y de los indicios fuertes de que hizo negocios personales y de camarilla con fondos sindicales, resulta necesario luchar contra el uso de las leyes y el aparato federal para desplazar a un dirigente sindical indeseado por los gobernantes, pues del éxito de esta pretensión calderonista derivaría la suerte de todos quienes cayeran en la misma zona de desafectos palaciegos. No está de más mencionar que pese a la terrible embestida de dos gobiernos panistas, del desgaste, la creación de “liderazgos” oficialistas, las infiltraciones y el mando a distancia internacional, la estructura “napista” de control del sindicato minero se ha mantenido a flote y combativa, aun cuando sus adversarios juren que ese predominio se funda en pistolerismos, chantaje y corrupción.
La resolución de esa paradoja política –el sindicalismo “independiente” y una parte de la izquierda apoyando al charrismo de Napito, o Napo júnior– ha sido facilitada por la actual administración federal, que ha dado continuidad plena a los compromisos adquiridos por la anterior, la foxista. Los intereses políticos del gerente sonorense Eduardo Bours, del empresario culpable de Pasta de Conchos, Germán Larrea, y de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, han sido protegidos sin sombra de duda por el felipismo, que ha encarcelado en estos días a dos miembros de la dirigencia nacional minera, Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar, y que ha designado como una suerte de patronal gestor jurídico al actual secretario del Trabajo, Javier Lozano, ampliamente involucrado en una serie de incidentes y escándalos no siempre relacionados con lo laboral, uno de ellos jamás confirmado procesalmente más allá del dicho de su acusador, pero ya instalado en el anecdotario colectivo, el del oriental episodio del “coopelas o cuello”.
En un contexto de violencia tanto latente como cumplida (recuérdense los muertos y heridos durante enfrentamientos como los de Ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y en zonas norteñas del país), el desenvolvimiento del conflicto minero está siendo acompañado por contingentes de trabajadores pertenecientes a las empresas de telefonía y electricidad, a la UNAM y al Nacional Monte de Piedad, entre mantas y pancartas que dan fe de la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Unión Nacional de Trabajadores y del Frente Sindical Mexicano. Sea por la desesperación que les causa un conflicto intencionalmente alargado, o porque el gobierno ha cerrado el flujo económico derivado de las cuotas sindicales y ha desatado una cacería judicial contra sus principales dirigentes, el expediente minero podría estar en vías de crecer y acaso desbordarse, en términos aún mayores a los hasta ahora vistos con los maestros opositores a la alianza gordillista. Antes de continuar con las provocaciones o caer en las tentaciones de la represión ejemplar, el calderonismo autista bien haría en tomar nota de lo que hoy mismo está sucediendo en otras latitudes, donde protestas que en otras circunstancias serían menores o controlables han acabado convertidas en punto de confluencia de inconformidades similares.
Astillas
El senador panista Eugenio Govea ha culpado a Germán Martínez y a José Espina de haber fabricado un cochinero en San Luis Potosí para beneficiar al también senador Alejandro Zapata Perogordo, quien este domingo ganó la candidatura a gobernar San Luis Potosí. Govea, desconocido en la política nacional, podrá demostrar en estos días las graves acusaciones que hace a la cúpula de su partido (aunque ayer fundó sus alegatos en el punto de una fecha de corte de inscripciones al padrón panista, que ya resolvió en su contra el tribunal electoral federal, señalando éste que teniendo Govea conocimiento oportuno del punto no lo denunció en su momento ni trabó puntuales recursos de protesta). A menos que de lo que se trate sea de encarecer futuros arreglos “de unidad”. Por lo pronto, los jaloneos del blanquiazul abren tenues rendijas de oportunidad a alguna candidatura unitaria de oposición al PAN en SLP… Y, mientras los legisladores juegan a poner “candados” a los bancos, ¡hasta mañana, con Ney González protestando hoy por el envío de miembros de la banda de La Flor a cárceles de Nayarit, en donde en 2006 recibieron dócilmente a activistas oaxaqueños!
