jueves, 4 de julio de 2019

Ligado a secuestro, líder de protestas de Policía Federal, acusa Durazo


El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que varios de los líderes visibles en las protestas de policías federales están vinculados a grupos de interés y que incluso uno de ellos estuvo preso por el delito de secuestro.
Indicó que varios de los dirigentes no son miembros de la Policía Federal y sí están ligados a actos de corrupción en la corporación y a intereses ajenos, e incluso vinculó a algunos de ellos con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
“No es casual que uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical”, además de la cobertura mediática que se ha dado al tema, expuso el funcionario federal en conferencia de prensa.
En este marco, refirió que uno de los líderes estuvo preso varios años por secuestro y es ahora uno de los activistas del movimiento, y refirió que se trata de Ignacio Benavides Torres, quien tiene antecedentes penales.
De acuerdo con la ficha difundida, Benavides Torres fue sentenciado por el delito de secuestro y cumplió la pena impuesta en el Cefereso Número 3, además de que tiene siete investigaciones abiertas en Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y Tamaulipas.
Además, se identifica a esta persona como activista de derechos humanos, presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América A.C., ubicada en Tijuana Baja California.
Tras señalar que las protestas de elementos se entienden como su derecho, pero es un movimiento que no tiene razón de ser, refrendó: “que quede claro no hay ningún despido de los elementos de la Policía Federal, todos los buenos elementos tendrán su oportunidad laboral si es de su interés”.
Indicó que aun cuando cuenta con valiosos elementos, la Policía Federal, al igual que las policías municipales, fue abandonada por los gobiernos federales anteriores al actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido mencionó, sin dar nombres, que un expresidente mexicano ahora se “rasga las vestiduras defendiendo a la Policía Federal”, cuando en su momento, como jefe del Ejecutivo federal, pudo mejorar a la corporación.
“Fue abandonada (la Policía Federal) históricamente por los distintos gobiernos que nos precedieron, no en vano el gobierno de la República tomó la decisión de llevar el Ejercito a la calle para enfrentar el crimen organizado ante la insuficiencia y debilidad de la Policía federal en ese entonces la justificación fue precisamente esa”, la incapacidad de esa corporación.
Durazo Montaño reiteró que detrás de toda la movilización de policías federales hay intereses, pero dejó en claro que hay capacidad y disposición de para resolver el tema a satisfacción de los legítimos interesados.
Además, el secretario de Seguridad Pública dio a conocer que existe una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por las anomalías en la adquisición de un sistema de inteligencia denominado “Rafael”, en el año 2015.
Detalló que la contratación se hizo el 23 de diciembre por más dos mil 400 millones de pesos y se detectaron violaciones en el proceso de adquisición, además de que actualmente hay un adeudo de mil 300 millones.
Refirió que se habla de un sobreprecio de cuatro veces el valor real y que en breve se presentará la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable.
Luego de las agresiones a la coordinadora de la Guardia Nacional, Patricia Rosalinda Trujillo, ocurridas la víspera durante la protesta en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, por su incorporación a la nueva corporación, Durazo rechazó las acciones violentas y dejó en claro que no se admite ese trato a nadie.
“Así como nosotros no vamos a reprimir el movimiento, tampoco aceptamos que los inconformes tengan expresiones violentas con ninguno de sus compañeros, mucho menos con una mujer, compañera tan destacada y digan de méritos”, expresó.
Esa actitud, dijo Durazo, “deslegitima a la institución que dicen defender; lastiman la imagen de la Policía Federal; no nos sorprendemos ni rechazamos su inconformidad ni sus manifestaciones, pero los llamamos, dada la disposición y apertura del gobierno, a que utilicen las vías instituciones para plantear sus demandas”.
Por otra parte, el funcionario federal pidió a los elementos de la Policía Federal que han abandonado sus puestos de trabajo a devolver las armas y vehículos oficiales.
“El llamado es que regresen los vehículos que corresponden y entreguen su arma de cargo, como debe ser cuando alguien está fuera de servicio”, expresó en la conferencia de prensa donde dio a conocer datos de los líderes que encabezan las protestas de policías federales.

