Ciudad de México, 30 de enero 2014 (ARTICLE 19).- ARTICLE
19 tuvo conocimiento de la denuncia penal que Irene Muñoz Trujillo,
Directora General de Mensaje y Nuevas Tecnologías del Gobierno del
Distrito Federal (GDF), interpuso contra el bloguero “Renegado
Legitimo”, quien el lunes 27 de enero publicó, en su blog informativo,
una investigación en la que denuncia que a través de la dependencia que
encabeza la Funcionaria se está favoreciendo, con publicidad oficial, a
“medios de información amigos” del GDF
En la denuncia penal, presentada el lunes
27 de enero en la Fiscalía Central de Investigación para Asuntos
Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), la funcionaria pide que se investigue al bloguero por
supuestos hechos “constitutivos de delitos” contra su persona.
Entrevistado por ARTICLE 19, el “Renegado
Legítimo” comentó que hasta el momento ninguna autoridad ministerial,
perteneciente a la PGJDF, le ha informado sobre la denuncia penal en su
contra, la cual calificó como un acto “intimidatorio” hacía su labor
informativa.
Para ARTICLE 19, llama poderosamente la
atención que la mencionada funcionaria denunció de forma genérica “por
hechos constitutivos de delitos” al bloguero, sin especificar la
conducta que le causó agravio.
Cabe recordar que conforme a la reforma
publicada el 19 de mayo de 2006 en el Distrito Federal, los llamados
delitos contra el honor (difamación y calumnia) fueron despenalizados.
Por ende, preocupa que Irene Muñoz Trujillo-en su calidad de funcionaria
pública- pretenda instrumentalizar y abusar de la procuración de
justicia para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Esto
sumaría otro mal precedente a la administración de Miguel Mancera que
constantemente ha criminalizado el ejercicio de la libertad de
expresión.
Es necesario precisar que las
informaciones y opiniones respecto al Estado y sus instituciones gozan
de mayor protección constitucional y convencional, por lo que las
entidades y funcionarios públicos tienen un deber de soportar con mayor
intensidad las críticas en razón de la naturaleza pública de sus
funciones. En este sentido, el Estado debe abstenerse con mayor rigor de
imponer limitaciones a este tipo de expresiones e informaciones que son
del interés general.
Con base en lo anterior, ARTICLE 19 le
exige a la PGJDF que se apegué a sus obligaciones de proteger,
garantizar y respetar los derechos humanos y desestime la denuncia de
Irene Muñoz Trujillo. De lo contrario, incurriría en una violación grave
del derecho a la libre expresión mediante la criminalización de su
ejercicio.