Ley de medios: legisladores claudicantes
El martes de la semana pasada, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, encabezado por Manlio Fabio Beltrones, presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión en la que se insiste en renovar “a perpetuidad” las concesiones que detentan los grandes consorcios mediáticos –como pretendía el engendro legislativo popularmente conocido como Ley Televisa–, ahora al amparo de la figura de “prórroga” y mediante el pago de una “contraprestación económica” al Estado, que sería determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para colmo, se pretende descontar de esa cantidad el costo de los espacios publicitarios que las televisoras deben otorgar, de manera gratuita, a la difusión de programas electorales, según lo establecido en la reforma sobre el tema que se aprobó el año pasado.
Por si esto fuera poco, con esta enmienda se pretende eliminar la revocación de concesiones como sanción para las empresas mediáticas que incurran en violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –medida contemplada en la iniciativa original elaborada por el panista Ricardo García Cervantes, frenada desde junio pasado–, lo que garantizaría impunidad a quienes infrinjan la ley y constituiría una aberración jurídica.
La propuesta de reforma que se comenta tiene como telón de fondo una ofensiva que emprendieron los dueños del poder mediático hace más de dos años con la redacción –a instancias del duopolio televisivo– de la Ley Televisa, su aprobación unánime en la Cámara de Diputados y su aval, el 30 de marzo de 2006, en el Senado. El apoyo que los legisladores –con honrosas excepciones– dieron a ese proyecto impresentable demostró su sometimiento al poder de facto de los grandes empresarios de la comunicación. Por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversos pasajes de la legislación referida y evitó, de esa manera, que se consumara un atentado contra los derechos y la propiedad nacionales.
Meses después, cuando en el contexto de las adecuaciones a la ley electoral se pretendió reducir el costo y la duración de las campañas y prohibir tanto a partidos políticos como a particulares la contratación de espacios para difundir propaganda electoral, los propietarios de los medios de comunicación respondieron con una virulenta campaña de hostigamiento, presiones y chantajes en contra de los legisladores federales, pues la medida afectaba sus intereses económicos, al restringir los vastos márgenes de ganancias que acostumbran obtener durante las campañas, y políticos, al delimitar la influencia de los conglomerados empresariales en la preferencia electoral de los ciudadanos.
Posteriormente, en un lamentable espectáculo montado ante los senadores, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, encabezada por las dos principales empresas televisoras del país, realizó una inverosímil defensa de “la democracia” y “la libertad de expresión”, entendida esta última como libertad de hacer negocios, como si no fueran los propios concesionarios los que históricamente han restringido o suprimido la libre manifestación de ideas a los comunicadores profesionales y cancelado, mediante ocultamientos y tergiversaciones mañosas de la realidad, el derecho ciudadano a la información.
En estos episodios, la falta de decoro de quienes detentan concesiones de radio y televisión ha sido tal que parecieran olvidar que el medio del cual tienen usufructo –el espectro de frecuencias electromagnéticas– es una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público. Otro tanto podría decirse de los legisladores que han apoyado las embestidas antinacionales de los propietarios de los medios: con tal actitud, parecieran ignorar que su papel de representantes populares los obliga a colocarse del lado del bienestar general, no del particular; a defender los intereses de la nación, no los de unos cuantos, y a preservar la integridad territorial, de la que forma parte el espacio radioeléctrico.
En suma, la iniciativa presentada por Beltrones y sus correligionarios persiste en el intento de revertir recientes reivindicaciones del interés público sobre el particular y de la potestad de la nación sobre su territorio; aprobarla implicaría, por tanto, un retroceso inaceptable, una lesión a los intereses nacionales y una nueva y vergonzosa claudicación del Poder Legislativo a las presiones e intereses de los concesionarios privados.
Por si esto fuera poco, con esta enmienda se pretende eliminar la revocación de concesiones como sanción para las empresas mediáticas que incurran en violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –medida contemplada en la iniciativa original elaborada por el panista Ricardo García Cervantes, frenada desde junio pasado–, lo que garantizaría impunidad a quienes infrinjan la ley y constituiría una aberración jurídica.
