López Dóriga, empleado de Peña Nieto.

Calderón principal responsable de actos de corrupción en Pemex y otras dependencias, sostiene AMLO

Nopaltepec, estado de México
Jueves 27 de enero de 2011


Ante la destitución de 14 servidores públicos de Petróleos Mexicanos por manipular licitaciones, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente espurio Felipe Calderón es uno de responsables de que se den actos de corrupción en la paraestatal.

Expresó que Calderón ha entregado contratos a empresas extranjeras, como la española Repsol, para la explotación del gas y petróleo, violando la Constitución. Se trata de acuerdos, cuyo contenido se desconoce, que implica millones de pesos del presupuesto nacional, todos ellos autorizados por Calderón.

Subrayó que Pemex es como “la Cueva de Alibaba”, es una empresa donde impera la corrupción y son muchos los ladrones y fundamentalmente los de arriba que se han dedicado a saquear a la empresa.

Por eso, comentó, “no es extraño que se de a conocer este nuevo desfalco, desde luego es todo muy selectivo, porque nosotros hemos hecho denuncias donde están involucrados funcionarios del más alto nivel y no los castigan”.

Puso como ejemplo el caso de la Comisión Federal de Electricidad donde no se ha castigado al ex director de operación de la CFE, Néstor Félix Moreno, quien recibió sobornos por entregar contratos a empresas extranjeras, pero no lo tocan, porque goza de impunidad.

Desde este municipio preguntó a Calderón y al director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub: por qué no se castiga al ex director de Operación.

Sin embargo aclaró: “yo sé por qué no lo castigan, porque está involucrado Calderón y Elías Ayub en esa corrupción. Solo cesan y dan de baja a funcionarios, pero no hay altos funcionarios en la cárcel”, manifestó durante una entrevista que concedió a los reporteros en este municipio.

“Otro caso, ejemplificó, es de dónde sacó 10 millones de pesos el ex presidente del PAN y ex director jurídico de Pemex, César Nava, para comprar un departamento en un edificio en Polanco. ¿quién pompo?”.

Al pedirle su opinión sobre qué se debe de hacer para que Pemex se vuelva una empresa sin corrupción, López Obrador propuso que “hay que limpiar de corrupción a la paraestatal y hay que limpiar de corrupción a todo el país”.

“Yo sostengo, prosiguió, que el peor de todos los ladrones es el político corrupto y ese es el mal que más aqueja a México y lo que más ha dañado es la corrupción”.

En Temascalapa y al iniciar la cuarta semana de la segunda gira por los 125 municipios del estado de México, López Obrador aseguró que con Alejandro Encinas no hay riesgo de que caiga en la corrupción, porque “es un compañero que tiene principios, ideales y es una persona honesta”.

Garantizó que con “Encinas no perderemos, de ninguna manera”, los comicios donde se renovará el gobierno del estado de México.

Por su parte, el diputado federal Alejandro Encinas expresó que “nosotros venimos a ganar, no a competir, y se necesitan cumplir dos condiciones: ir unidos las fuerzas progresistas y la izquierda, y de ninguna manera ni con el PAN, ni con el PRI”.

Destacó que se competirá por un proyecto de transformación verdadero sin simulaciones, ni componendas, apegados a los principios, a luchar por la equidad y el progreso de las familias mexiquenses.

Tanto en Temascalapa, Nopaltepec, Axapusco y Otumba, López Obrador y Encinas Rodríguez firmaron 10 compromisos que se cumplirán en caso de que las fuerzas progresistas triunfen con Encinas y que son: crear fuentes de trabajo; dar seguros desempleo, aplicar un programa de créditos a productores; instalar comedores populares.

Además, añadió, dar pensiones alimentarias a adultos mayores; becas para discapacitados y madres solteras; atención médica y medicamentos gratuitos; ampliar el programa desayunos escolares; crear un programa de construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas; aplicar un programa de instalación de agua potable, servicios públicos y mejorar los caminos de la entidad y resolver el transporte público.

Para mañana, el presidente legítimo de México recorrerá los municipios de Apaxco, Tequisquiac y Hueypoxtla.

La PGR protege a Añorve

Manuel Añorve en el concierto que ofreció el cantante Joan Sebastián en Iguala como apoyo al proyecto que tiene el candidato de la Coalición de Tiempos Mejores para Guerrero.

PGR invalida información de testigo protegido contra Añorve
Redacción/SDP | 27 de Enero, 2011 - 14:38
La PGR emitió un comunicado invalidando las acusaciones de un testigo protegido contra Manuel Añorve en las que señala que presuntamente recibió 15 millones de dólares para su campaña por parte del narco. Esto debido a que, dice la PGR, las declaraciones de un testigo protegido sólo tienen valor cuando se acompañan de otros elementos de prueba. .Por considerar que las declaraciones de testigos protegidos sólo tienen valor si se acompañan de otros elementos de prueba, la PGR desestimó las acusaciones que un testigo protegido hizo contra Manuel Añorve, candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, en la cual lo acusa de recibir 15 millones de dólares del narco.


De acuerdo con Reforma, la PGR emitió un comunicado en el cual señala que "el Ministerio Público Federal reitera que la declaración de un testigo colaborador sólo tendrá valor en la medida en que se vea robustecida por otros medios de convicción".


Esta mañana Reforma dio a conocer que de acuerdo con el testigo protegido conocido como "Mateo", Manuel Añorve habría recibido 15 millones de dólares del narco para su campaña electoral. 10 de esos 15 millones habrían sido de Héctor Beltrán Leyva "El H".


La declaración del testigo protegido habría ocurrido el 26 de noviembre pasado.


De hecho, la PGR señaló que Añorve Baños no ha sido citado a declarar respecto a las acusaciones y dijo que no valida la información dada a conocer.


"El señor Manuel Añorve Baños no ha sido citado por la Procuraduría General de la República", señala el comunicado.

Olvido al campesino Sergio Conde Varela Abogado

Han pasado 10 años, 6 de Vicente Fox y 4 del Presidente Calderón, en que el problema campesino relacionado con el pago de la luz, no se ha resuelto.

Los directivos de la CFE en nuestro estado han comunicado que los campesinos de Chihuahua en número de 7 mil 500, adeudan la suma de mil 600 millones de pesos, de los cuales mil 100 están a cargo de 800 hombres y mujeres del campo.

Este tipo de adeudos y de problemas parecen eternos por la falta de políticas públicas para resolverlos. Hasta el día de hoy, brillan por su ausencia las soluciones que urgen implementar para que terminen estas dificultades, sin embargo, se ha perseguido con fiereza en los años pasados a los campesinos y en lugar de solucionar el asunto se les ha metido a la cárcel junto con sus líderes.

Nadie se compromete a establecer o dictar medidas prácticas para que el sector agropecuario reciba el beneficio de disposiciones que aligeren la carga de ese sector.

Sin embargo, el silencio absoluto ha sido la señal de la falta de voluntad para que esto termine.

Sin embargo, es notorio que otros sectores de capacidad económica manifiesta, reciben de inmediato los beneficios de electrificaciones sorprendentes como la que se estableció por toda la carretera a Casas Grandes hasta el kilómetro 40 y de ahí hacia el norte con una posteria que pasa los 20 kilómetros casi hasta llegar a la línea divisoria.

Esto no se ha informado oficialmente al detalle y la inversión monetaria que ha sido en elevada cantidad deja a los hombres del campo boquiabiertos pues al parecer esto lo absorbe la CFE y nadie sabe a ciencia cierta a quién beneficia.

