Desfiladero
Jaime Avilés
jamastu@gmail.com
■ Una receta para darle, al IFE y al PRD, una sopa de sus propios chocolates
José Zamarripa de la Peña, fallecido hace unas semanas, militó en la izquierda desde su adolescencia, luego pasó al Socialista Unificado de México y después al Partido Mexicano Socialista. En la imagen, asamblea constitutiva del PRD en 1989, instituto en el que también participó.
Durante su gira del pasado fin de semana por diversos municipios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje en cada mitin a la memoria del desaparecido José Zamarripa de la Peña, representante del gobierno legítimo de México en aquella entidad. Nieto de un gobernador revolucionario de Aguascalientes, hijo de un aguerrido líder sindical, militaba en la izquierda desde su adolescencia porque llevaba en los genes el amor a la política.
A los 16 años se afilió al Partido Comunista Mexicano; más tarde, pasó al Socialista Unificado de México, y siguió por la senda de las metamorfosis cuando éste se convirtió en Partido Mexicano Socialista (PMS), y éste en Partido de la Revolución Democrática (PRD), y éste en una ruina moral nauseabunda, hoy en manos de una pandilla de atracadores.
Cuando López Obrador llegó a la presidencia nacional del PRD en 1996, Pepe se incorporó a su equipo de trabajo y estuvo a su lado en esos años de éxitos electorales continuos. Cuando Andrés Manuel quedó al frente del Gobierno del Distrito Federal, fue su coordinador de asesores todo el sexenio. Después del golpe de Estado de 2006, que sembró a Felipe Calderón en Los Pinos, Zamarripa recibió del jefe de la oposición dos nuevos cargos: subsecretario de la hacienda pública en el gobierno legítimo y representante de éste en Jalisco.
Cuando hace tres domingos murió de un infarto en un viejo edificio de la colonia Condesa, le faltaban tres días para cumplir 50 años de edad. No tenía gas en el departamento que alquilaba. No tenía un peso en la bolsa, ni en el banco, ni en la vida. No tenía nada, aparte de una inmensa colección de libros y discos, y amigos en todo el país. Pese a que estuvo en una posición de poder dentro del GDF, nunca se valió de la política para enriquecerse, lo que habla de su estatura ética y de su honestidad juarista. Pero si al morir no contaba siquiera con gas para cocinar, esto se debe a razones que hoy merecen ser expuestas públicamente.
En 2006, cuando numerosos perredistas ascendieron al Poder Legislativo con los votos de los seguidores de López Obrador para impulsar en las cámaras el proyecto alternativo de nación, muchos se comprometieron a descontar de su dieta de casi 200 mil pesos mensuales una pequeña suma para cubrir los gastos y sueldos del gobierno legítimo. Sin embargo, la guerra sucia de la ultraderecha no terminó con el robo de la Presidencia y el linchamiento perpetuo de los levantacejas: continuó también dentro del PRD, en donde la corriente de Ruth Zavaleta y Jesús Ortega secuestró la dirección del partido y nombró a Guadalupe Acosta Naranjo como palero oficial del régimen.
Esto trajo, por supuesto, consecuencias negativas para la resistencia civil pacífica: el Frente Amplio Progresista se quedó sin oficinas y el apoyo económico al gobierno legítimo dejó de fluir. Hace por lo menos seis meses que López Obrador, los secretarios y los subsecretarios de su gabinete no cobran sueldo, mientras las deudas con los proveedores se acrecientan y la estrechez torna cada vez más difícil la vida cotidiana de las familias de los empleados de confianza. En otras palabras, la derecha neopanista del PRD, en alianza con Calderón, fomenta el estrangulamiento de la estructura que encabeza la lucha por la transformación del país.
De repente, sin embargo, Acosta Naranjo pone el grito en el cielo porque sus propios cómplices amenazan con quitarle las pilas al juguetito que ellos mismos le regalaron. El Instituto del Fraude Electoral –esa extensión de la empresa Hildebrando, propiedad del cuñado de Felipe Calderón, que posee todos los datos del padrón electoral federal sin que nadie la moleste– ha decidido multar al PRD con 57 millones de pesos por el plantón de 2006 en Reforma y con 13 millones de pesos más por la huelga legislativa del pasado abril, que impidió la privatización de Petróleos Mexicanos por la vía del madruguete.
Ambas sanciones fueron pedidas por el representante del PAN ante el IFE y la secretaría ejecutiva del instituto sugirió un castigo de “4.9 millones de pesos por la movilización poselectoral de 2006 y 650 mil pesos por la toma de tribunas” en las cámaras. Pero de acuerdo con la magnífica nota periodística de Alonso Urrutia publicada ayer en este diario, ambas cifras crecieron en forma desmesurada: la primera “en mil 200 por ciento, al pasar de 4.9 a 57 millones” y la segunda “en 2 mil por ciento”, al saltar de 650 mil a 13 millones de pesos. Según cálculos de un periódico oficialista divulgados el jueves, el PRD podría verse obligado a pagar este adeudo en cómodas mensualidades de 9 millones de pesos. Esto, según Acosta Naranjo, pondría en peligro la viabilidad financiera del partido que regentea.
Se trata, obviamente, de un acto represivo en contra, no del PRD, sino de los ciudadanos, a quienes el (des)gobierno de Calderón, a través del IFE-Hildebrando, quiere humillarlos castigándolos por haber ejercido su derecho constitucional a protestar contra una rotunda injusticia. Estamos, en otras palabras, ante una intentona de venganza, concebida por las mentes enfermas de aquellos que no aspiran sino a lastimar a quienes a diario los tachan de ineptos, corruptos y espurios.
Por lo tanto, la resistencia civil pacífica debe situarse a la altura de las circunstancias. ¿Quieren pagos mensuales de 9 millones de pesos? Perfecto. El gobierno legítimo cuenta con casi 3 millones de afiliados en todo el país. Si cada uno de ellos destina la suma de tres pesos mensuales, la “ejemplarizante” cantidad quedará saldada sin que a nadie le duela el codo. Y para convertir el castigo en una fiesta, el dinero podría entregarse en monedas de 10, 20 y 50 centavos, formando largas filas de miles y miles de ciudadanos a las puertas del edificio que preside Leonardo Valdés Zurita, alias Vazurita. ¿Quieren humillarnos aún más? Démosles una sopa de su propio chocolate.
A cambio, sería prudente exigir dos condiciones: que Acosta Naranjo renuncie a la presidencia del PRD, y que ese partido pague los salarios atrasados del gobierno legítimo y reanude su apoyo económico al movimiento, al cual le debe las prerrogativas electorales de que disfruta. Mañana, en el Zócalo, López Obrador anunciará un plan de emergencia para sacar al país de la crisis en que lo ha sumergido Calderón y acabará de hundirlo Bush con el inminente derrumbe financiero de Estados Unidos. Es desde todo punto de vista deseable que la enumeración de los objetivos del plan vaya acompañada de acciones concretas para que la movilización popular empiece a traducirlos en logros y avances, y en alianzas con todas las luchas sociales que están en curso.
la Jornada 27 de septiembre de 2008
viernes, 31 de octubre de 2008
Del Universal.:
Un palo y dos sogas podría ser la próxima obra arquitectónica en Los Pinos
Un palo y dos sogas podría ser la próxima obra arquitectónica en Los Pinos. ¿Qué significa esto? Es una propuesta de la dirigencia del PRI al presidente Felipe Calderón. Hace algunas semanas, líderes priístas acudieron a la casa presidencial para hablar de la reforma energética, en presencia de la secretaria de Energía, Georgina Kessel. El mandatario habló del problema de los ductos en Veracruz. Los priístas reviraron: Pemex tiene el dinero y no los ha construido. ¿Es cierto?, pregunto Calderón a doña Georgina. Ella asintió apenada. Jesús Murillo Karam levantó la mano y soltó la frase: “Señor Presidente, usted necesita un palo y dos sogas, para que cuelgue a un par de funcionarios y aprendan”.