La propuesta de reforma que se comenta tiene como telón de fondo una ofensiva que emprendieron los dueños del poder mediático hace más de dos años con la redacción –a instancias del duopolio televisivo– de la Ley Televisa, su aprobación unánime en la Cámara de Diputados y su aval, el 30 de marzo de 2006, en el Senado. El apoyo que los legisladores –con honrosas excepciones– dieron a ese proyecto impresentable demostró su sometimiento al poder de facto de los grandes empresarios de la comunicación. Por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales diversos pasajes de la legislación referida y evitó, de esa manera, que se consumara un atentado contra los derechos y la propiedad nacionales.
Meses después, cuando en el contexto de las adecuaciones a la ley electoral se pretendió reducir el costo y la duración de las campañas y prohibir tanto a partidos políticos como a particulares la contratación de espacios para difundir propaganda electoral, los propietarios de los medios de comunicación respondieron con una virulenta campaña de hostigamiento, presiones y chantajes en contra de los legisladores federales, pues la medida afectaba sus intereses económicos, al restringir los vastos márgenes de ganancias que acostumbran obtener durante las campañas, y políticos, al delimitar la influencia de los conglomerados empresariales en la preferencia electoral de los ciudadanos.
Posteriormente, en un lamentable espectáculo montado ante los senadores, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, encabezada por las dos principales empresas televisoras del país, realizó una inverosímil defensa de “la democracia” y “la libertad de expresión”, entendida esta última como libertad de hacer negocios, como si no fueran los propios concesionarios los que históricamente han restringido o suprimido la libre manifestación de ideas a los comunicadores profesionales y cancelado, mediante ocultamientos y tergiversaciones mañosas de la realidad, el derecho ciudadano a la información.
En estos episodios, la falta de decoro de quienes detentan concesiones de radio y televisión ha sido tal que parecieran olvidar que el medio del cual tienen usufructo –el espectro de frecuencias electromagnéticas– es una extensión del territorio nacional y, por tanto, un bien público. Otro tanto podría decirse de los legisladores que han apoyado las embestidas antinacionales de los propietarios de los medios: con tal actitud, parecieran ignorar que su papel de representantes populares los obliga a colocarse del lado del bienestar general, no del particular; a defender los intereses de la nación, no los de unos cuantos, y a preservar la integridad territorial, de la que forma parte el espacio radioeléctrico.
En suma, la iniciativa presentada por Beltrones y sus correligionarios persiste en el intento de revertir recientes reivindicaciones del interés público sobre el particular y de la potestad de la nación sobre su territorio; aprobarla implicaría, por tanto, un retroceso inaceptable, una lesión a los intereses nacionales y una nueva y vergonzosa claudicación del Poder Legislativo a las presiones e intereses de los concesionarios privados.
Reglamento del IEDF no evitará que diputados hagan proselitismo
Juan Carlos Beltrán, diputado local del PRD y secretario de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, señaló que el lineamiento aprobado por el IEDF es un acuerdo de “buena fe” para los legisladores.
Mié, 10/12/2008 - 05:15
Se pueden promover “7 días antes y 5 días después” de rendir cuentas. Foto: Arturo Bermúdez México.- El reglamento que aprobó el Instituto Electoral del Distrito Federal para eliminar la propaganda política en las calles de la capital no frenará a los diputados para seguir difundiendo sus informes de actividades.
La razón es que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que todos los legisladores tienen la oportunidad de promocionar su informe, siempre y cuando se respete el término que es de “siete días antes y cinco días después” de la rendición de cuentas.
Juan Carlos Beltrán, diputado local del PRD y secretario de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, señaló que el lineamiento aprobado por el IEDF es un acuerdo de “buena fe” para los legisladores.
Sin embargo, quien desee seguir colocando la propaganda de su informe lo podrá hacer, porque el Cofipe está por encima de cualquier reglamento.
Beltrán señaló que por eso se puso en el reglamento del IEDF como plazo perentorio el 5 de enero para que todos rindan su informe, aunque habrá quienes deseen hacerlo después y estarán en su derecho, pese a la restricción de la autoridad electoral capitalina.