Hay un principio bíblico que dice que quien debe a otro, se convierte en su esclavo y esto al parecer el sector agrícola tiene este carácter con respecto al uso de la luz eléctrica, pues pasan los días, los meses y los años y siempre están amenazados sus integrantes o con los cortes o con la cárcel cuando se oponen a los mismos.

La ausencia de medidas de solución ha sido característica en este tipo de cuestiones.

Pocas veces los funcionarios encargados de estos asuntos se dan una vuelta por las áreas en dificultades y cuando llegan los altos funcionarios, como el Secretario de Agricultura sólo se les ve a una velocidad supersónica con una cauda de periodistas de la capital del país, dando declaraciones a diestra y siniestra y sin que una sola de ellas sea aplicable a la problemática que se vive.

Las empresas y hombres conectados con la agricultura son entes y personas muy trabajadoras. Hemos visto a hombres y mujeres arriba de los 74 años, también arriba de los tractores preparando la tierra para la siembra.

Somos testigos de la lucha que se tiene contra los elementos, cuando el granizo, el aire y la misma lluvia desenfrenada, en unos minutos arrancan la esperanza y el esfuerzo puesto para producir la tierra.

Sin embargo, el afán de los moradores de las tierras no cede un sólo espacio al desánimo y vuelven a la faena, sólo secándose el sudor y empezando de nuevo.

Qué esperanzas que un labriego pueda percibir en un año lo que un juez federal o un diputado obtenga como emolumento en un mes; sin embargo, esos salarios que se son de servidores públicos distan mucho de los ingresos que perciben quienes día con día, buscan sacarle jugo al suelo chihuahuense.

Es tiempo de que no se anuncien con bombo y platillo los adeudos campesinos, sino las medidas que han sido tomadas para que la dignidad del trabajo esforzado vuelva a esas áreas y que a esos trabajadores se les dé el respeto y el lugar que merecen.

Se debe dejar de lado la política del dejo y estructurar los planes necesarios cargados de apoyos, para que en breve se vea la respuesta maciza de quienes en mucho tiempo no han dado un paso atrás en triunfar en estas faenas tan difíciles.

Que el gobierno voltee sus ojos al campo y entienda que tiene una importancia fundamental para el desarrollo y sobre todo para tener la autonomía alimentaría en un pueblo como el de Chihuahua con miles de campesinos esperando una respuesta.

Que se vayan, por el bien de Juárez… El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, México

Héctor “Teto” Murguía no fue el candidato de El Diario para que llegara a gobernador del Estado. Con frecuencia hemos cuestionado algunas de sus decisiones y lo seguiremos haciendo en la medida de su actuación como autoridad local. Sin embargo, en esta ocasión le manifestamos todo nuestro apoyo, a él y a sus escoltas, porque la figura del presidente municipal electo por la mayoría de los juarenses fue irrespetada y pisoteada por los elementos de la Policía Federal.

A pesar de que se identificó como el alcalde que es de esta ciudad –la más violenta del mundo, por cierto–, Murguía fue insultado y ridiculizado por agentes indignos de su investidura, cuando fue a reclamar el asesinato de su guardia que sólo cumplía con su función, mientras él se hallaba de visita en la casa del padre Hesiquio Trevizo, el vocero de la diócesis católica.

Y aun cuando el mismo “Teto” solicitó, en la rueda de prensa posterior a este lamentable hecho, que los elementos involucrados en el homicidio de su custodio fueran presentados de inmediato ante la Fiscalía General del Estado, y que la Policía Federal aseguró, en un comunicado oficial emitido casi a la medianoche del martes, que esos uniformados ya habían sido puestos a disposición de la instancia estatal, lo cierto es que la PF se volvió a burlar de la investidura municipal y derivó ayer a los oficiales al Ministerio Público Federal.

Por lo anterior, le pedimos al gobernador del Estado libre y soberano de Chihuahua, César Duarte Jáquez, que exija al Gobierno federal que estos agentes sean juzgados aquí por las instancias estatales, no sólo porque el crimen cometido por esos dizque servidores públicos es del fuero común, sino porque se atentó contra la figura del presidente municipal electo –sin impugnación alguna– por la mayoría de los juarenses.

Nos aunamos, asimismo, a la voluntad popular que demanda el retiro de la Policía Federal de nuestra entidad federativa.

Junto con la partida de estos elementos, el Estado debería agilizar la instrumentación de la Policía única que se encargue de labores preventivas, así como entablar acuerdos con el Gobierno de la República para permitir el ingreso de una corporación federal enfocada a la investigación e inteligencia, que opere aquí, reporte a la Federación, pero bajo el mando del Gobierno estatal.

Y es que el artero asesinato del escolta y el agravio hacia el alcalde vinieron a ratificarnos una vez más que, a tres años de que los gobiernos de los tres niveles emprendieron en esta frontera operaciones conjuntas, el problema sigue siendo el mismo: la carencia de coordinación, la desconfianza recíproca, sumadas a un paupérrimo o imaginario trabajo de inteligencia.

Es absurdo, por decir lo menos, que agentes federales, supuestamente miembros de un cuerpo de investigación, y cuya presencia aquí no es de ayer, no tengan identificados a los guardias del presidente municipal.

Hace unos días, el presidente Felipe Calderón confirmó en público que con la administración estatal de José Reyes Baeza no hubo colaboración, por lo que ambos engañaban a los juarenses cuando se reunían aquí, al montar su teatro de sonrisas y apretones de manos para mostrar una realidad ilusoria.

Ahora, agregó el jefe de la Nación, se está viendo “un poco más” de coordinación con Chihuahua.

¿Qué significa esa expresión para el Ejecutivo federal? Porque exponer que no hubo, y que ahora sí hay “un poco más”, es como decir que la relación continúa siendo inexistente.

Lo cierto es que las acciones de su Gobierno expresan más que las palabras. Exhiben que la falta de confianza y de respeto hacia Chihuahua y sus instituciones aún están vigentes.

Asimismo, que la interconexión entre los policías y, más allá, de los gobiernos, es una falacia, para desgracia de los juarenses.

Exigen juarenses se retiren federales y entreguen al asesino

Staff
El Diario

Una significativa cantidad de ciudadanos y representantes de sectores exigieron que la Policía Federal (PF) se retire de la ciudad dado el cúmulo de abusos que han cometido contra juarenses, el más reciente el homicidio del guardaespaldas del alcalde Héctor “Teto” Murguía.

Incluso algunos enfatizaron que los presuntos responsables de ese asesinato deben ser juzgados por autoridades estatales aquí en la ciudad, dado que la PF turnó, sin identificarlos, a cuatro de sus elementos ante el Ministerio Público Federal como presuntos responsables del asesinato del escolta Jorge Muñoz Pérez, de 29 años.

Los entrevistados manifestaron que existe desconfianza de que se vaya a hacer justicia, ya que se han registrado casos similares que no han tenido alguna resolución favorable a las víctimas.

Armando González Baylón, del Comité Juarense por la Democracia, exigió que la PF se vaya, como un primer paso para que la ciudad comience a normalizarse.

Dijo que hasta antier el presidente municipal no se había dado cuenta de los abusos que han cometido estos policías. Lamentó el asesinato y consideró bueno que se le haya caído la venda de los ojos al alcalde y que se dé cuenta de lo que la población exige.

Sentenció que no es la primera vez que se da a conocer la fuerza excesiva con la que a veces proceden los elementos federales contra la ciudadanía indefensa. Recordó que el año pasado le dispararon a una jovencita mientras iba al ensayo para su fiesta de 15 años, y más recientemente le dispararon a Darío, un estudiante de Sociología que incluso se encontraba adentro de las instalaciones de su universidad.

