Ingenuo que es uno-Fisgón

Ofensiva mediática-Helguera

Y todo a media luz-Rocha

Primer triunfo-Hernández

Astillero

Aparatosa, insuficiente y facciosa

Nomás al saliente Ulises

Ni tocar a Fox (y otros)

Julio Hernández López

Frente al tamaño de lo sucedido en Oaxaca en 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ayer una recomendación aparatosa, insuficiente y facciosa. Es cierto que en primera lectura resulta altamente plausible la decisión de los altos ministros de responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz de las múltiples violaciones a derechos y garantías que se dieron en aquella entidad durante la histórica movilización popular de tres años atrás. Pero tal resolución, que carece de carácter obligatorio en sus términos (aunque tiene el valor ético y mediático que se le quiera reconocer a su fuente, la máxima instancia nacional de discernimiento jurídico), corre el riesgo de parecer un acto ruidoso, una especie de alharaca palaciega, autorizada por los mandos ejecutivos que suelen controlar las mayorías votantes de la Corte, para generar un vano entretenimiento público por fuera de lo que hoy es la máxima pifia política del calderonismo, o su máxima apuesta autoritaria, decidida a pasar por encima de lo que sea, la del conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas.

No se duda ni por equivocación de las culpas del dictadorcillo oaxaqueño ni se pone en entredicho la sinceridad y congruencia de los ministros de la Corte que empujaron desde un principio la tesis de que las responsabilidades de la gran represión de 2006 iban más allá de algunos jefes policiacos menores, como lo sugería el proyecto de resolución presentado por el derechista y controlado ministro Mariano Azuela. Pero llama la atención que justamente ese segmento mayoritario de ministros, que suele obedecer las instrucciones de su fuente de inspiración que está en Los Pinos, hubiera ayer transitado con tanta suavidad el camino hacia el señalamiento de Ruiz como violador de derechos y garantías, en una súbita iluminación de criterios que devino en la crucifixión política de quien había sido aliado de Calderón y ahora se ha distanciado de él, tanto en razón del oponerse al paquete económico felipista como en función del apoyo abierto, con recursos públicos y privados, que ha dado a los proyectos expansionistas del priísmo que causaron la derrota mapacheril del PAN en los pasados comicios.

La decisión judicial de ayer tiene, además de ese tufo a medida distractora que acabará en la nada, pues no hay condiciones para que los congresos estatal o federal tumben al represor oaxaqueño, el sello de otra insuficiencia inocultable, el comportamiento faccioso que protegió al gran jefe electoral de 2006 y aplicado represor clasista, el vaquero Fox, que no fue tocado más que con el pétalo de algunas menciones críticas de ministros de la Corte, pero que finalmente resultó absuelto, al igual que sus funcionarios involucrados en el tema, Carlos Abascal, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. Aun cuando la presencia de las fuerzas federales en Oaxaca fue causa de múltiples violaciones a los derechos humanos, las garantías constitucionales y la legalidad, los ministros decidieron ayer excluir de responsabilidad no sólo a esa plana mayor, sino incluso al coordinador de las fuerzas federales de apoyo y al jefe del Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, ahora diputado federal y poderoso presidente de la comisión de la defensa nacional de esa cámara.

El sesgo partidista de protección a Fox, y la concentración de tibia metralla de salva en Ulises Ruiz, dejan esa resolución de la Corte en un plano que pareciera servir para revivir la oposición al mandatario oaxaqueño que está en la tentación de adelantar la postulación de su candidato a la sucesión ante el calentamiento del ambiente que han hecho Gabino Cué y López Obrador. También servirá la decisión de la Suprema para que los cortesanos mediáticos apuntalen sus análisis con la versión de que en México se vive una nueva etapa de poder, con un Calderón que impulsa golpes a monopolios y adversarios pesados, no sólo sindicatos izquierdosos sino también gobernadores incómodos. ¡Oh, sí, cuántos pantalones del lic. del Caldero Grande: ayer contra el SME, hoy contra Ulises de Salida! ¿Quién seguirá mañana (si es que hay mañana)?

