miércoles, 29 de diciembre de 2010

Pesadilla criminal

María Teresa Jardí

Raymundo Riva Palacio titula su colaboración publicada por el diario La Razón: “2010 la pérdida del consenso” y la empieza diciendo: “El Presidente de todos los mexicanos, Felipe Calderón, es un gladiador que pelea con una estrategia esquizofrénica. Procura a los empresarios y luego los acusa de evasores fiscales. Elogia la separación de poderes y pelea con ministros de la Suprema Corte y legisladores. Ante los ojos de la oposición se comporta como un presidente de partido y no como jefe de Estado, y hacia el interior de su partido los tiene confundidos...”. Y termina, luego de analizar los muchos y variados cambios de postura de Calderón, diciendo: “ Su problema dejó de ser el tipo de mensaje que emite, y se centra en la contradicción de sus mensajes. El Presidente ha sido un golpeador en los momentos en que le hubiera ido mejor si atemperaba los ánimos, y ha estado ausente en aquellos donde su posicionamiento daba certidumbre. Eso no le gusta a nadie. Pero así fue siempre Calderón, consistente y congruente en la dureza, la lucha y el golpeteo, aunque como Presidente, eso le generó pérdidas, y nulos avances”.

Más allá, de que muchos de ustedes, quizá todos, coincidirán conmigo en que no se trata de un Presidente, y sí de quien usurpando, con un fraude legalizado, se sentó en la silla de la Presidencia con el apoyo de los partidos políticos. De todas maneras lo que reconoce Riva Palacio, aunque sin así decirlo, es lo mismo que otros sí decimos. Que acéfalo se encuentra el Poder Ejecutivo.

La política, como arte, a la basura se tiró y seres cada vez menos pensantes, hasta llegar al analfabeta funcional que hoy ocupa el cargo, se fueron apoderando del poder y hoy se reparten con cinismo lo que le queda al país al que, previamente, convirtieron en un botín. No tenemos policía.

Las instituciones han sustituido su natural estructura ética de funcionamiento limitada por la ley, por una estructura de corrupción que envidiaría Nerón.

De los muchos problemas que enfrentamos, el de la cultura a la baja y la educación escolarizada convertida en productora de analfabetas funcionales, en aras de generar seres domesticadamente impensantes, pasa la factura, también por lo que toca a los que se reparten el poder y así es como hemos llegado a tener un Poder Ejecutivo encabezado por un individuo sin ninguna brillantez y obsesionado solamente con el derramamiento de sangre. Incapaz de entender que con cada ejecutado agrede a un núcleo social mucho más grande y en el que la venganza se va a convertir en eje de la vida de algunos de sus integrantes: hijos, padre, hermanos, amigos, compañeros de trabajo o de estudio...

Cada asesinado, y más aún cuando el crimen queda impune trae consigo, como estela, una serie de daños colaterales.

Algunos se burlan, en La Razón, por ejemplo, a Gil Gamés (Rafael Pérez Gay), recuerdo haberle leído, una burla sobre eso que otros llamamos el desgarre del tejido social. El entramado social existe y la rasgadura del tejido llega a convertir en imposible su zurcido y 30 mil ejecutados impunes van a traer una serie de consecuencias nefastas sobre el país. No se puede ordenar una limpia sin graves consecuencias, y a eso nos enfrentamos de cara al 2011, sin importar si a Fernández de Cevallos lo secuestró un grupo guerrillero o lo mantuvo guardado unos meses para luego sacarlo y usarlo el desgobierno encabezado por Calderón que adentra cada vez a México, de manera más profunda, en una interminable y criminal pesadilla.

¿Y la investigación contra Luis Cárdenas Palomino?

Cárdenas Palomino.

Conjeturas
Alvaro Cepeda Neri
cepedaneri@prodigy.net.mx

Como para que se enteraran muy pocos, el panista emboscado Genaro García Luna, poder tras el trono presidencial, por su inmenso poder policiaco desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal y enemigo público número uno de las libertades de prensa y los periodistas, tras reunirse con el embajador del gobierno estadounidense de Barak Obama, Carlos Pascual (mismo que anda metido en todos los asuntos desde la instalación de los servicios de inteligencia, ver la revista Proceso del 14/XI/10, respecto al edificio en la avenida Reforma número 265), en voz baja hizo la declaración de que en la PGR hay una denuncia para investigar a dos de los subalternos de García Luna.

