Astillero
Luces y sombras del SME
Resistencia sostenida
Zigzagueo politiquero
El del SME es un problema demasiado complejo para verlo solamente a través de la lente policiaca o vial. Para empezar, proviene de un acto de injusticia cometido por el gobierno calderonista con el objetivo de despejar el camino a los venideros negocios relacionados con la fibra óptica. Como todas sus acciones bélicas, la del comandante Felipe contra Luz y Fuerza del Centro y sus trabajadores organizados fue acompañada de una intensa campaña propagandística de satanización política y social, sin que el relevo técnico apresuradamente habilitado, el de la Comisión Federal de Electricidad, resultara más eficaz (y ni siquiera más barato, sino todo lo contrario: miles de usuarios se quejan de los altos cobros sin fundamento que se han generalizado con la empresa sustituta) y sin que la resistencia de los empleados desplazados fuera exterminada, a pesar de los anzuelos de las liquidaciones supuestamente generosas, los falsos planes de recontrataciones masivas y el reiterado linchamiento mediático.
El del SME es un problema largamente desatendido y, lo peor, constantemente sujeto a provocaciones, burlas e incumplimientos de parte del bando calderonista, con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, como golpeador designado. Así, dejando tirado en la calle, bajo maltrato, un problema social que afecta a decenas de miles de familias, el calderonismo ha ido generando la descomposición política que entre otras consecuencias ha tenido la de mostrar a los resistentes que no tienen camino ni alternativa legales a la mano, que su destino ha sido decidido en términos negativos por el pulgar del césar de Los Pinos y su corte de intrigantes.
Además, la dirección política del movimiento ha zigzagueado y ha permitido que la mala yerba de la politiquería afecte la verticalidad de ese difícil movimiento de resistencia: lo mismo apareció su máximo dirigente, Martín Esparza, en actos priístas como el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto que en Coahuila, acompañado de Carlos Moreira, dirigente del SNTE en la entidad y hermano de Humberto (ayer mismo, el presidente nacional del PRI defendió al SME y culpó a Calderón y Lozano de crear las condiciones que provocan violencia como la vivida en una zona de la ciudad de México. Humberto Moreira precisó que hasta el momento no conoce de ninguna solicitud de Esparza para afiliarse al tricolor). Y las opacas negociaciones en Bucareli, luego de una prolongada huelga de hambre, para conseguir que el calderonismo prometiera la toma de nota a Esparza y el SME, como si a fin de cuentas los fieros adversarios hubieran llegado a arreglos duraderos (ayer, aprovechando el viaje, la Secretaría de Gobernación anunció que no negociará más con quienes cometen actos de violencia). Y en octubre de 2010, la extraña y cara movilización masiva para dar a conocer en el estadio Azteca la constitución de una Asociación Política Nacional que en marzo de este año debería haber realizado su congreso fundacional para estar en condiciones de hacer alianzas con el partido que escojan.
En esas condiciones maltrechas, la persistencia opositora del SME ha permitido que enojos y resentimientos sin cauce político devengan en violencia sin justificación que les merma el de por sí declinante apoyo social que conserven o que, como sucedió ayer, sirven de inductor para detonar expresiones del odio social que el calderonismo instaló en México desde 2006, convertidos los estallidos de ira y las agresiones sin sentido en una fórmula ideal de explotación de las condiciones polarizadas que guarda la sociedad mexicana, motivo oportuno para avanzar en el proceso de demonización de la izquierda, los sindicatos, las movilizaciones, la crítica, la oposición... Provocadas por factores externos o por descontrol interno y pérdida de rumbo, las escenas de violencia registradas ayer potencian la vertiente social deseosa de mano dura (la explosión de mufas en el Centro Histórico de la ciudad de México de inmediato abrió otro expediente extraoficial contra los electricistas: sospechas, sin ningún fundamento, de terrorismo).
Sin gobernantes a la altura de las circunstancias, ni caminos legales confiables, ni operatividad política, los problemas sociales se van pudriendo y el descontento popular va tomando caminos de violencia por desesperación. Mientras no haya vertebración sensata y honesta de esos esfuerzos y enojos, mientras no se tracen caminos inteligentes de lucha pacífica reivindicatoria, la violencia política continuará apareciendo, contradictoria, condenable, y seguirá beneficiando a sus adversarios y dando paso a las tentaciones del autoritarismo, cada vez más presentes en la desesperada élite derechista gobernante (por lo pronto, ayer, las escenas de violencia relacionadas con el SME ayudaron a desplazar mediáticamente el asunto de Javier Sicilia, su plantón y las eventuales movilizaciones por venir, y de las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas).
Astillas
Los cárteles mexicanos ya están bien metidos en territorio gringo y actúan cuando menos en 230 ciudades, dijo la subsecretaria adjunta de Estado para México y Canadá, Roberta Jacobson, en una virtual etiquetación oficial de nuestro país como un activo peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos (con todas las consecuencias que ello implica, entre otras, la de “justificar” el intervencionismo de la Casa Blanca y el Pentágono en los asuntos del fallido vecino que ya está dañando el supremo interés imperial)... Por otro lado, una corte estadunidense de apelaciones rechazó la aplicación en Arizona de las partes más agresivas de la ley SB 1070... Y, mientras en el PRD asumen que por razones éticas, videográficas e incluso de estricto cálculo electoral pragmático no les conviene mantener a René Bejarano como miembro de su consejo político nacional, convertido ese hecho en manjar para los publicistas de guerra sucia contra la izquierda y quien sea su candidato presidencial en 2012... ¡hasta mañana, con Francia prohibiendo el uso de la burka en lugares públicos!
Se consideró improcedente la controversia constitucional presentada por 5 municipios tabasqueños al considerar que carecen de "interés legítimo" para impugar contratos de la paraestatal. 
