Miles de rifles de asalto se pusieron a disposición de los cárteles de la droga mexicanos, cortesía del gobierno de Estados Unidos. Era 2009 en la frontera entre ambos países. Era la fracasada operación Rápido y Furioso, que buscaba rastrear a través de armamento de contrabando a los grandes capos y traficantes de droga de México. La huella de las armas se perdió y la estrategia falló. Ni Estados Unidos ni México supieron el destino de la munición y tampoco hallaron a esos capos. En los siguientes años diversas escenas de crímenes desvelaron por todo el territorio mexicano algunas piezas de ese sangriento rompecabezas. En la última década, ambos países han financiado estrategias para combatir al narcotráfico en el lado mexicano. A pesar del poco éxito, los socios transfronterizos siguen abonando más ceros a las cuentas de la guerra contra el narco.
México ha gastado más de 1,5 billones de pesos mexicanos (71.400 millones de dólares) en los últimos 10 años para luchar contra su enemigo número uno. Los presupuestos nacionales muestran el crecimiento sostenido del gasto en seguridad de aproximadamente un 15% anual. Sin dar marcha atrás los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto apostaron por aumentar la estructura de la Marina y el Ejército, los principales frentes de combate; la reestructuración de los cuerpos de policía, incluida la nueva Gendarmería; y la expansión de las operaciones de inteligencia. La inversión también ha permeado en el sistema judicial, que desde 2008 busca una transformación que hasta la fecha no ha conseguido.
Estados Unidos se sumó en 2008 a los planes de una guerra frontal contra el narcotráfico. A través de la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense aseguró 2.500 millones de dólares para emprender la aniquilación de los cárteles mexicanos. George W. Bush y Felipe Calderón sellaron el pacto que además reforzaría la seguridad en la frontera. La hermandad permitió, por ejemplo, el intercambio de información de inteligencia que llevó a la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en febrero de 2014. Los helicópteros de guerra y la formación estadounidense para la Fuerza Armadas mexicanas fluyeron a México hasta 2014, cuando EE UU puso en duda el compromiso de México con los derechos humanos tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los presupuestos nacionales muestran el crecimiento sostenido del gasto en seguridad de aproximadamente un 15% anual
La cuestión sobre si los fondos empleados en la guerra contra el narco funcionan ha tenido su primera reacción en el Congreso de EE UU. El senador demócrata Patrick J. Leahy ha insistido en el último año en bloquear los fondos ante la prueba de que “México ha permitido a su policía y Ejército evadir el castigo por cometer y encubrir crímenes horribles”. La Iniciativa Mérida buscaba reproducir el éxito que el Plan Colombia tuvo en la década de los años 90 para reducir el tráfico de drogas. Voces críticas como la de Leahy se desvanecen frente a las posibilidades de que el financiamiento se reanude. “Estados Unidos está satisfecho con lo mínimo, porque cumplen con una fórmula política de asistencia financiera, que también asegura que su punto de vista y su manera de hacer las cosas predomine”, explica Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia en México (Insyde).
“No estamos satisfechos con lo que hemos logrado”, reconoció hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto en la sesión 41 del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, el organismo encargado de coordinar todas las acciones para combatir el crimen en México. La franqueza de Peña Nieto coincide con el aumento de la percepción de la inseguridad entre los mexicanos: el 71,9% de los mexicanos se sienten inseguros. Pero la estrategia para 2017 sigue en la misma dirección: más recursos enfocados en el sistema de Justicia y en la preparación de los cuerpos de defensa. “Los indicadores no mejoran, porque las políticas públicas no mejoran. Se pueden repetir las mismas políticas aunque no haya resultados porque no hay consecuencias”, apunta López Portillo del Insyde.
México vive en un entramado donde los fondos para seguridad entran en una espiral que ofrece resultados pobres, señala López Portillo. El camino del gobierno mexicano en una década ha ignorado la medidas comunitarias para mejorar la seguridad —este año ha reducido los fondos para la prevención del delito— pero ha seguido abonando recursos a una inagotable red que cultiva lo que combate. “El Estado mexicano invierte para perder”, comenta el director del Insyde. La interrogante, de cara al 2017, será si el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguirá respaldando la añeja estrategia mexicana.