Astillas

Bitácora eléctrica: Marcelo Ebrard, bien con la propuesta de una mesa de diálogo y el recuerdo de los derechos constitucionales de los trabajadores; Calderón precisó los términos del chantaje a los trabajadores pues, dijo,”para ser más claro, mientras más pronto pueda procesarse esta decisión (la de firmar la liquidación, nota de Astillero), más fácil y prioritaria será la reincorporación a la vida laboral para aquel trabajador que así lo desee” y también se diagnosticó “con absoluta tranquilidad de conciencia”; Martín Esparza siguió picando piedra con legisladores federales, y los cheques de liquidación fueron cobrados por pocos trabajadores y en medio de gran desorden administrativo y técnico; por último, los apagones y el enojo social por tanto desbarajuste inducido continuaban ayer... Eliezer Rodríguez, desde el código postal 02060, pregunta: “La colonia donde vivo se llama Sindicato Mexicano de Electricistas; si desaparece el sindicato ¿cómo se llamará ahora?”... Víctor Betancourt reporta que en Radio Ibero, 90.9 de FM, fue transmitida la opinión del doctor Alberto Montoya, especialista en estudios estratégicos de la Universidad Iberoamericana: “sostuvo, invitando a revisar la Constitución, que los argumentos de Calderón para el cierre de LFC no se sostienen, que son puras mentiras. Mostró que lo de los recursos que, según Calderón, iban al pago de salarios y pensiones, es falso. Y describió las transas con el gas que México importa a la CFE (para la producción de energía), a través de Repsol y que la CFE vende a Luz y Fuerza a un precio elevado”...  Y, mientras ha saltado de nuevo al foro el desinflado Guanito para meter ruido, ahora con su nueva telenovela de que siempre sí quiere regresar a la jefatura delegacional de Iztapalapa, ¡hasta mañana, luego de que hoy por la tarde caminemos del Ángel al Zócalo!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

El chivo expiatorio

Octavio Rodríguez Araujo
El 9 de febrero de 1994 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC). El decreto fue firmado por Carlos Salinas de Gortari y varios de sus secretarios de gabinete, pero no el de Gobernación. El nuevo organismo sustituyó a las empresas en liquidación, que eran las compañías de Luz y Fuerza del Centro, de Luz y Fuerza de Pachuca, de Mexicana Meridional de Fuerza y de Luz y Fuerza de Toluca.

De lo anterior se desprende que otro decreto presidencial puede extinguir la empresa. No hay misterio en esto. Lo que sí está en cuestión es la razón esgrimida por el gobierno de la República para liquidar el organismo descentralizado creado en 1994. Se argumentó que tal decisión obedeció a la necesidad de revertir un gasto exagerado en beneficio de la economía de la nación y del interés público. El secretario de Gobernación añadió, en entrevista, que ese gasto excesivo se debía al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que dio el papel de co gestor de la empresa. El secretario de Hacienda y Crédito Público declaró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidirá si integra en su plantilla laboral a parte de los despedidos o se genera una paraestatal nueva que tenga otras condiciones de trabajo (las cursivas son mías). Las declaraciones de Gómez Mont y de Carstens son reveladoras: los costos excesivos de LFC se deben al contrato colectivo de trabajo del sindicato y las fallas en la administración del organismo descentralizado obedecen también al gremio, ya que son, dijo el secretario, corresponsables de su gestión.

El decreto de 1994, ahora sustituido por otro, establecía que LFC se regiría por una junta de gobierno integrada por el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, quien la presidiría, y por sendos representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quienes deberán tener el nivel de subsecretarios o su equivalente. También formarían parte el director general de la CFE y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo que rija las relaciones laborales en el organismo (el SME). Sus decisiones se tomarían por mayoría de votos, por lo que la representación sindical nunca podría imponerse, pues constituía la tercera parte de la junta.

