miércoles, 12 de marzo de 2014
“Mamá, muévete. Ya dieron dinero por mi cabeza”, dice capo en prisión
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| Héctor Cacique Fernández, "El Diablo". Foto: Especial |
CANCÚN, Q. Roo (apro).- La noche del 17 marzo de 2013, Héctor Cacique Fernández fue presentado bajo el apodo de El Diablo y capo del Cártel del Golfo (CDG), así como uno de los responsables de la masacre de siete personas en el bar La Sirenita.
Pero su principal delito no está relacionado al CDG ni a la matanza en La Sirenita en donde, entre otros, murió el subsecretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, Francisco Achach Castro, sobrino de la exalcaldesa de Cancún, Magali Achach.
Meses atrás, el entonces director de la Policía Judicial (PJ) y ahora titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (DMSPT), Arturo Olivares Mendiola, le ofreció en venta una plaza en aquella corporación.
Y es que Cacique había participado en el entrenamiento de elementos de la PJ, y ahí conoció a Olivares Mendiola, capitán retirado del Ejército y excolaborador de inteligencia militar.
En la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) estableció relaciones con diversos mandos, incluido el entonces subprocurador general Juan Ignacio Hernández Mora, hoy director general de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Héctor Cacique es experto en artes marciales y tenía una escuela de taekwondo en Isla Mujeres. Además impartía cursos de defensa personal y ofrecía sus servicios de guardaespaldas.
Incluso formó parte de la escolta del expresidente municipal interino, Jaime Hernández Zaragoza, y apoyó al Estado Mayor Presidencial (EMP) y a la Policía Federal (PF) en el resguardo de diplomáticos de otros países y visitantes extranjeros.
La familia de Cacique muestra fotografías del supuesto capo con Hernández Mora y Hernández Zaragoza, así como en la sede del PRI, y en operativos con la PF y el EMP.
Pero la vida de El Diablo cambió drásticamente cuando Olivares Mendiola le ofreció una plaza en la corporación, sostienen familiares de Cacique, quien el pasado lunes fue liberado del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, por el caso de la masacre de La Sirenita, pero fue recapturado ese día por el mismo delito y enviado a la cárcel estatal de Cancún.
La madre y hermana del presunto capo sostienen que Héctor Cacique es víctima del exdirector de la Policía Judicial, y advierten que su vida corre peligro luego de que retornó a la cárcel estatal de Cancún, en donde ya sufrió un atentado en la primera etapa de su encierro.
Durante los cursos a elementos de la PJ, Olivares Mendiola se acercó a El Diablo para ofrecerle una plaza en la corporación.
Cacique se mostró interesado y días después respondió que sí le entraba. Sin embargo, no sería gratis, pues Olivares Mendiola le pidió a cambio 150 mil pesos, pero le dio facilidades.
Le tendría que entregar la mitad y, en dos meses, el resto del dinero.
Cacique poco a poco reunió la cantidad con familiares, mediante préstamos, y se lo dio al director de la PJ.
Pero pasaron las semanas y Olivares Mendiola no lo llamaba, hasta que un día lo encaró y le pidió la plaza o que le devolviera el dinero.
“No te voy a dar nada y hazle como quieras”, respondió el exjefe de la PJ.
Cacique le advirtió que denunciaría los hechos ante el procurador (Gaspar Armando García Torres).
Y desde entonces ya no quiso saber más del capitán.
Pero lo volvió a ver la mañana del 17 de marzo de 2013, en los separos de la PJ.
La noche anterior, Cacique, su novia y un amigo acudieron a la discoteca Mandala, en la zona hotelera.
Elementos de seguridad privada del antro apreciaron que Cacique se peleaba con su amigo y llamaron a la Policía Turística Municipal.
Cacique fue detenido y consignado al Ministerio Público “por ultrajes a la autoridad”. Y en los separos de la PJ El Diablo volvió a ver a Olivares Mendiola. Y a las pocas horas ya era uno de los culpables del mutihomicidio de La Sirenita.
Pero antes fue sometido a severa golpiza por el propio Olivares Mendiola, quien le dio una patada en la cabeza, a la altura de la oreja.
“Mi hijo está pagando las consecuencias de haber hablado”, sostiene Yaskade Fernández.
“Lo acusa a (Olivares Mendiola) y a la semana siguiente es culpable de una ejecución”, agrega.
La abogada Ana Cortés denuncia que Héctor fue reaprehendido con base en los mismos hechos, por lo que un juez federal revocó la formal de prisión y ordenó su libertad, pues fue inculpado con su propia confesión, obtenida a partir de torturas.
