lunes, 29 de junio de 2015

Puerto Rico, al borde de la quiebra


San Juan. El gobernador de Puerto Rico advirtió que la isla no puede pagar su deuda pública de 72 mil millones de dólares, mientras que economistas internacionales difundieron el lunes un informe crítico sobre la economía de este territorio estadounidense.
Por su parte, la Casa Blanca informó que no hay un plan de rescate.
El anuncio del gobernador Alejandro García Padilla no sólo sacudió a esta isla en el Caribe asolada por la recesión, sino también al sistema financiero mundial, de por sí nervioso por el deterioro de las finanzas de Grecia.
Está prevista para la tarde del lunes la difusión televisiva de un discurso de García mientras los legisladores prosiguen sus debates sobre un presupuesto de 9 mil 800 millones de dólares que incluye recortar el gasto en 674 millones de dólares y destinar mil 500 millones de dólares al pago de la deuda. El presupuesto debe ser aprobado el martes.
Anne Krueger, ex economista en jefe del Banco Mundial que trabajó en el informe que encargó el gobierno de García, entregó las conclusiones a decenas de funcionarios locales en antelación al mensaje televisivo.
"La situación es terrible, y digo en verdad terrible", afirmó.
El gobernador de Puerto Rico confía en diferir los pagos de la deuda mientras negocia con los acreedores, dijo el domingo el portavoz Jesús Manuel Ortiz, quien confirmó las declaraciones de García publicadas esa tarde en el diario The New York Times.
"No hay otra opción. Me encantaría tener una opción más fácil. Esto no es política, esto es matemáticas", dijo García, citado por el Times.
Los bonos de Puerto Rico eran populares entre los fondos de inversión de Estados Unidos porque eran libres de impuestos, pero los fondos de cobertura y los inversionistas dejaron de comprar deuda ante el agravamiento de la economía de la isla y la baja de su calificación crediticia.
"Los mercados tienen claro que Puerto Rico se encamina hacia una reestructuración o incumplimiento de pagos", dijo, y agregó que una reestructuración voluntaria de bonos podría ser la mejor opción.

Multan por corrupción al partido verde y empresa de Arturo Escobar


Regeneración, 29 de junio del 2015.-El INE también pretenden multar al partido Verde por negarse a entregar información de un contrato con otra empresa, Training and Consulting Solutions, suscrito por 37.8 millones de pesos
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó imponer al PVEM una sanción por 75 millones 735 mil pesos, por recibir aportaciones de entes prohibidos para su difusión en cineminutos.
El presidente de la Comisión, el consejero ‎Ciro Murayama, informó que quedó acreditado que fue la empresa Grupo Rabokse, propiedad de Adrián Escobar y Vega, hermano del líder de los diputados verdes, Arturo Escobar, la que pagó a dos empresas -Screencast y Comercializadora Publicitaria TIK- en total 21.4 millones de pesos para la difusión del PVEM en cines.
“Se trata de aportación de ente prohibido pues es una empresa de carácter mercantil que contrata a otras empresas de carácter mercantil para beneficiar al PVEM”, dijo al informar que se propone sancionar con multa del 200 % de ese monto involucrado, más 100 % por dolo, pues el partido no sólo no se deslindó sino que asumió esos mensajes como suyos, pese a que los pagos los hizo Rabokse y no el partido. Ya en marzo pasado se había documentado que de acuerdo con el acta constitutiva de Grupo Rabokse, Adrián Escobar era el socio mayoritario con 49 de las 50 acciones de la compañía, y con una acción aparece David Olvera Zenteno. La empresa familiar Rabokse, que al revés se lee “Eskobar”, suscribió el 6 de enero pasado un contrato por 35 millones de pesos con Comercializadora Publicitaria TIK, que representa a Cinépolis, para la proyección de mensajes del Verde.
Además se ‎propone multar al verde por negarse a entregar información de un contrato con otra empresa, Training and Consulting Solutions, consultora norteamericana proveedora de servicios TI (tecnologías de la información) para el departamento de defensa, la marina, el ejército y agencias de inteligencia en los Estados Unidos, y que podría ser la empresa que ha organizado, la estrategia de “bots” con la cual el “verde” ha pretendido invadir la red y con ello manipular o fijar tendencia en laopinión pública.
El contrato suscrito con Training and Consulting Solutions tuvo un monto de 37.8 millones de pesos (2.3 millones de dólares), gasto que se acreditó al PVEM. Pero desde hace casi 4 meses se ha resistido a entregar documentación soporte, actitud que “creemos tiene el ánimo de obstaculizar” a esta autoridad fiscalizadora, por lo que se propone por ahora sancionar con 30 % el monto involucrado, aunque la investigación seguirá su curso cuando se cuente con la documentación del caso.
En conjunto se plantea una multa de 75 millones 735 mil pesos. Murayama aseveró que con esto se demuestra que “violar la norma no da réditos ” y rechazó que en el INE haya inquina hacia el PVEM o hacia algún partido, “pero tampoco repartimos ninguna indulgencia”.
La decisión se dio por unanimidad de los consejeros integrantes de la Comisión y el proyecto de resolución será llevado a la discusión del Consejo General del INE, el 13 de julio.
Con información de: Reforma 070315, EL Universal 290615 y http://www.itcssolutions.com/

