Alertan sobre riesgos para autonomía de universidades

Emir Olivares Alonso

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron sobre los riesgos que enfrentan las instituciones autónomas públicas de educación superior del país.

Humberto Muñoz García, coordinador del seminario de educación superior del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, aseveró que el Estado busca “resignificar” el concepto de autonomía universitaria para ejercer mayor control sobre las instituciones públicas de enseñanza superior y que éstas se adapten a las pautas del mercado.

Durante las actividades conmemorativas por el 80 aniversario de la autonomía de la UNAM, el académico indicó que ese concepto representa poder e independencia, pero también un arma política que da capacidad para enfrentar a otros sectores políticos. Sin embargo, sostuvo que la búsqueda de mayor asignación de recursos ha provocado que, en defensa del presupuesto, los rectores actúen más como gestores que como conductores de la academia.

En los trabajos del congreso, varios especialistas coincidieron en que las estrategias de evaluación académica son un impedimento para el ejercicio total de la autonomía, ya que las universidades se ven obligadas a acoplar sus planes y programas de estudio a la certificación oficial.
Muñoz García sostuvo que gracias a su condición autónoma, las universidades tienen el derecho a definir sus planes y programas de estudio; sin embargo –advirtió–, esta práctica se ha visto limitada por la certificación, ya que deben acoplar sus planes y programas a dichas evaluaciones.

Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, comentó que en la práctica existen cuatro formas de ejercer la autonomía:

Por ley. Con este concepto, 40 instituciones (cuatro federales: UNAM, UAM, Chapingo y Autónoma Agraria Antonio Narro, y 36 estatales) acreditan su condición autónoma mediante una ley orgánica. Un caso excepcional –dijo– es el de la Autónoma de la Ciudad de México, que más allá de definirse en esa condición con una normativa orgánica, lo hizo con una ley de autonomía aprobada por la legislatura del Distrito Federal.

Una segunda opción son las escuelas libres –indicó el especialista–, cuyo régimen proporciona las mismas garantías de autonomía. La tercera es por la incorporación de estudios a instituciones autónomas y la cuarta es la simplificación administrativa, donde sobre todo se agrupan los colegios particulares.