Son las mismas acusaciones, pero ahora con la causa penal radicada en otro juzgado penal, señala la defensora.
En contraste, refiere que en mayo pasado la familia presentó una denuncia a penal por tortura, la 42/2013.
“Pero este expediente no camina”, lamenta.
Por lo pronto, El Diablo cumplió su segunda noche de regreso a la cárcel estatal de Cancún, pero su madre, que lo visitó ayer, advierte: “Me dijo: ‘Mamá, muévete. Ya dieron dinero por mi cabeza. Pusieron hasta el viernes como límite’”.
Gastón Azcárrraga, exdueño de #Mexicana, presenta amparo contra aprehensión
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| Gastón Azcárraga Andrade, exdueño de Mexicana. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- La justicia federal dio entrada a una petición de amparo del prófugo exdueño de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, quien es buscado por la Interpol en 189 países como probable responsable de delincuencia organizada.
La titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo Penal en el Distrito Federal, Martha Gabriela Sánchez Alonso, admitió a trámite el recurso promovido la semana pasada por la defensa del empresario, a quien la PGR señala como probable responsable de lavado de dinero mediante acciones de la empresa.
Por tratarse de un delito grave, el expresidente del Consejo de Administración de la aerolínea no estaba en condiciones de pedir la suspensión de la orden de captura en su contra en tanto se resuelve el amparo.
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de la justicia federal el 20 de febrero pasado la orden de aprehensión de Azcárraga y solicitó a la Interpol que emitiera una ficha roja para detenerlo en caso de que esté escondido en alguno de los países miembros de la Policía Internacional.
La juez Sánchez Alonso fijó para el 14 de abril, a las 10 de la mañana, la audiencia constitucional para escuchar a la defensa y al Ministerio Público y definir si procede el amparo.
Dentro del expediente 221/2014, la juzgadora le negó al exempresario copia de las actuaciones del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta capital, donde se radicó la acusación en su contra por delincuencia organizada.
De acuerdo con la Ley contra la Delincuencia Organizada se debe guardar la confidencialidad, pero la defensa puede consultar el expediente directamente en el juzgado, estableció Sánchez Alonso.
La PGR lo acusa de haber usado fondos de la aerolínea para recomprar acciones de la propia empresa y 198 millones de pesos de un fideicomiso por Mexicana de Aviación en IXE Banco para comprar acciones de Administradora Profesional de Hoteles.
El presunto muerto
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| Imagen de Nazario Moreno encontrada por los autodefensas. Foto: Miguel Dimayuga. |
MÉXICO, D.F. (apro).- Una grabación de radio era la prueba con la que el gobierno panista de Felipe Calderón afirmó que en diciembre de 2010 Nazario Moreno, El Chayo, había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas federales. Los entonces secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, repitieron esta mentira hasta convertirla en la verdad oficial. Pero en Michoacán todos decían que El más loco seguía vivito y coleando.
Durante dos años la versión oficial de Calderón Hinojosa era que el fundador de los Caballeros Templarios había dejado de existir y que su puesto lo había ocupado Servando Gómez, La Tuta. Cuando Enrique Peña Nieto recuperó la Presidencia para el PRI, El Chayo siguió “muerto” pero en Michoacán insistían en que estaba vivo y hasta había testigos que lo habían visto en fiestas y caminando por algunos poblados.
Con toda irresponsabilidad, en su quinto informe de gobierno Calderón informó al país que Nazario había caído en una refriega con agentes de la SSP a cargo de García Luna, reconocido por crear escenarios falsos, como la detención de Florence Cassez o la del supuesto “aeropirata hondureño”.
En el colmo de la verdad oficial, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó una foto del fundador de los Caballeros Templarios como “presunto muerto”.
Pero Nazario no había fallecido, incluso se había santificado a sí mismo mandando a hacer un busto con su imagen, con ciertos rasgos de Jesucristo y una espada de los Templarios en las manos cruzadas sobre el pecho, efigie que mandaba a colocar en capillas a las entradas de los pueblos donde su voluntad era divina.
A manera de broma, el corresponsal de Proceso en Michoacán, Francisco Castellanos, decía que Nazario era el único Santo vivo. Y en surrealismo michoacano (y mexicano) así era.
Los gobernadores Leonel Godoy y Fausto Vallejo no desmintieron la versión calderonista de la muerte del jefe templario. Hicieron mutis y dejaron que las voces de la gente, afirmando la existencia de El Chayo, se convirtieran en leyenda.
