Jaime Avilés
Legalizar la subcontratación para no generar derechos laborales es uno de los aspectos que contiene la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en días pasados por el PAN en la Cámara de Diputados. La imagen corresponde a una marcha obrera realizada el primero de mayo de 2007 José Carlo GonzálezFoto Foto
Como un estruendoso estallido de bombas se escuchó anteayer, jueves, en la Cámara de Diputados, el silencio que guardaron los diputados del PRD una vez que sus aliados” del PAN terminaron de proponer los cambios a la Ley Federal del Trabajo, que los patrocinadores del fraude electoral de 2006 le dictaron al porro mayor del gabinete calderónico, Javier Lozano Alarcón.
Ni pío dijeron los perredistas, mientras los del PRI hacían como que no les gustaba la cosa y anticipaban que la reforma “no pasará”, pese a que azules, tricolores y amarillos están de acuerdo en lo fundamental: legalizar los contratos basura, impedir que las nuevas generaciones de trabajadores acumulen antigüedad para que nunca puedan jubilarse ni gozar de una pensión, así como penalizar toda forma de disidencia que provenga de los sindicatos.
Como el Seguro Social está quebrado y no tiene futuro a mediano plazo; como los empresarios de hoy sólo pretenden obtener las máximas tasas de ganancia sin dar nada a cambio; como a la dictadura no le interesa “gobernar” con estabilidad sino con garrote, bala y cárcel; como la división nacional es irreconciliable, la Ley Lozano entró, como Felipe Calderón, por la puerta de atrás del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero llegó para quedarse.
Desfiladero lo adelantó hace tres sábados: aprobar la Ley Lozano será el costo que los perredistas habrán de pagarle a Calderón para compartir con El Yunque el gobierno de Oaxaca (sin Andrés Manuel López Obrador). Tal como estaba previsto, la iniciativa ya fue incorporada a la agenda del Congreso y, tras los comicios del 4 de julio, podría ser sometida a votación durante la etapa final del Mundial de Sudáfrica.
¿Alguien duda que la bancada del PRD –con honrosas y decorativas excepciones– va a oponerse a la Ley Lozano? Los diputados leales a Jesús Ortega, que son mayoritarios dentro de la fracción amarilla en San Lázaro, aprobaron con el PRI y con el PAN los aumentos a los impuestos y el devastador paquete económico de Agustín Carstens en diciembre. Carlos Navarrete, jefe de los chuchos en el Senado, lo explicó así hace unos días:
“Ahora somos una oposición constructiva. Antes estábamos en la loma tirando piedras”, dijo para explicar su traición al movimiento popular que lo llevó al Poder Legislativo, y su descalificación al único dirigente opositor que ha mantenido una línea de congruencia en defensa del proyecto alternativo de nación.
De modo que si los chuchos no se tocaron el corazón para aumentar los impuestos, disminuir el poder adquisitivo, fomentar la inflación, el desempleo, la descomposición social y la violencia estructural que destruye al país, no les importará en absoluto darle el sí a la Ley Lozano. Y si los pronósticos de esta columna se cumplen, después serán ellos quienes propondrán que se aplique IVA a medicinas y alimentos cuando el PAN presente la reforma hacendaria.
Francisco Rojas, a nombre de los diputados priístas, reaccionó con presteza el jueves al vaticinar que la Ley Lozano no pasará. Ajá. Y los líderes charros de la CTM se sumaron al coro asegurando que no permitirán la pérdida de derechos de los sindicatos. Ajá. Como si alguna vez los hubieran defendido. Uno de los aspectos de la iniciativa que, sin embargo, podría inquietarlos, es aquel que aspira a prohibir que los trabajadores agremiados paguen cuotas sindicales. En este sentido, podemos jurarlo, los herederos de Fidel Velázquez serán inflexibles.