De acuerdo con los reporteros Ángeles Cruz y Gustavo Castillo (La Jornada: 25/XI/10), es la solicitud-demanda ante el Ministerio Público Federal para que se atiendan las imputaciones de complicidad (obviamente sobornos en dólares de por medio), con los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa, de Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinosa de Benito, quienes, dicho sea de paso, son los dos empleados claves de García Luna en la SSPF. Y es que los narcotraficantes detenidos, con apodos de El Grande y La Barbie, es decir y respectivamente: Sergio Villarreal Barragán y Edgar Valdez Villarreal, en sus declaraciones han ofrecido datos de que esos mandos policiacos están involucrados con esa delincuencia organizada.

Es verdad que García Luna, para tratar de encubrir a sus segundos de a bordo, informó, ya contra la espada y la pared de que la opinión pública está enterada de las imputaciones, que sólo “pidió a la Procuraduría General de la República que investigue los señalamientos” a esos funcionarios. Pero, lo cierto es que la PGR no es una oficina para pedimentos, sino una institución (dependiente de Calderón, a pesar de que se ha demandado que el Ministerio Público Federal sea una institución con autonomía, para evitar que el Presidente de la República en turno favorezca a los suyos, como va a suceder con el “favor” que pidió García Luna), que recibe denuncias. Y así ha de ser con Cárdenas Palomino y Espinoza de Benito.

El gobierno calderonista está perdiendo el combate al narcotráfico, debido a la red de complicidades entre funcionarios y narcotraficantes. Así que es urgente que sepamos con detalle los “señalamientos” de los narcos detenidos a esos dos policías y, sobre todo, conocer los términos de la petición de García Luna para que sean investigados sus hombres de confianza: Luis Cárdenas y Armando Espinoza. Desde el asunto de Florence Cassez, los dos policías han estado cada vez más cuestionados en el desempeño de sus obligaciones (incluso por ese arresto, el Procurador francés investiga fondos en dólares depositados en los bancos de ese país). Y si ahora salen a relucir en las declaraciones de los capos encarcelados, es más que suficiente para de una vez por todas ir a fondo de sus conductas como servidores públicos y, en consecuencia, proceder hasta sus últimas consecuencias.

Andrés Manuel López Obrador AMLO en Oaxaca

Anabel Hernández Los Señores del Narco Hemiciclo a Juárez

‘ONG,s y movimientos sociales, junto con narco, corrupción y migración, los riesgos para la estabilidad del país: Cisen’: La Jornada

■ Algunas ONG's lo que "pretenden es sembrar acciones de inconformidad social colectiva, cuyas repercusiones ‘pueden ser demoledoras de los principios democráticos del régimen en el poder’ ": Cisen

■ "Criminales mexicanos trataron de pasar del control territorial al control de la sociedad", estima

Los movimientos sociales y el quehacer de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), a la par que la corrupción, el crimen organizado, y la migración, han sido tipificados como factores de riesgo para la estabilidad nacional por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de acuerdo al Programa de estudios estratégicos 2010, citado por el periódico La Jornada en su nota principal de su edición de este martes.
“El Cisen reconoce que asuntos como los enumerados anteriormente pueden tener la capacidad de colocar en riesgo la viabilidad y la factibilidad del proyecto nacional planteado por la administración del presidente Felipe Calderón”, apunta el rotativo.
“Según lo que comentaron a este diario las fuentes consultadas”, dice el texto de La Jornada, en relación a las ONG’s, “el Cisen considera que algunas de ellas surgen con motivaciones ideológicas de izquierda, simuladas con ideales progresistas, pero en realidad lo que pretenden es sembrar acciones de inconformidad social colectiva, cuyas repercusiones ‘pueden ser demoledoras de los principios democráticos del régimen en el poder’ ”.
Sin embargo, aclara el diario capitalino, los informantes no precisaron si el informe del Cisen se refiere por su nombre a esas organizaciones no gubernamentales que son cuestionadas en el documento.
En cuanto a el crimen organizado, la instancia de seguridad gubernamental ve que sus métodos violentos como “de muy alto riesgo”, y su origen obedece a “a una lógica de mercado: buscan desplazar a otros grupos criminales de una zona territorial en el país para mantener el control de la venta y distribución de drogas”, menciona la nota.
“El informe elaborado por funcionaros del Cisen agrega que los criminales mexicanos trataron de pasar del control territorial al control de la sociedad”.
A la migración, que es provocada principalmente por el problema de la pobreza - según dicha evaluación, menciona La jornada-, el Cisen le aprecia “como generadora directa de inestabilidades sistemáticas que posibilitan el rompimiento del orden institucional”.
“Las elevadas tasas de crecimiento natural de la población, la incapacidad de la estructura económica para ofrecer empleos adecuadamente remunerados y la ubicación de las empresas en unas cuantas áreas, hacen que la migración se convierta en un factor de desequilibrio, antes que de distribución”, detalla la publicación.
“De este listado de riesgos para la seguridad nacional el peligro más grande está en ‘el crecimiento del crimen organizado, y en el imparable fenómeno de la migración, según comentó uno de los entrevistados”, punta el rotativo.
Según las fuentes gubernamentales consultadas por el impreso, ese informe fue elaborado durante 2010 con “el propósito de definir estrategias de vigilancia social, control ciudadano y coordinación del Cisen con las instituciones del gabinete de seguridad nacional”, y es sólo para consumo interno de funcionarios de ese órgano de inteligencia y de la Secretaría de Gobernación.

