miércoles, 19 de agosto de 2009
Narcopropaganda. Raymundo Rivapalacio
August 19, 2009
— 1:00 am
Un nuevo campo de batalla se abrió en la guerra contra el narcotráfico: los medios de comunicación. Hace un mes, un tercer nivel de La Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez, se comunicó con Marcos Knapp, conductor del programa “Voz y Solución” de la empresa CB Televisión, para proponer al presidente Felipe Calderón un pacto del gobierno con el narco. Aunque la propuesta era retórica y el contenido propagandístico, desequilibró al gobierno federal, que tuvo que usar al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para responderle y evitar, como había sucedido durante largas horas ese día, que la palabra de un criminal fuera más poderosa que la de los voceros gubernamentales.
Hace semana y media, el periódico Milenio difundió una entrevista con el mismo delincuente, a quien se le conoce como “La Tuta”. El director de su edición en León, Pablo César Carrillo, dice lo buscó con ese fin, por lo cual Milenio lo cantó como un golpe periodístico. Varios comentaristas de radio le hicieron eco al postulado del diario, aunque rápido cambiaron posición. Si se le cree a Milenio que él pidió la entrevista, Carrillo fue una cándida víctima de “La Tuta”, que llevaba semanas pidiendo espacio en medios de comunicación. Cuando menos en Televisa y TV Azteca le habían dado un palmo de narices, negándose a abrir el micrófono a un narcotraficante.
Alberto Islas director de la consultora Risk Evaluation, a quien citan regularmente en la prensa extranjera como experto en seguridad, preguntó al final de una columna del especialista en medios Raúl Trejo en el periódico digital Eje Central: “¿Una entrevista con ‘El Chapo” tiene o no valor periodístico? Yo creo que sí… Un publirreportaje del Chapo o de cualquier otro personaje, creo que no”. Islas escribió en el contexto de la entrevista de “La Tuta” en Milenio, donde -como en CB Televisión-, sólo reprodujeron lo que deseaba expresar el delincuente. Estos episodios llevan a cuestionarse sobre la validez ética y profesional de una entrevista con un criminal, y sobre qué se podría esperar de un narcotraficante más allá de su dicho que, por más vueltas que se le quiera dar, no será más que propaganda.
Hace tiempo, dos editores consumidos por la ansiedad, comunicaron a su director que una reportera del diario en que trabajaban había recibido la oferta de entrevistar a Joaquín Guzmán Loaera, “El Chapo”. La respuesta automática fue no. “Sería un gran golpe periodístico”, dijo uno de los editores, con mucha anticipación a lo que señaló Milenio sobre su entrevista con “La Tuta”. ¿Golpe periodístico? ¿Por qué razón un criminal prófugo querría dar una entrevista? ¿Le preguntará el periodista por qué delinque? ¿Por qué envenena a la gente con las drogas? ¿Lo cuestionará sobre por qué asesina? ¿Lo interrogará sobre sus conexiones con los cárteles, a quiénes corrompe en los gobiernos y sus redes de protección? ¿Inquirirá sobre cómo se escapó de una cárcel de máxima seguridad? Es posible que alguien esté dispuesto a preguntarlo. Pero hasta hoy, no. Ni en la entrevista de CB Televisión, ni en la de Milenio, ni en la que publicó este domingo Proceso con la esposa de Vicente Carrillo Leyva, de la familia del Cártel de Juárez. En los tres casos se les permitió decir lo que quisieron.
En el caso de la anécdota sobre el ofrecimiento de la entrevista con “El Chapo”, hay un segundo nivel de responsabilidad, el de la seguridad del periodista. ¿Y si la entrevista es una trampa? ¿Cómo se garantiza su vida? Y aún garantizando su vida, se planteó como hipótesis, si en los días posteriores a la entrevista detuvieran a Guzmán Loaera o se viera involucrado en un enfrentamiento, ¿pensarían que la reportera lo había delatado? Y aún más, ¿qué pasa si no le gusta la forma como salió la entrevista? Y si le gusta, o sale bien para sus intereses, ¿qué pensarán sus enemigos? Cualquier pregunta llevaba a la misma respuesta: ese diario, por la vía de la entrevista, llevaría al narcotráfico y todo lo que significa, a las puertas de la empresa.
Esto no es un asunto de libertad de expresión, sino de sentido común. Abrir la puerta de un medio de comunicación a un criminal que tiene por modus vivendi matar para enriquecerse, es permitir que la delincuencia organizada aterrice tranquilamente en las redacciones, el corazón del motor de la máquina de opinión pública. Hay periodistas en las nóminas de los cárteles, y algunas ejecuciones de colegas en el país, ha sido resultado de haber cruzado la línea entre la profesión y el servicio de los criminales. No nos gusta hablar en los medios de esto, pero es una realidad de la cual no podemos, ni abstraernos, ni ignorarla.