Empresario taurino candidato a Diputado local por el Verde en Chiapas

empresario-taurino

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que supuestamente está contra las corridas de toros, postuló en Chiapas a Rubén Peñaloza, ahora candidato a Diputado local, cuando es uno de los promotores de ese espectáculo.
Peñaloza va por el Partido Verde, PRI, Panal y la organización local Chiapas Unido. De acuerdo con medios locales, el empresario se considera uno de los hombres más cercano al Gobernador chiapaneco Manuel Velasco, quien también es “verde”.
De acuerdo con el periódico AM, la familia de Peñaloza es propietaria de la Plaza de Toros La Bien Pagá, ubicada en Tapachula, y también se dedica a la cría de toros de lidia. “La familia lleva la tauromaquia en las venas”, expresó Miguel Peñaloza, encargado de la plaza y hermano del ahora candidato verde por el Distrito XIX.
El aspirante a Diputado local se desempeñó como Subsecretario de Gobierno en la región Soconusco entre 2013 y 2015, durante la actual Administración estatal. En marzo fue nombrado dirigente del PVEM en Tapachula y el entonces presidente estatal de ese partido, Fernando Castellanos, le tomó protesta. Peñaloza aspiraba a la Alcaldía de la ciudad, pero después de una serie de negociaciones finalmente obtuvo la candidatura para una curul en el Legislativo local.
En el proceso electoral de 2012 contendió en el proceso interno de su entonces partido, Acción Nacional, en busca de la candidatura por la Presidencia de Tapachula, pero en aquella elección partidista se registraron irregularidades y la candidatura le fue otorgada a Jorge Elorza, de acuerdo con el mismo diario.

Teleprompter sano .- Monsi

La SCJN ‘‘trata a los maestros como delincuentes’’, señala López Obrador

De gira por Chiapas, descalifica la decisión de avalar la evaluación docente
Los mentores han confiado demasiado en el régimen; Miranda Nava ‘‘los ha engañado’’, dice
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Acto político realizado ayer en San Juan Chamula por el ex candidato presidencialFoto La Jornada
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de junio de 2015, p. 5
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
Andrés Manuel López Obrador afirmó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la evaluación docente ‘‘es tratar a los maestros como delincuentes, es no darles ninguna oportunidad’’, pues ‘‘si alguien no está apto para una evaluación y tiene deseos de superarse tiene derecho a una oportunidad, pero no a perder su trabajo; eso es totalmente violatorio de los derechos humanos’’.
Opinó que los maestros ‘‘deben replantearse su estrategia de lucha, porque han estado confiando demasiado en el régimen. Aparentemente son muy radicales, pero negocian’’ con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, ‘‘que es un corrupto, trácala, falso y los ha engañado muchas veces’’.
Dijo que ‘‘es algo similar a lo que sucedió con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyos dirigentes confiaron en (el entonces presidente Felipe) Calderón y les dieron palo. Los trataron de manera injusta y ahora sucede algo igual; hasta la decisión de no votar le ayudó al régimen y aparentemente son los radicales. No, eso es conservadurismo. No son radicales, son conservadores los que están apostando a que la gente no participe con el supuesto de que todos somos iguales, pero no, Morena es el único partido que defiende al magisterio’’.
Señaló que en Michoacán los maestros apoyaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD) ‘‘para que quedara un corrupto en la gubernatura’’, Silvano Aureoles Conejo, ‘‘y en Guerrero fue peor, porque no participaron’’, y ahí se impuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
López Obrador fue entrevistado en esta ciudad, en su cuarto y último día de gira por el estado de Chiapas para apoyar a los candidatos de Morena que participarán en las elecciones municipales y legislativas estatales del 19 de julio próximo.
Sobre la resolución de la SCJN, dijo que los dirigentes de los maestros ‘‘se reúnen mucho’’ con Miranda Nava y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ‘‘y los engañan. Y eso pasó con el SME, y no es que sean mafiosos o sinvergüenzas, sino que confían en estos corruptos y al final le ayudan al régimen’’.
Sostuvo que ‘‘vamos a estar siempre apoyando a los maestros y Morena estará permanentemente demandando que se cancele la llamada reforma educativa, al igual que la laboral, la energética y fiscal, pero hay que ver qué es lo que está detrás de estas actitudes o cuando menos debatirlo’’.
Manifestó que ‘‘resulta que (los maestros) sí toman los acuerdos en asambleas, pero se toman a las dos o tres horas, cuando ya son muy pocos los que resuelven, los supuestamente radicales. ¿Qué no hay infiltrados ahí? Al gobierno le conviene que la gente no vaya a votar. ¿Qué no acaso la mafia del poder organizó un partido México-Brasil el día de las elecciones para que la gente no fuera a votar?’’