Ahora que todos los partidos se dicen los padres de la reforma a Pemex, hay quienes recuerdan una frase muy singular de un político-millonario veracruzano. Cuando los grupos parlamentarios negociaban el primer presupuesto del gobierno del cambio, el del año 2000, Fidel Herrera, entonces vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro, salió con el chistecito: “El presupuesto será un niño de ojos azules, piel amarilla y boca tricolor”. Bueno, pues la reforma energética puede ser la hermana de ese niño. Claro, Andrés Manuel López Obrador dirá que el verdadero padre es Antonio López de Santa Anna.
En medio de la tormenta y los fuertes vientos, ocasionados por la remoción de Fernando Agiss Bitar de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, los consejeros electorales se aprestan a designar como encargado de despacho a José Antonio Gamboa, secretario particular del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, a quien se le acusa de haber empujado la remoción de don Fernando. Seguramente esto motivará una nueva controversia en el instituto electoral.
Un avión Hércules con bandera de México aterrizó la semana pasada en San Salvador con algunos enseres para la seguridad de la Cumbre Iberoamericana, que termina sus trabajos este viernes. En la panza de la aeronave viajó una camioneta blindada para el uso del presidente Calderón. El Estado Mayor Presidencial rechazó la oferta de las autoridades salvadoreñas, que dispusieron de un vehículo para el mandatario mexicano.
Un palo y dos sogas podría ser la próxima obra arquitectónica en Los Pinos. ¿Qué significa esto? Es una propuesta de la dirigencia del PRI al presidente Felipe Calderón. Hace algunas semanas, líderes priístas acudieron a la casa presidencial para hablar de la reforma energética, en presencia de la secretaria de Energía, Georgina Kessel. El mandatario habló del problema de los ductos en Veracruz. Los priístas reviraron: Pemex tiene el dinero y no los ha construido. ¿Es cierto?, pregunto Calderón a doña Georgina. Ella asintió apenada. Jesús Murillo Karam levantó la mano y soltó la frase: “Señor Presidente, usted necesita un palo y dos sogas, para que cuelgue a un par de funcionarios y aprendan”.
Ahora que todos los partidos se dicen los padres de la reforma a Pemex, hay quienes recuerdan una frase muy singular de un político-millonario veracruzano. Cuando los grupos parlamentarios negociaban el primer presupuesto del gobierno del cambio, el del año 2000, Fidel Herrera, entonces vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro, salió con el chistecito: “El presupuesto será un niño de ojos azules, piel amarilla y boca tricolor”. Bueno, pues la reforma energética puede ser la hermana de ese niño. Claro, Andrés Manuel López Obrador dirá que el verdadero padre es Antonio López de Santa Anna.
En medio de la tormenta y los fuertes vientos, ocasionados por la remoción de Fernando Agiss Bitar de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, los consejeros electorales se aprestan a designar como encargado de despacho a José Antonio Gamboa, secretario particular del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, a quien se le acusa de haber empujado la remoción de don Fernando. Seguramente esto motivará una nueva controversia en el instituto electoral.
Un avión Hércules con bandera de México aterrizó la semana pasada en San Salvador con algunos enseres para la seguridad de la Cumbre Iberoamericana, que termina sus trabajos este viernes. En la panza de la aeronave viajó una camioneta blindada para el uso del presidente Calderón. El Estado Mayor Presidencial rechazó la oferta de las autoridades salvadoreñas, que dispusieron de un vehículo para el mandatario mexicano.
Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.
AMLO, Obama y Pemex. Fausto Fernández Ponte.
A Enrique Huerta. Colega brillante y amigo entrañable. Nos dio lecciones de heroicidad estoica. Ya se liberó.
I
El contexto socioeconómico y político de México y sus manifestaciones coyunturales tiene insoslayablemente ligazones estructurales y superestructurales con Estados Unidos. Ello incluye con centralidad al petróleo.
Pero el petróleo mexicano emblematiza otros recursos naturales cuya fehacencia probada se suma al potencial probable y posible del mapa geológico. No son únicamente hidrocarburos y otros tesauros --plata, oro--, sino una gama amplia de muchos más.
Y esos tesauros subestimados deliberadamente por los Estados mexicano y estadunidense poseen plusvalía aun mayor que los mineros --los hidrocarburos incluidos-- pues dicho sobrevalor es de naturaleza estratégica: el recurso humano de México.
Esa plusvalía estratègica de los mexicanos se exhibe en tres vertientes:
1) El abasto al parecer inagotable de mano de obra barata y explotada --emblematizada en los migrantes-- que genera a su vez recursos financieros líquidos de valor constante (las remesas), que son además vector de cierta estabilidad sociopolítica aquí.
2) La capacidad absobernte del mercado mexicano de bienes de consumo estadunidense, la inmensa mayoría de éstos innecesarios para la supervivencia humana.
3) La relativa estabilidad sociopolítica de México que deviene de la migración --es decir, de las remesas de los migrantes-- incide en un aspecto de indudable aquilatamiento geoestrtégico para Washington: la seguridad nacional estadunidense.
Por ese motivo la migración define la relación bilateral.
II
La resistencia organizada del pueblo de México contra los afanes plutocráticos y entreguistas del gobierno --y, de hecho, del Estado mexicano mismo-- de privatizar aun más el usufructo petrolero tiene, indubitablemente, interpretaciones en EU.
Y esas lecturas contribuyen a una preocupación subyacente en los círculos concéntricos del poder formal y fáctico estadunidense por los dilemas que plantea la resistencia civil --la del pueblo-- ante la grotesca actuación del Estado mexicano.
Esa preocupación es subyacente en la psique del poder en EU porque el proceso electotral ocurrente en ese país y ciertas realidades del gobierno estadunidense han pospuesto temporalmente atenderla. Ésto nos lleva a Barack Obama.
El señor Obama, según los sondeos del sentir electoral, será elegido Presidente por abrumadora mayoría el martes próximo. Si tales sondeos son fieles, dispondrá de un capital político sin precedentes frescos (quizá con Richard M. Nixon en 1968).
Con ese capital político que presúmese será enorme, don Barack optará por diseñar una política de repliegue táctico del imperialismo estadunidense y concentrar energías y fuerzas en empeños estratégicos de hacerse fuerte en el último bastión.
Y ese último bastión es local; es decir, es la América del Norte, desde el océano Ártico hasta México, con una "buffer zone" de Centroamérica y el Caribe hasta Colombia. Esa zona sería extendida hacia la frontera con Venezuela y Ecuador.
III
Así, la perspectiva imperial estadunidense sería trocada por el señor Obama en una perspectiva metropolitana propiamente. Fortalecer el bastión metropolitano. Ello implicaría diseñar políticas de mayor control estadunidense sobre México y Canadá.
El repliegue no es, sin embargo, cesar el expansionismo estadunidense, sino sólo un en foque táctico. Serìa, a partir de entonces, un expansionismo hacia adentro. Un expansionismo que cabría identificar como un expansionismo denso, cualitativo.