En la guerra contra el narcotráfico, la arena en la cual se está dirimiendo el control del espacio público la proveen los medios de comunicación. Hay una observancia crítica, indispensablemente permanente sobre el actuar del gobierno en esta lucha sin fin. Pero el trato es inequitativo cuando se trata de abrir los micrófonos al crimen organizado. No nos equivoquemos ni caigamos en maniqueísmos. Estar contra la delincuencia organizada no es estar a favor del gobierno. En esta guerra sí hay bandos. No son los mismos donde se dirimen diferencias y se contrastan posiciones políticas e ideológicas con los poderes fácticos. No nos confundamos. Se puede discrepar profundamente del ejercicio del poder, pero el antagonismo nunca será suficiente para tomar el lado de los criminales.
Muchas veces parece que en los medios, salvo aquellos que se encuentran en las zonas de la guerra contra el narcotráfico, se piensa que los cárteles nunca tocarán a su puerta ni que son enemigos naturales de ellos. Se equivocan. Los narcotraficantes no son aliados de nadie -a veces ni de ellos mismos-, y en la medida en que se sientan más presionados, más ampliarán su teatro de operaciones. Los medios son la siguiente fase en la escalada de violencia. Si nadie piensa que esta lucha puede estar en el umbral de las grandes redacciones del país, sería bueno recuperar la historia de Guillermo Cano, director de El Espectador de Colombia, para que vean que en esta guerra, nadie está a salvo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
— 1:00 am
Un nuevo campo de batalla se abrió en la guerra contra el narcotráfico: los medios de comunicación. Hace un mes, un tercer nivel de La Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez, se comunicó con Marcos Knapp, conductor del programa “Voz y Solución” de la empresa CB Televisión, para proponer al presidente Felipe Calderón un pacto del gobierno con el narco. Aunque la propuesta era retórica y el contenido propagandístico, desequilibró al gobierno federal, que tuvo que usar al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para responderle y evitar, como había sucedido durante largas horas ese día, que la palabra de un criminal fuera más poderosa que la de los voceros gubernamentales.
Hace semana y media, el periódico Milenio difundió una entrevista con el mismo delincuente, a quien se le conoce como “La Tuta”. El director de su edición en León, Pablo César Carrillo, dice lo buscó con ese fin, por lo cual Milenio lo cantó como un golpe periodístico. Varios comentaristas de radio le hicieron eco al postulado del diario, aunque rápido cambiaron posición. Si se le cree a Milenio que él pidió la entrevista, Carrillo fue una cándida víctima de “La Tuta”, que llevaba semanas pidiendo espacio en medios de comunicación. Cuando menos en Televisa y TV Azteca le habían dado un palmo de narices, negándose a abrir el micrófono a un narcotraficante.
Alberto Islas director de la consultora Risk Evaluation, a quien citan regularmente en la prensa extranjera como experto en seguridad, preguntó al final de una columna del especialista en medios Raúl Trejo en el periódico digital Eje Central: “¿Una entrevista con ‘El Chapo” tiene o no valor periodístico? Yo creo que sí… Un publirreportaje del Chapo o de cualquier otro personaje, creo que no”. Islas escribió en el contexto de la entrevista de “La Tuta” en Milenio, donde -como en CB Televisión-, sólo reprodujeron lo que deseaba expresar el delincuente. Estos episodios llevan a cuestionarse sobre la validez ética y profesional de una entrevista con un criminal, y sobre qué se podría esperar de un narcotraficante más allá de su dicho que, por más vueltas que se le quiera dar, no será más que propaganda.
Hace tiempo, dos editores consumidos por la ansiedad, comunicaron a su director que una reportera del diario en que trabajaban había recibido la oferta de entrevistar a Joaquín Guzmán Loaera, “El Chapo”. La respuesta automática fue no. “Sería un gran golpe periodístico”, dijo uno de los editores, con mucha anticipación a lo que señaló Milenio sobre su entrevista con “La Tuta”. ¿Golpe periodístico? ¿Por qué razón un criminal prófugo querría dar una entrevista? ¿Le preguntará el periodista por qué delinque? ¿Por qué envenena a la gente con las drogas? ¿Lo cuestionará sobre por qué asesina? ¿Lo interrogará sobre sus conexiones con los cárteles, a quiénes corrompe en los gobiernos y sus redes de protección? ¿Inquirirá sobre cómo se escapó de una cárcel de máxima seguridad? Es posible que alguien esté dispuesto a preguntarlo. Pero hasta hoy, no. Ni en la entrevista de CB Televisión, ni en la de Milenio, ni en la que publicó este domingo Proceso con la esposa de Vicente Carrillo Leyva, de la familia del Cártel de Juárez. En los tres casos se les permitió decir lo que quisieron.
