jueves, 10 de octubre de 2019

Asesinan a Indígenas en #Ecuador y los medios callan

El SAT condonó pagos a Bacardí durante el sexenio de Felipe Calderón… y también en el de Peña Nieto

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– Durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó millones a Bacardí y Compañía SA de CV. 
De acuerdo con la información que compartió el SAT el pasado 1 de octubre, Bacardí y Compañía no pagó 30 millones 603 mil 425 pesos entre 2009 y 2013.
A la firma de bebidas alcohólicas, fundada en Santiago de Cuba, se le perdonaron tres pagos. En 2009 le condonaron 627 mil 965 pesos; en 2012, 3 millones 526 mil 220; en 2013, 26 millones 449 mil 240 pesos.
 Las empresas de la industria de las bebidas azucaradas y chatarra no solo fueron favorecidas por los dos últimos gobiernos con un etiquetado “a modo”, también recibieron condonaciones por 3 mil 769 millones 615 mil pesos, mientras la obesidad aumentaba afectando al 32.4 por ciento de los mexicanos.

Al menos nueve de las 39 empresas asociadas del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico), que agrupa a las corporaciones líderes en los mercados de alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y productos de cuidado personal y del hogar, aparecen en la lista liberada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la organización Fundar, Centro de Análisis e investigación para que se hicieran públicos los datos de las personas físicas y empresas a quienes se les condonaron o cancelaron adeudos fiscales en el periodo que abarca del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

Grupo Lala (2 mil 787 millones 780 mil 136 pesos), Conservas La Costeña (821 millones 146 mil 406 pesos), Grupo Peñafiel (78 millones 615 mil 360 pesos), Bacardí y Compañía (30 millones 603 mil 425 pesos), Colgate-Palmolive (18 millones 244 mil 754 pesos), Grupo Herdez (15 millones 677 mil 264 pesos), Ferrero (12 millones 964 mil 701 pesos), Nestlé (2 millones 487 mil 522 pesos) y Bimbo (2 millones 095 mil 432 pesos) fueron las favorecidas por este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Coacción del voto en elección de Morena



E
stá más que probado que ni los buenos ejemplos, ni las amenazas, ni siquiera los castigos destruyen el ADN del trabajo sucio, de la corrupción dentro de los partidos políticos, y Morena no es la excepción.
Tanto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales como en la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena se han recibido denuncias en contra de Édgar Roldán Navarro y Guadalupe Roldán González, dos militantes de esa organización que, según se asienta en las denuncias, han utilizado el programa de ayuda a los adultos mayores para tratar de pervertir el voto rumbo a la próxima elección de presidente del partido.
Una de las denuncias advierte que la queja se fundamenta en la utilización del programa social federal denominado Bienestar Social para mayores de 68 años de edad, a efecto de utilizar en su provecho personal, intimidando y condicionando a las personas que acuden a solicitar el registro al programa, en la próxima asamblea del partido para elegir consejeros estatales el domingo 27 de octubre, ya que me han amenazado de que si el día de la asamblea distrital no voto por la fórmula que ellos me digan, no recibiré el beneficio del programa, que ellos se encargarán de eso.
Los militantes de Morena Édgar y Guadalupe, del mismo apellido, figuran, ella como coordinadora municipal de programas sociales, y él es servidor de la nación en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México; es decir, ambos tienen posibilidades de maniobrar con los programas sociales.
Se debe reconocer que la situación del país, hoy en grado de emergencia, requiere de respuestas contundentes y de raíz –no hay lugar para la ortodoxia política–, pero eso no es argumento que sirva para seguir en el trazo de la corrupción.
En el otro extremo, Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas de Integrales de Desarrollo del gobierno federal –quien una de dos, o sabe mucho de política y engaña con juegos demagógicos o simplemente es un burócrata que ignora que la lucha de 30 años por llegar a la Presidencia fue principalmente ideológica–, ha pedido –como hacen los agentes de la derecha– a los empleados del gobierno del área que él maneja, que se despojen de lo ideológico, que no participen en las elecciones de Morena ni de ningún otro partido, que se conviertan en eso, en burócratas sin voluntad. ¿Será que la 4T busca eso?
Participar en lo político fue lo que se hizo durante los pasados 30, 18 años, y la idea era frenar la corrupción, romper el paradigma del Adn tricolor, por eso creemos que ninguna de las dos posturas que les hemos mostrado son las adecuadas para el proceso que se efectúa. Ya es hora de que alguien ponga orden en Morena, antes de que se queme en las llamas del sol azteca.
De pasadita
Y como la verdad, por donde se camina se hallan sorpresas desagradables, ahí les va otra para la colección. Resulta que en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad hay una controversia difícil de resolver, según nos cuentan. Por un lado, hay ciertas oficinas de ese organismo que se hallan en muy mal estado físico y se requiere hacer cambios que le den seguridad a los empleados, pero por otro hay quienes se aferran a la idea del no cambio, por más que permanecer en los edificios actuales sea peligroso.
Según nos han dicho, las pruebas de la debilidad de los inmuebles que se ocupan actualmente son visibles y es claro el peligro que entrañan; y entonces, uno se pregunta: ¿por qué no se quiere hacer el cambio? La respuesta salta de inmediato: alguien del pasado cobraba 10 por ciento, nos aseguran, por la renta del edificio a punto de caer. Dicen que eso ya se investiga, y qué bueno porque las malas costumbres se pegan. De esto, que como se ve tiene un calado profundo, ya les platicaremos más. Por lo pronto, parece que el asunto ya está en la procuraduría. Veremos qué pasa.