En esa óptica prospectiva México recibiría más atención de EU. Pero esa atención, no huelga advertirlo, sería determinado por el interés estratégico estadunidense y no el mexicano. El bajo vientre de EU ya no está en el río Bravo, sino en el Suchiate.
La lógica imperial estadunidense establecería que México ya no es el "buffer State" del antaño, sino que se ha convertido de hecho, no de derecho, en parte inherente e intrìnseca de la metrópoli, a la luz de los términos de la dependencia.
La racionalidad del repliegue estratégico de EU es un reconocimiento explícito de que el imperio estaduniden va en retirada, en caída, y sus linderos geoeconómicos y geopolíticos se reducen. Pero los linderos geoeculturales están aun intactos.
Ese contexto de "real politik" de las condiciones externas le sugieren al señor Obama qué rumbo tomar. Al replegarse en retirada el imperialismo, el nuevo gobierno de EU abrevaría en el atavismo doctrinario, aun imperante, del Destino Manifiesto.
Ergo, el fundamento silógico de esa falacia filosófica incluye el usufructo estadunidense de patrimonios no renovables --como el petróleo-- de México, sobre todo si el expansionismo de EU no es, como ya se dijo, hacia afuera, sino hacia dentro.
No antójase hipérbole distinguir que la resistencia civil pacífica y organizada que abandera Andrés Manuel López Obrador es moral y políticamente una lucha real por la independencia de México. Pero los obstáculos anticípanse mayores
ffponteg@gmail.com
I
El contexto socioeconómico y político de México y sus manifestaciones coyunturales tiene insoslayablemente ligazones estructurales y superestructurales con Estados Unidos. Ello incluye con centralidad al petróleo.
Pero el petróleo mexicano emblematiza otros recursos naturales cuya fehacencia probada se suma al potencial probable y posible del mapa geológico. No son únicamente hidrocarburos y otros tesauros --plata, oro--, sino una gama amplia de muchos más.
Y esos tesauros subestimados deliberadamente por los Estados mexicano y estadunidense poseen plusvalía aun mayor que los mineros --los hidrocarburos incluidos-- pues dicho sobrevalor es de naturaleza estratégica: el recurso humano de México.
Esa plusvalía estratègica de los mexicanos se exhibe en tres vertientes:
1) El abasto al parecer inagotable de mano de obra barata y explotada --emblematizada en los migrantes-- que genera a su vez recursos financieros líquidos de valor constante (las remesas), que son además vector de cierta estabilidad sociopolítica aquí.
2) La capacidad absobernte del mercado mexicano de bienes de consumo estadunidense, la inmensa mayoría de éstos innecesarios para la supervivencia humana.
3) La relativa estabilidad sociopolítica de México que deviene de la migración --es decir, de las remesas de los migrantes-- incide en un aspecto de indudable aquilatamiento geoestrtégico para Washington: la seguridad nacional estadunidense.
Por ese motivo la migración define la relación bilateral.
II
La resistencia organizada del pueblo de México contra los afanes plutocráticos y entreguistas del gobierno --y, de hecho, del Estado mexicano mismo-- de privatizar aun más el usufructo petrolero tiene, indubitablemente, interpretaciones en EU.
Y esas lecturas contribuyen a una preocupación subyacente en los círculos concéntricos del poder formal y fáctico estadunidense por los dilemas que plantea la resistencia civil --la del pueblo-- ante la grotesca actuación del Estado mexicano.
Esa preocupación es subyacente en la psique del poder en EU porque el proceso electotral ocurrente en ese país y ciertas realidades del gobierno estadunidense han pospuesto temporalmente atenderla. Ésto nos lleva a Barack Obama.
El señor Obama, según los sondeos del sentir electoral, será elegido Presidente por abrumadora mayoría el martes próximo. Si tales sondeos son fieles, dispondrá de un capital político sin precedentes frescos (quizá con Richard M. Nixon en 1968).
Con ese capital político que presúmese será enorme, don Barack optará por diseñar una política de repliegue táctico del imperialismo estadunidense y concentrar energías y fuerzas en empeños estratégicos de hacerse fuerte en el último bastión.
Y ese último bastión es local; es decir, es la América del Norte, desde el océano Ártico hasta México, con una "buffer zone" de Centroamérica y el Caribe hasta Colombia. Esa zona sería extendida hacia la frontera con Venezuela y Ecuador.
III
Así, la perspectiva imperial estadunidense sería trocada por el señor Obama en una perspectiva metropolitana propiamente. Fortalecer el bastión metropolitano. Ello implicaría diseñar políticas de mayor control estadunidense sobre México y Canadá.
El repliegue no es, sin embargo, cesar el expansionismo estadunidense, sino sólo un en foque táctico. Serìa, a partir de entonces, un expansionismo hacia adentro. Un expansionismo que cabría identificar como un expansionismo denso, cualitativo.
En esa óptica prospectiva México recibiría más atención de EU. Pero esa atención, no huelga advertirlo, sería determinado por el interés estratégico estadunidense y no el mexicano. El bajo vientre de EU ya no está en el río Bravo, sino en el Suchiate.
La lógica imperial estadunidense establecería que México ya no es el "buffer State" del antaño, sino que se ha convertido de hecho, no de derecho, en parte inherente e intrìnseca de la metrópoli, a la luz de los términos de la dependencia.
La racionalidad del repliegue estratégico de EU es un reconocimiento explícito de que el imperio estaduniden va en retirada, en caída, y sus linderos geoeconómicos y geopolíticos se reducen. Pero los linderos geoeculturales están aun intactos.
Ese contexto de "real politik" de las condiciones externas le sugieren al señor Obama qué rumbo tomar. Al replegarse en retirada el imperialismo, el nuevo gobierno de EU abrevaría en el atavismo doctrinario, aun imperante, del Destino Manifiesto.
Ergo, el fundamento silógico de esa falacia filosófica incluye el usufructo estadunidense de patrimonios no renovables --como el petróleo-- de México, sobre todo si el expansionismo de EU no es, como ya se dijo, hacia afuera, sino hacia dentro.
No antójase hipérbole distinguir que la resistencia civil pacífica y organizada que abandera Andrés Manuel López Obrador es moral y políticamente una lucha real por la independencia de México. Pero los obstáculos anticípanse mayores
ffponteg@gmail.com
La columna de hoy de Julio Hernández
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ ¡A veinte!
Tienda de raya en el patio trasero: el embajador de la Corona, Tony Garza, interviene en el salvamento del socio mexicano en problemas y pone a su disposición un fondo de hasta 30 mil millones de dólares. El caporal michoacano podrá, si decide utilizar esa inyección de billetes comprometedores, continuar con rescates internos como el practicado a Comercial Mexicana, empresa que según declaraciones oficiales detonó la caída del peso y a la que el calderonato premia ahora al autorizarle un crédito de 3 mil millones de pesos para que pague sus deudas. Es tan evidente el trato privilegiado que la administración federal ha dado a la Cómer que un columnista de asuntos económicos al que no se puede tachar de proclive a la izquierda (Carlos Mota, en Cubículo Estratégico, de Milenio) escribió que “no podemos aceptar el odio que inyecta a la sociedad alguien como Andrés Manuel López Obrador, pero cuando vemos estas acciones de gobierno ya podemos ir sabiendo quiénes son los ‘ricos’ y ‘privilegiados’”.