En el caso de la anécdota sobre el ofrecimiento de la entrevista con “El Chapo”, hay un segundo nivel de responsabilidad, el de la seguridad del periodista. ¿Y si la entrevista es una trampa? ¿Cómo se garantiza su vida? Y aún garantizando su vida, se planteó como hipótesis, si en los días posteriores a la entrevista detuvieran a Guzmán Loaera o se viera involucrado en un enfrentamiento, ¿pensarían que la reportera lo había delatado? Y aún más, ¿qué pasa si no le gusta la forma como salió la entrevista? Y si le gusta, o sale bien para sus intereses, ¿qué pensarán sus enemigos? Cualquier pregunta llevaba a la misma respuesta: ese diario, por la vía de la entrevista, llevaría al narcotráfico y todo lo que significa, a las puertas de la empresa.
Esto no es un asunto de libertad de expresión, sino de sentido común. Abrir la puerta de un medio de comunicación a un criminal que tiene por modus vivendi matar para enriquecerse, es permitir que la delincuencia organizada aterrice tranquilamente en las redacciones, el corazón del motor de la máquina de opinión pública. Hay periodistas en las nóminas de los cárteles, y algunas ejecuciones de colegas en el país, ha sido resultado de haber cruzado la línea entre la profesión y el servicio de los criminales. No nos gusta hablar en los medios de esto, pero es una realidad de la cual no podemos, ni abstraernos, ni ignorarla.
En la guerra contra el narcotráfico, la arena en la cual se está dirimiendo el control del espacio público la proveen los medios de comunicación. Hay una observancia crítica, indispensablemente permanente sobre el actuar del gobierno en esta lucha sin fin. Pero el trato es inequitativo cuando se trata de abrir los micrófonos al crimen organizado. No nos equivoquemos ni caigamos en maniqueísmos. Estar contra la delincuencia organizada no es estar a favor del gobierno. En esta guerra sí hay bandos. No son los mismos donde se dirimen diferencias y se contrastan posiciones políticas e ideológicas con los poderes fácticos. No nos confundamos. Se puede discrepar profundamente del ejercicio del poder, pero el antagonismo nunca será suficiente para tomar el lado de los criminales.
Muchas veces parece que en los medios, salvo aquellos que se encuentran en las zonas de la guerra contra el narcotráfico, se piensa que los cárteles nunca tocarán a su puerta ni que son enemigos naturales de ellos. Se equivocan. Los narcotraficantes no son aliados de nadie -a veces ni de ellos mismos-, y en la medida en que se sientan más presionados, más ampliarán su teatro de operaciones. Los medios son la siguiente fase en la escalada de violencia. Si nadie piensa que esta lucha puede estar en el umbral de las grandes redacciones del país, sería bueno recuperar la historia de Guillermo Cano, director de El Espectador de Colombia, para que vean que en esta guerra, nadie está a salvo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
PGR: una verdadera papa caliente
Periodistas de El Universal
Bajo Reserva
19 de agosto de 2009
Un civil o un militar. Ese es el debate. Por el momento que vive México, quizás la decisión se esté inclinando más por el segundo. La titularidad de la Procuraduría General de la República nunca ha sido un empleo fácil. Sin embargo ahora se convirtió en uno de alto riesgo. Una verdadera papa caliente que los civiles no quisieran tener en sus manos. La lista de los sustitutos de Eduardo Medina Mora incluye a impensables: que el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara, con nada de experiencia para el cargo; que Arturo Chávez Chávez, ex procurador de Chihuahua, con un pasado tan negro, dicen, como el abismo. El gobernador quintanarroense Félix González Canto suele decir en privado a quienes se quejan de su procurador General de Justicia, Bello Melchor Rodríguez Carrillo: “Qué, ¿tienes otro candidato? ¡Lo pongo ahora mismo y quito a Bello!”, en referencia a que nadie se atreve a asumir la titularidad de la PGJ de Quintana Roo. Algo similar sucede con la PGR. Por eso Medina Mora, nos dicen, no se ha ido antes. Por eso, se cuenta, la lista del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont incluye a pocos civiles y a muchos militares.
Eduardo Medina Mora fue ayer a felicitar al presidente Felipe Calderón por su cumpleaños. Como para acallar los rumores. Pero no, dicen, no es posible ya sostenerlo en la PGR. Nos cuentan que Washington pidió a México dos cabezas: la del procurador, y la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Una fuente señala que lo de García Luna tiene tiempo ya; que se le ha sostenido porque al Presidente no le gusta reaccionar a las críticas. La titularidad de la SSP, como la de la PGR, es papa que chamusca. Algunos dicen que el gobierno mexicano debería estar pensando que estos dos cargos, de ahora en adelante, necesitarán un cobijo de Estado. Una pensión y un seguro largo y amplio para quienes sean titulares, como los que tienen los ministros de la Suprema Corte. A ver, que Medina Mora le diga a cualquiera de los cárteles: “Ya no soy procurador, ¿eh? Ya me voy a mi casa”. Imposible, ¿no?