¡ A qué los Griegos ! .- Jans

La evaluación: ¿vencer o convencer? .- Bernardo Bátiz V.


E
n el asunto de la evaluación a los maestros, desde el punto de vista del sistema, desde la óptica del gobierno y del secretario Chuayffet, no se trata de dar argumentos, de dialogar y convencer con razones, sino de imponer por la fuerza llueve o truene, y para ello se usan las armas propias de un sistema autoritario: policías y soldados vigilan los lugares en que se evalúa, rodean, encapsulan y siguen todas las marchas y manifestaciones de los profesores que opinan en forma diferente y hacen oír su voz como les es posible. Se les amenaza con dejarlos sin paga y les echan encima una campaña en contra por radio y televisión, acompañada de voces campanudas de comentaristas y articulistas que califican a los maestros de vándalos, irresponsables y dañinos a la educación.
Quienes condenan a los maestros dicen defender la que llaman educación de calidad, que nos llevará al mundo globalizado, nos hará competitivos. Dicen una y otra vez, en todos los medios de comunicación, que fue un gran éxito, que al primer intento acudió 83.4 por ciento de los que debían evaluarse. Razonan así: se evaluaron muchos, luego entonces, tenemos razón. No es así: acudieron muchos porque están bajo la amenaza de quedar sin empleo, excluidos de la docencia, que es su profesión, y con riesgo de perder su fuente de trabajo. Se sometieron por la amenaza del desempleo.
Eso no es un argumento, es una muestra de que el sistema represor está funcionando.
Una vez, un secretario de Hacienda que había sido profesor de derecho con cierto prestigio, de apellidos Carrillo Flores, promovió un impuesto a ojos vistas inconstitucional; sus amigos juristas y profesores de derecho como él lo fueron a ver para decirle: Toño, ese impuesto va contra los principios de equidad y proporcionalidad; vas a perder los amparos. “Sí –contestó–, pero ya lo calculamos: hay 400 mil causantes y sólo pedirán amparo unos 200 o 300.”
La misma argumentación se está usando para imponer la dudosa reforma educativa; muchos acatan por temor, comodidad, cálculo o lo que sea; 83.4 por ciento aceptó la evaluación, dicen, pero eso no la hace justa ni acertada desde el punto de vista pedagógico, ni la convierte en una medida oportuna. Es una imposición y las autoridades sólo son operadores del sistema que se quiere imponer y verdugos de quienes lo critican y resisten.
Conocedores de la materia, estudiosos calificados, como la doctora Raquel Sosa Elízaga y el maestro Manuel Pérez Rocha, han abundado en argumentos críticos de la reforma. Han señalado carencias y defectos y proponen que se rehaga. Las organizaciones de maestros tienen su propio proyecto, no aceptan que los evalúe un organismo autónomo al que faltan profesores y profesionales de la educación. Ese organismo representa a empresarios y usa criterios empresariales para juzgar a cientos de miles de maestros con situaciones personales, geográficas y sociales muy diferentes. Como si todo el país fuera igual, proponen un solo examen para todos. Confunden la educación con una fábrica de salchichas, las quieren todas iguales y del mismo tamaño y sabor. La realidad en México es totalmente diferente, somos un mosaico de pueblos y culturas; la uniformidad de factoría no es aplicable a la educación en México.
Una verdadera reforma debiera empezar por el reconocimiento de la dignidad de los maestros y de su liderazgo social en sus comunidades. No son empleados, no son simples asalariados, son profesionales que prestan un servicio delicado e importante y merecen reconocimiento. Testificamos un desastre en escuelas y centros de cultura y los responsables se llenan la boca con su 83.4 por ciento, como si con eso todo quedara resuelto. Los maestros disidentes, que son muchos más que los que se ven, defienden a los niños y a los jóvenes al defender la educación pública y gratuita para todos; se oponen al intento no confesado pero evidente de privatización de la educación, que quieren sólo para quien pueda pagarla.
Centros de cultura como el Ollin Yoliztli o escuelas como la secundaria diurna 51 de la colonia Niños Héroes, abandonada más de cuatro años, son sólo ejemplo del descuido y abandono en el que se encuentran por todo el país escuelas y centros de difusión cultural. Por ahí debieran empezar los celosos perseguidores y críticos de los maestros: por proporcionar a todos los niños y a todos los profesores salones de clase luminosos y acogedores, seguros y bien construidos; espacios para el recreo, bibliotecas, laboratorios y salas de lectura. Pero no: les preocupa cumplir con lo que llaman pomposamente parámetros internacionales de calidad y en el fondo quieren contar con empleados dóciles y obedientes y no con verdaderos guías de la niñez y la juventud. No tienen argumentos para convencer, sólo tienen el poder para imponer la dichosa evaluación persecutoria. Les faltan, empero, razones y autoridad moral.
México, DF, 26 de junio de 2015.