¡A veinte!, podría ser el grito de maternal respuesta ante la oferta gringa de endeudar más al angustiado ocupante de Los Pinos y ante maniobras de ayuda con recursos públicos a supermillonarios. Pero no alude esa vigesimal expresión al catálogo popular de defensa de progenitoras sino a la cantidad de pesos que por dólar habría sido necesario desembolsar si no hubiese intervenido el heroico Banco de México con subastas para evitar que malformaciones sicológicas de los mexicanos les hubieran llevado a espantarse con la “volatilidad” cambiaria y comprar papeles gringos a la desesperada.
Calentamiento social. El rector general del Tec de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, dijo el pasado 14, al recibir el doctorado honoris causa en Humanidades que le dio la Universidad de Georgetown, que en México el problema central es la desigualdad y que se está viviendo un “calentamiento social” como resultado de “la brecha entre los que tienen más y los que menos tienen”. No fue social, sino eléctrico, el sobrecalentamiento que en calles del Centro Histórico de la ciudad de México produjo explosiones tampoco sociales sino de gases acumulados en el sistema de cableado subterráneo que hizo cortocircuito. Cualquier parecido de los estruendos, llamas y destrozos callejeros de ayer con la advertencia, incluso desde la elite, de los riesgos de los calentamientos y sobrecalentamientos sociales no es simple coincidencia.
Cero en tolerancia. El derechista jefe de la policía del gobierno capitalino “de izquierda”, Manuel Mondragón y Kalb, desnudó ante empresarios su visión discriminatoria y represiva a propósito de los manifestantes de los 400 pueblos que suelen protestar sin ropa. “A patadas” y “en 10 minutos” los habría corrido de los sitios donde llevan a cabo sus manifestaciones peleteras, dijo el funcionario que similares criterios de “buenas costumbres” y “decencia” ha de aplicar a otras expresiones de inconformidad social que molesten sus criterios ñoños.
Hay de apás a apás. El del secretario de gobernación estuvo a punto de ser salvado de la exhibición pública de vergüenzas ultramarinas de lavado de dinero mediante el recurso simple de que un subordinado político de Mouriño júnior, el desgastado procurador Medina Mora, se amparara contra la solicitud de datos que el instituto de la transparencia hacía respecto a andanzas de Mouriño sénior. No fue suficiente ese chiste gallego, pues dejaba ver con crudeza los zurcidos de impunidad y encubrimiento que en las alturas del poder se hacen los privilegiados, así es que la PGR paternalmente acomedida aceptó dar a conocer los reportes españoles sobre el caso (debido a que las autoridades del reino dijeron estar de acuerdo), aunque a nadie ha de extrañar que el conjunto de intereses económicos que maneja al gobierno “socialista” proteja con gusto al padre del gran gestor hispano, el infante Juan Camilo Mouriño, reconquistador de la nuevamente Nueva España ¡olé! (y que salgan esos toros rasurados que son los albos expedientes del padrísimo empresario Mouriño, sin lavado concebido). Respecto al otro apá, el presunto líder de la Banda de la Flor ha dicho desde su cama de hospital que no tiene culpa en el asunto del asesinado adolescente Martí, que no conoce a sus presuntos cómplices y que nadie le ha querido tomar declaración judicial, aunque los funcionarios capitalinos juran que él se ha negado a hablar.
Astillas
Aun cuando el propio Pedro Matías Arrazola ha procurado que el caso de su secuestro y agresiones no se difunda públicamente, en atención a las graves amenazas dejadas contra él y su familia en caso de denuncia, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y la organización Reporteros sin Fronteras han condenado lo sucedido la noche del pasado 25, cuando el respetado corresponsal de Proceso en Oaxaca, y reportero del diario Noticias, fue “levantado” por desconocidos que durante horas lo castigaron por su trabajo periodístico, exigiéndole que le “bajara” a su actividad profesional. Pedro Matías ha sido siempre un reportero intachable, y en el bajo mundo de la política oficial oaxaqueña agredirlo pareciera ser un mensaje para el resto de la comunidad periodística, en especial al segmento que no se ha doblado ante los embates de corrupción y violencia de Ulises Ruiz...
Gracias a quienes se han apuntado para colaborar solidariamente con un relanzamiento de Astillero TV. Por desgracia, como muestra de lo mucho que ayuda necesita, el tecleador escribió mal la dirección de Internet a la que deberían escribir los interesados, así es que a quien le hayan rebotado sus envíos electrónicos, inténtenlo de nuevo a juliohdz@prodigy.net.mx (es decir, con “.net” y no como antes se había escrito, con “.com”). Recuerden que se necesitan voluntarios para cámara, edición, diseño, Internet, comercialización, etcétera. Y, mientras el PAN empuja al alcalde formalmente panista de Monterrey, Adalberto Madero, conocido como Maderito, a buscar la gubernatura por vía de otro partido político, tal vez el del Trabajo, ¡feliz fin de semana, con AMLO dedicado al rediseño!
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ ¡A veinte!
Tienda de raya en el patio trasero: el embajador de la Corona, Tony Garza, interviene en el salvamento del socio mexicano en problemas y pone a su disposición un fondo de hasta 30 mil millones de dólares. El caporal michoacano podrá, si decide utilizar esa inyección de billetes comprometedores, continuar con rescates internos como el practicado a Comercial Mexicana, empresa que según declaraciones oficiales detonó la caída del peso y a la que el calderonato premia ahora al autorizarle un crédito de 3 mil millones de pesos para que pague sus deudas. Es tan evidente el trato privilegiado que la administración federal ha dado a la Cómer que un columnista de asuntos económicos al que no se puede tachar de proclive a la izquierda (Carlos Mota, en Cubículo Estratégico, de Milenio) escribió que “no podemos aceptar el odio que inyecta a la sociedad alguien como Andrés Manuel López Obrador, pero cuando vemos estas acciones de gobierno ya podemos ir sabiendo quiénes son los ‘ricos’ y ‘privilegiados’”.
¡A veinte!, podría ser el grito de maternal respuesta ante la oferta gringa de endeudar más al angustiado ocupante de Los Pinos y ante maniobras de ayuda con recursos públicos a supermillonarios. Pero no alude esa vigesimal expresión al catálogo popular de defensa de progenitoras sino a la cantidad de pesos que por dólar habría sido necesario desembolsar si no hubiese intervenido el heroico Banco de México con subastas para evitar que malformaciones sicológicas de los mexicanos les hubieran llevado a espantarse con la “volatilidad” cambiaria y comprar papeles gringos a la desesperada.
Calentamiento social. El rector general del Tec de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, dijo el pasado 14, al recibir el doctorado honoris causa en Humanidades que le dio la Universidad de Georgetown, que en México el problema central es la desigualdad y que se está viviendo un “calentamiento social” como resultado de “la brecha entre los que tienen más y los que menos tienen”. No fue social, sino eléctrico, el sobrecalentamiento que en calles del Centro Histórico de la ciudad de México produjo explosiones tampoco sociales sino de gases acumulados en el sistema de cableado subterráneo que hizo cortocircuito. Cualquier parecido de los estruendos, llamas y destrozos callejeros de ayer con la advertencia, incluso desde la elite, de los riesgos de los calentamientos y sobrecalentamientos sociales no es simple coincidencia.
Cero en tolerancia. El derechista jefe de la policía del gobierno capitalino “de izquierda”, Manuel Mondragón y Kalb, desnudó ante empresarios su visión discriminatoria y represiva a propósito de los manifestantes de los 400 pueblos que suelen protestar sin ropa. “A patadas” y “en 10 minutos” los habría corrido de los sitios donde llevan a cabo sus manifestaciones peleteras, dijo el funcionario que similares criterios de “buenas costumbres” y “decencia” ha de aplicar a otras expresiones de inconformidad social que molesten sus criterios ñoños.