Fue grave la irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón y la de Godoy y Vallejo que, por sostener como verdad una mentira, provocaron más confusión en la opinión pública y el descrédito social en Michoacán ¿Cómo creerle a alguien que a todas luces miente?
Fue hasta la aparición de los grupos de autodefensa ciudadana, el 24 de febrero de 2013, cuando las versiones de que El Chayo estaba vivo comenzaron a ser tomadas en cuenta. Sobre todo cuando el líder de estos grupos, José Manuel Mireles, exigió la pruebas de que el capo estaba muerto.
Ahora que el gobierno de Peña Nieto informó que estaba vivo pero que ahora sí ya fue abatido en un enfrentamiento con elementos de la Marina, queda la duda de por qué Calderón y los gobernadores de Michoacán mantuvieron la falsedad de la muerte de Nazario desde 2010. ¿Por qué y para qué encubrirlo? ¿Por miedo al ridículo o por intereses económicos y políticos? ¿O por miedo a que el “resucitado” hablara desde el más allá y revelara las alianzas, convenios, contratos, con gente del más acá?
Si así fue, esos secretos ya se los llevó Nazario, el santo de los Caballeros Templarios que “resucitó” al tercer año de muerto oficialmente por un gobierno calderonista totalmente desacreditado.
Twitter: @GilOlmos
(Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad exclusiva del autor)
Consulta popular acotada
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| El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. Foto: Eduardo Miranda |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Ley Federal de Consulta Popular contiene disposiciones que limitan sustancialmente las normas establecidas en la redacción constitucional, particularmente en cuatro ámbitos: los temas que pueden ser sujetos a dicho procedimiento; el procedimiento que deben seguir los ciudadanos para solicitar su realización; el acceso a los medios de comunicación de los peticionarios, y el periodo de aplicación obligatoria del resultado del ejercicio.
Bajo el pretexto de “dotar de contenido a la noción de ‘trascendencia nacional’”, los legisladores recurrieron a dos condiciones cuantitativas respecto de los temas: “I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y II. Que impacten en una parte significativa de la población”. Aunque tales especificaciones no aportan nada, seguramente constituirán un pretexto para rechazar solicitudes en los dos casos en los que el Congreso es responsable de revisar el cumplimiento de dicho requisito en las solicitudes que hagan un 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras o el presidente, que deben incluir “los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional”. Afortunadamente en el caso de las peticiones formuladas por ciudadanos, quien tiene que resolver sobre el particular es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no el Congreso de la Unión, que seguramente será más escrupuloso para objetar la trascendencia nacional de los temas.
Sin embargo, para los ciudadanos también hay malas noticias en la legislación aprobada por la Cámara de Diputados: en primera instancia obliga a un “aviso de intención” previo al inicio del procedimiento de recolección de firmas, lo cual no tiene ningún sentido, pues lo único que se justifica es que haya determinada información que deben cubrir los peticionarios, con el exclusivo propósito de facilitar la verificación de que constituyen, al menos, el 2% de los inscritos en el padrón electoral y de que efectivamente respaldan la petición, pero ello no debiera obligar a hacer “aviso de intención” ante el propio Congreso.
Asimismo, se interpuso una condición adicional a las establecidas en el artículo 35 constitucional: la limitación consistente en que únicamente el 20% de los peticionarios pueden participar en alguna otra solicitud; es decir, mientras la Constitución no fija ningún límite al número de solicitudes de consulta que puede respaldar un ciudadano, la ley sí lo hace, y concretamente señala que si más de la quinta parte de las firmas de dos solicitudes son coincidentes, únicamente contará la firma en la primera en tiempo, lo cual es absurdo e injustificado.
Y suponiendo que se rebasen estos dos obstáculos de entrada, los ciudadanos se toparán con la imposibilidad de acceder a los tiempos de promocionales en radio y televisión para difundir su posición respecto al tema sujeto a consulta. Los artículos 40 y 41 determinan que será el INE el responsable de promover la participación de los ciudadanos y “la difusión y discusión informada”, pero aclaran: “La promoción deberá ser imparcial. De ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra…”. Más adelante se deja en claro que ninguna “otra persona física o moral (…) podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos…”
En el dictamen que se votó en diciembre en la Cámara de Diputados, explícitamente se asienta: “…los peticionarios podrán realizar actividades de divulgación de la consulta popular mediante la organización y celebración de debates, mesas de discusión u otros eventos similares que tengan por objeto informar a la ciudadanía…”, pero obviamente no comprar tiempos en radio y televisión para difundir sus argumentos.