Artista Orgulloso .- Rapé

La salud de Peña Nieto .- Julio Hernández López

 Segunda operación
 Paulatina desmejoría
 Artículo 84 y sus operadores

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COMIENZAN EN MÉXICO SU PRIMERA VISITA DE ESTADO A AL. Los reyes de España, Felipe y Letizia, fueron recibidos anoche a su llegada al país por el canciller José Antonio Meade. Al comenzar su primera visita de Estado a la región, la ceremonia de bienvenida se llevará a cabo hoy en el Campo MarteFoto María Meléndrez Parada


E
l estado de salud de Enrique Peña Nieto es un asunto de indudable interés público. A nadie debería ofender ni incomodar que los ciudadanos se interesen, incluso en términos inquisitivos, en los sucesos médicos que rodean al personaje que más allá de filias y fobias partidistas e ideológicas ejerce en la práctica la conducción del Estado y el gobierno federal de México.
Hay razones más que sobradas para hacer preguntas y demandar respuestas. Este viernes, por ejemplo, el ocupante de Los Pinos fue intervenido de manera apremiante por cirujanos a causa de una dolencia que llevó a la extirpación de la vesícula biliar. Ese tipo de operaciones quirúrgicas es frecuente y por lo general no pone en riesgo la vida ni tiene mayores implicaciones preocupantes. Sin embargo, tal episodio hospitalario menor reactivó las versiones, hasta ahora sin fundamento clínico conocido, de que el ex gobernador del estado de México tiene padecimientos de salud que, en esa profusión de especies, van en una graduación que en su punto máximo de especulación llega a supuestas etapas terminales.
El caldo de cultivo de tales rumores proviene del anterior episodio hospitalario, sucedido el 31 de julio de 2013, cuando se le retiró no un mero quiste o nódulo tiroideo, como originalmente se había dicho, sino la glándula tiroides. La operación de casi tres años atrás no fue tan rápida y sencilla como la de este viernes reciente y, desde entonces, sobrevuela el ambiente político la duda respecto de lo maligno o benigno del proceso, aunque los médicos militares se esmeraron en puntualizar que no había ningún indicio preocupante y que no habría más consecuencias que la ingestión diaria de una pastilla de control.
A aquella intervención delicada ha sucedido una paulatina desmejoría en la apariencia física de quien cumplirá medio siglo de vida el próximo 20 de julio. A pesar de los enormes recursos materiales de que dispone la Presidencia de la República, no ha sido posible mantener el vigor y la frescura en la imagen de un político que precisamente creció y avanzó en su carrera gracias a esa prestancia gráfica. Las fotografías a larga distancia o las tomas especiales que suministra la oficina de prensa de Los Pinos no logran ocultar la delgadez, el rostro demacrado, la angulosidad remarcada y otros detalles que abonan las percepciones de una mala salud en espiral ascendente. Aun cuando la desmemoria, la confusión y los tropiezos verbales no son características surgidas en él en años recientes, pareciera que se han agudizado de 2013 a la fecha, lo que los intérpretes médicos amateurs, que se han multiplicado, adjudican, sin prueba alguna, a tratamientos radicales o a debilitamientos corporales en curso.