Hay de apás a apás. El del secretario de gobernación estuvo a punto de ser salvado de la exhibición pública de vergüenzas ultramarinas de lavado de dinero mediante el recurso simple de que un subordinado político de Mouriño júnior, el desgastado procurador Medina Mora, se amparara contra la solicitud de datos que el instituto de la transparencia hacía respecto a andanzas de Mouriño sénior. No fue suficiente ese chiste gallego, pues dejaba ver con crudeza los zurcidos de impunidad y encubrimiento que en las alturas del poder se hacen los privilegiados, así es que la PGR paternalmente acomedida aceptó dar a conocer los reportes españoles sobre el caso (debido a que las autoridades del reino dijeron estar de acuerdo), aunque a nadie ha de extrañar que el conjunto de intereses económicos que maneja al gobierno “socialista” proteja con gusto al padre del gran gestor hispano, el infante Juan Camilo Mouriño, reconquistador de la nuevamente Nueva España ¡olé! (y que salgan esos toros rasurados que son los albos expedientes del padrísimo empresario Mouriño, sin lavado concebido). Respecto al otro apá, el presunto líder de la Banda de la Flor ha dicho desde su cama de hospital que no tiene culpa en el asunto del asesinado adolescente Martí, que no conoce a sus presuntos cómplices y que nadie le ha querido tomar declaración judicial, aunque los funcionarios capitalinos juran que él se ha negado a hablar.
Astillas
Aun cuando el propio Pedro Matías Arrazola ha procurado que el caso de su secuestro y agresiones no se difunda públicamente, en atención a las graves amenazas dejadas contra él y su familia en caso de denuncia, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y la organización Reporteros sin Fronteras han condenado lo sucedido la noche del pasado 25, cuando el respetado corresponsal de Proceso en Oaxaca, y reportero del diario Noticias, fue “levantado” por desconocidos que durante horas lo castigaron por su trabajo periodístico, exigiéndole que le “bajara” a su actividad profesional. Pedro Matías ha sido siempre un reportero intachable, y en el bajo mundo de la política oficial oaxaqueña agredirlo pareciera ser un mensaje para el resto de la comunidad periodística, en especial al segmento que no se ha doblado ante los embates de corrupción y violencia de Ulises Ruiz...
Gracias a quienes se han apuntado para colaborar solidariamente con un relanzamiento de Astillero TV. Por desgracia, como muestra de lo mucho que ayuda necesita, el tecleador escribió mal la dirección de Internet a la que deberían escribir los interesados, así es que a quien le hayan rebotado sus envíos electrónicos, inténtenlo de nuevo a juliohdz@prodigy.net.mx (es decir, con “.net” y no como antes se había escrito, con “.com”). Recuerden que se necesitan voluntarios para cámara, edición, diseño, Internet, comercialización, etcétera. Y, mientras el PAN empuja al alcalde formalmente panista de Monterrey, Adalberto Madero, conocido como Maderito, a buscar la gubernatura por vía de otro partido político, tal vez el del Trabajo, ¡feliz fin de semana, con AMLO dedicado al rediseño!
Recula PGR; dará al IFAI los datos de la indagatoria al padre de Mouriño
Enmedio de críticas de varios sectores, la dependencia anuncia que se desiste del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco
Gustavo Castillo García
Luego de las críticas que legisladores y otros actores sociales y políticos lanzaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por promover un amparo para no entregar la información que envió el gobierno de España a las autoridades mexicanas respecto de supuestas investigaciones de lavado de dinero que involucran a Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora informó que entregará los datos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), toda vez que las autoridades ibéricas aceptaron ayer por la tarde que se difunda públicamente el contenido de la asistencia jurídica.
Esto ocurre también luego de que la PGR se desistiera de un amparo promovido ante autoridades federales, el cual ya le había sido concedido de manera definitiva para no difundir la información relacionada con el padre del secretario de Gobernación. La promoción de este recurso legal constituyó un referente histórico, porque se considera que es la primera ocasión en que la dependencia federal promueve este tipo de estrategias jurídicas en aras de evitar la transparencia.
Al filo de las 15 horas, tiempo de México, el gobierno de España autorizó a la PGR que enviara al IFAI y al solicitante de la información los documentos que integran la respuesta a una petición de asistencia jurídica mutua, realizada por la policía mexicana a las autoridades ibéricas en los años 2003 y 2006, informó Fernando Castillo, director de comunicación social de la procuraduría.
“El caso de la petición de asistencia jurídica con España, del señor Mouriño Atanes, no fue porque existiera una averiguación previa que la motivara, sino una solicitud de información policial que hizo el agregado de la PGR en ese país en los años 2003 y 2006, y esto fue motivado por la publicación de una nota periodística.
“En ese contexto, se debe puntualizar que no hay, ni en México ni en España, alguna investigación, acta circunstanciada o averiguación previa que indique que existe blanqueo de capitales por parte del señor Mouriño Atanes”, dijo el funcionario.
Entrevistado vía telefónica, mencionó que los documentos respectivos serían entregados al IFAI a más tardar la mañana de este viernes, dado que al mismo tiempo que se obtenía la aprobación de las autoridades ibéricas para entregar los datos, “la PGR se desistía del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, para no entregar la información, dado que podría incurrir en responsabilidades si la hubiera proporcionado sin ese aval”.
Según Fernando Castillo, el amparo fue solicitado porque “las asistencias jurídicas y el señalamiento de que su contenido es confidencial es una situación similar a la divulgación de una averiguación previa”.
Gustavo Castillo García
Luego de las críticas que legisladores y otros actores sociales y políticos lanzaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por promover un amparo para no entregar la información que envió el gobierno de España a las autoridades mexicanas respecto de supuestas investigaciones de lavado de dinero que involucran a Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora informó que entregará los datos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), toda vez que las autoridades ibéricas aceptaron ayer por la tarde que se difunda públicamente el contenido de la asistencia jurídica.
Esto ocurre también luego de que la PGR se desistiera de un amparo promovido ante autoridades federales, el cual ya le había sido concedido de manera definitiva para no difundir la información relacionada con el padre del secretario de Gobernación. La promoción de este recurso legal constituyó un referente histórico, porque se considera que es la primera ocasión en que la dependencia federal promueve este tipo de estrategias jurídicas en aras de evitar la transparencia.
Al filo de las 15 horas, tiempo de México, el gobierno de España autorizó a la PGR que enviara al IFAI y al solicitante de la información los documentos que integran la respuesta a una petición de asistencia jurídica mutua, realizada por la policía mexicana a las autoridades ibéricas en los años 2003 y 2006, informó Fernando Castillo, director de comunicación social de la procuraduría.
“El caso de la petición de asistencia jurídica con España, del señor Mouriño Atanes, no fue porque existiera una averiguación previa que la motivara, sino una solicitud de información policial que hizo el agregado de la PGR en ese país en los años 2003 y 2006, y esto fue motivado por la publicación de una nota periodística.
“En ese contexto, se debe puntualizar que no hay, ni en México ni en España, alguna investigación, acta circunstanciada o averiguación previa que indique que existe blanqueo de capitales por parte del señor Mouriño Atanes”, dijo el funcionario.
Entrevistado vía telefónica, mencionó que los documentos respectivos serían entregados al IFAI a más tardar la mañana de este viernes, dado que al mismo tiempo que se obtenía la aprobación de las autoridades ibéricas para entregar los datos, “la PGR se desistía del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, para no entregar la información, dado que podría incurrir en responsabilidades si la hubiera proporcionado sin ese aval”.