Entre las atribuciones de la junta de gobierno estaban la elaboración del presupuesto anual de egresos, la aprobación de sus programas que deberían de ser sometidos a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ahora Secretaría de Energía (Georgina Kessel) y, en su caso, el programa de adiestramiento, capacitación y desarrollo de recursos humanos que proponga el director general. Éste, conviene recordar, era nombrado por el presidente de la República. En otros términos, las transferencias presupuestarias cuantiosas que se han incrementado en más de 200 por ciento de 2001 a 2008 (gobiernos de Fox y Calderón), según dice el considerando del decreto del 11 de octubre de 2009, fueron responsabilidad de los miembros de la junta de gobierno, cuya mayoría está compuesta por los secretarios mencionados, no por los trabajadores. A dicha junta se debieron también los incrementos de trabajadores y a la Secretaría de Energía la aprobación de los programas de desarrollo de la empresa. ¿De repente descubrieron que LFC era muy costosa? Si es así, los secretarios del gabinete de Calderón que eran miembros de la junta de gobierno deberían de ser cesados, y antes de ellos el director de la empresa y, de paso, al presidente de México, que lo nombró, hacerlo responsable de tener en su gabinete y en la dirección de la empresa a personal de su confianza que no supo hacer su trabajo correctamente.
Las culpas de Fox ya pasaron de tiempo, pero las de Calderón son vigentes. Aceptemos, sin conceder, que el SME era un sindicato fuerte, ¿esto justifica que los secretarios de Estado y el director de la empresa aceptaran que el costo del contrato colectivo fuera, según dicen los firmantes del nuevo decreto, muy caro e inconveniente para la economía nacional y el interés público? ¿Fueron los trabajadores sindicados culpables de los programas de la empresa y de los onerosos subsidios estatales? ¿Y de qué sirvieron desde 2001 los gobiernos panistas y sus secretarios de Estado miembros de la Junta de Gobierno de LFC? ¿Estaban de adorno o simplemente demostraron su incompetencia?

Las declaraciones del secretario de Gobernación (quien inexplicablemente es uno de los firmantes del decreto del 11 de octubre) y del de Hacienda no dejan duda: el chivo expiatorio era el sindicato (y su contrato colectivo de trabajo), que –cosa que no se dice– fue aprobado por la patronal, esto es, por el gobierno que, a diferencia del chivo, no sufrirá represalias. De aquí que Carstens haya sugerido, repito, que los trabajadores que eventualmente contrate la CFE tengan otras condiciones de trabajo, es decir, un contrato disminuido.

Es claro que tratándose de trabajadores que en el mejor de los casos ganan tres salarios mínimos en promedio, su contrato le ha parecido al gobierno muy oneroso, por 44 mil trabajadores en activo, en tanto que el millón 200 mil trabajadores de la educación y los 136 mil de Pemex (donde de cada peso en gasto corriente 75 centavos van a la nómina) no lo son o no parecen serlo. La diferencia es que el SME es un sindicato independiente y combativo mientras que el de trabajadores de educación y el de petroleros no. Éstos se han “portado bien” y son dóciles al gobernante en turno. Los miles de funcionarios de la administración pública federal, de director de área para arriba, no tienen contrato colectivo de trabajo, ¿pero ya cuantificó Calderón su costo y lo comparó con el de LFC? ¿Ya cuantificó el costo de la exención de pagos de electricidad a las empresas consentidas del gobierno y del mismo edificio de Los Pinos?

Una última pregunta: ¿fue legal que dos horas antes del decreto en cuestión la Policía Federal tomara las instalaciones de LFC o es parte del uso indiscriminado que Calderón está haciendo de la policía y del Ejército para todo lo que quiera combatir?

Los “olvidos” de Felipe El Rabioso

México SA


Fábula: príncipe contra dragones

¿Dónde estaba la junta de gobierno?