Víctor Quintana Silveyra, integrante de la organización “Red de defensoras y defensores de los derechos humanos”, exigió también la salida de los efectivos de la PF, en los mismos términos en que lo hizo cuando era diputado local.

“Hace mucho que la Policía Federal comete atropellos en Juárez y en otros municipios del estado, y no hay avances en el combate a la delincuencia”, agregó el ex legislador.

Recordó casos de agresiones cometidas por agentes de la PF como, aparte del universitario Darío, el del joven asesinado en Guadalupe, en abril del año 2008.

En este momento debemos cuestionarnos para qué sirvió el envío de agentes de la Policía Federal a Juárez, agregó.

A su vez, Emilia González, fundadora de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSyDHAC), consideró que la presencia de la Policía Federal en esta frontera ya le hace demasiado daño a la gente.

Los hechos ocurridos la noche del martes demuestran que los jefes de la Policía Federal ya no ejercen mando ni tienen control sobre sus efectivos, lamentó.

Señaló que la gente de Juárez se queja en la calle de la protección que le da la PF a las organizaciones a las cuales debería combatir.

Hay más fundamento para decir que la corporación está complicando la violencia y que hay falta de control, y la que ha salido perdiendo es la gente más pobre, la que vive en las colonias más marginadas, añadió.

Francisca Jiménez, del Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida Digna, afirmó que el altercado deja en claro que no hay coordinación de la Policía Federal con las policías estatales o municipales.

Esta clase de hechos abundan entre la sociedad juarense, según Vanesa Manríquez, del Comité de Denuncia Ciudadana.

Comentó que se reciben muchas quejas en relación con que elementos federales abusan de su poder y de la confianza de los ciudadanos. No es la primera vez que hacen uso excesivo de su fuerza, abundó.

Por su parte, Hernán Ortiz Quintana, dijo que no hay información certera sobre las acciones buenas o malas que han realizado los agentes, y la transparencia es la base de la confianza.

No obstante, reconoció que la actitud de ellos hacia los juarenses es desafiante en sus operativos diarios en la ciudad, como en los retenes.

A la vez, cientos de lectores de El Diario exigieron, a través de la página digital del periódico, el retiro de la PF.

“... Por favor Señor Presidente Municipal, haga las gestiones necesarias y que se vayan, sólo vienen a robar, o a hacer actos vandálicos, amparados tras una placa que indignamente portan, y siempre escudados en su rango de federales. Si eso le pasa a usted Sr. Murguía ¿se ha preguntado lo que nos pasa a nosotros los ciudadanos comunes?, que se vayan”, demandó un lector identificado con el seudónimo de “curioso”.

Otro de los comentarios al respecto, publicado por un cibernauta que se identificó como “albita”, pide “Teto: recupera la ciudad, saca a esos asesinos, drogadictos y rateros, devuélvenos nuestra ciudad”.

Además, algunos lectores lamentaron que las agresiones de los federales tuvieran que llegar cerca del presidente municipal para que éste se diera cuenta de la forma en que proceden.

“Vaya, hasta que se dio cuenta de lo que hacen los federales, me sorprende que haya tardado tanto, porque nosotros ya le habíamos dicho, pero como no somos sus escoltas, no importaba tanto”, reprochó otro cibernauta identificado como “pazdejuaritos”.

Responsable debe ser juzgado por el fuero común

“Lo óptimo, desde el punto de vista social, sería que el caso lo juzgara el fuero común”, mencionó sobre el caso Salvador Urbina Quiroz, presidente del Consejo de Vigilancia de la Confederación Nacional de Abogados de México.

Los acusados son elementos en activo de la PF, la competencia es de la Procuraduría General de la República (PGR) dado que fue un homicidio en funciones, pero existe una gran desconfianza de que sea esta instancia la que resuelva el caso porque la Federación podría convertirse en juez y parte, reiteró.

No hay confianza porque todo comenzó mal, las circunstancias, la contaminación de la escena del crimen, el enfrentamiento posterior, añadió.

Dijo que el incidente ocurrido la noche del martes es un asunto relevante, por lo que las instancias estatales deben intervenir al menos como coadyuvantes.

Además, consideró que los antecedentes que existen señalan que por lo general no se castiga a los policías federales acusados de diversos delitos, incluido el homicidio, por lo que el crimen del escolta del alcalde podría quedar impune.

Enfatizó que de antemano se sabe que va a existir una manipulación de las investigaciones y que en el caso de los policías cuando hacen algo sólo los cambian de lugar y ya no pasa nada.

Haciendo un balance de las actividades realizadas por la PF desde su llegada a la ciudad, son más las cosas negativas y los conflictos que han generado, dijo.

Consideró que el hecho de sangre refleja una descoordinación entre las corporaciones policiacas.

Boleta electoral-Hernández

Guerrero-Helguera

Ya entrados en gastos-Fisgón

FC apoya a Marcelo Julio Hernández López

Astillero

Hillary vino a votar

Da línea transexenal

Sargentismo pinolero

La esposa de Bill vino a depositar públicamente su voto para 2012: que siga la guerra (llámese ésta así, o “lucha”), gane quien gane los próximos comicios presidenciales. Boleta electoral marcada y resultados predichos: bota por voto y balacera por casilla.

El mensaje pretendería ser: perded toda esperanza, pues entrado Felipe en su guerra de legitimación y control ya no está en circunstancia de escuchar razones que no sean las del alto mando, es decir, las que transmitió la interventora estadunidense Hillary, quien tuvo el detalle de compartir con el respetable público breves destellos de los amarres en privado que impuso y que en esencia son uno: ni un paso atrás, ni ahora ni después de las elecciones que así estarían desde ahora sometidas a una voluntad bélica transexenal.

Felipe angustiado ante el riesgo de perder lo que llama poder, sabedor de los riesgos que él y su pandilla correrían cuando carecieran del blindaje que los coloca a salvo de los horrores de la guerra ahora etiquetada hipócritamente como “lucha”. Colocados gustosamente bajo la protección estadunidense, servidores de Washington, agentes trasnacionales de la política imperial de devastación externa y placidez interna, los calderonistas solicitan y aceptan los lineamientos ajenos, abdicación patria sin atenuantes. Por ello permiten a agentes de la FBI que interroguen en suelo mexicano a centroamericanos migrantes y por ello se le pide a la secretaria de seguridad interior de Estados Unidos que entre al auxilio de Ciudad Juárez, a ver si con decorados extranjeros se podrían simular avances y logros que por sí mismo no alcanza a montar el sargentismo fallido de Los Pinos.

(A propósito de los interrogatorios a migrantes por parte de la FBI, el presunto secretario de Gobernación, Francisco Bla Bla Blake Mora –el verdadero, según decreto imperial emitido por Felipe I, es el nuevo favorito de Los Pinos, el joven secretario particular Roberto Gil– dijo el pasado lunes en Tijuana que tales acciones de agentes gringos se fundamentan en acuerdos internacionales de cooperación y coordinación, y que su justificación es que el problema de la inseguridad no se circunscribe a México. Ayer, sin embargo, el titular del Instituto Nacional de –combate a la– Migración, Salvador Beltrán del Río, dijo que siempre no, que los tales interrogatorios extranjeros no eran verdad, ni los señalamientos de Wikileaks. Vaya credibilidad de administración calderonista: ni entre ellos se ponen de acuerdo.)