De la Redacción

Temporada Navideña. Horax

Correcto y preciso-Hernández

Centroamericanos secuestrados-Rocha

Mensaje Presidencial. Jans

Regalo de fin de año. Joselo.

Reconciliación oaxaqueña. Editorial EL UNIVERSAL

Oaxaca ha sido desde hace décadas un estado marcado por los conflictos y la violencia social. El episodio que en 2006 paralizó su capital durante meses, por las movilizaciones de la APPO, fue sólo el ejemplo más vistoso. El gran reto del nuevo gobernador Gabino Cué, y del priísmo que ahora se transforma en oposición, es hacer a un lado las viejas rencillas para entonces poder exigir lo mismo a sus pobladores. De otro modo será muy difícil combatir los enormes rezagos económicos y sociales de la entidad.

Las elecciones de julio pasado para la gubernatura terminaron con 80 años de hegemonía priísta, y la relación entre el gobierno saliente de Ulises Ruiz y el entrante estuvieron lejos de ser tersas. Ruiz fue reticente a la transición, incluso trato de “blindar” de auditorías su gestión, lo que echó abajo la Suprema Corte. Fue hasta noviembre, poco antes del cambio de poder, que el ahora ex mandatario aceptó iniciar la entrega-recepción del gobierno.

El panorama es incluso peor en el caso de una decena de presidencias municipales en el estado. A 96 horas de que se realicen los relevos municipales, grupos de inconformes se preparan para evitar a toda costa las tomas de posesión.

Hasta cierto punto los conflictos dentro de Oaxaca son naturales. Se trata de un estado con 570 municipios, varios de ellos integrados por grupos indígenas de diferente etnia, religión y con añejas disputas de tierra. La entidad cuenta con 194 conflictos agrarios activos. ¿Cómo reconciliar semejante diversidad si los partidos políticos añaden un ingrediente adicional de encono a esta zona minada?

Quizá por ello se explica lo difícil que ha sido erradicar problemas locales centenarios como la desigualdad. El promedio nacional de pobreza en México es de 44.2%, pero Oaxaca está 18 puntos porcentuales por encima. De acuerdo con Gabino Cué más de 62% de la población en la entidad está en algún grado de pobreza. Las cosas no están como para perder el tiempo en disputas electorales eternas.

Sin unidad, así sea mínima, entre los oaxaqueños, los programas de desarrollo social se verán afectados por los conflictos políticos, pero también la coordinación en materia de seguridad y las inversiones de la iniciativa privada. Sin esos factores resultará imposible sacar al estado de la miseria.

El momento actual es idóneo para iniciar con la reconciliación necesaria. El nuevo gobierno estatal tiene la oportunidad de demostrar que es diferente, más enfocado en las necesidades de la ciudadanía que en retener el poder y denostar al adversario

Una gobernadora en apuros con el rating

Jenaro Villamil



MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (apro).- Son malos momentos para la gobernadora priista de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco: Al cumplir sus primeros tres años de gobierno y después de culminar una ronda de alta exposición mediática, el conductor emblemático de Televisa, Joaquín López Dóriga, consideró al gobienrio yucateco como uno de los “dos peores” del PRI, junto con el de Chihuahua.