Policía Federal: planificar la extinción

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esde la madrugada de ayer, centenares de elementos de la Policía Federal (PF) iniciaron un movimiento de protesta en contra de lo que consideran violaciones a sus derechos laborales por la extinción de esa corporación y las condiciones para que sus miembros se integren a la naciente Guardia Nacional. Las acciones de los uniformados incluyeron un paro de labores en todas las sedes de la corporación en la Ciudad de México, el cierre de vialidades como el Periférico capitalino o la autopista México-Pachuca y la presentación de demandas de amparo ante juzgados federales.
La primera consideración ante las muestras de descontento es la necesidad de separar lo que pudieran ser preocupaciones legítimas de los uniformados por la preservación de sus derechos laborales –como los referentes a ingresos y antigüedad– de los afanes por conservar privilegios como bonos y otras prebendas y de exigencias a todas luces improcedentes, como la de ser incorporados al nuevo organismo de seguridad pública aunque no cumplan con el mínimo requisito de encontrarse en forma física para ello.
Debe considerarse, además, que las protestas se efectuaron pese a las garantías brindadas tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como después de que este último ofreció un diálogo directo con los uniformados. En este contexto, las medidas tomadas por éstos parecen confirmar lo mencionado por el mandatario durante su conferencia de prensa matutina de ayer, en el sentido de que muchas resistencias al cambio se originan en la descomposición y las malas prácticas que han florecido en los organismos de seguridad pública durante los años recientes.
Por otra parte, la desaparición de la PF plantea un problema de fondo que por su potencial gravedad no puede ser soslayado: el de las dinámicas perniciosas que pueden desatarse cuando se extingue una corporación de este tipo. Baste con recordar dos de los casos más emblemáticos por los niveles insólitos de corrupción alcanzados por sus integrantes: el de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) del entonces Departamento del Distrito Federal, desaparecida en 1982, y el de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), transformada primero en Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional en 1985, para en 1989 dar paso al ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). En efecto, los procesos de desaparición de ambas corporaciones, pensados como esfuerzos de saneamiento, moralización y depuración de las policías, se tradujeron a la postre en un mayor debilitamiento del estado de derecho, pues el despido pobremente planificado de cientos de agentes capacitados para el manejo de armas, conocedores de la logística tanto de la criminalidad como de las instituciones de seguridad y en muchos casos entrenados en técnicas de tortura, acabó por reforzar los cuadros de la delincuencia organizada.
En atención a estos antecedentes, y más allá de lo que ocurra con la disconformidad de un sector de la PF, es imperativo planificar de manera meticulosa la extinción de dicho cuerpo, pues sólo así podrá evitarse el doble mal que supondría trasladar prácticas indeseables a la recién creada Guardia Nacional y engrosar las filas de las organizaciones delictivas.

MOTIN-Helguera

En cinco años, 40 morenistas asesinados

La mayoría, en Guerrero y Oaxaca
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Muchos eran opositores a proyectos que afectan al ambiente o funcionarios en municipios con presencia del crimen organizado
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de julio de 2019, p. 15
En los casi cinco años de existencia de Morena como partido político han sido asesinados 40 de sus militantes, la mayoría en Guerrero y Oaxaca. Aunque muchos casos están vinculados con la presencia del crimen organizado en los municipios, también se debe a que luchaban contra proyectos que afectan el medio ambiente, sostuvo el secretario de Defensa de Derechos Humanos de la dirigencia nacional de Morena, Carlos Figueroa Ibarra.
Tenemos 40 compañeros de Morena asesinados en los recientes cinco años por distintas fuerzas; básicamente el elemento de mayor violencia es en el ámbito municipal. Hay una penetración enorme del crimen organizado en el ámbito municipal, y estos criminales son los principales actores de violencia contra alcaldes o regidores y funcionarios municipales o militantes que están luchando contra proyectos, señaló Figueroa.
Recalcó que la mayoría de los casos son consecuencia de la situación de inseguridad en el país, aunque en muchos casos sí es porque son de Morena, porque están metidos en luchas contra proyectos que degradan el ambiente, agregó, por lo que es un tema que preocupa al partido.
Señaló que en las pasadas elecciones se dieron varios asesinatos en Oaxaca, incluido el de cuatro militantes que viajaban en una camioneta, por lo que consideró que se trata de violencia política.
En Nayarit, aunque ha habido menos ejecuciones, “se dio el caso de un compañero que luchaba contra las termoeléctricas que estaban construyendo ahí: fue asesinado haciendo parecer que era un accidente… Y así, muchísimos otros”. Además, precisó, han recibido denuncias sobre amenazas y muertes con trasfondo político en estados del norte del país.
El resto de los partidos, subrayó, también han padecido atentados fatales contra militantes, incluso en mayor cantidad.
Desde que fue creada esta instancia partidista, la mayor cantidad de denuncias que han recibido están relacionadas con las amenazas a luchadores de derechos ambientales, que están en contra de proyectos. Son amenazas hechas por grupos al servicio de las empresas, sostuvo el integrante del Comité Ejecutivo Nacional morenista.