MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes del Consejo de Comunidades de la Montaña de Guerrero exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto su participación en el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero, a fin de garantizar que realmente se apliquen los recursos que se destinarán a la región más pobre del estado.
Los representantes de 10 municipios indígenas afectados por los huracanesManuel e Ingrid entregaron este miércoles la petición al gobierno federal, junto con una serie de denuncias sobre la falta de apoyo a las comunidades dañadas y el uso político que se ha dado a la tragedia.
La demanda para que el Ejecutivo intervenga en el Consejo Estatal para la Restauración de Guerrero –constituido por Peña Nieto el pasado martes 15 en Acapulco– fue presentada este miércoles en la Secretaría de Gobernación (Segob) por miembros del Consejo de Comunidades de la Montaña de Guerrero y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En entrevista, luego de una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Barrera Hernández informó que la solicitud fue recibida por el titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Segob, Francisco Yáñez Centeno.
“Entregamos el documento y nos levantamos de la mesa, porque el compromiso era que nos recibiera el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, pero cuando llegamos nos recibió este funcionario que para nosotros no es un interlocutor a la altura de las circunstancias, y nos dijo que regresáramos a Guerrero y que allá esperáramos respuesta y que nos coordináramos con los presidentes municipales”, apuntó.
Para el director de Tlachinollan, la primera respuesta del gobierno federal es de alta preocupación, porque precisamente lo que están denunciando los integrantes del Consejo de Comunidades de la Montaña de Guerrero, constituido el 23 de septiembre, una semana después del paso del huracánManuel, es que “se está marginando a las comunidades en la toma de decisiones sobre su vida y su futuro, dejándolo todo en manos de autoridades que han demostrado no sólo su ineficacia, sino su corrupción, y que explican el nivel de pobreza añeja de las comunidades indígenas”.
Durante la conferencia de prensa, al menos una docena de miembros de la organización indígena denunciaron que pese a los informes oficiales, la región de la Montaña sigue olvidada.
Detallaron que en esa zona prevalecen comunidades aisladas por los deslaves; los caminos y carreteras siguen bloqueados por los derrumbes; los desplazados siguen viviendo a la intemperie, bajo plásticos; los alimentos no llegan a las comunidades, y no hay cifras reales sobre los fallecidos, desaparecidos y damnificados a causa de la incomunicación, en tanto que toneladas de despensas permanecen almacenadas en bodegas municipales para darles uso político.
En voz de Salvador Feliciano, el Consejo de Comunidades de la Montaña de Guerrero informó que los reportes que hasta ahora han obtenido es de 40 fallecimientos, que de estar contemplados en el conteo oficial de las muertes ocurridas en el estado (78), representarían más de la mitad y casi la tercera parte de los 130 fallecimientos tras el paso de Manuel e Ingrid a escala nacional.
Además, dijo, no les han entregado hasta ahora apoyos específicos a las familias de los fallecidos que sufragaron gastos extraordinarios o perdieron a quien era la única fuente de ingresos en su hogar.
La organización indígena denunció que en los censos para la reubicación o apoyo para reconstruir viviendas, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) está considerando únicamente aquellas casas que fueron destruidas y no las que tienen daños, lo que sigue poniendo en riesgo a los habitantes.
Margarita Nemesio, integrante de Tlachinollan, acotó que mientras la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sólo ha contabilizado en la Montaña a tres comunidades desplazadas, de las 215 que hay en todo el estado de Guerrero, el Consejo de Comunidades ha detectado cerca de 50 localidades que fueron abandonadas por los daños que causó el meteoro.
Expuso que a pesar de que las autoridades federales y estatales anunciaron la distribución de 117 toneladas de maíz y 100 de arroz, “en las comunidades el desabasto es palpable”, obligando a las familias a emigrar como jornaleros agrícolas a Estados Unidos.
Sobre el supuesto uso político de las despensas enviadas, los indígenas señalaron a los presidentes municipales de Acatepec, Juan Paulino Neri; Metlatónoc, Neftali Hernández, y Malinaltepec, Aristóteles Brito Arroyo, como responsables de mantener en bodegas las despensas que han llegado para la región, mientras la población padece hambre.
Abel Barrera denunció que frente a la decisión de las comunidades de organizarse, han recibido amenazas de parte de autoridades municipales de iniciarles procedimientos penales, sobre todo porque han tomado la iniciativa de abrir bodegas donde se guardaban las despensas.
Uno de los denunciantes narró que la malversación de apoyos no es nueva en la región. Durante el paso de la tromba de agosto pasado, dijo, se enviaron a Malinaltepec 13 mil láminas para atender a las familias cuyas casas fueron afectadas de la comunidad de Tilapa, pero esos materiales nunca llegaron porque las autoridades municipales las pusieron en venta en sus negocios de materiales de construcción.
Por esos antecedentes es que los integrantes del Consejo de Comunidades de la Montaña de Guerrero exigieron al gobierno de Peña Nieto “reconocer que son las comunidades y no los ayuntamientos los verdaderos referentes identitarios de la gente”, por lo que “su plena participación debe garantizarse en la toma de decisiones gubernamentales”.