Según Fernando Castillo, el amparo fue solicitado porque “las asistencias jurídicas y el señalamiento de que su contenido es confidencial es una situación similar a la divulgación de una averiguación previa”.
PGR: turbiedad y sospecha
Tras un inexplicable jaloneo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Procuraduría General de la República (PGR) accedió ayer, finalmente, a hacer pública la información –solicitada por un particular a través de la primera dependencia– en torno a la investigación que se lleva a cabo por presunto lavado de dinero en contra de Manuel Carlos Mouriño Atanés, padre del actual titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño Terrazo. La PGR desistió, de tal forma, del extraño juicio de amparo que interpuso el pasado miércoles para bloquear el acceso del IFAI a los datos sobre las pesquisas referidas, y que, a decir de los consejeros de ese órgano gubernamental, carecía de “derecho jurídico” y era una “estrategia dilatoria” y un empeño por “chicanear” la legislación vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Debe advertirse que, en tanto no concluyan las investigaciones, Mouriño Atanés se encuentra protegido por el principio de presunción de inocencia y, consecuentemente, resultaría irresponsable emitir juicio alguno sobre su situación legal. La PGR, sin embargo, al incurrir, como en tantos otros episodios, en un manejo turbio e irresponsable de la información, al aferrarse a argumentos deleznables e inverosímiles –como sostener que la revelación de los datos solicitados conllevaría un menoscabo en las relaciones entre México y España–, y al promover un juicio de amparo como si fuera defensora del empresario, consiguió sembrar –en caso de que no la hubiera– una enorme sospecha en el conjunto de la sociedad y empañar la imagen de Mouriño Atanés e incluso la del titular de la SG, pues se dio a la opinión pública la impresión, falsa o cierta, que el segundo utilizaba el poder que le otorga el ser coordinador del gabinete presidencial para encubrir a su padre.
Es un hecho que, en 2003, la instancia federal de procuración de justicia solicitó a Madrid información policial sobre Mouriño Atanés, así fuera al margen de los formalismos de una averiguación, y que el episodio no se originó únicamente en “notas periodísticas”, como lo aseguró su hijo. Ahora es inevitable demandar transparencia no sólo en torno a la respuesta recibida, sino también sobre las razones que llevaron a la PGR a pedir los datos referidos.
En todo caso, flaco favor le hizo la dependencia a un funcionario que carga un historial de sospechas por los contratos con Pemex que firmó, como representante de empresas de su familia, cuando era además un prominente servidor público del ramo energético –presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de Electricidad–, y cuya exculpación fulminante por diputados de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no dejó satisfecha a la opinión pública, sino pareció más bien obedecer a un designio de dar carpetazo al más sustancial de los escándalos que ha enfrentado el gobierno calderonista.
Por lo demás, resulta inadmisible que la PGR argumente que el gobierno español no le había autorizado, hasta ayer, hacer pública la información solicitada por el IFAI. Tal aseveración, impresentable porque representa una claudicación de la soberanía nacional, reviste una afectación adicional a la imagen de Mouriño, si se toma en cuenta que éste ha sido señalado como representante de facto de los intereses corporativos españoles en el país, función incompatible con el cargo público que detenta. Lo cierto es que el secretario de Gobernación ha sido operador de reformas legales que, al menos en su forma original, no ocultaban la pretensión de entregar el petróleo nacional a empresas extranjeras, entre las cuales destacan algunos consorcios españoles.
Se ha querido reforzar tales señalamientos invocando, de manera improcedente, el origen peninsular del titular de la SG, quien ha comprobado su plena ciudadanía mexicana. Pero el despropósito de la PGR de invocar la supuesta conveniencia de autoridades españolas reavivará y dará combustible a tales acusaciones, las justas y las injustas.
En suma, el comportamiento turbio e indecoroso de la procuraduría ha acabado por lastimar la de por sí lastrada imagen pública del secretario de Gobernación, y cabe preguntarse si ello fue consecuencia únicamente de una torpeza monumental, porque pareciera una operación deliberada para erosionar, aún más, su prestigio.
Debe advertirse que, en tanto no concluyan las investigaciones, Mouriño Atanés se encuentra protegido por el principio de presunción de inocencia y, consecuentemente, resultaría irresponsable emitir juicio alguno sobre su situación legal. La PGR, sin embargo, al incurrir, como en tantos otros episodios, en un manejo turbio e irresponsable de la información, al aferrarse a argumentos deleznables e inverosímiles –como sostener que la revelación de los datos solicitados conllevaría un menoscabo en las relaciones entre México y España–, y al promover un juicio de amparo como si fuera defensora del empresario, consiguió sembrar –en caso de que no la hubiera– una enorme sospecha en el conjunto de la sociedad y empañar la imagen de Mouriño Atanés e incluso la del titular de la SG, pues se dio a la opinión pública la impresión, falsa o cierta, que el segundo utilizaba el poder que le otorga el ser coordinador del gabinete presidencial para encubrir a su padre.
Es un hecho que, en 2003, la instancia federal de procuración de justicia solicitó a Madrid información policial sobre Mouriño Atanés, así fuera al margen de los formalismos de una averiguación, y que el episodio no se originó únicamente en “notas periodísticas”, como lo aseguró su hijo. Ahora es inevitable demandar transparencia no sólo en torno a la respuesta recibida, sino también sobre las razones que llevaron a la PGR a pedir los datos referidos.
En todo caso, flaco favor le hizo la dependencia a un funcionario que carga un historial de sospechas por los contratos con Pemex que firmó, como representante de empresas de su familia, cuando era además un prominente servidor público del ramo energético –presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de Electricidad–, y cuya exculpación fulminante por diputados de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no dejó satisfecha a la opinión pública, sino pareció más bien obedecer a un designio de dar carpetazo al más sustancial de los escándalos que ha enfrentado el gobierno calderonista.
Por lo demás, resulta inadmisible que la PGR argumente que el gobierno español no le había autorizado, hasta ayer, hacer pública la información solicitada por el IFAI. Tal aseveración, impresentable porque representa una claudicación de la soberanía nacional, reviste una afectación adicional a la imagen de Mouriño, si se toma en cuenta que éste ha sido señalado como representante de facto de los intereses corporativos españoles en el país, función incompatible con el cargo público que detenta. Lo cierto es que el secretario de Gobernación ha sido operador de reformas legales que, al menos en su forma original, no ocultaban la pretensión de entregar el petróleo nacional a empresas extranjeras, entre las cuales destacan algunos consorcios españoles.
Se ha querido reforzar tales señalamientos invocando, de manera improcedente, el origen peninsular del titular de la SG, quien ha comprobado su plena ciudadanía mexicana. Pero el despropósito de la PGR de invocar la supuesta conveniencia de autoridades españolas reavivará y dará combustible a tales acusaciones, las justas y las injustas.
En suma, el comportamiento turbio e indecoroso de la procuraduría ha acabado por lastimar la de por sí lastrada imagen pública del secretario de Gobernación, y cabe preguntarse si ello fue consecuencia únicamente de una torpeza monumental, porque pareciera una operación deliberada para erosionar, aún más, su prestigio.
Los infiltrados. Jorge Gil Olmos.
MÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- La infiltración del narcotráfico en la policía mexicana no es nada nuevo, como se trató de manejar con los recientes casos de Fernando Rivera Hernández, director de inteligencia de la SIEDO, y del coordinador general técnico de la misma, Miguel Colorado González, quienes trabajaban para los hermanos Beltrán Leyva.