La consolidación de lo macabro como forma de dominación política se produjo mientras en otro foro internacional era condenado el modelo de lucha violenta contra el narcotráfico que sostiene FeliPum. Ex presidentes de países latinoamericanos, entre ellos el mexicano Ernesto Zedillo, el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el colombiano César Gaviria, además de escritores renombrados como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, se reunieron en el marco de una Comisión Global de Políticas sobre Drogas y, entre otras cosas, plantearon, según la declaración que a modo de vocero hizo Cardoso,  que luego de décadas de una política contra el narcotráfico basada en la represión es “evidente que ésta ha fallado” y que “tanto el consumo como la producción van en aumento”.

Cardoso también señaló que las grandes cantidades de los presupuestos nacionales dirigidas a las políticas represivas “hacen que, en comparación, la financiación de los tratamientos parezca ridícula. No se trata de pedir más dinero, sino de utilizar mejor el que ya existe”. El brasileño mencionó los casos de México y Colombia, “dos países que han hecho esfuerzos muy grandes, con efectos muy limitados”, lo que demostraría “que se necesita un cambio de mentalidad”. Gaviria, entre otras cosas, dijo que “América Latina está cansada de prohibiciones que no han funcionado”.

Calderón, sin embargo, sigue atado al guión sangriento. Decenas de mexicanos mueren diariamente y miles son sometidos a procesos “colaterales” de amedrentamiento y acoso, tanto por parte de las fuerzas oficiales como de los cárteles combatientes. Un ejemplo de la descomposición extrema acaba de suceder en Ciudad Juárez, donde un policía protector del presidente municipal fue asesinado “arteramente”, según el priísta Héctor Murguía que, dueño también de su propio expediente de acusaciones públicas de relaciones oscuras, dijo que los policías federales “son una gavilla de pistoleros con rifles R-15”. De acuerdo con su relato, Murguía fue al hotel donde se hospedan los federales a protestar enseguida del asesinato de su escolta. Allí fue encañonado, amenazado y ofendido por los policías federales, ante lo cual Murguía consideró que se había salvado “de milagro” de ser asesinado. Si eso le pasa a él, reconoció el presidente municipal, ¿qué le pasará a los ciudadanos en general?

Astillas

La ruta de la confrontación anunciada sigue siendo recorrida con ahínco por los bandos priístas en pugna en Guerrero. Rubén Figueroa y René Juárez, representados técnicamente por Manuel Añorve, parecieran dispuestos a ensayar todo cuanto puedan del catálogo tricolor de las trampas y la violencia, acicateados por la clara toma de partido en favor de Ángel Aguirre que decidió Calderón al obligar a Marcos Parra a declinar y a Gustavo Madero a tratar de justificar tal trance “táctico” (¿a cambio de qué, la ayuda blanquiazul: Baja California Sur, estado de México?). En los hechos, Calderón está apoyando a los Chuchos pero, sobre todo, a Marcelo Ebrard, quien pretende ganar la candidatura presidencial de izquierda sumando a su favor gubernaturas de “alianza” directa o de facto y colocándose así como una opción de “unidad” entre PAN y PRD rumbo a 2012... Y, mientras la Marina y la Policía Federal realizan más operaciones en la ciudad de México, como si trataran de ir acostumbrando a los pobladores capitalinos a ver el espectáculo de avasallamiento que el resto del país conoce, ¡hasta mañana, con Patrón Laviada dejando de ejercer en persona el negocio de la Profepa!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero

Igual que el narco, recluta el Ejército a menores de edad

Ofrecen prebendas y beneficios a los más pobres: Miguel Concha
Presenta organismo civil el informe Infancia y conflicto armado

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 9
No sólo la delincuencia organizada esta cooptando a menores de edad para incluirlos en sus filas, sino también las fuerzas armadas llevan a cabo esta práctica, y en ambos casos se recluta a jóvenes que viven en la pobreza y no tienen expectativas de futuro, señaló el padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Al participar en la presentación del informe Infancia y conflicto armado, elaborado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, destacó que en el caso de las fuerzas castrenses esto se hace por medio de “prebendas y beneficios para quienes entran a las academias y escuelas militares”, que en su mayoría son hijos de campesinos o viven en barrios pobres.

Agregó que el informe documenta casos como el reclutamiento de 314 adolescentes de Michoacán, que fueron integrados a un curso de erradicación de cultivos de amapola y mariguana en 2009, a cambio de cumplir con el servicio militar en tres meses, en lugar de tres años, según informes públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Concha Malo cuestionó que los adolescentes que se encuentran en colegios militares y cometen una falta, son juzgados de acuerdo con las leyes castrenses, con la única diferencia de que las penas son recortadas a la mitad.
Resaltó que, según las cifras presentadas por el informe, en el combate contra la delincuencia organizada emprendida por la administración federal, al menos 900 menores de entre 15 y 17 años han sido víctimas de la violencia; sin embargo, agregó, es necesario exigir al gobierno la entrega de información detallada sobre el número de niños que han sido asesinados, heridos o detenidos desde el año 2000 al 2006.

Asimismo, se pronunció porque deje de criminalizarse y estigmatizarse a los adolescentes presuntamente vinculados al crimen organizado, pues con esto se impide la investigación parcial de los hechos.

Por su parte, Juan Martín Pérez García señaló que se tienen detectados tres métodos que utilizan grupos de la delincuencia organizada para reclutar a menores de edad: por el atractivo económico que puede generarles; por vínculos familiares –es decir, que personas cercanas a ellos se dedican a actividades ilícitas– y porque son forzados a prestar servicios a estos grupos por medio de amenazas.

Con estas características, se han detectado cuatro casos en la periferia de Monterrey, dos en Tamaulipas y uno más en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que las víctimas son estudiantes de secundaria y aunque se trata de situaciones emergentes, estos casos pueden marcar una nueva tendencia.

Candidato bajo sospecha. Miguel Ángel Velázquez

Ciudad Perdida

Gane quien gane en Guerrero, la izquierda perderá

Digamos que por estrategia política, para el jefe de Gobiernos de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, la elección que sucederá el domingo que viene en el estado de Guerrero es de mayor importancia.

Muchos de los afanes de Ebrard se focalizan en el apoyo que le brinda al candidato de eso que se llama alianza, pero que no es más que un amasijo mal oliente de ideologías de todo tipo que lo que tiene por ofrecer a la tan castigada sociedad guerrerense es impedir que el PRI se apodere de la gubernatura de la entidad.

No hay otra oferta. El triunfo de Ángel Aguirre Rivero, candidato del amasijo, no difiere, no parece señalar ningún cambio. Se trata de ganar para seguir igual. Ni Aguirre ni Nueva Izquierda (chuchismo-camachismo), son capaces, por definición ideológica, de trazar una ruta de gobierno fuera de la estrategia de seguir entregando los dineros y los bienes de los habitantes del país a los intereses privados.

Pesa también en al ánimo de todos la complicidad del candidato, hasta no hace mucho priísta, con otra de las corrientes socialdemócratas del PRD, que encabeza la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, que no sorprende demasiado por el cochupo económico, sino por la dócil entrega de una militante de la izquierda –la hija de la ex gobernadora– a la que obviamente no representa, por ningún lado, los intereses de la izquierda, como en su momento no los representó el gobernador actual Zeferino Torreblanca.

Y si a esas vamos, qué decir de Manuel Añorve, el candidato del PRI. En la etrega anterior dimos en este espacio los pormenores de la declaración de Edgar Valdés Villareal, alias La Barbie, en la que confesaba haber dado a Añorve 2 millones de dólares para “apoyar” su campaña, la de Añorve, a la alcaldía de Acapulco.