En un diario mexicano especializado, Rubén Aguilar esbozó ayer a los seis supuestos precandidatos presidenciales del foxismo: Ernesto Cordero, Santiago Creel, Alonso Lujambio, Juan Molinar Horcasitas, Francisco Ramírez Acuña y Josefina Vázquez Mota. Los puso en orden alfabético, pero en cualquier orden, varios de ellos evidentemente sobran. De todas maneras, interesante que otro ex presidente de México esté ya metido en la precampaña, futureando.
Apunte final: Ya mero se cumple un año del “Si no pueden, renuncien”. Por eso hoy habrá evaluación de varias secretarías en Gobernación. III Las bondades de vivir en el presupuesto: el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, César Duarte, pagará hoy una cena de despedida para los reporteros que cubren las actividades legislativas. Buen provecho.
Bajo Reserva
19 de agosto de 2009
Un civil o un militar. Ese es el debate. Por el momento que vive México, quizás la decisión se esté inclinando más por el segundo. La titularidad de la Procuraduría General de la República nunca ha sido un empleo fácil. Sin embargo ahora se convirtió en uno de alto riesgo. Una verdadera papa caliente que los civiles no quisieran tener en sus manos. La lista de los sustitutos de Eduardo Medina Mora incluye a impensables: que el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara, con nada de experiencia para el cargo; que Arturo Chávez Chávez, ex procurador de Chihuahua, con un pasado tan negro, dicen, como el abismo. El gobernador quintanarroense Félix González Canto suele decir en privado a quienes se quejan de su procurador General de Justicia, Bello Melchor Rodríguez Carrillo: “Qué, ¿tienes otro candidato? ¡Lo pongo ahora mismo y quito a Bello!”, en referencia a que nadie se atreve a asumir la titularidad de la PGJ de Quintana Roo. Algo similar sucede con la PGR. Por eso Medina Mora, nos dicen, no se ha ido antes. Por eso, se cuenta, la lista del secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont incluye a pocos civiles y a muchos militares.
Eduardo Medina Mora fue ayer a felicitar al presidente Felipe Calderón por su cumpleaños. Como para acallar los rumores. Pero no, dicen, no es posible ya sostenerlo en la PGR. Nos cuentan que Washington pidió a México dos cabezas: la del procurador, y la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Una fuente señala que lo de García Luna tiene tiempo ya; que se le ha sostenido porque al Presidente no le gusta reaccionar a las críticas. La titularidad de la SSP, como la de la PGR, es papa que chamusca. Algunos dicen que el gobierno mexicano debería estar pensando que estos dos cargos, de ahora en adelante, necesitarán un cobijo de Estado. Una pensión y un seguro largo y amplio para quienes sean titulares, como los que tienen los ministros de la Suprema Corte. A ver, que Medina Mora le diga a cualquiera de los cárteles: “Ya no soy procurador, ¿eh? Ya me voy a mi casa”. Imposible, ¿no?
En un diario mexicano especializado, Rubén Aguilar esbozó ayer a los seis supuestos precandidatos presidenciales del foxismo: Ernesto Cordero, Santiago Creel, Alonso Lujambio, Juan Molinar Horcasitas, Francisco Ramírez Acuña y Josefina Vázquez Mota. Los puso en orden alfabético, pero en cualquier orden, varios de ellos evidentemente sobran. De todas maneras, interesante que otro ex presidente de México esté ya metido en la precampaña, futureando.
Apunte final: Ya mero se cumple un año del “Si no pueden, renuncien”. Por eso hoy habrá evaluación de varias secretarías en Gobernación. III Las bondades de vivir en el presupuesto: el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, César Duarte, pagará hoy una cena de despedida para los reporteros que cubren las actividades legislativas. Buen provecho.
¿ Nos libraremos por fin de este rufián ?
La Ley Procesal Electoral indica:
Artículo 85. Corresponde en forma exclusiva conocer y decretar las nulidades a que se refiere el presente capítulo al Tribunal (Electoral del DF).
Artículo 88. Son causas de nulidad de una elección las siguientes:
f) Cuando el partido político o coalición, sin importar el número de votos obtenido, sobrepase los topes de gastos de campaña en la elección que corresponda y tal determinación se realice por la autoridad electoral, mediante el procedimiento de revisión preventiva de gastos sujetos a topes, en términos de lo previsto en el código. En este caso, el candidato o candidatos y el partido político o coalición responsable no podrán participar en la elección extraordinaria respectiva.
Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en todo el Distrito Federal cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.
El Código Electoral señala:
Artículo 61. Un partido político o coalición, aportando elementos de prueba, podrá solicitar a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización que se investiguen los actos relativos a las campañas, así como el origen, monto y erogación de los recursos utilizados que lleven a cabo los partidos políticos, coaliciones o candidatos, conforme al procedimiento siguiente:
IX. En caso de haberse acreditado que un partido político o coalición excedió los topes de gastos de campaña, y una vez agotadas las instancias jurisdiccionales, el Consejo General, por conducto del secretario ejecutivo, dará vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo procedente.
El Código Penal apunta:
Artículo 356. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a quinientos días de multa al funcionario partidista, al candidato o al funcionario de las agrupaciones políticas que:
VIII. Se exceda en el monto de los topes para gastos de campaña establecidos de acuerdo con los criterios legalmente autorizados, con anterioridad a la elección.
Astillero: Julio Hernández
Estallar
Más lo que se acumule
La hora de actuar
Acuatro meses y medio del conmemorativo 2010, el escenario político ha tenido que aceptar la irrupción de un vocablo tratado todavía semanas atrás con desdén: estallido. De golpe, como corresponde a la naturaleza de lo enunciado, la elite de la sociedad mexicana ha comenzado a darse cuenta (o, más bien, a asumir) que hay un riesgo cierto, en curso, creciente, de que llegue a niveles de estallido el odio social acumulado, puesto de relieve y agravado por las recientes torpezas extremas en el manejo de la crisis económica. Lo mismo el rector de la máxima universidad pública del país (el doctor Narro, que ha tenido hasta ahora un comportamiento crítico mesurado, que lo hace específicamente valioso en estos tiempos nublados), que dirigentes empresariales y partidistas alertan sobre el peligro de que revienten los mecanismos pacíficos de atención y presunta solución de las controversias sociales. De pronto, pareciera que el entramado institucional, todavía unos días atrás tan sordo y soberbio, tan falso y manipulador, se hubiera topado con la estampa de la miseria amenazante, de la desesperanza dispuesta a la detonación, de los marginados en vías de insurrección. No es exactamente que no se supiera de la existencia de esos fantasmas (de hecho, diariamente se asoman algunos de ellos desde los parabrisas por limpiar), pero nunca hasta ahora se había considerado seriamente la posibilidad de que esas masas largamente maltratadas pudieran buscar opciones de trueno.
Las condiciones para ese estallido social han sido creadas por las mismas elites que hoy se santiguan. Calderón ha resultado no solamente un fracaso sino una forma exitosa de provocador social: sus decisiones y propuestas irritan a una franja que más allá de consideraciones partidistas o valoraciones electorales históricas va tomando conciencia retumbante de su desgracia conforme día con día se van produciendo más muertes y ejecuciones, más cinismo de los líderes y gobernantes, más pruebas de despilfarro y ratería, más insensatez en las cúpulas que bien o mal tienen el encargo de gobernar. En el PRI, la presunta alternativa surgida de los comicios recientes no es más que peor de lo mismo: Carlos Salinas ya ni siquiera tiene recato en esconder la mano tras el teatro de títeres, promoviendo la candidatura de un atildado alumno de las escuelas de corrupción del propio salinismo y del montielismo, el gobernador Peña Nieto, e impulsando a personajes de fierro carlista explícito, como el diputado electo Francisco Rojas, para coordinar la bancada federal priísta y, por ende, los trabajos estratégicos de San Lázaro. Las instituciones mandadas al diablo por sí mismas no pueden contener la irritación social. La inmensa mayoría de los gobernadores (¿por qué se da pie a alguna excepción, en esta columna timorata?), las cámaras federal y locales y, desde luego, la excesivamente húmeda barcaza sin timón llamada gobierno de la República, dan diariamente razones para la disidencia activa, que hasta ahora no se ha manifestado en sus dimensiones reales, luego de tan largo periodo de manipulación y adormilamiento colectivo (en el que han tenido mucho que ver los intereses de la delincuencia de cuello blanco que ejerce presiones políticas para conseguir negocios a través de sus frecuencias televisivas y radiofónicas, y la vergonzosa complicidad de una gran franja de periodistas y comentaristas que aceptaron y justificaron el fraude electoral de 2006, desarrollaron y ahondaron en una campaña de difamación contra los opositores a la desgracia nacional prefigurada, y ahora no encuentran la manera más o menos aceptable de hacerse pasar como críticos “objetivos, imparciales, independientes”, de lo mismo que convalidaron y les benefició).