Carlos Fernández-Vega

Estaba el inquilino de Los Pinos duro y dale con aquello de que la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue una decisión que se pospuso y pospuso no sólo durante años, durante décadas”, cuando alguien de su círculo íntimo le dijo: “espérate, Felipe, que tu también tienes tu historia”. Pero estaba tan contento y realizado con sus amigochos de la tele y de la radio, que no escuchó la advertencia y siguió: “… con ese espíritu que antepone el interés de la nación, que el gobierno federal, a mi cargo, tomó la muy difícil, pero indispensable decisión de extinguir la empresa LFC el pasado domingo…. teníamos que resolver un problema, y un problema grave que había sido pospuesto durante mucho tiempo y que había llegado a niveles verdaderamente insostenibles en los últimos años… en la medida en que sepamos los mexicanos enfrentar y no evadir nuestros problemas, por muy difíciles y por muy costosas que sean las soluciones y sus consecuencias, en esa misma medida nuestro querido México será un país mejor”.



Y otra vez, jodón, el del círculo íntimo al oído: “Felipe, bájale, que como secretario de Energía nada hiciste para anteponer el interés de la nación y enfrentar y no evadir los problemas de Luz y Fuerza del Centro, y menos como inquilino de Los Pinos, con todas las herramientas a la mano. Si como titular de la Sener supiste cuál era la situación y qué tan profunda era la bronca, ¿por qué no actuaste cuando, con Fox, presidías la junta de gobierno de LFC? Y, ya instalado en Los Pinos, con el expediente en la mano, ¿por qué tardaste casi tres años?” Pero el aludido nada respondió, atrapado por el desinteresado aplauso de sus amigochos de la tele y la radio.



¡Ah!, qué fábulas tan bonitas. Pero más allá de los cuentos de valerosos cuan entrones príncipes carismáticos que destruyen feroces dragones de 45 mil cabezas, si fuera cierto lo que ayer dijo a los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, entonces no cabe duda que seis años atrás Felipe Calderón tendría que haber renunciado a la Secretaría de Energía por posponer lo que “otros” habían pospuesto y “no responder a los intereses de la nación”. Ya como inquilino de Los Pinos, de inmediato debió resolver el problema que “otros” pospusieron y pospusieron. Tampoco fue así, y menos renunció: esperó casi un trienio para proceder, y sólo lo hizo en una coyuntura política para él desastrosa, con el barco a medio hundir, y nada más contra una de las partes del conflicto, “olvidando” que, por ley, Luz y Fuerza del Centro tenía una junta de gobierno, su máximo órgano de administración, que entre sus obligaciones tenía “fijar las políticas administrativas y de organización que le permitan alcanzar una gestión eficiente, productiva, rentable y autosuficiente, acordes con las necesidades de los usuarios, en su ámbito de influencia. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que le confieren los distintos ordenamientos legales que resulten aplicables” (artículo quinto del estatuto orgánico de LFC, vigente hasta el pasado 11 de octubre). Todo ello, “en cumplimiento del programa sectorial en cuanto a la prestación del servicio público de energía eléctrica” (ídem).



Además, entre otras “atribuciones indelegables”, la junta de gobierno de LFC establecía “las políticas generales”; definía “las prioridades a las que deberá sujetarse el organismo relativas a producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general”; aprobaba “los programas y presupuestos del organismo, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable”; fijaba y ajustaba “los precios de bienes y servicios que produzca o preste el organismo, con excepción de los de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo federal”, y aprobaba anualmente “los estados financieros y autorizaba la publicación de los mismos”.

Entonces, más allá del dragón de 45 mil cabezas y la mítica espada de Felipe El Rabioso, la primera que tendría que haber sido fulminada por no corregir los “niveles verdaderamente insostenibles” en LFC se llama Georgina Kessel, secretaria de Energía del calderonato y presidenta de la junta de gobierno de la paraestatal defenestrada, y de su mano el director general de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, quienes “pospusieron y pospusieron” y no se animaron a “anteponer el interés de la nación” para resolver el entuerto. Junto a ese par, de tiempo atrás un ejército de funcionarios tendría que haber sido dado de baja. El artículo 6 del citado estatuto precisa: “la junta de gobierno (de LFC) se integra por el secretario de Energía, quien la presidirá, y por sendos representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Medio Ambiente, Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua; asimismo, por el director general de la Comisión Federal de Electricidad, y tres representantes del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que rija las relaciones laborales en el organismo. La junta de gobierno designará a su secretario. Los integrantes de la junta de gobierno nombrarán a sus respectivos suplentes y en ausencia del secretario de Energía la junta de gobierno será presidida por el director general de la Comisión Federal de Electricidad… (además) el representante que al efecto nombre la Secretaría de la Función Pública, y su respectivo suplente”.