La declaración fue más allá. La Barbie confesó también que la última vez que se reunió con el alcalde de Acapulco fue para reclamarle que hubiera “hecho acuerdos con otro grupo”. Anque la declaración no lo hace explícito, se infiere que al señalar a “otro grupo” , habla de otra organización criminal.
Eso sucedió hace tres años, cuando el hoy candidato del PRI al gobierno de Guerrero buscaba la presidencial municipal de Acapulco, que, como sabe y con esos apoyos, ganó y las consecuencias se han mostrado en las calles, en las tiendas comerciales y en otros puntos del puerto que hoy vive metido en el miedo.

Es importante señalar que la declaración del criminal (Edgar Valdés) se halla identificada con el registro: PGR/SIEDO/UEIDCS/109/2010, lo que indica que fue tomada por la autoridad en el año pasado. La Barbie fue aprehendido por las fuerzas federales a finales de agosto del año pasado, por que la declaración que henos presentado se realizó después de que el PRI decidiera –a principios de ese mes– lanzar la candidatura de Añorve.

Lo peor, como decíamos en la entrega anterior, es que a partir de esa declaración, las autoridades federales no hubieran hecho algún operativo tipo michoacanazo, o cuando menos que iniciaran una investigación a fondo sobre el quehacer del alcalde. O ¿Está en curso alguna indagatoria al respecto?

En fin, lo que queda claro es que gane quien gane la elección del próximo domingo, la izquierda perderá, como pretende el chuchismo-camachismo que pase en el estado de México. Ni modo.

De pasadita

Por fin se les hizo. Como si no tuvieran los suficientes problemas en algo más de la mitad del territorio nacional, ahora soldados y marinos, las fuerzas federales, se han puesto a hurgar en las calles del Distrito Federal en busca de las cabezas del crimen organizado, creando, desde luego, el terror en los habitantes de esta ciudad, y como si no tuvieran servicios de inteligencia que les permitieran saber con exactitud lo que andan buscando, se lanzan con tanquetas y armas mortíferas por las calles en operativos de terror. Ayer fue el tercer día de ese desfile de muerte por un par de colonias del DF, sin que se tuvieran resultados tangibles de su quehacer, o tal vez lo único que se proponen es eso, sembrar el miedo. ¡Qué barbaridad!

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com

Daño a Pemex por 6.6 mil millones de pesos; 14 acusados

Manipularon licitación y arrendamiento de buques-tanque

Cesa y multa la SFP a funcionarios implicados del área de refinación

Las irregularidades se detectaron en 2006; posible colusión de empresas

Por cada 10 dólares de ventas petroleras, seis se usan para importar gasolinas

Elizabeth Velasco y Víctor Cardoso

Contrataron con 35% de sobreprecio el arrendamiento de cuatro buques-tanque por cinco años

Analiza la dependencia adquirir las naves directamente con armadoras en lugar de alquilarlas

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 24
La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó y multó con más de 6 mil 600 millones de pesos a 14 servidores públicos de Pemex Refinación por manipular procesos de licitación y contratar con un sobreprecio de hasta 35 por ciento (equivalente a más de 23.7 millones de dólares) el arrendamiento de cuatro buques-tanque a casco desnudo por cinco años.

Los involucrados han sido inhabilitados para desempeñarse por 10 años en cualquier área del gobierno federal.

Respecto de las sanciones económicas, ocho de los servidores públicos deberán cubrir multas individuales por 500.9 millones de pesos; dos por 355 millones de pesos; otro de 145 millones de pesos, y los tres restantes de 90 millones 415 mil pesos, cada uno.

El monto de las sanciones económicas –un total de 6 mil 633 millones 485 mil 282 pesos– es de los más altos en años recientes y representa el daño causado al patrimonio de la subsidiaria de Pemex.

Los contratos concluyeron en 2010 y debido al daño causado, “Pemex Refinación explora la posibilidad de adquirir buques directamente con las compañías armadoras, en lugar de arrendarlos”.

Irregularidades detectadas en una auditoría que comenzó en 2006

Las irregularidades se detectaron con una auditoría iniciada en 2006, respecto al fletamento de cuatro buque-tanques a casco desnudo, por un periodo de cinco años. Fue entonces que se detectó una presunta manipulación de dos contratos adjudicados a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y TMM.

Se presume que las empresas se coludieron para obtener los contratos y cobrar un sobreprecio de 23.5 millones de dólares, a valor de 2006, por el arrendamiento de los buques.
En la indagatoria se detectaron estudios de costo-beneficio “manipulados” para “direccionar” las bases y dar el contrato a esas empresas, lo que generó costos por arriba de 29 a 35 por ciento. También se encontró que 11 servidores públicos de la Gerencia de Operaciones Marítimas fueron los que emitieron estudios de costo-beneficio “deficientes y tendenciosos”; ello originó la adjudicación de los contratos.

Otros tres funcionarios de la gerencia de administración autorizaron contratar y pagar las propuestas de las empresas, a pesar de ubicarse 18 por ciento por arriba del precio de mercado.

Aún más, los contratos se adjudicaron sin que Pemex Refinación contara con suficiencia presupuestaria, ni con la autorización presupuestal multianual de la Secretaría de Hacienda.

La auditoría de la SFP, que se llevó más dos años de investigación por lo “complejo del tema, la documentación del caso y los medios de defensa de los inculpados”, finalmente probó que los estudios de costo-beneficio no correspondían al servicio contratado ni establecido en la licitación.

Los sancionados, a quienes se les notificó legalmente en diciembre pasado, son: Guillermo González Lozano, Edith Eugenia Blancas, Juan Antonio Zapata, Pedro Gómez Flores, Alejandro Dorantes, Carlos A. Martínez de la Fuente, Antonio R. González Martínez, José Luis Ortiz, Augusto Guillermo Acosta González, Cruz Jaime Olvera Rico y Francisco Guillermo Cuneo Pérez.

El plan Juárez , un regalo para los empresarios

Marcela Turati



El gobierno federal convirtió a Ciudad Juárez en laboratorio social, pero el experimento le estalló en las manos. Integrantes de la Mesa Social durante los diálogos del año pasado, donde se definieron las responsabilidades de cada dependencia federal, señalan que, por enredos políticos y desconocimiento de la problemática local, cuantiosos recursos federales fueron a parar a manos de empresarios sin cumplir sus objetivos sociales.



El comportamiento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el programa Todos Somos Juárez, creado hace un año por el Poder Ejecutivo como estrategia de intervención de emergencia en Ciudad Juárez para paliar los daños provocados por la violencia, decepcionó a las organizaciones de la sociedad civil pero satisfizo los intereses de los empresarios.

A decir de los representantes de las mencionadas organizaciones, más que una secretaría con fines sociales la dependencia actuó como una adjudicadora de obras de pavimentación, remodelación de casas y de centros comunitarios, así como de construcción de parques, drenaje y alcantarillado.

“En Juárez urgen medidas de atención y mitigación a las familias que se quedaron sin el familiar que era el sostén, el que ganaba para todos la comida, para las viudas, los huérfanos, los discapacitados por heridas de bala. ¿Por qué, si Sedesol trae el programa Oportunidades, no los hace beneficiarios? ¿Por qué, si hay hambre, no traen comedores populares? ¿Por qué mejoran parques en una ciudad que parece que se va a quedar sin gente? Trajeron los programas de siempre. Si tenemos programas para atender catástrofes naturales ¿por qué no elaboran uno para las víctimas de las catástrofes humanas?”, señaló la economista experta en políticas sociales Clara Jusidman.