“El acuerdo del instituto permite acordar cómo va a ser el procedimiento, pero legalmente no es correcto porque el artículo 226 del Código Electoral establece el límite para las precampañas, pero no dice cuándo empieza; entonces, el diputado que quiera presentar su informe e impugne el acuerdo ante el tribunal lo va a ganar, lo más probable”, afirmó.
Beltrán precisó que en el caso de la Asamblea Legislativa se decidió respaldar el reglamento del IEDF, porque “es momento de parar la propaganda”.
Uno de estos casos es el de la diputada panista Paula Soto, quien apenas colocó su propaganda y no la retirará por considerar que está en su derecho, tal como lo establece el Cofipe.
La panista señaló que otra situación que la ampara es que, previo a desplegar su publicidad, lo informó a las autoridades.
Luis Velázquez
Mié, 10/12/2008 - 05:15
Se pueden promover “7 días antes y 5 días después” de rendir cuentas. Foto: Arturo Bermúdez México.- El reglamento que aprobó el Instituto Electoral del Distrito Federal para eliminar la propaganda política en las calles de la capital no frenará a los diputados para seguir difundiendo sus informes de actividades.
La razón es que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que todos los legisladores tienen la oportunidad de promocionar su informe, siempre y cuando se respete el término que es de “siete días antes y cinco días después” de la rendición de cuentas.
Juan Carlos Beltrán, diputado local del PRD y secretario de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, señaló que el lineamiento aprobado por el IEDF es un acuerdo de “buena fe” para los legisladores.
Sin embargo, quien desee seguir colocando la propaganda de su informe lo podrá hacer, porque el Cofipe está por encima de cualquier reglamento.
Beltrán señaló que por eso se puso en el reglamento del IEDF como plazo perentorio el 5 de enero para que todos rindan su informe, aunque habrá quienes deseen hacerlo después y estarán en su derecho, pese a la restricción de la autoridad electoral capitalina.
“El acuerdo del instituto permite acordar cómo va a ser el procedimiento, pero legalmente no es correcto porque el artículo 226 del Código Electoral establece el límite para las precampañas, pero no dice cuándo empieza; entonces, el diputado que quiera presentar su informe e impugne el acuerdo ante el tribunal lo va a ganar, lo más probable”, afirmó.
Beltrán precisó que en el caso de la Asamblea Legislativa se decidió respaldar el reglamento del IEDF, porque “es momento de parar la propaganda”.
Uno de estos casos es el de la diputada panista Paula Soto, quien apenas colocó su propaganda y no la retirará por considerar que está en su derecho, tal como lo establece el Cofipe.
La panista señaló que otra situación que la ampara es que, previo a desplegar su publicidad, lo informó a las autoridades.
Luis Velázquez
Marcela Gómez Salce: A puerta cerrada
Cananea: Cero tolerancia
Miércoles, 10 Diciembre, 2008
• Probaditas sindicales
• El parteaguas minero
Hay dos clases de hombres, mi estimado, los que hacen la historia y los que la sufren. El pronóstico sobre la magnitud del catarrito, perdón, la crisis en nuestro país para el próximo año es sencillamente escalofriante, y lejos de ayudar la cascada de discursos baratos y de estupideces espoteras, se agravia la percepción social. La caída (libre) del empleo, el hoyo negro bancario con el asunto de las tarjetas de crédito, que ha originado simpáticos jaloneos entre el empresario Carlos Slim y the ususal suspects, esbozan un mosaico de la complejidad en los grandes temas para este (des)gobierno que aún no mide el tamaño de la tormenta… perfecta.
Felipe Calderón continúa con un inédito sonsonete sobre la cultura de la legalidad cuando es evidente the double standard con el que transita su administración.
La PGR, de Medina Mora, infiltrada por el organizado crimen hasta su médula, continúa con la aplicación de la justicia con gracia a los amigos e intereses del régimen y la justicia a secas contra los adversarios. La fabricación de expedientes, la protección de las travesuras, el atropello y las arbitrariedades son botones diarios que chocan con un discurso presidencial sobre programas whatever de cero tolerancia… ¿a los que desafíen su (des)gobierno?