Todos ellos, dice Calderón, se doblegaron ante el dragón de las 45 mil cabezas. Sin embargo, como se constata, el SME sólo ocupaba tres sillas en la junta de gobierno, y el gobierno federal las siete restantes, pero –según el inquilino de Los Pinos– ese tercia de asientos “se imponían a la operación de la empresa en el contrato colectivo, obligaban a la misma a ponderar en sus decisiones administrativas, más que las necesidades de los usuarios, las exigencias de los líderes sindicales”. Entonces, con mayor razón, los pusilánimes representantes gubernamentales en LFC se ganaron a pulso el despido, pero se “pospuso y pospuso”.



Lo anterior se redondea con el artículo 7 del mismo estatuto: “la junta sesionará válidamente y sus decisiones serán obligatorias, cuando se reúnan la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente (Georgina Kessel en este caso) tendrá voto de calidad…” Y el artículo 8 precisa: “la junta se reunirá una vez cada tres meses, cuando menos (…) Las resoluciones de la junta se tomarán por mayoría de los miembros presentes”.



Las rebanadas del pastel



Entonces, queda la duda: ¿los siete representantes del gobierno calderonista votaron a favor de los tres del SME, o cómo fue?



cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx

Alertan sobre riesgos para autonomía de universidades

Emir Olivares Alonso

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron sobre los riesgos que enfrentan las instituciones autónomas públicas de educación superior del país.

Humberto Muñoz García, coordinador del seminario de educación superior del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, aseveró que el Estado busca “resignificar” el concepto de autonomía universitaria para ejercer mayor control sobre las instituciones públicas de enseñanza superior y que éstas se adapten a las pautas del mercado.

Durante las actividades conmemorativas por el 80 aniversario de la autonomía de la UNAM, el académico indicó que ese concepto representa poder e independencia, pero también un arma política que da capacidad para enfrentar a otros sectores políticos. Sin embargo, sostuvo que la búsqueda de mayor asignación de recursos ha provocado que, en defensa del presupuesto, los rectores actúen más como gestores que como conductores de la academia.

En los trabajos del congreso, varios especialistas coincidieron en que las estrategias de evaluación académica son un impedimento para el ejercicio total de la autonomía, ya que las universidades se ven obligadas a acoplar sus planes y programas de estudio a la certificación oficial.
Muñoz García sostuvo que gracias a su condición autónoma, las universidades tienen el derecho a definir sus planes y programas de estudio; sin embargo –advirtió–, esta práctica se ha visto limitada por la certificación, ya que deben acoplar sus planes y programas a dichas evaluaciones.

Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, comentó que en la práctica existen cuatro formas de ejercer la autonomía:

Por ley. Con este concepto, 40 instituciones (cuatro federales: UNAM, UAM, Chapingo y Autónoma Agraria Antonio Narro, y 36 estatales) acreditan su condición autónoma mediante una ley orgánica. Un caso excepcional –dijo– es el de la Autónoma de la Ciudad de México, que más allá de definirse en esa condición con una normativa orgánica, lo hizo con una ley de autonomía aprobada por la legislatura del Distrito Federal.

Una segunda opción son las escuelas libres –indicó el especialista–, cuyo régimen proporciona las mismas garantías de autonomía. La tercera es por la incorporación de estudios a instituciones autónomas y la cuarta es la simplificación administrativa, donde sobre todo se agrupan los colegios particulares.