Esto obviamente afecta de manera definitiva las condiciones de equidad y, por ende, impactará en los resultados de cualquier ejercicio de consulta popular. Los ciudadanos siempre solicitarán la realización de una consulta para dar reversa a alguna legislación o política pública que cuenta con el respaldo mayoritario en el Congreso o con la decisión del Ejecutivo, lo cual en las condiciones actuales conduce de inmediato a inferir que aquéllas serán sujetas de una intensa campaña en radio y televisión (como hoy sucede con los supuestos beneficios de la reforma energética), por lo que ni los ciudadanos ni los partidos que los respalden podrán contrarrestarlas.
Además, si se logra revertir la disposición materia de la consulta, la ley establece en el artículo 64 que corresponde a la Suprema Corte notificar “a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”, es decir, para modificar las disposiciones legislativas o suspender la aplicación de las políticas públicas correspondientes. Sin embargo, la legislación en ningún momento habla de tiempos perentorios, medidas coercitivas y menos de sanciones para las autoridades que no las acaten.
En cambio, sí indica una fecha de caducidad: “Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio, tendrá efectos durante los tres años siguientes”. Y para que no quede lugar a dudas de a qué se refiere esta disposición, el dictamen subraya: “Es de suma importancia destacar que en el caso de que el resultado vinculante de la consulta popular implique que el Congreso de la Unión deba abstenerse de legislar sobre una materia determinada, los efectos de la vinculatoriedad se acotan a la legislatura inmediata siguiente”. Así, en el supuesto de que mediante la consulta popular se revierta la reforma en materia energética, la legislatura que inicie en 2018 podrá nuevamente aprobar las mismas disposiciones que los ciudadanos rechazaron en 2015.
Aunque de acuerdo con los transitorios, la realización de la consulta en materia de reforma energética –conforme a la petición que ya presentó en nombre de los ciudadanos el PRD– depende únicamente de que se cumpla con el número de firmas y con la decisión del Pleno de la Corte, suponiendo que se llenen los requisitos formales, las condiciones para ganar la consulta serán todavía más adversas de lo que ya de por sí eran por oponerse al Ejecutivo, a la mayoría del Legislativo y a los principales actores económicos nacionales e internacionales.
El hecho es que, más allá de esta consulta popular, la ley pretende blindar las decisiones de la autoridad frente a la soberanía popular, así sea una amplia mayoría la que se exprese.
Calderón, El Chayo y Michoacán
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| La supuesta tumba de Nazario Moreno, "El Chayo". Foto: Enrique Castro |
MÉXICO, D.F. (apro).- Con un cálculo ministerial sorprendente el gobierno del priista Enrique Peña Nieto ha demostrado, quizá involuntariamente, la gran falacia que fue la “guerra contra el narco” del gobierno del panista Felipe Calderón y ha abierto las compuertas para otras y complejas dudas que pueden convertir a la actual administración federal en rehén de su propia estrategia. La clave, de nuevo, está en Michoacán.
En menos de un mes dos grandes íconos de la guerra calderoniana han caído: Joaquín El Chapo Guzmán, inatrapable, mitificado por la propia ineficacia de Genaro García Luna, su presunto perseguidor, fue capturado en un operativo conjunto de las fuerzas armadas y policiacas mexicanas y estadunidenses; y Nazario Moreno, El Chayo o El Más Loco, quien demostró ser más astuto que toda la operación de propaganda del calderonismo para decretarlo muerto y colocar ante los medios masivos la falsa medalla del avance en Michoacán.
El caso de El Chapo es geopolítico y de dimensiones distintas a las de ElChayo, por la complejidad de los intereses involucrados y las ramificaciones internacionales del cártel de Sinaloa.
En contraparte, el caso de El Chayo es un retrato hablado de cómo la violencia verbal, mediática y militar, más cargada de ansias de legitimación política que de combate al crimen, resultaron justo lo contrario y en sentido inverso a lo planeado por el calderonismo.
El Chayo era un personaje menor en la estructura de Los Zetas, en busca de arrebatarle la plaza de Michoacán, sus laboratorios y sus plantíos de mariguana, más el puerto de Lázaro Cárdenas, dominados por el cártel de Sinaloa desde los tiempos de Los Valencia.