El golpe crítico de López Dóriga, transmitido en su noticiero de Radio Fórmula, levantó más de una ceja al interior de un gobierno que ha destinado un buen porcentaje del presupuesto público y múltiples favores a la dictadura del infomercial y de las entrevistas pagadas, tanto para Televisa, como para TV Azteca, Milenio TV y muchos otros medios electrónicos.

El duro juicio contra Ivonne se enlazó con la protesta que la semana antepasada realizaron los representantes de las cámaras empresariales de Yucatán. La iniciativa privada está molesta por la creación fast track de nuevos impuestos estatales, por el elevado nivel de endeudamiento, la solicitud de un nuevo crédito y por la falta de grandes obras que justifiquen el débito.

Sin embargo, lo que más molesta tiene a Ivonne Ortega Pacheco es la crítica mediática en medios nacionales. La farándula le está cobrando una alta factura a la gobernadora que le ha apostado todo a ser la más fotografiada, la amiga de actrices y actores, la promotora de concursos de belleza de Televisa, la donadora de más de 300 millones de pesos de recursos públicos para la construcción de un CRIT del Teletón, la anfitriona de telenovelas como Sortilegio y la productora ejecutiva extraoficial de cuanta pachanga pueda aparecer en televisión.

El problema que ahora vive Ortega Pacheco parece anticipar una lección a todos los mandatarios que, como ella o su aliado Enrique Peña Nieto, le apuestan en un 80% a la alta exposición mediática, a financiar encuestas que los favorezcan. Los mismos medios y comentaristas que los halagan, con extrema facilidad pueden defenestrarla por dos razones muy simples: por el encargo de otros clientes más poderosos o con más dinero, o por el incumplimiento de presupuestos y convenios publicitarios. Lo de López Dóriga extraña después de que el comunicador la entrevistó en Canal 2 de manera obsequiosa, mientras ella lucía una blusa con un faisán, emblema yucateco y de una empresa que lleva el megalómano nombre de Ibónica.

Ni los chiflidos de la concurrencia a una función de box, transmitida en cadena nacional, contra el extremo protagonismo de la mandataria yucateca tuvieron el efecto negativo para el rating de Ortega Pacheco, como el inesperado ataque extraoficial de López Dóriga. Quizá porque se enlazó con otros problemas políticos soterrados.

Para los conocedores de los entretelones políticos de Yucatán, las causas de este desaguisado se relacionan con el relevo de la dirigencia nacional del PRI. Al calor de la sustitución de Beatriz Paredes y de Jesús Murillo Karam, como presidenta y secretario general del PRI, se le propuso a la gobernadora yucateca que ocupara la secretaría general, en fórmula con el coahuilense Humberto Moreira.

Ortega Pacheco rechazó esta oferta porque implicaba otro trueque: dejar el gobierno de Yucatán para que el diputado federal priista Jorge Carlos Ramírez Marín ocupara la gubernatura interina y su sitio como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fuera ocupado por Beatriz Paredes, su principal madrina. El gobernador Peña Nieto favorecía este enroque para concretar su alianza con Paredes y para mantener a una aliada suya en la secretaría general, junto con Moreira.

Pero Ivonne Ortega no quiso. Se olvidó que favor con favor se devuelve, al menos en los códigos del PRI. Ella quería mantener el control del gobierno de Yucatán eligiendo a su propio interino o interina. Y no le hizo caso a su principal padrino y guía: Enrique Peña Nieto.

El berrinche de Ivonne ha tenido consecuencias. Su animadversión con el grupo de Beatriz Paredes ha llegado a niveles de teatro regional. Y como en toda puesta en escena, el productor y titiritero ya habló. Ivonne Ortega Pacheco parece estar perdiendo la gracia del rating.

Eso siempre sucede cuando se confunde comunicación política con mercadotecnia mediática, y cuando olvida que su victoria en 2007 no fue producto sólo de su carisma, sino de los recursos de sus padrinos políticos que hoy la ven con desconfianza.

www.jenarovillamil.wordpress.com

Presumir empleos miserables. Carlos Fernández-Vega

México SA

Máximo, dos salarios mínimos

¿Y el “pacto de Chapultepec”?