Ir contra otros gremios sería autoritarismo, aduce Lozano

Liquidaciones: trabajador de base, $300 mil; de confianza, más de un millón

Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Tras precisar que los trabajadores de base del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tendrán en promedio una liquidación de 305 mil pesos y los de confianza un millón 300 mil o un millón 800 mil –si cobran antes del 14 de noviembre–, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguró que fueron “las administraciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) las que concedieron, negociaron y toleraron falta de niveles y baja calidad y eficiencia del servicio”.

En una conferencia de prensa inicialmente programada para dar a conocer los pormenores del proceso de liquidación a los trabajadores del SME, el funcionario fue cuestionado sobre por qué si se habla de “excesos y privilegios” de este gremio, no se mide igual a otras organizaciones sindicales como la de los petroleros, que tienen más prebendas.

Lozano reconoció que hay una serie de reclamos para que se actúe contra otros sindicatos y otros líderes gremiales, pero dijo que ello no se hará porque sería caer en “tentaciones autoritarias”.

–Usted habla de que el SME hacía peticiones millonarias en cada revisión contractual y salarial, pero también las hacen otros sindicatos, como el petrolero que lidera Carlos Romero Deschamps. ¿Contra ellos también se actuará?

–Hay que ver cuál es su aportación a la productividad y a la economía nacional…

El funcionario defendió además que el gobierno federal no va a medir igual a todos los sindicatos, porque “no se puede hacer tabla rasa”, e incluso anotó que hay que ver cuál es el costo-beneficio de cada gremio, de cada organización. Dijo que a LFC se le había querido liquidar desde otros sexenios y no se había logrado hacerlo.

Acerca del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que tiene el contrato colectivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), liderado por Víctor Fuentes –quien quedó al frente de la organización a la muerte de su tío Leonardo Rodríguez Alcaine–, el secretario Lozano aseguró que esta organización “sí ha demostrado una enorme capacidad para ponerse de acuerdo con su administración”.

En cuanto al proceso de liquidación, explicó que los trabajadores de base en promedio van a cobrar 305 mil pesos por finiquito o 435 mil pesos con la compensación incluida, si tramitan su pago antes del 14 de noviembre. En tanto, para los empleados de confianza, la liquidación será de un millón 300 mil pesos o un millón 800 mil, si apuran el proceso este mes.
Esto es porque el salario promedio de los trabajadores del SME es de 220 pesos diarios, es decir, 6 mil 600 pesos mensuales. Incluso, según cifras del sindicato, casi 20 mil trabajadores están debajo de ese promedio.

Otras categorías de trabajadores, como los transitorios, perciben 152 pesos diarios; la mayoría de oficinistas –depende del nivel– gana entre 180 y 260 pesos; un calculista de inspección obtiene 192.41 pesos; auxiliares, entre 109 y 139, y entre los más altos está el operador de subestación, que percibe 311 pesos al día.

Acompañado en esta conferencia de prensa por el director corporativo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco, y el subsecretario del Trabajo, Alvaro Castro, Lozano explicó que los trabajadores del SME tienen un plazo de hasta dos años para cobrar liquidaciones “a partir de la emisión del laudo de terminación de las relaciones colectivas de trabajo por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el próximo 30 de octubre”.

Los funcionarios dijeron no tener el dato de con cuánto se va a liquidar al director de LFC, y tampoco señalaron los montos que se otorgarán a los altos mandos de la paraestatal, pero mencionaron que sí recibirán finiquito.

El secretario explicó que el plazo límite para recibir la compensación adicional es el 14 de noviembre, y confirmó que efectivamente, los que acudan primero a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro por su liquidación, “tendrán derecho de preferencia” para ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad.

Según Javier Lozano Alarcón, los 44 mil trabajadores del sindicato que serán liquidados impactarán “muy poco” en la tasa de desocupación.

Por último, comentó que no acudió ante comisiones de la Cámara de Diputados porque “nunca fui invitado a comparecer”, y negó que él tenga algún interés en el negocio de fibra óptica, en que se ha mencionado a ex secretarios de Energía como Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens: “El león cree que todos son de su condición; no tengo ningún interés en este tema y es falso que tenga una consultoría en la materia”.

