Tras 1 mes de la ejecución extrajudicial de seis personas –tres de ellas alumnos normalistas–, no hay rastros de justicia; tampoco, del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos en Iguala, Guerrero. Vidulfo Rosales, litigante del caso, señala que las acciones de búsqueda coordinadas por el gobierno federal no están precedidas de un trabajo de inteligencia, además de que no emplean tecnología de punta. El defensor de los derechos humanos advierte sobre la pretensión de la PGR de consignar como secuestro la desaparición forzada de los estudiantes, cuando lo último que se sabe de ellos es que fueron detenidos por policías municipales e introducidos por la fuerza a diversas patrullas de la corporación
Ayotzinapa, Tixtla, Guerrro. El 6 de octubre de 2014, 10 días después de los hechos de extrema violencia en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos –que derivaron en el
asesinato de tres alumnos, tres civiles y en la privación de la libertad de otros 43 normalistas– Enrique Peña Nieto, presidente de México, se pronunció por primera vez.
Su tardía respuesta marcaría el rumbo de las investigaciones sobre este crimen, que Human Rights Watch –organización de defensa y promoción de derechos humanos con sede en Nueva York, Estados Unidos– ha señalado como la peor crisis de derechos humanos en México desde 1968.
Transcurrido 1 mes de la ejecución extrajudicial de seis personas, no hay rastros de justicia. Tampoco hay indicios claros del paradero de los 43 alumnos desaparecidos por elementos de la policía de Iguala.
Respecto de las acciones de búsqueda de los jóvenes normalistas, coordinadas desde el gobierno federal, Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los familiares de los normalistas detenidos-desaparecidos, advierte que éstas no están precedidas de un trabajo de inteligencia.
Cual gallina descabezada, la detección de los posibles puntos de localización de los muchachos se basa primordialmente en el método 066. Es decir, en los indicios que personas anónimas reportan a esta línea de emergencias. Así, dice, las autoridades han recorrido, sin éxito alguno, alrededor de 30 de los 50 puntos señalados telefónicamente.
Paralelo a ello, el Estado mexicano ha optado por detener a los mandos del grupo delincuencial Guerreros Unidos –que, según las autoridades federales y estatales, estaría vinculado con el crimen–, con la expectativa de que alguno de ellos aporte información sobre el paradero de los 43 normalistas. Estrategia hasta ahora fallida.
Otra deficiencia que destaca Vidulfo Rosales es la no utilización de tecnología de punta en aras de la eficacia de búsqueda: geo-radares, rayos infrarrojos, instrumentos tecnológicos que permitan detectar si la tierra fue removida o presenta concentración de calcio o químicos. En este sentido, informa, el pasado 13 de octubre los padres de familia ingresaron una solicitud de asistencia técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que se encuentra en trámite.
Consultado respecto de la aplicación de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, el defensor comenta que el país carece de dichas herramientas, lo que conlleva a que “el tema de la búsqueda sea un problema en México”. Ello, aunado a la actitud de “indolencia” de las autoridades mexicanas en otros casos de desaparición forzada, resulta en la nula experiencia.
Los operativos de búsqueda de los 43 estudiantes se fraguan desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, refiere su presidente interino Ramón Navarrete Magdaleno. La Comisión ha atestiguado las labores de búsqueda de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos desde finales de septiembre pasado.
Según el ombudsman local, la búsqueda sí ha incorporado tecnología de punta, además de los mecanismos clásicos, como caballos, perros amaestrados y reconocimientos por aire.
Aunque se desempeña “una labor muy importante” en la materia, los esfuerzos han sido insuficientes en la medida en que no se ha localizado a nadie, reconoce Navarrete.
Más irregularidades en la investigación
Tres indagatorias fueron iniciadas luego de los hechos de finales de septiembre pasado: una por homicidio calificado, otra por desaparición y, la última, por delincuencia organizada. La primera de ellas radica en el fuero común; las otras fueron atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR), dada la naturaleza de los delitos.
Al cierre de esta edición, el gobierno federal había capturado a 53 personas (22 policías de Iguala y 14 de Cocula y a 17 integrantes de Guerreros Unidos) por su probable responsabilidad en la muerte y desaparición de normalistas rurales.
Respecto de los policías que se encuentran en prisión, el abogado Vidulfo Rosales Sierra dice que sí hay elementos para considerarlos partícipes de los hechos, pero advierte que éstos “tuvieron la oportunidad de cambiar bitácoras y documentos que los ubican en un lugar distinto al momento en que acontecieron los hechos”. Situación que, indica, podría obstaculizar la posibilidad de justicia.
El litigante advierte, asimismo, sobre la pretensión de la PGR de consignar como secuestro la desaparición forzada de los estudiantes de
Ayotzinapa, bajo el argumento de que la pena por secuestro es mayor, siendo que lo último que se sabe de ellos es que fueron detenidos por policías municipales e introducidos por la fuerza a diversas patrullas de la corporación local.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.
Vidulfo Rosales indica que esta intentona ha cobrado fuerza a raíz de la dificultad que ha significado acreditar en términos estrictamente procesales el tema de la negativa de la autoridad de proporcionar información, “debilidad” muy explotada por la defensa de los procesados. El integrante de Tlachinollan sabe de las implicaciones políticas de consignar como secuestro y no como desaparición forzada el caso, en el sentido de que con ello se desdibuja la participación de la autoridad en el acto. Por eso, dice, “vamos a analizarlo bien con nuestros compañeros”.
En alusión a la investigación por homicidio, comenta que “va caminando bien”, aunque deberán revisarse algunas cuestiones técnicas del expediente que puedan debilitar la indagatoria.