Lo preocupante es que, ante la persistencia de este problema, las autoridades no han hecho nada, lo cual habla de la enorme corrupción que hay no sólo en la estructura policíaca, sino de todo el gobierno desde hace mucho tiempo.
Según datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al menos 35 agentes han sido cesados desde julio pasado por proporcionar información de inteligencia a cárteles de droga a cambio de pagos que iban desde 150 mil hasta 450 mil dólares mensuales. Pero detrás de este dato oficial, la percepción que hay en la opinión pública es que este fenómeno es más amplio y profundo, lo cual mina las labores de persecución y de justicia.
Lo grave de este problema es la negación constante de las autoridades civiles y militares que desde hace años se han visto involucradas. Habría que recordar los casos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, excomisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), detenido en 1997 por vínculos con Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.
También, el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien de 1993 a 1996 participó, junto con Alcides Ramón Magaña, El Metro, en la célula del sureste del cártel de Juárez.
El gobierno panista de Vicente Fox nunca quiso atacar el involucramiento de altos funcionarios con representantes del narcotráfico, como tampoco lo ha hecho Felipe Calderón. Habría que recordar el mutis que hizo el gobierno calderonista cuando el reportero de la revista Proceso, Alejandro Gutiérrez publicó un reportaje con fotos donde se demostraba que Emilio Goicochea, actual embajador de México en Canadá, se relacionó, en 1992, con Genaro Caro Quintero, hermano menor de Rafael Caro, cuando hacía campaña para la gubernatura de Sinaloa.
Frente a las versiones actuales de que el Ejército también puede estar infiltrado, el subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, señaló que si bien no hay ningún caso registrado hasta ahora, el instituto armado no está exento de que pudiera presentarse una situación de ese tipo.
Esta declaración nos deja ver que actualmente ninguna autoridad del gobierno está a salvo de la compra de sus funcionarios que se pasan al servicio del narcotráfico; y que hace falta una limpia hasta los más altos niveles de las instituciones policiales y militares, pero también entre gobernadores, legisladores, ediles, candidatos, etcétera, a los cuales la tentación del dinero les ha llenado los bolsillos.
Felipe Calderón ya dijo que hará esta limpia, pero hasta que no se vea detrás de las rejas a funcionarios de alto nivel o a gobernantes que desde hace tiempo son investigados, la incredulidad social se mantendrá.
Lo preocupante es que, ante la persistencia de este problema, las autoridades no han hecho nada, lo cual habla de la enorme corrupción que hay no sólo en la estructura policíaca, sino de todo el gobierno desde hace mucho tiempo.
Según datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al menos 35 agentes han sido cesados desde julio pasado por proporcionar información de inteligencia a cárteles de droga a cambio de pagos que iban desde 150 mil hasta 450 mil dólares mensuales. Pero detrás de este dato oficial, la percepción que hay en la opinión pública es que este fenómeno es más amplio y profundo, lo cual mina las labores de persecución y de justicia.
Lo grave de este problema es la negación constante de las autoridades civiles y militares que desde hace años se han visto involucradas. Habría que recordar los casos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, excomisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), detenido en 1997 por vínculos con Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.
También, el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien de 1993 a 1996 participó, junto con Alcides Ramón Magaña, El Metro, en la célula del sureste del cártel de Juárez.
El gobierno panista de Vicente Fox nunca quiso atacar el involucramiento de altos funcionarios con representantes del narcotráfico, como tampoco lo ha hecho Felipe Calderón. Habría que recordar el mutis que hizo el gobierno calderonista cuando el reportero de la revista Proceso, Alejandro Gutiérrez publicó un reportaje con fotos donde se demostraba que Emilio Goicochea, actual embajador de México en Canadá, se relacionó, en 1992, con Genaro Caro Quintero, hermano menor de Rafael Caro, cuando hacía campaña para la gubernatura de Sinaloa.
Frente a las versiones actuales de que el Ejército también puede estar infiltrado, el subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, señaló que si bien no hay ningún caso registrado hasta ahora, el instituto armado no está exento de que pudiera presentarse una situación de ese tipo.
Esta declaración nos deja ver que actualmente ninguna autoridad del gobierno está a salvo de la compra de sus funcionarios que se pasan al servicio del narcotráfico; y que hace falta una limpia hasta los más altos niveles de las instituciones policiales y militares, pero también entre gobernadores, legisladores, ediles, candidatos, etcétera, a los cuales la tentación del dinero les ha llenado los bolsillos.
Felipe Calderón ya dijo que hará esta limpia, pero hasta que no se vea detrás de las rejas a funcionarios de alto nivel o a gobernantes que desde hace tiempo son investigados, la incredulidad social se mantendrá.
Encoleriza al "PRIAN" la sanción del TEPJF a empresarios.
MÉXICO, D.F., 30 de octubre (apro).- De "absurda e inverosímil", calificó el senador Manlio Fabio Beltrones la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que sanciona al PRI, al PAN y al Partido Verde por los spots patrocinados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante la campaña de 2006.
La resolución no tiene "mucha lógica", esgrimió, a su vez, el coordinador de los senadores del PAN y presidente del Senado, Gustavo Madero.
Y agregó:
"Más bien están tratando de buscar no quién la hizo, sino quién la pague, y esto, pues obviamente como no lo puede cobrar al Consejo Coordinador Empresarial, busca a los únicos que tiene cautivos... como los partidos políticos".
El coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, exhortó al Tribunal a que revise "perfectamente bien" lo que sucedió en las elecciones del 2006, y recordó que su partido demandó al IFE que "detuviera los excesos que estaba cometiendo el entonces presidente Vicente Fox", así como otras fuerzas políticas.
La resolución no tiene "mucha lógica", esgrimió, a su vez, el coordinador de los senadores del PAN y presidente del Senado, Gustavo Madero.
Y agregó:
"Más bien están tratando de buscar no quién la hizo, sino quién la pague, y esto, pues obviamente como no lo puede cobrar al Consejo Coordinador Empresarial, busca a los únicos que tiene cautivos... como los partidos políticos".
El coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, exhortó al Tribunal a que revise "perfectamente bien" lo que sucedió en las elecciones del 2006, y recordó que su partido demandó al IFE que "detuviera los excesos que estaba cometiendo el entonces presidente Vicente Fox", así como otras fuerzas políticas.
Marcela Gómez Salce: A puerta cerrada
2009: elección en riesgo
Viernes, 31 Octubre, 2008
• El IFE y su licitación... ¿a modo?
• Los 4 fantásticos
El carbón que ha sido lumbre, mi estimado, se enciende con facilidad. Continúa la racha de simpática agitación en el interior del calderón sexenal donde, entre las delicadas infiltraciones de los barones de la droga en los más altos niveles del (des)gobierno, los efectos del “catarrito” que ya obligaron a México a comenzar a solicitar, como aquí se lo adelantamos, que, porfa, les abran una línea de crédito (por si las dudas de que sí son unos imbéciles) en las chequeras internacionales porque con tanto flotis gubernamental para el rescate —que incluirá en algún momento la granada deschavetada de las Afores–, el billete no va a alcanzar, la aprobación del chisguete energético y su atractiva trampa para entregar bloques de territorio nacional ahora se suma una muy interesante tenebra, my friend, que, de no colocarse en el centro del debate, podrá poner en riesgo las llamativas elecciones del 2009.
Así que antes de apagar la luz para irse de spooky weekend, corra por su drink porque ahí le va una historia digna de Halloween. ¿Listo?