“Hubo demasiado cemento, poco contenido social”, definió Laurencio Barraza, de la Organización Popular Independiente (OPI), con décadas de trabajo de base en las zonas de grandes carencias.

Sedesol manejó 700 millones de pesos para el plan. Los contratos de las obras asignadas por la dependencia son secretos y están clasificados como “asuntos de seguridad nacional”.

A varias solicitudes de información realizadas por medio de la ley federal de transparencia, la secretaría respondió: “Las contrataciones que hoy nos ocupan, se trata de adjudicaciones realizadas al amparo de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión del Consejo de Seguridad Nacional 2010, acuerdos dentro de los que se establece que existen causas de Seguridad Nacional para la atención de la problemática en Juárez”.

La delegación de la dependencia en Chihuahua también se negó a entregar físicamente los documentos a esta reportera, argumentando que estaba en riesgo la seguridad de los empresarios. El Comité de Información de la Sedesol dice:

“Se hace del conocimiento de este H. Comité que algunos de los contratistas con los que se está trabajando han sido víctimas de amenazas, extorsiones, poniendo en riesgo la integridad de ellos, sus trabajadores y su propia familia (…) Existen antecedentes en la Delegación Federal de la Sedesol en el estado de Chihuahua, de amenazas de personas con armas de alto calibre solicitando información respecto a los encargados o dueños de las constructoras que realizan trabajos con recursos de los programas sociales como Hábitat y Rescate de Espacios Públicos.”

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en dicha ciudad, Víctor Manuel Ortega Fernández, dice en entrevista telefónica que el sector está agradecido con la dependencia:

“La secretaría que más ayudó en cuestiones de construcción fue la Sedesol, por instrucciones del secretario. Se han hecho bastantes ampliaciones en la vivienda, algunos parques y se mejoraron o ampliaron centros comunitarios en áreas de mayores necesidades. He visto un apoyo muy importante por parte del gobierno federal, básicamente a través de la Sedesol.”

Dos casos fueron problemáticos: el primero, la adjudicación que hizo Sedesol de la remodelación y pavimentación de la colonia Felipe Ángeles a VQ Constructores y Mantenimiento, una empresa de la ciudad de Chihuahua, y no de Juárez, aunque la promesa presidencial era para reactivar la economía de los juarenses. El segundo caso fue la adjudicación que hizo la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade) a la paraestatal Constructora Fonatur, de la remodelación del gimnasio municipal Josué Neri Santos, que al ser descubierta fue obligada a subcontratar a empresas locales.

Consultados al respecto, funcionarios del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) señalaron que los concursos por obras fueron equitativos e incluyentes. Sin embargo, a decir de Sergio Meza, coordinador de la asociación Plan Estratégico de Juárez, siempre pendiente de monitorear la actuación de los políticos locales, al proceso le faltó transparencia y se establecieron mal las prioridades.

“El punto triste del programa es que, ante una problemática tan compleja –explica–, el enfoque fue hacia obra pública en vez de una intervención más articulada. Las obras son importantes, pero revisándolas vemos que hay otras necesidades primero, como que la gente está pasando hambre y no encuentra empleo; eso no se resuelve poniendo parques o ampliando hospitales.

“Con esa inyección de dinero en obra pública y con la que continuará llegando hay muchos intereses metidos. Una de las grandes dificultades es cómo hacer más transparentes estos procesos, para que todo mundo pueda entrar y todos podamos enterarnos de cómo son asignados (los contratos). Algunos fueron asignados directamente a constructoras que no son de aquí o a las constructoras que tradicionalmente se llevan todas las obras, vinculadas al gobierno priista.”

La intervención de la Sedesol tampoco dejó conformes a integrantes de la Mesa de Infancia y del Programa Infancia en Movimiento. La socióloga Lourdes Almada considera que, si bien se planteó la construcción de parques, no se hizo el trabajo de reactivar la convivencia entre vecinos. “Hay parques recién inaugurados donde ya han habido muertos porque no consideraron el tema de la recomposición del tejido social ni el desarrollo comunitario. Como si por el hecho de llegar y construir un parque eso generara la convivencia y la paz”, ejemplifica.

Al respecto, el presidente local de la CMIC defiende a la dependencia: “La Sedesol ha hecho algo que nunca se había hecho, e invertido en ese tipo de programas, algo que nunca se había dado. Se anunció primero que había recursos importantes, pero después se empezaron a presentar en otros puntos del país, como Monterrey, los mismos problemas, y el dinero se tuvo que repartir”.

Proceso tiene conocimiento de al menos tres estudios profesionales para Todos Somos Juárez que la Sedesol contrató con distintas empresas. Uno fue con Arquitectura 911, representada por José Castillo Olea, para realizar el “Plan maestro integral para la intervención piloto en el nor-poniente de Ciudad Juárez”. A la empresa Tallertoa, representada por Lara Becerra Romo, se le encargaron los “Criterios urbanos para la reutilización del exhipódromo de Ciudad Juárez”. Y al Grupo Salazar Snack, S.C., representado por la exsubsecretaria adjunta para apoyo antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos y analista Ana María Salazar Snack, para la elaboración del estudio Protocolos de seguridad en la implementación de proyectos sociales.

Patadas bajo la mesa



Desde que el enojo popular se desató por la matanza del 30 de enero de 2010 en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, donde murieron 15 estudiantes, desde la Presidencia de la República se diseñó una estrategia de 160 acciones de distintas secretarías, en la que se mezclan programas ya existentes. En el caso de la Sedesol, afilió a más gente a Oportunidades y abrió más estancias infantiles, además de realizar obras de infraestructura y rescatar espacios públicos.

Originalmente, la apuesta era más ambiciosa. En noviembre de 2009, el entonces presidente municipal José Reyes Ferriz compartió con esta reportera el documento Proyecto de intervención Juárez, que llevaba el logotipo de la Secretaría de Gobernación y la rúbrica de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Según las copias que tiene Proceso, el objetivo de ese proyecto es “disminuir las dinámicas sociales que generan contextos de violencia y aminorar el nivel de riesgo de que ocurran, a través de intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo, que permitan mejorar el bienestar, promover una cultura de paz y fortalecer la cohesión social”.

El alcalde comentó, orgulloso, que Juárez seguiría la estrategia de Medellín, ciudad colombiana que él había visitado recientemente y que así redujo la violencia. El estudio, elaborado por los técnicos de la Conavim y del IMIP, contenía vertientes educativas, de empleo, niveles de bienestar, y cruzaba variables, como las colonias donde ocurrían los feminicidios con las que padecían déficit de infraestructura o de preparatorias, o las colonias de peor desempeño escolar o delincuencia juvenil y con carencias de infraestructura educativa, junto a un proyecto de intervención comunitaria.

El proyecto contenía esbozos de obras ambiciosas, como una red de bibliotecas con una central, estancias y guarderías infantiles con desayunos calientes, redes de unidades deportivas, parques y preparatorias, mejoramiento de 13 barrios, conjuntos culturales, deportivos y educativos, la recuperación del centro de la ciudad, mejoramiento de transporte, construcción de faros del saber y casas de justicia comunitaria.

En esa ocasión Reyes Ferriz presumió la fórmula: era “infraestructura con sentido social”. Su aliada en el gabinete de Calderón era Laura Carrera, titular de la Conavim, de la Secretaría de Gobernación.

Este enfoque se aplicaría especialmente en la zona norponiente, donde se concentra una cuarta parte de la población, con las consecuencias de pobreza y rezago de infraestructura básica y equipamiento urbano, además de los feminicidios, el pandillerismo, la violencia.