La “guerra” de Calderón iniciada en 2007 en Michoacán le dio a El Chayo el pretexto ideal para disfrazar de autodefensas mesiánicas, cínicas y antizetas la conformación de un nuevo cártel: La Familia Michoacana. Su primera exhibición fue de un terrorismo claramente calculado. Arrojaron las cabezas en un centro nocturno de Uruapan, el 6 de septiembre de 2006, con la famosa nota que los catapultó como vengadores siniestros:
“La Familia no mata por dinero, no asesina mujeres, ni gente inocente; sólo ejecuta a quienes merecen morir. Todos deben saber esto… esto es justicia divina”.
Semanas después publicaron desplegados en periódicos de Michoacán y humillaron al gobierno entrante del panista michoacano Felipe Calderón. La irrupción de La Familia presionó para que el operativo inicial del gobierno calderonista fuera en su tierra. El mandatario se disfrazó de militar, puso cara de enojado (algo nada difícil) y convirtió a Michoacán en su Vietnam.
El segundo episodio de narcoterrorismo de La Familia fue el bombazo del 15 de septiembre de 2008 en la plaza de Morelia. Un cerebro enfermo como el deEl Chayo logró “tropicalizar” el modelo de Los Zetas y lo perfeccionó con estrategias de vinculación con la sociedad y un discurso paranoide y mesiánico al estilo de las sociedades secretas. Todo en pleno sexenio de Calderón.
Un triunvirato formado por El Chayo, Jesús Méndez Vargas, El Chango, y Servando Martínez, La Tuta, transformaron a los exaliados de Los Zetas en una máquina de extorsión, miedo y narcopolítica.
La guerra de Calderón no le arrebató ninguna plaza a La Familia, mucho menos Apatzingán, el epicentro del conflicto entre 2007 y 2014 en esa entidad y en la zona de Tierra Caliente.
En 2009, Calderón ordenó el michoacanazo, una espectacular y fallida cacería de brujas contra alcaldes y funcionarios menores presuntamente vinculados a La Familia.
En lugar de debilitarlos, el calderonismo regionalizó la presencia de La Familia por el Valle de México, especialmente en territorio mexiquense y en otras partes cercanas a Michoacán.
En diciembre de 2010 el gobierno federal panista se apresuró a dar por buena la versión de que El Chayo murió en un enfrentamiento y, así, decretó el descabezamiento de La Familia Michoacana. Hasta echaron mano de una “filtración” a Televisa, en el espacio de Primero Noticias, conducido por Carlos Loret de Mola, para utilizar una grabación de La Tuta y “acreditar” virtualmente la muerte del Chayo.
Lo que sucedió fue lo obvio: haciéndose al muerto, El Chayo y sus socios fundaron otra sociedad secreta militarizada, los Caballeros Templarios, para reorientar y defender su gran negocio de Hacienda paralela.
La pifia de Calderón no fue menor ni un asunto de “insuficiencia de información” como ahora aclara Alejandro Poiré, tres años después, y valida el exmandatario a través de su cuenta de Twitter, el reducto de sus justificaciones.
El “error” del calderonismo fue el mismo que sucedió con Los Beltrán Leyva, con La Barbie, con el cártel de Juárez y con el Golfo-Zetas: pretendiendo combatir a los cárteles-madre fragmentaron a las sociedades criminales. Su gobierno inició con seis grandes cárteles y terminó con una decena, al menos.
En Michoacán, los Templarios rompieron sus alianzas con políticos locales de PRD y PAN para apostarle al retorno del PRI. El Más Loco resultó tan cuerdo como astuto. Recompuso sus fuerzas mientras se gestaba el nuevo episodio de la disputa michoacana: la conformación de grupos de autodefensa, menos siniestros que La Familia, pero con un discurso muy similar. La diferencia es que no arrojaron cabezas sino que fueron tomando municipios y sustituyendo a los cuerpos policiacos minados por la corrupción.
Ahora, El Chayo vuelve a estar muerto, pero Los Templarios siguen operando. Y han logrado fracturar e infiltrar a los grupos de autodefensa por una sencilla razón: en Michoacán no es una guerra entre “buenos” y “malos”, es más bien una demostración límite de un “narco-Estado” secuestrado desde hace años, al menos en la zona de Tierra Caliente.
El negocio en Michoacán para estos distintos grupos no es la paz sino la guerra. Es el cobro del derecho de piso y el negocio millonario de los laboratorios y la producción de mariguana en un sector agrícola devastado de décadas atrás.
De esos errores derivados de la premura, de un mal diagnóstico y del desmantelamiento de la procuración de justicia del calderonismo podría aprender la actual administración federal. Pero todo parece indicar que el veneno sembrado por El Chayo y su émulo, La Tuta, y sus diversas ramificaciones políticas y paramilitares, se vuelve a reproducir, a pesar de la intensa propaganda en sentido contrario.