Con tal de presumir, como sea, la creación de empleo en el sector formal de la economía a lo largo de 2010, al inquilino de Los Pinos se le olvidó” detallar la desastrosa calidad de las plazas oficialmente generadas: son pocas respecto del tamaño de la demanda real, y el grueso de ellas (67.2 por ciento del total) apenas ofrece un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos, es decir, de 56 a 112 pesos diarios, antes del majestuoso incremento al miningreso (2.3 pesos, también promedio, para 2011) aprobado el pasado 18 de diciembre por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Haiga sido como haiga sido, se jacta Felipe Calderón, a lo largo de 2010 se ha generado empleo formal. En este contexto, el más reciente (noviembre pasado) Informe de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (presumiblemente utilizado como “base” para acordar el incremento 2011 al miningreso) da cuenta de la cantidad y calidad de dichas plazas, con corte estadístico hasta el décimo mes del presente año. Así, detalla que en el periodo comprendido entre octubre de 2009 e igual mes de 2010 se observó que los mayores aumentos en la población cotizante correspondieron a trabajadores con percepciones de más de uno a dos veces el salario mínimo (475 mil 779 personas), lo cual significa que 67.2 por ciento de los que se incorporaron en ese lapso obtuvieron un ingreso de 56 a 112 pesos diarios, en el mejor de los casos. Le siguieron en importancia los incrementos que reportaron los estratos de más de dos a tres y de más de tres a cuatro veces el salario mínimo, con 77 mil 243 y 52 mil 535 trabajadores, respectivamente. Por su parte, el segmento de los trabajadores que percibieron un salario mínimo disminuyó su población cotizante en 5 mil 887 trabajadores. De cualquier forma, en esta última fracción del tabulador se registran a casi 6 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

A pesar de ello, el documento referido asegura que la información del IMSS permite observar la evolución de los trabajadores que cotizan con un salario mínimo a ese instituto. Así, en octubre de 2010, ese grupo de trabajadores se integró por 405 mil 858 cotizantes, cifra menor a la de un año antes, en 5 mil 887 asalariados (1.4 por ciento); asimismo, su proporción respecto del total de cotizantes fue menor a la del mismo mes del año anterior, al pasar de 3.1 a 2.9 por ciento. La población que cotiza con ingresos de más de uno y hasta dos veces el salario mínimo mostró un incremento de 10.7 por ciento, lo que significó 475 mil 779 cotizantes más en este rango de ingreso; su participación respecto del total se ubicó en 35.1 por ciento, es decir, 1.7 puntos porcentuales más que en el año anterior. Por su parte, los cotizantes con percepciones de más de dos veces el salario mínimo acusaron un crecimiento de 2.8 por ciento en el periodo interanual que se menciona y en términos absolutos significó 237 mil 591 trabajadores más; no obstante, su proporción respecto del total descendió 1.5 puntos porcentuales, al ubicarse en 62 por ciento.

Por entidad federativa, se observó que en octubre de 2010 aquellas con el mayor número de cotizantes permanentes de un salario mínimo fueron: Distrito Federal (92 mil 614 trabajadores), estado de México (35 mil 334), Jalisco (31 mil 69), Veracruz (27 mil 734), Tamaulipas (22 mil 677) y Puebla (17 mil 979). En conjunto, estas entidades concentraron 56 por ciento del total de cotizantes de salario mínimo. En octubre de 2009, esas mismas entidades habían agrupado 54 por ciento de los perceptores de ingresos mínimos, entre las que también destacó el Distrito Federal, con 21.4 por ciento.
Entre octubre de 2009 y el mismo mes de 2010, en 12 entidades federativas se reportó un aumento en el número de trabajadores perceptores de un salario mínimo; entre las que sobresalieron con los mayores crecimientos absolutos están: Distrito Federal (4 mil 662 cotizantes de un salario mínimo más), Tamaulipas (2 mil 480), Veracruz (mil 597), Baja California (mil 314) y Chihuahua (mil 113). En cambio, los estados que destacaron por registrar los descensos absolutos más relevantes fueron: Campeche (3 mil 809 trabajadores de salario mínimo menos), Nuevo León (2 mil 597), Guanajuato (2 mil 378), Quintana Roo (mil 917) y San Luis Potosí (mil 724).