Sin embargo, la matanza de Salvárcar, la furia ciudadana y las pugnas en el gabinete modificaron el esquema. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llegó a Juárez la primera semana de febrero a apagar el fuego y tuvo que escuchar durante 10 horas el duro reclamo de los juarenses; principalmente de los defensores de derechos humanos.

Su siguiente visita fue organizada desde la Presidencia y, presuntamente por órdenes de Luis Felipe Bravo Mena, entonces secretario particular de Calderón, los integrantes de la mesa de derechos humanos fueron excluidos de los diálogos. Con esa acción, la Secretaría de Gobernación y sus interlocutores quedaron desactivados. Esto coincidió con el debilitamiento del secretario Gómez Mont por su oposición a las alianzas electorales del PAN con el PRD.

La exclusión de los defensores de los derechos humanos, que cuestionaban la presencia del Ejército y exigían que el gobierno frenara la violencia, provocó que muchas organizaciones le retiraran su confianza a la iniciativa y dejaran de participar en ella.

Cuando la Presidencia tomó la batuta, el plan preexistente fue desechado y cada secretaría de Estado armó su propio esquema o tomó sólo pedazos del proyecto integral. Sedesol delegó la responsabilidad de darle sentido social a la intervención; en unos casos a los colonos, en otras al municipio y a la universidad. Sólo contrató obras y afilió nuevos beneficiarios en sus programas.

En los hechos quedó relegado el planteamiento original: que las obras de infraestructura deben servir para llevar a cabo “procesos de cohesión comunitaria, inclusión social y consolidación socio-cultural” a fin de modificar comportamientos violentos e ilegales, fortalecer el sentido de pertenencia e identidad comunitaria, identificar y fortalecer liderazgos sociales, e impulsar procesos de organización y participación social. La Sedesol se dedicó a armar las licitaciones de las obras que se distribuirían entre la lista de constructores que le entregó la CMIC.

Durante el torneo de preinauguración de un parque en la colonia Plutarco Elías Calles, asolada por cinco pandillas, un joven fue asesinado después de un partido de futbol. Los problemas entre bandas no habían sido limados. Faltó el trabajo de cohesión social. “La mirada y la intervención comunitaria no se dio. Sedesol no rescató finalmente los espacios públicos”, insistió Laurencio Barraza, de la OPI.

Algunos integrantes de la Mesa Social tampoco estuvieron de acuerdo con las asignaciones de programas. Lourdes Almada señala que las estancias infantiles se construyeron en zonas que no eran prioritarias. Llamó la atención de otros integrantes de la mesa –quienes pidieron el anonimato– que las primeras colonias elegidas para su rehabilitación no siempre fueron las más pobres ni las más violentas.

Es el caso del parque de la colonia Oasis-Revolución, incluida gracias al impulso del sacerdote Mario Manrique, simpatizante del actual alcalde, Ernesto Teto Murguía, y conocido por su propuesta de implantar toques de queda, que no figuraba entre las prioridades. La colonia Luis Olague, seleccionada para la intervención, no era de las más problemáticas.

Integrantes de la Mesa Social señalaron que las obras no fueron bien seleccionadas por Eduardo Ortiz, el primer enviado del secretario de Desarrollo Social y a quien calificaron como desconocedor de la situación, que abandonó el plan a medias para irse de candidato a su natal Sinaloa, donde perdió la elección. Sin embargo, Ortiz tuvo tiempo de adjudicar obras a constructoras poderosas, cuya lista es un misterio.

“Ortiz, siempre que venía, se iba a cenar con los empresarios, con ellos pasaba mucho tiempo; también el secretario”, confió una activista que pasó por la Mesa Social, donde se definieron las obras de cada secretaría.

Los ganones de la intervención federal, además de los constructores, fueron los empresarios del ramo hotelero. El Diario de Juárez obtuvo información de que las tres primeras visitas de Calderón a la ciudad –donde estuvo “sólo algunas horas”– costaron al erario federal 2.3 millones de pesos tan sólo en viáticos y traslados del mandatario, así como de su equipo de seguridad y funcionarios de Los Pinos. La cifra no incluye los gastos de los empleados de secretarías que viajaron a la ciudad a supervisar las acciones semanal y mensualmente.

Sin embargo, activistas y empresarios por igual afirman que todo el dinero que se destine a Juárez no compensa la crisis económica y social desatada por la violencia.

El obispo quetzal

José Gil Olmos



MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- Cuando llegó a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en 1959, Samuel Ruiz García era uno de los obispos más jóvenes del país y estaba dentro de la corriente conservadora de la Iglesia católica. Pero el golpe de la pobreza, la explotación y el olvido en que estaban los indígenas en Chiapas lo transformó y lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su forma de vida, su pensamiento y el compromiso con los más pobres de los pobres del país y del Continente Americano.

Durante cuarenta años como obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz se dedicó a caminar las brechas abiertas a golpe de pisada para llegar a las comunidades tzotziles, tzeltales, choles, mames, tojolabales, zoques, jacaltecas, kanjobales, mochos y motocintlecas.

Con el paso de los días aprendió de sus lenguas, costumbres y tradiciones una forma de vida distinta a la occidental, más comunitaria y más cercana con la naturaleza. De alguna manera se transformó y comprendió la importancia de rescatar a estos mexicanos arrinconados en la historia nacional.

Con el transcurrir de los años, los indígenas lo reconocieron y le llamaron Tatic (padre) y entre los de sus diócesis le decían “Caminante”, porque así se le llamaba en clave en la banda de radio civil, a través de la cual se comunicaba con distintas comunidades empotradas en las regiones Selva, Sierra y Montaña chiapanecas.

Desde la catedral de la vieja Jovel, hoy conocida como San Cristóbal de las Casas, el joven obispo comenzó a evangelizar a los indígenas a pesar de la fuerte resistencia de una sociedad racista que trataba a los originarios como animales y los obligaba a bajarse de las banquetas cuando algún mestizo venía caminando por la misma acera.

Hacia mediados de la década de los sesenta, Samuel Ruiz aprovechó la realización del Segundo Congreso Misionero de México para preparar a los catequistas indígenas, dando lugar a la creación de las Escuelas Diocesanas de Catequistas, donde el laico indígena tomaría un papel importante en la evangelización de la diócesis.

Este paso sería revolucionario y fundamental en la vida de los indígenas chiapanecos, pues les proporcionó identidad como pueblo de Dios y una estructura de organización que nunca habían tenido, a través de los prediáconos, diáconos y tuhuneles indígenas. Además de una representación en la Iglesia católica.

Además, Samuel Ruiz se haría presente en los preparativos del Concilio Vaticano II, donde presentó la ponencia “La evangelización del indígena en América Latina”. Ahí volcó sus vivencias y reflexiones en torno a la renovación de la evangelización en los pueblos indios de América, y a la necesidad de dialogar y encarnarse en las culturas de los pueblos originarios del continente.

La efervescencia de esta nueva misión llevó a la formación del Seminario Regional del Sureste (Seresure), donde los nuevos sacerdotes se formarían para una nueva evangelización.

Ya en 1969, unos 52 obispos latinoamericanos se reunieron durante un mes para ponerse al día en la pastoral del continente y de ahí se dieron otros encuentros latinoamericanos, como el de Río Bamba, en Ecuador, donde fueron encarcelados los participantes; en Brasil y en Tehuantepec, así como en San Cristóbal de las Casas, en 1978.

En 1974, en el marco del aniversario del nacimiento de Fray Bartolomé de Las Casas, la diócesis de Samuel Ruiz dio otro pasos fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios de México, pues ayudó a la organización del Primer Congreso Indígena, en el que participaron más de 2 mil representantes de los cuatro grupos étnicos con mayor presencia en Los Altos, Selva y región Norte de Chiapas.