En las circunstancias actuales del país, son definitorias las condiciones de salud de quien ejerce el máximo poder nacional. Hoy no hay un gobierno estable en funciones, sino un conglomerado de camarillas que diariamente se disputan entre ellas el saqueo de la nación y la consolidación de sus proyectos facciosos. Los riesgos de la soberanía nacional ante las reformas estratégicas del peñismo están a la vista, y a lo largo del país hay multitud de conflictos sociales de diferente tamaño y desigual resonancia mediática. También asoma el fantasma de una crisis económica por motivos externos e internos. Y en ese cuadro se produce la sensación de una fragilidad física y embrollos mentales de quien en términos formales debería llevar las riendas del país, en un sistema político rigurosamente presidencialista que se estremecería ante una falta, por cualquier razón, de su pieza central.
Pero, en lugar de aportar elementos confiables de juicio, que de manera contundente ayuden a disipar especulaciones sobre su estado de salud, Peña Nieto recurre al expediente tradicional del bombardeo propagandístico decontrol de daños. Un día antes de la madrugada en que se reportó su llegada al Hospital Central Militar, EPN había cancelado una visita importante a Bellas Artes para el arranque de una notable exposición escultórica (se había alargado una reunión de gabinete en Los Pinos, fue la explicación de tal ausencia) y el Estado Mayor Presidencial había pospuesto hasta fecha indefinida la tradicional carrera atlética en la que Peña solía lucirse.
El domingo, sin embargo, ya estaba el recién intervenido en pleno control de la imagen ejecutiva. Salió sonriente del nosocomio castrense y dio palabras a los medios de comunicación, conversó por teléfono con el presidente de Guatemala, pues a este país no pudo ir de última hora a causa de su problema vesicular, ytuiteó que en cuanto llegó a Los Pinos ya estaba encabezando reuniones de trabajo interno. Y hoy estará presto a recibir una visita imperial hispana. Antes había dicho, en entrevista radiofónica, que no estaba inválido ni discapacitado, sino en pleno control del gobierno y del país. ¿Cuál es la verdadera condición de salud del atlacomulquense dos veces quirúrgicamente intervenido?
Por cierto, el proceso de designación de un presidente de relevo está plenamente definido en el artículo 84 constitucional (puede consultarse). En términos políticos, el curso de esa resolución queda en manos de los jefes operativos de las cámaras del Congreso de la Unión, que en estos momentos son los priístas Emilio Gamboa Patrón (en el Senado) y Manlio Fabio Beltrones (éste dejará en septiembre el lugar en San Lázaro, tal vez, a César Camacho).
En otro tema, María Rosa García-Acevedo, mexicana que reside en California, dice que “desde hace décadas importantes sectores y organizaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos han alzado su voz en temas de enorme importancia para México, como migración (de hecho, haciendo la tarea del Estado mexicano) y haciendo un trabajo cotidiano de apoyo a mexicanos/latinos vulnerables, así que es simplista la idea de que con este asunto de Trump ‘tienen la paradójica oportunidad de cobrar presencia’, ya que cobran presencia cada día, aunque en los medios de comunicación de México no se reporte”. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Hernández

Rebelión-Helguera

FBI y DEA, sobre los Medina .- RAYMUNDO RIVA PALACIO

Jaime Rodríguez El Bronco, se reunió con Rodrigo Medina  para hablar del plan de transición
MONTERREY.– El imperio inmobiliario de la familia Medina en San Antonio, Texas, se maneja desde la casa de Alejandro Medina, hermano del gobernador Rodrigo Medina, en la calle Twilight Ridge, de una oficina en un pequeño edificio de tres pisos en la calle Oasis, de una oficina en la calle East Sonterra de Humberto Medina Ainslie, junto a una licorería y una oficina de Federal Express, y de una modesta casa en West Avenue, al lado de un taller mecánico. Desde ahí, en ocho años, los Medina han realizado operaciones en bienes raíces por un valor estimado en mil millones de pesos.