LOS CINICAZOS-Helguera

Hay garantías de que Santa Lucía no afectará el medioambiente: juez

No hay razón para impugnar norma de semarnat
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Periódico La Jornada
Jueves 10 de octubre de 2019, p. 13
El juzgado quinto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, que levantó una de las suspensiones que mantienen detenidas las obras del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, afirmó que dicho proyecto cuenta con las garantías de no afectar el medioambiente, respetando el derecho a una atmósfera sana previsto en el artículo cuarto constitucional.
El fallo afirma que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ya fue emitida y jurídicamente no hay razón para impugnarla, pues el terreno donde se desarrollará el proyecto, la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, actualmente ya está ocupada para una finalidad similar: en esa área de superficie nacional, donde a su vez existen recursos naturales, el Estado mexicano ya ejercía su domino directo también a través del espacio situado sobre territorio nacional, en la extensión y términos que fija el derecho internacional de acuerdo con el artículo 27 constitucional.
Seguridad nacional
Explica que si bien otros jueces federales han otorgado las suspensiones contra estos proyectos, se debe a que no contaban con el argumento de razones de seguridad nacional esgrimido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): no existe en la Constitución ni en las leyes de la materia prohibición para construir un aeropuerto civil en instalaciones militares, pues más allá de su conveniencia, operatividad y funcionalidad, es una cuestión que no será materia de análisis del pronunciamiento de la suspensión solicitada, sino en todo caso de la sentencia definitiva que al efecto se dicte.
El fallo emitido el martes pasado por el juez quinto sólo se refiere a la suspensión definitiva de uno de los amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, y aunque permite que la construcción pueda iniciar, aún falta resolver las suspensiones dictadas en otros amparos.
El litigio podría extenderse en impugnaciones ante tribunales colegiados, lo que prolongaría el conflicto. Ante ello, #NoMásDerroches pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el fondo del asunto.
El juez federal argumentó que no puede obsequiar a dicho colectivo la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, como la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto al proyecto del aeropuerto internacional de Santa Lucía.
Como se ha mencionado, constituye un hecho notorio jurídico que a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/05525, del 17 de julio de 2019, se contiene una autorización en materia de impacto ambiental que atiende al principio precautorio que rige en ese tema.