Fue ahí donde por primera vez se escucharon las exigencias de los más olvidados: tierra, salud, educación alimentación, cese a los hostigamientos del Ejército en las comunidades, alto a la represión de los pistoleros de los finqueros y terratenientes, construcción de caminos, créditos, comercialización y mejores precios de los productos del campo, entre otros.

Además, según algunos historiadores del movimiento zapatista, fue el punto de arranque de la integración de los indígenas del EZLN, que para entonces se denominaba Fuerzas de Liberación Nacional (FLN).

Tatic fue hostigado desde entonces por los caciques de Chiapas, recibió amenazas de muerte y fue acusado de tratar de subvertir a los indígenas. Los caxlanes (blancos y mestizos) de San Cristóbal lo repudiaron porque había tomado la opción de la Iglesia por los pobres, por el pueblo oprimido y marginado, es decir, por los indígenas.

Este reclamo y esta persecución se reflejarían en mayor medida cuando en 1994 surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y entonces se acusó desde el gobierno salinista al obispo de ser “el comandante” de la guerrilla indígena.

En plena efervescencia indígena armada, la curia de San Cristóbal fue manchada por los huevos que los “auténticos coletos” le lanzaron semanas después de que había sido la sede del primer dialogo entre el EZLN y el mediador del gobierno federal, Manuel Camacho Solís. Las ventanas de la fachada fueron rotas por las piedras arrojadas.

A pesar de ello, Samuel Ruiz encabezó la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que durante tres años seguidos trabajó en el proceso de pacificación, y como intermediario entre el gobierno federal y los zapatistas en los diálogos realizados en San Andrés Larráinzar.

La figura moral del obispo creció y fue reconocida a escala internacional, a pesar de la campaña negativa que sufrió por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad, de la Iglesia católica y del propio gobierno.

Por aquellos años se le veía caminando a paso lento por los pasillos de la curia diocesana. Dubitativo, buscaba soluciones al conflicto armado. Hablaba con los indígenas, con legisladores, con sus pares de otros países de América Latina que habían impulsado la Teología de la Liberación y con los enviados del gobierno en turno. No cesaba en su trajinar y los domingos oficiaba misas, en cuyas homilías siempre daba un mensaje que para los periodistas de todo el país y algunos extranjeros era la “nota”, pues destacaba el proceso de pacificación.

Samuel Ruiz nunca habló a favor de la lucha armada, siempre se manifestó por las vías pacíficas del cambio.

La importancia de su trabajo trajo nuevas amenazas de muerte. Ya no eran las guardias blancas contratadas por los principales caciques del estado quienes lo amagaban; ahora eran los grupos paramilitares, los que incluso atentaron contra él en uno de sus viajes a las comunidades. La Comisión de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que fundó en 1989, denunció estos ataques, así como la presencia de los grupos paramilitares en diversas regiones del estado, los que atemorizaban principalmente a las comunidades indígenas simpatizantes del EZLN. Pero nunca le hicieron caso hasta que ocurrió la matanza de 45 indígenas en Acteal, el 27 de diciembre de 1998.

Un año más estaría al frente de la diócesis hasta que por edad (75 años) tuvo que retirarse. En el Vaticano estuvieron más tranquilos pensando que su sustituto, Raúl Vera, tomaría una posición más conservadora, pero fue todo lo contrario, ya que decidió seguir los mismos pasos del Tatic.

El 10 de febrero del 2000, Samuel Ruiz se despidió de la diócesis de San Cristóbal. Ese día, miles de indígenas bajaron de las montañas y, desde los cuatro puntos cardinales, entraron en caravana a San Cristóbal de las Casas para despedir al obispo, quien el 25 de enero anterior había cumplido 40 años de servicio.

A pesar de que se retiró a vivir con sus familiares a Querétaro, la labor pastoral de Tatic fue reconocida en el país y otras naciones. Recibió, entre otros, los reconocimientos Paolo E. Borcellino, así como las medallas Roque Dalton, Benito Juárez, Letelier Moffitt, Oscar A. Romero.

Además, fue distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad de Tubinga, Alemania; el Premio León Felipe, de España, y nominado candidato al Nobel de la Paz en 1994, 1995, 1996 y 1997.

Su última actuación fue como miembro de la Comisión de Mediación en los trabajos para localizar a los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron desaparecidos en el 2005 en Oaxaca por militares y policías del estado.

A los 86 años murió Tatic, y sus restos fueron depositados en una urna de la catedral de San Cristóbal de las Casas, ceremonia a la que acudieron nuevamente miles de indígenas, bajando de las montañas, para despedir a quien alguna vez llamaron “el obispo quetzal”, por la fuerza de su espíritu.

Los republicanos ya no tienen pudor

Protestan cientos de rabinos por uso de imágenes nazis de conductor de Fox News En una carta abierta a Rupert Murdoch, director de News Corp, los rabinos pidieron una disculpa tanto de Glenn Beck como del jefe de Fox News, Roger Ailes, quien llamó a los críticos del conductor de ultraderecha como "rabinos de izquierda". .La carta aparecerá en un anuncio del periódico Wall Street Journal, también propiedad de Newscorp. Los rabinos pagaron más de 100 mil dólares por el espacio en el periódico, reportó una vocera.

En la carta, los rabinos citaron los "ataques inaceptables" de Beck contra George Soros, un inversionista judío multimillonario que creció en la Hungría ocupada por los nazis y que es blanco de los comentaristas de ultraderecha.

En sus diatribas, Glenn Beck acusó a Soros de ser un "judío que mandó a los judíos a los campos de concentración", lo cual causó la furia de los líderes religiosos.

Dan 23 años de cárcel a mujer por aborto en Baja California

Gladis Torres Ruiz

MÉXICO, D.F., 26 de enero (apro-cimac).- Feministas y organizaciones civiles de Baja California exigieron al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, la liberación inmediata de una mujer que el pasado jueves 20 fue encarcelada, acusada de homicidio agravado por parentesco, luego de que en 2008 sufrió un aborto espontáneo, por el que fue condenada a 23 años de prisión.

En entrevista, María del Carmen Rioseco, del Grupo Feminista Alaíde Foppa, con sede en Baja California, afirmó que este no es el único caso en la entidad, ya que hay más mujeres presas por aborto.

“Hay varios casos similares, de los cuales apenas estamos iniciando la documentación, ya que la información es de muy difícil acceso y se desconoce el número exacto de las mujeres encarceladas por un aborto”, comentó.

Sobre el caso denunciado, Rioseco informó que se le acusa del delito de homicidio agravado por parentesco, aun cuando la joven aclaró que fue un aborto espontáneo, ya que no se había dado cuenta que estaba embarazada.

De acuerdo con su testimonio, el 17 de mayo de 2008 tuvo un sangrado que provocó la expulsión espontánea del producto en gestación.

Luego de que sus familiares la llevaron al Hospital General de Mexicali para que la atendieran, fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del estado por el personal de salud del nosocomio.

Ante esos hechos, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, el Grupo Feminista Alaide Foppa y la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California solicitaron al mandatario estatal que respete el Estado laico y al Congreso estatal, en el sentido de cumplir y hacer cumplir las normas de protección a los derechos humanos de las mujeres.

El 26 de diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado de Baja California, que protege la vida desde el momento de la concepción, lo que a decir de las Organizaciones de la Sociedad Civil ha dado pie a las autoridades misóginas para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo al ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a sus derechos sexuales y reproductivos.