Sus negocios en Estados Unidos eran casi desconocidos en México, hasta que fueron utilizados como arma electoral en la contienda por la gubernatura de Nuevo León. Pero en Texas, la familia Medina es sujeta hace tiempo de una investigación del FBI y la DEA, que abarca tres países en dos continentes. Detonó cuando apareció el nombre del abogado Álvaro Briceño como represente legal en varias de las empresas de los Medina. Briceño está vinculado a la investigación sobre Javier Villarreal, acusado de lavado de dinero en Texas, cuando fue tesorero en el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, porque encontraron que varios depósitos del inculpado pararon en sus cuentas.

Los investigadores empezaron a analizar las operaciones financieras de los Medina, cuyo negocio empezó a florecer en 2007, cuando Rodrigo Medina fue nombrado secretario general de Gobierno de Nuevo León, en la administración de Natividad González Parás. El negocio creció exponencialmente en 2009, después de que Medina asumió la gubernatura. Lo que encontraron los investigadores fue que la primera operación de los Medina en San Antonio fue la compra de un terreno en 2006, apalancado con un crédito de cinco millones de dólares.

Hasta ahí todo era normal. Sin embargo, lo que notaron fue un patrón en la expansión inmobiliaria de los Medina que compraban terrenos en aquella ciudad texana back-to-back, préstamos paralelos –o depósitos de seguridad– en donde no se necesita dar bienes en garantía adicionales a los que ya se tengan invertidos en la institución a la cual se acude. Normalmente el banco receptor del depósito no es el mismo que otorga el préstamo, por lo que es difícil que lo detecten las autoridades. Es usual que se establezca un holding operativo para este tipo de operaciones, que se busca en países con baja tributación, como las Islas Caimán, a donde acudieron los Medina.

La forma como fueron armadas las operaciones y la utilización del mismo crédito para ir adquiriendo más propiedades, es un método que ven los investigadores que se repite en el lavado de dinero. Según personas que conocen las investigaciones, el FBI y la DEA no tienen pruebas de una actividad ilícita de Alejandro Medina, hermano del gobernador, y de Medina Ainslie, cuyos nombres aparecen en todas las propiedades, pero sospechan de actividades ilícitas.

Aldo Facsi, exsubprocurador en el gobierno de González Parás y expresidente del PRI local, el primero en revelar con documentos las operaciones de bienes raíces de los Medina, asegura que a través de operaciones back-to-back vendieron terrenos entre 10 y 100 dólares, que luego revendieron como propiedades entre 300 mil y 400 mil dólares, al maximizar el valor catastral de los fraccionamientos, de 15 millones de dólares, a un valor comercial estimado en 40 millones. El rompecabezas de las operaciones aún no está del todo claro, pero de acuerdo con los documentos, de las 12 compañías inmobiliarias que crearon los Medina entre 2005 y 2013, cinco adquirieron más de 100 propiedades entre 2008 y 2012, para desarrollar dos fraccionamientos Sundance Ranch y Clearwater Ranch. Las empresas están incorporadas en dos empresas en las Islas Caimán, Northlake Holdings y Mesa Investments, bajo los nombres de Alejandro Medina y Medina Ainslie, respectivamente.

Facsi dijo a la prensa en mayo pasado que las empresas de los Medina formaban parte de una estructura que incluía tres constructoras locales y una franquicia, que lavaban el dinero que salía de presuntas extorsiones a proveedores. Empresarios y revelaciones en la prensa han señalado a Medina Ainslie, padre del gobernador, como la persona que exigía comisiones a los empresarios que hacían obra pública o proveían servicios al gobierno estatal.

La franquicia es de comida rápida y propiedad de un amigo de la infancia del gobernador, con quien su padre veía los negocios cuestionados durante la administración de su hijo. La franquicia creció casi al doble durante el sexenio de Medina, y parte de la investigación busca determinar con precisión de dónde vinieron sus ingresos y a dónde fueron los egresos. Las constructoras, de acuerdo con Facsi, fueron beneficiadas con obra pública en el gobierno de Medina.

Las operaciones financieras de la familia del gobernador han dibujado dos pistas de dinero. Una conduce a las instituciones bancarias en San Antonio, la sede del imperio inmobiliario, y la otra a Andorra, un principado en los Pirineos y paraíso fiscal entre España y Francia.