En octubre pasado se registró que en el área geográfica C se localizó 50 por ciento de los trabajadores con percepciones mínimas, el resto se distribuyó en las áreas geográficas A y B, con 37.1 y 12.9 por ciento, respectivamente. Al comparar esta estructura con la de un año antes destaca el aumento de 2.9 puntos porcentuales en el área A, mientras que la C y la B disminuyeron 2.4 y 0.6 puntos porcentuales cada una. Por otra parte, al interior de cada área geográfica la participación de los perceptores de ingresos mínimos respecto del total de trabajadores asalariados cotizantes fue de 3.1 y 3 por ciento en las áreas geográficas A y C, respectivamente; en tanto que la participación de los asalariados cotizantes con ingresos equivalentes al mínimo en el área geográfica B fue de 2.1 por ciento.

Entre octubre de 2009 y octubre de 2010 los establecimientos en sus diferentes tamaños aumentaron su población cotizante; las unidades productivas que sobresalieron por aportar el mayor número de nuevas plazas fueron las de más de 301 y de 101 a 300 trabajadores, con 429 mil 157 y 143 mil 430 cotizantes más, respectivamente; le siguieron en importancia las empresas de 11 a 50 y de 51 a 100 trabajadores, las cuales generaron 61 mil 305 y 50 mil 921 nuevos puestos de trabajo, respectivamente. La menor participación correspondió a los micronegocios, de uno a 10 cotizantes, con 22 mil 670 trabajadores más. En octubre de 2010 estaban inscritos en el IMSS 812 mil 48 establecimientos que registraron a sus trabajadores en ese instituto.

Las rebanadas del pastel

En 2010, grandes consorcios mexicanos acumularon inversiones por más de 42 mil millones de dólares en Sudamérica, como si en casa sobrara. Entre ellos aparecen Telmex, Cemex, Bimbo, Coca-Cola Femsa, Grupo México (el de Pasta de Conchos), Vitro, ICA, Protexa y Pinfra (antes Tribasa). Sus dueños firmaron (2005) el llamado “pacto de Chapultepec”, por medio del cual se comprometieron (ante todo el “bien de México”), a “impulsar el desarrollo del país, incrementar la inversión interna y aumentar la generación de empleo”. Qué rápido “olvidaron” estos solidarios empresarios.

cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx • http://twitter.com/cafevega

“Cultura de violencia” contra las mujeres, causa del asesinato de Marisela Escobedo

Decenas de ONG nacionales e internacionales exigen justicia al Estado

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de diciembre de 2010, p. 5
Ciudad Juárez, Chih., 28 de diciembre. La causa del asesinato de Marisela Escobedo es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mantiene desde hace dos décadas, afirmaron 120 organizaciones locales, nacionales e internacionales.

Además, el crimen cometido el pasado jueves 16 a las puertas del palacio de gobierno del estado muestra “la desprotección criminal en que se mantiene a las defensoras sociales y la falta de voluntad para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, agrega el texto colectivo que la organización empresarial Plan Estratégico de Juárez comenzó a distribuir por Internet.

“Basta de simulación; exigimos a las autoridades justicia para la familia de Marisela Escobedo y Rubí Marisol Frayre, así como poner fin al homicidio de mujeres y la impunidad de los responsables”, manifiestan los firmantes.

En el documento ubican el caso de Marisela Escobedo en un contexto de violencia contra el sector femenino en general y las luchadoras sociales en particular, y exigen a las autoridades cumplir la sentencia del Campo Algodonero emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para prevenir, investigar y sancionar debidamente la violencia sexual y las desapariciones y homicidios de género.
Además, denuncian que en el debate del presupuesto estatal no se han incorporado recursos para cumplir el fallo del organismo internacional ni la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Ante el gravísimo incremento de las agresiones contra las defensoras de los derechos humanos, responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier otro acto en su contra, pues hasta la fecha no ha investigado los hechos precedentes ni realizado las acciones básicas para garantizar su vida e integridad”. Además –señalan–, la ocupación policiaco-militar de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua iniciada en 2008 no se tradujo en seguridad para las mujeres.

Según el manifiesto, “más de 50 millones de pobres, más de 7 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, más de 3 mil homicidios perpetrados este año en Ciudad Juárez y los 10 mil huérfanos que arroja la fallida guerra contra el narcotráfico, aunados al hambre y el desempleo, evidencian que fracasamos como sociedad.

“Tal realidad es efecto de corrupción, opacidad, clientelismo, autoritarismo y una ciudadanía que no exige un mejor gobierno”, señalan en el documento.