El asunto del conflicto con el sindicato minero, my friend, está en un punto peligroso de ebullición. Está llegando a la encrucijada del camino del no retorno. Y en el colmo de la ceguera federal, se está juntando el hambre con las ganas de comer. El volátil contexto de la crisis económica, de seguridad pública y ahora… social está alimentando a ese México bronco del que nuestra historia ha dado cuenta y en donde no hay finales felices.
Calderón ha dado su venia para aplastar... ahora o nunca… al movimiento sindical que comienza con el sindicato de Gómez Urrutia y no se me equivoque, mi estimado, de ahí se irán contra los demás. El parteaguas minero es ya una señal de alerta para todos los demás sindicatos que han decidido cerrar filas ante los abusos, los excesos y el uso faccioso del Estado para no sólo reprimir la legítima lucha por los derechos laborales, sino para inmiscuirse en asuntos internos violando la cacareada autonomía sindical.
Ayer, este fútil régimen –con la anunciada marcha de varios poderosos sindicatos que aglutinó a más de 20 mil personas y que estuvo muy cerca de desbordar aún más los ánimos– tuvo una probadita de la molestia, de la inquietud, del hartazgo y de la mecha minera contra las órdenes de aprehensión de sus líderes, que han desencadenado divertidos paros en distintos puntos del país.
En el colmo de la imprudencia federal, encabezada por estos improvisados enanos del Gymboree presidencial, se gesta una vez más un peligroso enfrentamiento por la mina de Cananea, territorio que tiene un importante lugar en nuestra historia que estos imb… erbes no entienden, que no entienden. Mal hacen los que pronostican que estos mineros se van a rajar. Que estos mineros se van a amedrentar y que los van a asfixiar. Es desconocer sus causas, su congruencia y su absoluta solidaridad con el movimiento encabezado por su líder.
Y para que le vaya sumando ingredientes explosivos al calderón, con la novedad de que ya están listas, y con su listón, ¡57 averiguaciones! integradas en (fast track) Sonora para detener, en estos días (¿u horas?), a los líderes mineros de Cananea y así entregarle a Grupo México de Germán Larrea la joya de su corona, cueste lo que cueste con cero tolerancia.
Los delitos que se les imputan a los trabajadores y, noooo me lo va a creer, al mismísimo Napoleón Gómez Urrutia, son por robo de vehículo (quizá Napo se lo llevó a Vancouver), privación ilegal de la libertad, daños, lesiones y… extorsión.
Chingón.
Y como cereza para documentarle la estulticia gubernamental, la fuerza policíaca estatal y federal ya se concentra en Agua Prieta, desde donde tienen contemplado partir para romperle la madre a los mineros en Cananea que ooppssss… ya están calientitos esperando y ni hablarle amable lector, del escrutinio internacional cuyas alarmas desde los HQ´S del poderoso sindicato de los USW ya fueron activadas.
Lástima que Felipe & his dumb squad no valoren que conocer el pasado, my friend, es la única forma de entender el presente e intuir el futuro.
Tic-tac…
gomezalce@aol.com
Miércoles, 10 Diciembre, 2008
• Probaditas sindicales
• El parteaguas minero
Hay dos clases de hombres, mi estimado, los que hacen la historia y los que la sufren. El pronóstico sobre la magnitud del catarrito, perdón, la crisis en nuestro país para el próximo año es sencillamente escalofriante, y lejos de ayudar la cascada de discursos baratos y de estupideces espoteras, se agravia la percepción social. La caída (libre) del empleo, el hoyo negro bancario con el asunto de las tarjetas de crédito, que ha originado simpáticos jaloneos entre el empresario Carlos Slim y the ususal suspects, esbozan un mosaico de la complejidad en los grandes temas para este (des)gobierno que aún no mide el tamaño de la tormenta… perfecta.