La Corte y su legitimidad

Editorial EL UNIVERSAL
15 de octubre de 2009


El ex presidente Vicente Fox no tiene responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños derivadas del conflicto que vivió su estado en 2006, concluyó la Suprema Corte. Sí, en cambio, el gobernador Ulises Ruiz. Una decisión que dejará descontentos a muchos, aunque por razones encontradas.

Los priístas considerarán que “la data” que lleva a condenar a Ulises Ruiz también habría conducido a reprobar parcialmente al gobierno federal y, por consecuencia, a Fox. Muchos asumirán que, pese a la división de poderes, la Suprema Corte todavía no está dispuesta a confrontar la figura de los ex presidentes ni siquiera con el pétalo de una rosa.


Para muchos de la izquierda el fallo en contra de Ulises parecerá más simbólico que real, considerando las escasas posibilidades de que ello derive en cargos penales que se concreten en alguna sentencia: las tres vías jurisdiccionales que podrían “procesar” el caso tienen evidentes objeciones políticas para hacerlo.


De un lado están el Congreso oaxaqueño, de mayoría priísta, y la Procuraduría estatal, obviamente vinculadas al gobernador. Ciertamente, el Senado podría realizar juicio político al mandatario, si acaso el PRI no fuera la piedra angular en el Congreso federal. La tercera vía, intervención de la PGR, tampoco es probable dada la responsabilidad que esta institución tuvo en los propios hechos. Si ya se salvó de un señalamiento de los ministros, será la más interesada en dejar pasar el asunto.


La decisión de la Corte, entonces, tiene pocas consecuencias, excepto para la propia Corte. Sin “excederse” con una posible condena a un ex presidente, ha querido enviar el mensaje a los ciudadanos de que los gobernadores no escapan a su arbitraje. Una manera de recuperarse del fallo sobre Puebla, hace dos años, sin correr ningún riesgo.

Vecinos bloquean vías por falta de electricidad

Por segundo día consecutivo, el Distrito Federal y el estado de México enfrentaron apagones e interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron incluso el servicio del Metro en la capital del país

El Universal
Jueves 15 de octubre de 2009
df@eluniversal.com.mx

Por segundo día consecutivo, el Distrito Federal y el estado de México enfrentaron apagones e interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron incluso el servicio del Metro en la capital del país.

La Secretaría de Protección Civil reportó que al menos 70 colonias de la capital del país se quedaron sin luz, lo que motivó incluso que los vecinos bloquearan vialidades para exigir la normalización del servicio.

El titular de la dependencia, Elías Miguel Moreno Brizuela, dijo que “todo se le está saliendo de control” (a la Comisión Federal de Electricidad), y expresó su preocupación por la posibilidad de que puntos estratégicos de la ciudad como hospitales y escuelas, incluso el aeropuerto, puedan resultar afectados por las fallas eléctricas.

Ayer por la mañana una interrupción en la energía en la Línea 8 del Metro ocasionó la suspensión del servicio por más de una hora entre las estaciones Garibaldi y Obrera. El Sistema de Transporte Colectivo informó que un cortocircuito causó el problema.

En Tláhuac, el delegado Rubén Escamilla dijo que en cinco puntos de la demarcación se registraron interrupciones en la energía.

En Toluca, el gobernador Enrique Peña Nieto mencionó que hay suficientes elementos para afirmar que los apagones registrados en distintos puntos de la entidad son producto de sabotajes. Responsabilizó de ellos a trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, como parte de su lucha de resistencia.

En los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc, varias comunidades se quedaron sin electricidad durante horas.

El director de Servicios Públicos de Texcoco, José Luis Pérez Ramírez, confirmó que las fallas comenzaron a reportarse desde las 8:00 de la mañana.

La falta de energía eléctrica afectó viviendas, comercios y planteles educativos, indicó el funcionario municipal.