Twitter: @JenaroVillamil
Comentarios: www.homozapping.com.mx
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Lo que Lozoya no contestó
De las 55 preguntas formuladas al director general de Pemex, solo 26 versaron sobre el caso Oceanografía. No se mencionaron nombres de funcionarios o exfuncionarios involucrados
Miércoles 12 de marzo de 2014
Si bien las respuestas por escrito otorgadas por la dirección de la paraestatal fueron evasivas, en las preguntas hay un énfasis que regirá el futuro de la indagatoria pública sobre la investigación.
De las 55 preguntas formuladas al director general de Pemex, solo 26 versaron sobre el caso Oceanografía. La mayoría fueron del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó 16 cuestionamientos sobre el tema y otras 10 correspondieron a Movimiento Ciudadano.
Con el alegato de que no querían entorpecer las investigaciones, la dirección de la petrolera negó responder por qué había otorgado a la empresa de Amado Yáñez un contrato de rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de un barco.
La misma naviera, según la pregunta formulada por el PAN, había sido descartada de una licitación sobre ese mismo contrato por no cumplir con los requisitos económicos. Tiempo después, se lo dieron por adjudicación directa.
A todas las preguntas relacionadas con Oceanografía, Pemex remitía a la misma respuesta, en la que se alegaba reserva sobre el caso en tanto concluyan las investigaciones.
La administración de Lozoya rehusó poner por escrito quiénes son los funcionarios, o exfuncionarios, de la paraestatal involucrados en la adjudicación directa de los contratos a Oceanografía, ni qué procedimiento de sanción se ha iniciado en contra de ellos.
En la comparecencia, sin embargo, dijo que hasta ahora el único funcionario investigado es Mario Ávila, ex funcionario de la paraestatal y encargado de varias de las licitaciones que fueron ganadas por Oceanografía.
La paraestatal tampoco dijo qué resultados tuvieron “las indagatorias por supuestas violaciones a las leyes de Obra Pública y de Presupuesto, de Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, de Presupuesto, que el contralor de Pemex Exploración y Producción debía abrir por disposición de la Auditoría Superior de la Federación en 2008”.
Las anomalías detectadas en dicha auditoría fueron algunas de las pistas más importantes contra malas prácticas de la empresa que fueron publicadas durante el calderonismo.
El PAN también cuestionó por qué en 2006 se habían destinado a los contratos de la naviera 514 millones de pesos y 33 millones de dólares que estaban destinados a otros fondos, quiénes habían sido señalados por dicha anomalía y cuáles sanciones se habían aplicado. Nuevamente la respuesta de Pemex fue el silencio.
Ni siquiera contestaron una pregunta técnica, referida a cuáles indicadores de desempeño de los contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP) había tenido la empresa, en comparación con los que se esperaban de los proyectos.
La petrolera responde con evasivas
Movimiento Ciudadano se concentró en los detalles del caso; tuvo las mismas respuestas por parte de Pemex.
El partido preguntó cuáles eran los contratos en los que Oceanografía depositó menos del 10 por ciento de la fianza a pagar, por qué se originó la falta de pago y qué daño representan para el patrimonio de Pemex.
Agregó que se había publicado que de 6 mil 834 contratos, mil 92 se corrigieron con contratos modificatorios. Quisieron saber la causa por la que se habían firmado estos convenios modificatorios, en cuántos de ellos se incrementó el costo original pactado y cuánto representará en pérdidas al patrimonio de PEP.
No se referían solo a esta empresa, sino a todo Pemex, aunque la respuesta siguió siendo negativa.
Con mayor énfasis, la petrolera se resistió a contestar sobre el contrato 428230840, firmado entre Oceanografía y la Unidad de Servicios Marinos, Gerencia de Administración y Finanzas de PEP, en el cual “el costo se elevó hasta 530 por ciento, puesto que el monto inicial era de 250 millones de pesos, mientras que en el convenio ascendió a mil 576 millones de pesos”.
Movimiento Ciudadano indicó que el déficit de la cobertura de las fianzas por parte de Oceanografía supera los 11 millones 468 mil dólares y quiso saber la cifra exacta de la afectación.
El grupo parlamentario expuso que la inhabilitación impuesta a Oceanografía comprende únicamente hasta 2015, a lo cual cuestionó por qué no se realiza de manera permanente.