Sin embargo, esos riesgos de estallido social son expresiones amorfas de una crisis que no se solucionará con la violencia. Sin organización ni proyecto compartido, los restallidos de inconformidad quedarán en la decepción y el fracaso o, aún peor, en la represión. En la realidad, más allá de filias y fobias, hoy solamente hay un camino posible, el de la resistencia civil pacífica, para encauzar la inconformidad masiva (nunca tendrán suficientemente clara los jefes de este sistema la gravedad del error histórico que cometieron al frenar el arribo de López Obrador a la Presidencia: con él, los excesos de ese mismo sistema habrían sido atemperados y los privilegiados tendrían mejores condiciones que hoy para la continuidad: por el bien de todos, primero los pobres, era la oferta de sostenimiento equilibrado de un régimen que habría mantenido un buen porcentaje de privilegios afeitados a cambio de ciertas compensaciones populistas y la molestia de un discurso sexenal incómodo: en el DF no hubo revolución sino mejorías de fachada, en el país tampoco hubiera pasado nada tan grave para quienes, desde las cúpulas, supieran nadar con inteligencia en aguas cambiadas de color).
Ayer, hasta el futuro presidente de la Cámara de Senadores (por obra y gracia de Manlio Fabio Beltrones), Carlos Navarrete, hizo ver la necesidad de que los líderes de su partido (de Carlos, no de Manlio) se colocaran a la cabeza de las movilizaciones en defensa de la economía popular. Es la hora de López Obrador (aunque él prefiera ver las Sabritas, los Gansitos y la Coca Cola de Carstens, como si los problemas reales debieran ser enfocados caricaturalmente en una persona de la que pide su destitución), en la encrucijada histórica a la que ha llevado Calderón al país. Estallar (palabra que viene de astellar, voz antigua que significa hacerse astillas) o reformar. Desbordamientos sin control o lucha política. Cambio democrático o retroceso autoritario. Opción de amanecer o hundimiento en las tinieblas. Esa es la cuestión.
Mientras tanto, Calderón pide que haya un sacrificio “de todos” para salir adelante y la jerarquía católica, chambona, pide que no le traten de cobrar impuestos sino que le den dinero público para hacer obra pía. ¡Hasta mañana, con el Departamento de Estado hablando de la opacidad de la justicia militar mexicana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Marcela Gómez Salce : A ´puerta cerrada
Sedena en el epicentro bilateral
2009-08-19•Política
.• Despilfarros y buenas voluntades
• Herencias malignas…
El enemigo de la gobernabilidad, mi estimado, es la pobreza. De que se puede, se puede. Nada como la simpática novedad de que Gerardo Priego (un tipazo, por cierto), diputado del PAN, salió con la sugestiva devolución de 827 mil pesos por el ahorro de sus boletos de avión durante los tres años que fue legislador. El gesto, en medio de la severidad de la crisis económica, devela (el despilfarro) que todas las lacritas legislativas que se rasgan las vestiduras deberían empezar por predicar con el ejemplo del que tanto cacarea Felipe Calderón, quien ya salió con la absoluta incongruencia de que porfis, porfa, please faltan sacrificios por hacer para salir de la crisis económica (que vino de fuera), como si ésta súbitamente apareciera después, of course, del 5 de julio.
El detalle de Priego fue rápidamente abordado por Javier González Garza, a quien le pareció como raro la entrega de 800 mil pesos para acumular millas (¿acaso porque lo natural es que todos se roben, perdón, queden con la atractiva lanita extra que les corresponde de su “dieta”…?), solicitándole a su sugestiva fauna amarilla que devolvieran cualquier dinero extra además de que será un pendiente a heredar a la siguiente legislatura.
Espléndido.
Porque eso de las herencias, sencillamente no tiene madre... como justificación de derroches innecesarios, frívolos y ofensivos como la explicación del gymboree (con minúsculas) de Los Pinos argumentando que se sobrepasaron en los gastos aprobados por el Congreso porque fue una herencia del gobierno de Vicente Fox que dejó algunos “compromisos”.
La debida explicación, my friend, insulta la inteligencia del respetable así como el grito de auxilio presidencial, no, no… el de apelar a la buena voluntad (?) del Poder Legislativo para enfrentar el shock económico con aquellito de que el gobierno no puede solo.
No puede solo hoy que no tiene mayoría en el Congreso, porque de lo contrario, el presumido equipo económico y los jinetes de la tormenta emocionados por la adversidad que enfrenta su barco de gran calado estarían con el sonsonete victorioso despreocupados por la aprobación de su paquetón fiscal… que ya llegó a manos tricolores.
Y ahora que son demasiadas las voces que alertan del estallido social que hace lunas está tintineando en el tablero de la seguridad nacional, ahora resulta que tirios y troyanos se quieren sentar a la mesa para ver cómo se levanta el descomunal tiradero económico (por mencionar uno) de este (des)gobierno.
