Jorge Lara Rivera
Muchos son los llamados… y tanto lo desmentido por la realidad, que uno ya no sabe ni qué. Igual como ocurrió con la involuntaria revelación de Chepina Vázquez Mota que confirmó turbios tejemanejes del foxiato panista coludido en el IFE con el dispendioso Carlos Ugalde para “cargar los dados” en los comicios presidenciales de 2006 aquella tétrica noche del 2 de julio; en el marco de histeria colectiva inducida con el circo de las reliquias del beato exprés y la cachaza del Ejecutivo federal para negar sus compromisos con el Movimiento Ciudadano por la Paz con Dignidad, con la misma habitual hipocresía oligárquica que comparten sus integrantes en el país, al escándalo causado con la revelación de José Isidro Guerrero, obispo de Mexicali, B.C., la entidad donde el panismo criminaliza a la mujer –y pronto no sólo a las mujeres– por ejercer sus derechos reconocidos en el mundo desarrollado, de que hubo un telefonema injerencista del teócrata del Vaticano, Josef Ratzinger, a la Suprema Corte y la intervención del Ejecutivo federal y gobernadores panistas católicos (¡en un Estado laico!) para impedir la declaratoria de inconstitucionalidad de las aberrantes e involutivas reformas de la Constitución bajacaliforniana, ha correspondido el desmentido de rigor por parte de los salpicados con esa delirante declaración que rechazaron, negando haber recibido presión del clero aunque no la llamada en sí, sino más bien el tema. Por cierto que su segundo pronunciamiento, ahora en el caso de San Luis Potosí, estado también gobernado por el PAN, la cosa fue igual de estéril: no se alcanzó los 8 votos precisos para declarar la inconstitucionalidad, dejando en ambos casos abierta la posibilidad de conculcar a las mujeres sus derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Nada extraño, cuando la vocera de Seguridad Nacional y responsable de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandra Sota, le enmienda la plana al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en relación con la existencia de grupos paramilitares (escuadrones de la muerte) actuando en el país, la cual rehusó reconocer. Tal a pesar de ser público el programa oficial de un munícipe neoleonés (adicto a drogas suaves por otra parte) de crear y mantener, con patrocinio empresarial, un grupo de matones para eliminar a la delincuencia de San Pedro Garza García, los numerosos hechos sangrientos, mantas, comunicados y hasta detenciones de miembros de la Familia Michoacana y la reivindicación de las 35 ejecuciones en la confluencia del puerto de Veracruz y Boca del Río por ¿justicieros? quienes se autodenominan “Los Matazetas”; esto aparte del EPR en Guerrero.
Y allí tiene a la “valiente” Marisela Morales Ibáñez insistiendo en que se aprueben reformas autoritaristas, fascistoides que buscan implantar el estado policiaco con el pretexto de “combatir el lavado de dinero y fortalecer a corporaciones federales” cuyo personal (de PGR, policías federales y de la federal preventiva) está involucrado en secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes, infestado de corrupción e infiltrado por organizaciones criminales.
En otro rubro de desmentidos, para el caso de la tramposa propuesta de presupuesto de 2012 del régimen panista presentado al Congreso por el insensible y mendaz Ernesto Cordero, sustituido en Hacienda por el acomodaticio tecnócrata José Antonio Meade Kuribreña, que prosigue los criterios “macroeconómicos” neoliberales aunque resulta impositiva en lo fiscal, recesiva en lo económico e inflacionaria en lo social ante las actuales circunstancias globales, amén de inequitativa para los ámbitos federal y estatal; basta la realidad que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (puesta en manos del todólogo Francisco Mayorga Castañeda) ha venido negando acerca del riesgo de desabasto ante las recientes heladas, prolongada sequía e inundaciones que tanto afectan al agro mexicano, pero los hechos prueban que cerca de 19 millones de toneladas bajó la producción de granos. Pero, ¿cabe esperar otra cosa cuando, presa de vano frenesí triunfalista ajeno a la realidad nacional y a la vista de obras sin concluir, su jefe, el titular del Ejecutivo se permite alardear en Tabasco “si no hubiéramos hecho las obras…”, cuando lo procedente era un comprensible “si no hubiéramos empezado las obras”? Ya ve.