Nada de Carlos Morales
El PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron a Pemex sobre la vinculación entre la salida de Carlos Morales de la dirección de PEP con respecto al caso Oceanografía y la asignación directa de un contrato a la empresa noruega Seadrill.
Repitieron el discurso del día en que se hizo pública la salida del exdirector de la subsidiaria durante los dos sexenios panistas.
“La renuncia del Ing. Carlos Morales Gil se debió a cuestiones personales, principalmente relacionadas a que el entonces director general de Pemex Exploración y Producción optó por la jubilación a la que ya tenía derecho…
“Petróleos Mexicanos… reconoce la importante contribución del ingeniero Morales durante sus más de nueve años al frente de la subsidiaria y a lo largo de su trayectoria de más de 30 años al servicio de Pemex”.
Consignan a novio que ordenó el asesinato de su pareja por negarse a abortar
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| Karla López Albert, desaparecida el 30 de enero. Foto: Tomada de Facebook |
PUEBLA, Pue., (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia del estado consignó a Manuel Forcelledo Nader, al confirmar que contrató a dos sujetos para que asesinaran a su novia, Karla López Albert, quien tenía cinco meses de embarazo.
El procurador Víctor Carrancá Bourget informó que además de Forcelledo Nader, de 28 años de edad, se consignó ante el juzgado de San Pedro Cholula a Leopoldo Camacho Vázquez, Rodrigo Augusto Solís Cano y Moisés Cordero Hernández como presuntos cómplices del feminicidio cometido el 30 de enero de este año. Los cuatro implicados en este crimen permanecían en calidad de arraigados.
La madre de Karla, María Esperanza Albert Razo, ubicó desde un principio a Forcelledo como posible responsable del asesinato de su hija, de 34 años de edad. El novio estaba en desacuerdo con el embarazo y le había insistido a su pareja en abortar. El día de su desaparición, Karla se dirigía a entrevistarse con el ahora inculpado.
De acuerdo con las investigaciones, la pareja sentimental de Karla entregó un pago inicial de 7 mil pesos a Solís Cano y a Cordero Hernández para que lo ayudaran a planear y a cometer el asesinato, en tanto que Camacho Vázquez le vendió el chip de su celular para que Forcelledo pudiera comunicarse con la víctima sin ser ubicado.
El presunto autor intelectual y material del homicidio habría citado a López Albert el 30 de enero en un salón de fiestas propiedad de su familia, ubicado en la Recta a Cholula y Periférico, bajo el engaño de que había comprado un seguro de gastos médicos para cubrir el parto del hijo de ambos.
En ese lugar, Forcelledo Nader y sus cómplices golpearon a Karla López hasta que perdió el conocimiento y después la estrangularon con un lazo de rafia.
Cordero Hernández y Solís Cano, quienes habían trabajado como guardaespaldas del exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y excandidato del PRI a la alcaldía de Puebla, Enrique Agüera, colocaron el cuerpo de la mujer en la cajuela del automóvil de la víctima.
Solís Cano se llevó el automóvil al Distrito Federal y mantuvo el cuerpo en la cajuela hasta el 2 de febrero, cuando decidió abandonarlo en un paraje de la delegación Tláhuac.
En ese lugar fue localizado por autoridades locales y permaneció en calidad de desconocida hasta el 7 de febrero, cuando se confirmó que se trataba de la mujer que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el 31 de enero.
La madre de la víctima brindó a la Procuraduría un número telefónico que su hija traía apuntado en un papel entre sus pertenencias. Ese número, desde el cual se realizaron llamadas a Karla el día de su desaparición, estaba registrado a nombre de Leopoldo Camacho Vázquez, quien presuntamente lo vendió a Forcelledo.
La Procuraduría precisó que realizó alrededor de 500 diligencias entre cateos, rastreo de llamadas de celulares y análisis de computadoras.
Tras la examinación técnica de los elementos encontrados en las investigaciones, primordialmente el celular de Forcelledo Nader, se obtuvieron mensajes que habían sido borrados y que ponían de manifiesto el acuerdo entre los implicados, en relación con las circunstancias y fecha en que podría ejecutarse el homicidio de López Albert.
“A través del análisis de los distintos números telefónicos de cada uno de los sujetos pasivo y activos del delito, se logró georreferenciar que tanto la víctima como los hoy consignados, coincidieron durante un lapso estimado de una hora y media, momento en el que sucedió el feminicidio”, precisó la dependencia.
Cabe señalar que desde 2012, el Congreso de Puebla tipificó el delito de feminicidio, el cual fue calificado como delito grave, con una pena de 30 a 50 años de prisión.