Ya sabe que en el ife (con minúsculas) están poniéndose a tono con el sello de moda presidencial: la impunidad, el agandalle, la corrupción, los arreglones y, por supuesto, lo que nunca puede faltar… el desmadre. O si lo prefiere, el caos donde unos cuántos pasados están frotándose las manos para, ante la divertida crisis económica del inocente “catarrín” diagnosticado por Carstens, desarrollar su retirement fund o... cobrar aquellita factura por amenos servicios de granitos electorales en la polémica elección del 2006.
El tifón comienza hoy con el primer filtro para saber quiénes serán las empresas que entrarán en la muy sugestiva licitación para monitorear las campañas espoteras de los partidos políticos. Y como ya sabe que gracias al Frankenstein orquestado por Felipe & his dumb squad con la nueva ley electoral, que nadie entiende, ésta, mi estimado, es una de las joyas de la corona que… si no encienden el radar las distintas lacritas políticas, hay altas posibilidades de que la tan mermada credibilidad en el árbitro electoral, se consolide con la entrega del atractivo monitoreo a… una empresa que tiene intere$es no sólo económicos sino… políticamente… azules. ¿Me sigue?
El seductor camino de la subasta, que debería haber estado en manos del área de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde despachaba (y le dieron flit) Fernando Agiss, fue movida al área de Administración para transformarla en una licitación internacional y así tener la justificación de que los disfuncionales del ife están buscando el mejor hardware para entrarle al toro del monitoreo en el 2009. El interesante contratito podría rondar entre los 375 y 425 millones de pesos. ¿Estamos?
El nombre de la empresa Dell, proveedor… mundial de IPSOS… que trae tras bambalinas a IBOPE… que es el fin de la controvertida ruta pavimentada desde el 2006, sugiere que estos traviesos podrían estar, digamos, en caso de ganar la original licitación, tentados a enrarecer el tan cacareado y necesario monitoreo que dará sustento a los divertidos comicios. ¿Quiere un cándido ejemplo…?
El (des)gobierno de Calderón avienta un madral de spots —violando la ley electoral… been there, done that— en entidades donde avienta su resto para el color azul, o con el que haya negociado la plaza. La brutalidad de la cascada mediática no aparece en el monitoreo oficial de la empresa que contrató el árbitro (o sea el ife), así que en el papel aparece todo el numerito apegado a la ley. Léase como jugar al Tío Lolo con la publicidad oficial and, we have a winner!
O en el peor de los casos, los partidos políticos contratan a otras empresas de monitoreo cuyas cifras discrepan de las del ife (con minúsculas) y cuyas derivaciones, con la importancia de las elecciones del 2009, desencadenan argumentos para el otro deporte de moda: la de impugnar.
¿Cuál es la primera perlita del collar…?
Los nombres de... algunas de las cuatro lacritas (for now): Arturo Sánchez Gutiérrez, identificado con Juan Molinar Horcasitas. René Miranda, responsable del tan controvertido PREP; Daniel Pompa González, responsable hoy del simpático proceso de licitación del monitoreo, y el consejero, Benito Nacif.
Va de más decirle que el culebrón de julio del 2009, my friend, empieza hoy…
So u better stay tuned.
¿Vamos bien o me regreso…?
gomezalce@aol.com
Viernes, 31 Octubre, 2008
• El IFE y su licitación... ¿a modo?
• Los 4 fantásticos
El carbón que ha sido lumbre, mi estimado, se enciende con facilidad. Continúa la racha de simpática agitación en el interior del calderón sexenal donde, entre las delicadas infiltraciones de los barones de la droga en los más altos niveles del (des)gobierno, los efectos del “catarrito” que ya obligaron a México a comenzar a solicitar, como aquí se lo adelantamos, que, porfa, les abran una línea de crédito (por si las dudas de que sí son unos imbéciles) en las chequeras internacionales porque con tanto flotis gubernamental para el rescate —que incluirá en algún momento la granada deschavetada de las Afores–, el billete no va a alcanzar, la aprobación del chisguete energético y su atractiva trampa para entregar bloques de territorio nacional ahora se suma una muy interesante tenebra, my friend, que, de no colocarse en el centro del debate, podrá poner en riesgo las llamativas elecciones del 2009.
Así que antes de apagar la luz para irse de spooky weekend, corra por su drink porque ahí le va una historia digna de Halloween. ¿Listo?
Ya sabe que en el ife (con minúsculas) están poniéndose a tono con el sello de moda presidencial: la impunidad, el agandalle, la corrupción, los arreglones y, por supuesto, lo que nunca puede faltar… el desmadre. O si lo prefiere, el caos donde unos cuántos pasados están frotándose las manos para, ante la divertida crisis económica del inocente “catarrín” diagnosticado por Carstens, desarrollar su retirement fund o... cobrar aquellita factura por amenos servicios de granitos electorales en la polémica elección del 2006.
El tifón comienza hoy con el primer filtro para saber quiénes serán las empresas que entrarán en la muy sugestiva licitación para monitorear las campañas espoteras de los partidos políticos. Y como ya sabe que gracias al Frankenstein orquestado por Felipe & his dumb squad con la nueva ley electoral, que nadie entiende, ésta, mi estimado, es una de las joyas de la corona que… si no encienden el radar las distintas lacritas políticas, hay altas posibilidades de que la tan mermada credibilidad en el árbitro electoral, se consolide con la entrega del atractivo monitoreo a… una empresa que tiene intere$es no sólo económicos sino… políticamente… azules. ¿Me sigue?
El seductor camino de la subasta, que debería haber estado en manos del área de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde despachaba (y le dieron flit) Fernando Agiss, fue movida al área de Administración para transformarla en una licitación internacional y así tener la justificación de que los disfuncionales del ife están buscando el mejor hardware para entrarle al toro del monitoreo en el 2009. El interesante contratito podría rondar entre los 375 y 425 millones de pesos. ¿Estamos?
El nombre de la empresa Dell, proveedor… mundial de IPSOS… que trae tras bambalinas a IBOPE… que es el fin de la controvertida ruta pavimentada desde el 2006, sugiere que estos traviesos podrían estar, digamos, en caso de ganar la original licitación, tentados a enrarecer el tan cacareado y necesario monitoreo que dará sustento a los divertidos comicios. ¿Quiere un cándido ejemplo…?
El (des)gobierno de Calderón avienta un madral de spots —violando la ley electoral… been there, done that— en entidades donde avienta su resto para el color azul, o con el que haya negociado la plaza. La brutalidad de la cascada mediática no aparece en el monitoreo oficial de la empresa que contrató el árbitro (o sea el ife), así que en el papel aparece todo el numerito apegado a la ley. Léase como jugar al Tío Lolo con la publicidad oficial and, we have a winner!
O en el peor de los casos, los partidos políticos contratan a otras empresas de monitoreo cuyas cifras discrepan de las del ife (con minúsculas) y cuyas derivaciones, con la importancia de las elecciones del 2009, desencadenan argumentos para el otro deporte de moda: la de impugnar.
¿Cuál es la primera perlita del collar…?
Los nombres de... algunas de las cuatro lacritas (for now): Arturo Sánchez Gutiérrez, identificado con Juan Molinar Horcasitas. René Miranda, responsable del tan controvertido PREP; Daniel Pompa González, responsable hoy del simpático proceso de licitación del monitoreo, y el consejero, Benito Nacif.
Va de más decirle que el culebrón de julio del 2009, my friend, empieza hoy…
So u better stay tuned.
¿Vamos bien o me regreso…?
gomezalce@aol.com
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