Felipe Calderón continúa con un inédito sonsonete sobre la cultura de la legalidad cuando es evidente the double standard con el que transita su administración.
La PGR, de Medina Mora, infiltrada por el organizado crimen hasta su médula, continúa con la aplicación de la justicia con gracia a los amigos e intereses del régimen y la justicia a secas contra los adversarios. La fabricación de expedientes, la protección de las travesuras, el atropello y las arbitrariedades son botones diarios que chocan con un discurso presidencial sobre programas whatever de cero tolerancia… ¿a los que desafíen su (des)gobierno?
El asunto del conflicto con el sindicato minero, my friend, está en un punto peligroso de ebullición. Está llegando a la encrucijada del camino del no retorno. Y en el colmo de la ceguera federal, se está juntando el hambre con las ganas de comer. El volátil contexto de la crisis económica, de seguridad pública y ahora… social está alimentando a ese México bronco del que nuestra historia ha dado cuenta y en donde no hay finales felices.
Calderón ha dado su venia para aplastar... ahora o nunca… al movimiento sindical que comienza con el sindicato de Gómez Urrutia y no se me equivoque, mi estimado, de ahí se irán contra los demás. El parteaguas minero es ya una señal de alerta para todos los demás sindicatos que han decidido cerrar filas ante los abusos, los excesos y el uso faccioso del Estado para no sólo reprimir la legítima lucha por los derechos laborales, sino para inmiscuirse en asuntos internos violando la cacareada autonomía sindical.
Ayer, este fútil régimen –con la anunciada marcha de varios poderosos sindicatos que aglutinó a más de 20 mil personas y que estuvo muy cerca de desbordar aún más los ánimos– tuvo una probadita de la molestia, de la inquietud, del hartazgo y de la mecha minera contra las órdenes de aprehensión de sus líderes, que han desencadenado divertidos paros en distintos puntos del país.
En el colmo de la imprudencia federal, encabezada por estos improvisados enanos del Gymboree presidencial, se gesta una vez más un peligroso enfrentamiento por la mina de Cananea, territorio que tiene un importante lugar en nuestra historia que estos imb… erbes no entienden, que no entienden. Mal hacen los que pronostican que estos mineros se van a rajar. Que estos mineros se van a amedrentar y que los van a asfixiar. Es desconocer sus causas, su congruencia y su absoluta solidaridad con el movimiento encabezado por su líder.
Y para que le vaya sumando ingredientes explosivos al calderón, con la novedad de que ya están listas, y con su listón, ¡57 averiguaciones! integradas en (fast track) Sonora para detener, en estos días (¿u horas?), a los líderes mineros de Cananea y así entregarle a Grupo México de Germán Larrea la joya de su corona, cueste lo que cueste con cero tolerancia.
Los delitos que se les imputan a los trabajadores y, noooo me lo va a creer, al mismísimo Napoleón Gómez Urrutia, son por robo de vehículo (quizá Napo se lo llevó a Vancouver), privación ilegal de la libertad, daños, lesiones y… extorsión.
Chingón.
Y como cereza para documentarle la estulticia gubernamental, la fuerza policíaca estatal y federal ya se concentra en Agua Prieta, desde donde tienen contemplado partir para romperle la madre a los mineros en Cananea que ooppssss… ya están calientitos esperando y ni hablarle amable lector, del escrutinio internacional cuyas alarmas desde los HQ´S del poderoso sindicato de los USW ya fueron activadas.
Lástima que Felipe & his dumb squad no valoren que conocer el pasado, my friend, es la única forma de entender el presente e intuir el futuro.
Tic-tac…
gomezalce@aol.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
La historia de la familia Ramírez es casi como de película. El matrimonio Ramírez compuesto por Enrique Ramírez Miguel y María Villalón...
-
El encargado de despacho de la PGJEM, Alfredo Castillo, explicó que el cuerpo de la niña tardó en emitir un olor fétido debido a que su cue... -
El voto de castigo. Cartón: Rocha MÉXICO, D.F. (Proceso).- México es un claro ejemplo de la indisociable relación entre una demo...
