Los infiltrados. Jorge Gil Olmos.

MÉXICO, D.F., 29 de octubre (apro).- La infiltración del narcotráfico en la policía mexicana no es nada nuevo, como se trató de manejar con los recientes casos de Fernando Rivera Hernández, director de inteligencia de la SIEDO, y del coordinador general técnico de la misma, Miguel Colorado González, quienes trabajaban para los hermanos Beltrán Leyva.

Lo preocupante es que, ante la persistencia de este problema, las autoridades no han hecho nada, lo cual habla de la enorme corrupción que hay no sólo en la estructura policíaca, sino de todo el gobierno desde hace mucho tiempo.

Según datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al menos 35 agentes han sido cesados desde julio pasado por proporcionar información de inteligencia a cárteles de droga a cambio de pagos que iban desde 150 mil hasta 450 mil dólares mensuales. Pero detrás de este dato oficial, la percepción que hay en la opinión pública es que este fenómeno es más amplio y profundo, lo cual mina las labores de persecución y de justicia.

Lo grave de este problema es la negación constante de las autoridades civiles y militares que desde hace años se han visto involucradas. Habría que recordar los casos del general Jesús Gutiérrez Rebollo, excomisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), detenido en 1997 por vínculos con Amado Carrillo Fuentes, fundador del cártel de Juárez.

También, el caso del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien de 1993 a 1996 participó, junto con Alcides Ramón Magaña, El Metro, en la célula del sureste del cártel de Juárez.

El gobierno panista de Vicente Fox nunca quiso atacar el involucramiento de altos funcionarios con representantes del narcotráfico, como tampoco lo ha hecho Felipe Calderón. Habría que recordar el mutis que hizo el gobierno calderonista cuando el reportero de la revista Proceso, Alejandro Gutiérrez publicó un reportaje con fotos donde se demostraba que Emilio Goicochea, actual embajador de México en Canadá, se relacionó, en 1992, con Genaro Caro Quintero, hermano menor de Rafael Caro, cuando hacía campaña para la gubernatura de Sinaloa.

Frente a las versiones actuales de que el Ejército también puede estar infiltrado, el subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, señaló que si bien no hay ningún caso registrado hasta ahora, el instituto armado no está exento de que pudiera presentarse una situación de ese tipo.

Esta declaración nos deja ver que actualmente ninguna autoridad del gobierno está a salvo de la compra de sus funcionarios que se pasan al servicio del narcotráfico; y que hace falta una limpia hasta los más altos niveles de las instituciones policiales y militares, pero también entre gobernadores, legisladores, ediles, candidatos, etcétera, a los cuales la tentación del dinero les ha llenado los bolsillos.

Felipe Calderón ya dijo que hará esta limpia, pero hasta que no se vea detrás de las rejas a funcionarios de alto nivel o a gobernantes que desde hace tiempo son investigados, la incredulidad social se mantendrá.