Porque es un tiradero. Ya no es que México se acerque al peligroso despeñadero sino que ya vamos en caída libre, sin paracaídas, esperando el madrazo. La pregunta para los ilustres disfuncionales es ¿qué se va a implementar cuando lleguemos a esa, inevitable, cita fatal…? Porque la trayectoria es de colisión: La económica y la de seguridad…
Donde para documentar el catastrofismo resulta que nuestras fuerzas armadas, tan señaladas como eficaces, eficientes y competentes en labores de inteligencia, con la novedad de que en Ciudad Juárez —by the way, tierra de nadie con 22 muertos en 48 horas— allanaron la vivienda de Manuel Espino gracias a un “pitazo”.
¡¡¡Chingón!!!
La Sedena ahora ya reproduce el modelito de la SSPF de García Luna basado en pitazos y/o llamadas anónimas para, sin órdenes de cateo o papelitos jurídicos, irrumpir con absoluta arbitrariedad y luego virigüamos. El asunto no es un detalle menor, sobre todo cuando Espino no está en la lista de favoritos de Felipe, quien suele cobrar sus rencores y/o antipatías contra quienes no estén de acuerdo, contra aquellos que se insubordinan y se indisciplinen. El caso de Manuel es emblemático y el caos del allanamiento de su casa… también.
Sobre todo cuando Espino salió a declarar ayer en varios espacios radiofónicos que le hablaron por teléfono mandos militares para pedirle disculpas… ¿en lo oscurito?
Lamentable.
El delicado caso no mereció un boletín de la Sedena para dispensar el agravio... que se sigue sumando a denuncias que siguen alertando a tirios y troyanos sobre el rol del Ejército en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico que, aunque no lo parezca, el modelito y la estrategia son un total fracaso… cuyos costos pagarán nuestras fuerzas armadas cuando esta bola de inútiles civiles terminen su tiradero.
Y en el colmo del timing llega el tubazo del Departamento de Estado señalando en un informe la opacidad en la justicia militar. Otra raya en el tigre, my friend… que no tarda en parecer pantera.
gomezalce@aol.com
Deben renunciar aquellos que fallaron, reafirma Martí
El Universal
Miércoles 19 de agosto de 2009
francisco.gomez@eluniversal.com.mx
A un año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Alejandro Martí sostiene que “deben renunciar” los funcionarios que no cumplieron con el compromiso de encarar y frenar la inseguridad que sacude al país.
El empresario y presidente de la fundación México SOS afirma categórico que las familias mexicanas siguen sufriendo “enormemente” por la zozobra que genera este clima hostil y clama por acciones más contundentes para derrotar este flagelo.
Alejandro Martí, con su demanda: “si no pueden, renuncien”, sacudió a la sociedad y al gobierno ante la inseguridad en México, de la que le tocó ser víctima con el secuestro y asesinato de su hijo Fernando.
“No soy yo quien deba dar los nombres y apellidos de esos funcionarios”, dice quien ya es ícono en la lucha por la seguridad. Sin embargo, explica que por este flagelo el país vive una verdadera “emergencia nacional”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también empresario advierte: “Son muchos los gobernadores, presidentes municipales, delegados, policías y secretarios de seguridad que no han hecho un esfuerzo rotundo para ofrecer seguridad a la ciudadanía”.
Asevera que los nombres de funcionarios que no saldaron el compromiso con la sociedad se conocerán luego de que organizaciones sociales emitan informes en el tema que se divulgarán en medios de comunicación; con estos análisis “serios y profundos” se verá claramente quiénes no han cumplido.
Alejandro Martí mantiene una cruzada contra la violencia y una intensa labor para exigir, junto con organizaciones sociales, que legisladores, jueces y funcionarios asuman el reto de devolver la seguridad a la sociedad mexicana o dejen sus cargos.
Martí explica que la renuncia de funcionarios sería resultado de la autocrítica y reconocimiento personal de que han fallado. La propuesta en las pasadas elecciones de “mi voto por tu compromiso” llevaba implícita la recompensa y el castigo para quien sí trabaja o no en esta materia, acotó.
De ahí que impulsa cambios legislativos para reelegir a funcionarios eficientes y retirar a los ineficientes bajo formas como la revocación de mandato o el plebiscito.
Por eso, critica que muchos servidores públicos sólo sirvan a intereses de partido y no a los mexicanos, y sostiene que hoy existe una extrapolación del poder, al pasar de un partido único, a cinco.
“Igual pasamos de un Presidente monarca a un Presidente debilitado, de un Congreso manejado por el Presidente a un Congreso manejado por políticos. Todo eso debe cambiar”, explica Martí, quien considera que lo hecho en un año en materia de seguridad es a todas luces insuficiente.
“La mejor prueba es que en las calles siguen los problemas de delincuencia, siguen los secuestros. No hay registros de delincuentes y siguen los focos de infección fundamentales, como en el sistema penitenciaro que es un rotundo fracaso”, expone.