Presunta participación de militares no consta en averiguación previa
La agresión contra los normalistas rurales ha revelado en sí misma las complicidades entre autoridades y delincuentes. Por ejemplo, la presencia en Iguala del 27 Batallón de Infantería –perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– no ha impedido que el grupo delictivo Guerreros Unidos opere sin limitaciones en dicha localidad, la tercera más importante de Guerrero.
Tampoco ha propiciado un clima de seguridad o de paz. Por el contrario, el 26 y 27 de septiembre pasados, cuando las ráfagas de los policías municipales arremetieron contra los normalistas rurales, los elementos castrenses permanecieron cuando menos inmutables.
O peor aún, de acuerdo con el testimonio de
Omar, un sobreviviente de la agresión policiaca e integrante del Comité Ejecutivo Estudiantil de
Ayotzinapa, los soldados podrían haber estado al tanto de los planes de detención-desaparición de sus compañeros. Y, en alguna medida, haber participado en los hechos violentos contra los jóvenes.
Omar narra que una vez consumados los tres ataques que perpetró la policía municipal de Iguala, con el apoyo de un comando armado (que según las autoridades pertenecería al cártel del narcotráfico identificado como Guerreros Unidos), un grupo de jóvenes logró llegar hasta una clínica particular con el objetivo de solicitar atención médica. Detrás de ellos venía una cuadrilla de más de 20 militares, quienes, con violencia, incluso cortando cartucho, arribaron al lugar.
Los soldados los sometieron, golpearon y amenazaron, asegura el joven. Pero eso no fue todo. La insinuación de desaparición se hizo presente: “Den su nombre real porque eso va a facilitar su búsqueda. Si dan su nombre falso, cuando los busquen nunca los van a encontrar”, habría pronunciado uno de los militares.
“¿Qué querían decir? ¿Nos estaban amenazando con desaparecernos?”, se pregunta Omar.
A pesar de testimonios como éste, Vidulfo Rosales Sierra señala que “de eso no existe nada en el expediente; no se ha abierto una línea [de investigación] en esa dirección”.
Contralínea solicitó entrevista con algún representante del 27 Batallón de Infantería. Por medio de un correo electrónico, la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena respondió: “debido a las actividades programadas con anterioridad no es posible atender su petición”.
Asesinatos y desapariciones sí son crímenes de Estado
Un grupo de policías violentos se alía con el crimen organizado para aniquilar y desaparecer tumultuariamente a estudiantes de una
Normal Rural. Creerse esta versión es para “ingenuos”, considera Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El defensor de derechos humanos enumera el conjunto de elementos que, según su valoración, estarían en la raíz de tal barbarie: la política del Estado mexicano de desmantelamiento de las normales rurales, en tanto que no responden a la lógica del mercado actual; la descalificación y estigmatización contra estas poblaciones escolares propiciada desde los medios de comunicación oficialistas; la infiltración de los grupos de la delincuencia organizada en el poder público; y la impunidad que impera en el país, reflejada, por ejemplo, en que a casi 3 años de homicidio de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, también alumnos de
Ayotzinapa, ninguno de los servidores públicos responsables ha sido castigado.
“Esta represión se enmarca en una política de Estado en la que resulta muy barato matar o agredir a los normalistas. Porque un policía o narcopolicía sabe que este acto no le traerá consecuencias, pues, de lo contrario, mediría la agresión que va a hacer.”
Respecto de la magnitud de estos hechos, Vidulfo Rosales destaca que en la historia reciente de América Latina no hay antecedente como el de Iguala, en el que en un solo evento hayan desaparecido a tantos estudiantes y convergido tantas y graves violaciones a los derechos humanos: a la libertad de expresión y de organización, a la educación, al libre tránsito, a la vida, a la integridad personal…
Para el representante legal de los familiares de los normalistas detenidos-desaparecidos, el hecho es sumamente grave e inimaginable, por lo que la comunidad internacional de derechos humanos debe tomar medidas serias para fincar responsabilidades.
En este contexto, la imagen que el Estado mexicano pretende proyectar al exterior: que su pasado autoritario quedó atrás, que ha transitado a la democracia, que las graves violaciones de derechos civiles y políticos acontecidas en la Guerra Sucia son parte del pasado. Esta visión es ficticia, asevera Vidulfo Rosales. Y es que el caso Ayotzinapa destapó una verdad que se oculta: “Que vivimos en un Estado autoritario y, peor aún, corrompido por la delincuencia organizada”.
Para la realización de esta investigación se solicitó entrevista con la PGR a través de José Luis Manjarrez, director de información de la dependencia federal. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
México, sin protocolos para atender la desaparición forzada
México carece de protocolos para atender los casos de desaparición forzada, considerada como un crimen de lesa humanidad. Por ello, diversas recomendaciones de organismos de derechos humanos internacionales han dirigido su atención al tema.
Durante el segundo Examen Periódico Universal –mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas– al que fue sometido el país en octubre de 2013, la República Islámica de Irán lo exhortó a “elaborar un protocolo nacional para la búsqueda de personas cuya desaparición se haya denunciado”.
Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos, refiere que quienes integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada también han insistido en la elaboración de dichos protocolos, sobre todo, los que se enfocan a la búsqueda en vida.
En un documento que elaboraron a propósito de la iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, presentada en el Senado de la República el pasado 11 de febrero, apuntan que esta “iniciativa debe contar con un capítulo especial en el que se establezcan los mecanismos de búsqueda urgente de las víctimas de desaparición forzada con vida, es decir, protocolos de actuación que se activen de manera inmediata para la búsqueda de los desaparecidos en cuanto se tenga noticia de que sucedió el hecho”.
A la fecha, la iniciativa en cuestión permanece varada en el Congreso de la Unión, lo mismo que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas, presentada ante la Cámara de Diputados.
Flor Goche, @flor_contra/Enviada