Jóvenes beben alcohol vía an-al y va-ginal para evitar alcoholímetro
http://www.fafhoonoticias.org/2014/03/jovenes-beben-alcohol-via-al-y-va-ginal.html
En Tamaulipas, la Secretaría de Salud se mantiene alerta por el incremento del consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes, que lo hacen por vía an-al y va-ginal para evitar ser identificados por el alcoholímetro y los padres de familia.
La jefa del departamento de Adicciones de la Secretaría de Salud, Soraya Sánchez Diez de Pinos, descartó que esta práctica vaya en aumento y aunque aún no tienen casos registrados de manera oficial, señaló que se puede estar realizando, principalmente en la zona sur del estado.
Y es que es precisamente en esa región, donde los propios jóvenes a través de redes sociales exponen la práctica de esta actividad, con la que buscan burlar a la autoridad y a los propios padres, al no ser identificados con aliento alcohólico.
No tengo datos reportados, pero seguramente es factible que esté realizándose esta práctica entre los jóvenes”, puntualizó.
Es algo grave que se puede estar suscitando, hay que tener mucho cuidado los jóvenes lo están utilizando para no ser percibidos por el alcoholímetro y de alguna manera también haber sido sorprendidos por los padres”, señaló.
Esto, de acuerdo a la entrevistada, se puede manifestar por infecciones que pueden repercutir de forma negativa en las personas, por lo que recomendó evitar esas prácticas.
La funcionaria informó de manera general, que en Tamaulipas el 68 por ciento de la población ha consumido alcohol alguna vez en la vida, un 33 por ciento consume altas cantidades por ocasión de consumo.
Esto es lo que realmente nos mantiene ocupados, en la vigilancia especialmente en los jóvenes que tienen un uso inadecuado del consumo de alcohol, estos chicos regularmente en fiestas y reuniones consumen grandes cantidades de alcohol”, comentó.
El inicio de la ingesta de alcohol, por parte de los adolescentes es antes de los 17 años, sin embargo, las autoridades sanitaras han detectado casos de menores de 11 y 12 años que comienzan su consumo.
Soraya Sánchez afirmó que la venta de alcohol a menores está vigilada y regulada por la Coepris, para evitar el acceso de menores a las mismas, sin embargo, son los adultos quienes lo compran y proporcionan posteriormente a los adolescentes.
Crimea se separa de Ucrania.
Crimea declara independiente la península, donde se agudiza la influencia militar de Rusia. Washington reacciona al cancelar el diálogo con Moscú
Miércoles 12 de marzo de 2014
La península de Crimea está cada vez más cerca de Rusia y más lejos de Ucrania.
El parlamento crimeo aprobó ayer la independencia de la península del resto de Ucrania, lo que las potencias occidentales calificaron de ilegal.
La decisión ocurre días antes de celebrarse el referéndum que anexaría a Crimea con Rusia, a celebrarse el próximo domingo, lo que ya tiene ocupados a los legisladores rusos en la formulación de las reglas para la unión.
La influencia de las fuerzas rusas crece en la península, pues hay reportes de hombres armados que han tomado los aeropuertos para permitir solo la llegada de vuelos provenientes de Rusia.
Aunque Kiev y la Unión Europea desconocen la legalidad de la independencia de Crimea, Moscú emitió un comunicado en el que alega que es legal con base en dictámenes de la ONU durante la separación de Kosovo de Serbia, en 2010.
“En esta conclusión, votada por la asamblea general de la ONU sobre la iniciativa de Serbia, la corte confirmó el hecho que la proclamación unilateral de la independencia de una parte del estado no viola normas del derecho internacional”, dicta el boletín.
La canciller de Alemania, Angela Merkel acusó a Rusia de robarse Crimea.
“Rusia se robó Crimea de Ucrania, y eso no puede dejarse pasar, señaló Merkel, según declaraciones frente a diputados conservadores que reportó la agencia AFP”, informó ayer Le Monde.
EU rompe el diálogo
Con el argumento de que no puede haber un diálogo mientras Crimea siga adelante con la idea de anexarse a Rusia, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, canceló una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin.
Kerry reiteró que Moscú debe ayudar a resolver la crisis ucraniana, que la intervención en Crimea debe terminar y que el Kremlin no debe anexarla.
“Los próximos días serán críticos para cualquier solución diplomática a la crisis de Ucrania. Pero el panorama no es muy esperanzador”, expresó al respecto Mark Mardell, editor de noticias norteamericanas de la BBC.
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