La Redim demanda al Estado mexicano que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que tiene la guerra en los niños!>Foto Sanjuana Martínez |
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 2
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 2
Alfredo tiene pesadillas porque vio morir a su hermana de 17 años en una balacera; Jorge (7 años), hijo de un desaparecido, dibuja un militar y un encapuchado apuntando al coche de la familia; César (10) perdió a sus padres en una balacera; se niega a ir a la escuela y no quiere salir a la calle; Jaime (12) observó cómo asesinaban a cuatro miembros de su familia y está herido en el hospital... Son los
“!>daños colaterales”!>más pequeños de la guerra contra el narco que ha cobrado la vida de mil 400 menores de edad y ha generado múltiples trastornos sicológicos a miles de niños abandonados por el Estado.
“!>No son considerados los impactos de la violencia armada en los niños. Son mil 400 homicidios y ninguna condena”!>, dice Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que ha contabilizado 345 muertes de menores desde enero de 2010 y alerta sobre los estados con mayor número de homicidios infantiles, entre los que se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.
Un total de 37 millones de niños viven en México, casi 37 por ciento de la población; de ellos, 20 millones padecen situación de pobreza y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83 por ciento tienen algún tipo de carencia:
“!>En esta lógica se puede ver lo poco que hace el Estado mexicano con la infancia. Sólo destina menos de uno por ciento del PIB para proteger a los menores y permitir que cambie su situación. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho de los niños a la vida”!>, dice Pérez García.
Miedo y odio
“!>No me dieron”!>, dijo Wendy (17) a su primo que conducía el coche rafagueado con cuernos de chivo por un comando que salió de una vereda en la carretera a Cerralvo, rumbo a Doctor González, Nuevo León. Wendy viajaba también con una amiga, pero a los pocos minutos del ataque, notó una mancha de sangre que se extendía en su blusa: las balas le perforaron el estómago. Alcanzó a llegar a su casa, su madre la llevó al hospital más cercano en Monterrey, a 80 kilómetros, donde fue atendida, pero murió.
“!>muy hinchada”!>. Siente mucho coraje:
“!>Los malos le dispararon”!>. Y repite:
“!>Los odio, los quiero matar”!>. No ha recibido ayuda de ningún tipo. En la escuela rural donde estudia no saben cómo apoyarlo. Nadie le ha medido su nivel de estrés postraumático. El Unicef no reconoce que México viva en una guerra, por lo cual no hay organismos institucionales interesados en aplicar protocolos de atención; el DIF no se ha acercado a ofrecerle apoyo, las autoridades de Nuevo León ni siquiera han investigado el asesinato de su hermana, que tampoco ocupó un espacio en los medios de información.
“!>Esa es la situación de miles de niños en las zonas rurales y urbanas. No están siendo atendidos”!>, dice el sicólogo Rodolfo Salazar Gil, quien ha creado un programa de atención a menores víctimas de la violencia, en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización civil que también ofrece ayuda a las víctimas más pequeñas de la guerra contra el narco:
“!>A los niños y niñas de México les están quitando la infancia y los espacios para jugar. Esta guerra mete en su imaginario la violencia, el odio, la venganza, el rencor; y les desplaza la belleza y el disfrute de la vida, la solidaridad. Es el mundo al que han entrado a vivir, lamentablemente”!>.
Los asesinatos de menores han aumentado vertiginosamente en el norte del país. Si antes el rango donde se registraban más homicidios era de 15 a 17 años, ahora el incremento se registra también en asesinatos de niños de cero a cuatro años.
El aumento de los homicidios y ataques a menores ha generado miedo y angustia en la población infantil:
“!>Los niños han perdido la seguridad, y cuando hay alguna agresión a la casa o algún familiar sienten que la seguridad que tenían ya no es real. Si además de la agresión a su entorno, le unimos toda la información que hay alrededor sobre la violencia y que está todo el tiempo y en todos lados, las fantasías se disparan. Los niños lo platican en las escuelas y eso les genera mucho miedo y una sensación de vulnerabilidad absoluta”!>, dice Rodolfo Salazar.