Opina que es indispensable una mayor profundidad en acciones de gobierno, pese a reconocer que la inseguridad es mucho más grande de lo que todos imaginamos.
“Se ha logrado la ley de extinción de dominio, el registro de los celulares y están en proceso muchísimas cosas, pero no es suficiente”, dice el empresario.
Sostiene que en el sistema carcelario hay un fracaso rotundo, y lo ejemplifica con capturas en casos de secuestro recientes.
Comenta que hay casos en que delincuentes preliberados siguen secuestrando e, incluso, desde dentro del penal planean y ejecutan plagios o extorsionan.
Explica que aun cuando hay autoridades que han logrado crear sus departamentos antisecuestros, éstos son insuficientes en inteligencia, geolocalización, tecnología y estrategias para enfrentra al secuestro.
Ante esta realidad, Alejandro Martí está empeñado en seguir con la promoción de los observatorios ciudadanos y la transparencia en la acción gubernamental.
Miércoles 19 de agosto de 2009
francisco.gomez@eluniversal.com.mx
A un año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Alejandro Martí sostiene que “deben renunciar” los funcionarios que no cumplieron con el compromiso de encarar y frenar la inseguridad que sacude al país.
El empresario y presidente de la fundación México SOS afirma categórico que las familias mexicanas siguen sufriendo “enormemente” por la zozobra que genera este clima hostil y clama por acciones más contundentes para derrotar este flagelo.
Alejandro Martí, con su demanda: “si no pueden, renuncien”, sacudió a la sociedad y al gobierno ante la inseguridad en México, de la que le tocó ser víctima con el secuestro y asesinato de su hijo Fernando.
“No soy yo quien deba dar los nombres y apellidos de esos funcionarios”, dice quien ya es ícono en la lucha por la seguridad. Sin embargo, explica que por este flagelo el país vive una verdadera “emergencia nacional”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también empresario advierte: “Son muchos los gobernadores, presidentes municipales, delegados, policías y secretarios de seguridad que no han hecho un esfuerzo rotundo para ofrecer seguridad a la ciudadanía”.
Asevera que los nombres de funcionarios que no saldaron el compromiso con la sociedad se conocerán luego de que organizaciones sociales emitan informes en el tema que se divulgarán en medios de comunicación; con estos análisis “serios y profundos” se verá claramente quiénes no han cumplido.
Alejandro Martí mantiene una cruzada contra la violencia y una intensa labor para exigir, junto con organizaciones sociales, que legisladores, jueces y funcionarios asuman el reto de devolver la seguridad a la sociedad mexicana o dejen sus cargos.
Martí explica que la renuncia de funcionarios sería resultado de la autocrítica y reconocimiento personal de que han fallado. La propuesta en las pasadas elecciones de “mi voto por tu compromiso” llevaba implícita la recompensa y el castigo para quien sí trabaja o no en esta materia, acotó.
De ahí que impulsa cambios legislativos para reelegir a funcionarios eficientes y retirar a los ineficientes bajo formas como la revocación de mandato o el plebiscito.
Por eso, critica que muchos servidores públicos sólo sirvan a intereses de partido y no a los mexicanos, y sostiene que hoy existe una extrapolación del poder, al pasar de un partido único, a cinco.
“Igual pasamos de un Presidente monarca a un Presidente debilitado, de un Congreso manejado por el Presidente a un Congreso manejado por políticos. Todo eso debe cambiar”, explica Martí, quien considera que lo hecho en un año en materia de seguridad es a todas luces insuficiente.
“La mejor prueba es que en las calles siguen los problemas de delincuencia, siguen los secuestros. No hay registros de delincuentes y siguen los focos de infección fundamentales, como en el sistema penitenciaro que es un rotundo fracaso”, expone.
Opina que es indispensable una mayor profundidad en acciones de gobierno, pese a reconocer que la inseguridad es mucho más grande de lo que todos imaginamos.
“Se ha logrado la ley de extinción de dominio, el registro de los celulares y están en proceso muchísimas cosas, pero no es suficiente”, dice el empresario.
Sostiene que en el sistema carcelario hay un fracaso rotundo, y lo ejemplifica con capturas en casos de secuestro recientes.
Comenta que hay casos en que delincuentes preliberados siguen secuestrando e, incluso, desde dentro del penal planean y ejecutan plagios o extorsionan.
Explica que aun cuando hay autoridades que han logrado crear sus departamentos antisecuestros, éstos son insuficientes en inteligencia, geolocalización, tecnología y estrategias para enfrentra al secuestro.
Ante esta realidad, Alejandro Martí está empeñado en seguir con la promoción de los observatorios ciudadanos y la transparencia en la acción gubernamental.
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