¿Están ustedes haciendo carrera en una empresa privada o en el servicio público? ¿Ya están pensando en cómo aprovecharán su tiempo libre cuando dentro de 10 o 15 años se jubilen? Pues despierten porque, gracias a la Ley Lozano, pronto los despedirán de su empleo para evitar que el IMSS o el ISSSTE se vean obligados a gastar en ustedes por el resto de sus días, y por lo tanto no sólo no gozarán de una pensión, y quizá tampoco de sus ahorros, sino que deberán buscarse el bolillo de cada día como puedan y donde puedan.
Mañana, a partir de las 10 de la mañana, los militantes de la resistencia civil pacífica se reunirán en el Hemiciclo a Juárez con Andrés Manuel López Obrador, para celebrar la primera asamblea de la Convención Nacional Democrática en 2010. No será un acto de trámite pero tampoco marcará un nuevo punto de partida. Habrá definiciones muy precisas ante los graves problemas que agobian al país, y se insistirá en el rechazo a las alianzas de Manuel Camacho y Jesús Ortega con El Yunque y los panistas. Pero no habrá rupturas ni se propondrán iniciativas para pasar a la acción en lo inmediato.
Si estas débiles expectativas se confirman, el movimiento obradorista recibirá permiso de tomarse un trimestre sabático, de abril a julio, en aquellos estados de la República donde no habrá elecciones, si bien los pejesimpatizantes serán exhortados a seguir repartiendo casa por casa el periódico mensual Regeneración, la nueva herramienta que el “gobierno legítimo” está empleando para extender la organización popular en defensa del voto rumbo a los comicios presidenciales de 2012.
Muchas preguntas flotan en el aire. ¿Tiene sentido privilegiar la vía electoral como método exclusivo de lucha en contra de una dictadura cada vez más criminal y despótica? ¿Vale la pena concentrar la energía del movimiento en los procesos electorales de este año, que en el mejor de los casos elevarán al poder a políticos conservadores?
¿No revisten ninguna importancia las luchas sociales, como las que están en curso por la liberación de los presos de Atenco, las indígenas de Querétaro, por la salida del Ejército de Ciudad Juárez, en apoyo a los mineros de Cananea, a los despedidos del SME, a los defensores de Cerro de San Pedro, del Ombligo Verde y de La Pastora, entre muchas otras? Y como a la oportunidad la pintan calva, ¿no es el momento de detenerse a reflexionar en que, así como se opuso a la privatización total de Pemex, el movimiento debe salir a las calles desde ahora para combatir la Ley Lozano, que nos amenaza a todos?
Desde luego, la coyuntura no puede ser más compleja. Los sindicatos filopriístas, de telefonistas y mineros, y las distintas expresiones de la sociedad civil que se comprometieron a impulsar con el SME la “huelga política” que a duras penas estalló el pasado martes, a la hora de la hora dejaron solos a los electricistas despedidos, quienes fueron víctimas, una vez más, de los garrotes, las balas y los gases de la Policía Federal, que el miércoles, por cierto, envenenaron a los bebés de una guardería capitalina.
(El “gobierno” de Calderón pasará al basurero de la historia como un esperpento que odiaba a los niños: en estos tres años no ha hecho sino lastimarlos. Primero fueron “los más aplicados del país”, a quienes el Ejército “hospedó” en barracas del Campo Militar Número Uno. Luego, los bebitos achicharrados en Hermosillo; después, los pequeños músicos que se quemaron los ojos durante un concierto en honor a Lujambio en la SEP; en seguida, vino la acusación de “pandilleros” que insultó a los adolescentes acribillados en Juárez, y ahora la represión contra los nenes chilangos.)
Miles de personas acudirán mañana temprano a la Alameda para escuchar a López Obrador. El hombre que los convoca significa la única esperanza de cambio verdadero para millones de mexicanos. Por eso, todos los días a toda hora, la televisión, el radio y la prensa del régimen repiten que “ya no representa a nadie”. Ajá. Si así fuera dedicarían su tiempo-aire a otros temas. Pero, a pesar del amplio respaldo popular que lo acompaña, el máximo dirigente opositor de México deberá esforzarse para que, después del mitin, la gente vuelva a casa con menos preguntas que respuestas. ¿Ahí nos vemos?
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