No se ha establecido todavía un patrón de cobros y pagos, que tendría que ser un trabajo respaldado por las autoridades mexicanas. Tampoco se tienen noticias si el FBI y la DEA ya pidieron la cooperación de la Secretaría de Hacienda y de la PGR. En todo caso, no tardarán mucho en hacerlo.

Una enfermera nos llama a luchar en defensa de la Seguridad Social

¡ Los católicos !

El pueblo griego se concentra contra la troika en la plaza Syntagma


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Apoyo masivo del pueblo griego a su gobierno en la plaza Syntagma. Son cientos de miles diciendo NO a las políticas de ajuste y apoyando la decisión del gobierno de convocar a un referéndum este domingo. 
Centenares de miles de personas han acudido este lunes a la Plaza Syntagma de Atenas, donde se ubica el parlamento heleno, en apoyo al gobierno que preside Alexis Tsipras y que ha convocado un referéndum para el próximo domingo 5 de julio.
Las ciudadanas y ciudadanos griegos están llamados a las urnas para decidir si su gobierno debe aceptar o no el último plan de rescate que propone el Eurogrupo y el FMI (Fondo Monetario Internacional) y cuyas negociaciones saltaron por los aires el pasado fin de semana tras el anuncio del ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, de convocar el referéndum. El referéndum no fue bien acogido por las instituciones europeas, reacias a dejar la última palabra en manos de la gente. El plan de ajuste propuesto conlleva reducción en pensiones, subida de IVA y nuevos recortes.
Así lo informaba E.B.:
Poco antes de que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, aparezca en la televisión pública, miles de ciudadanos del país heleno han comenzado a concentrarse en la plaza Syntagma de Atenas a favor del voto al ‘no’ en el referéndum del próximo domingo sobre las condiciones exigidas por las intituciones.
“Resistencia humana contra el terrorismo financiero”, “Votamos no a la austeridad y a los memorandos” o “Este país no está en venta ni puede ser chantajeado”, rezan las pancartas que pueden verse en la céntrica plaza ateniense ubicada frente al Parlamento, acompañadas de gritos de “Oxi” (“No”, en griego) a la austeridad y los recortes.
Miles de griegos muestran así su apoyo a la postura del Ejecutivo de Tsipras frente a los acreedores. El mandatario decidió convocar una consulta para que los ciudadanos decidan si respaldan o no las exigencias de los acreedores, que incluyen reformas en pensiones, IVA o mercado laboral a cambio de 15.500 millones de euros que permitirían al país sobrevivir financieramente hasta finales de noviembre y evitar un colapso.
“¿Debería la propuesta que fue sometida por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el eurogrupo el 25 de junio de 2015, que consiste en dos partes que juntas constituyen su propuesta integral, ser aceptada?” es la pregunta que se les realizará a los griegos el domingo 5 de julio.
El Gobierno aboga por el ‘no’, mientras que la oposición, con el líder de los conservadores, Antonis Samaras, aseguran que de vencer esta opción se desencadenaría una “catástrofe” insólita en el país.
La gran manifestación, convocada por Syriza, se celebra el primer día del ‘corralito’ heleno, en el que los bancos del país permanecen cerrados y ha comenzado el control de capitales. Los ciudadanos griegos tan solo pueden retirar como máximo en los cajeros 60 euros por persona y día. Una situación de la que los turistas están exentos.

¡ El verde cumple ! Sí, con su familia

Cabello: Este domingo ganó la patria, la revolución, el chavismo y la democracia

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“Hoy ganó la patria, la Revolución, el chavismo y la democracia verdadera”, manifestó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa desde Caracas, para anunciar los resultados de los comicios electorales internos que se celebraron este domingo, con un estimado de participación de más de 3 millones de personas.
Cabello indicó que tras esta histórica jornada electoral, “cualquier partido que quiera darle una cara verdadera y creíble va a tener que pasar por un proceso de estos (…) al final el pueblo venezolano con el Comandante Chávez fue vanguardia y el Psuv está dando la lucha para que esa vanguardia no se pierda”.
Ratificó que este 28 de junio se marca la victoria revolucionaria en las parlamentarias. “El 6 de diciembre estaremos a esta hora celebrando el triunfo de la Revolución en las calles y ellos (la derecha) seguirán con su amargura”.
Apuntó que así como lo refirieron el presidente del partido, Nicolás Maduro, y el jefe de campaña, Jorge Rodríguez, esta jornada tiene la fuerza del referéndum del 15 de agosto de 2004, cuando el pueblo salió a defender con votos la continuidad en el poder del comandante Hugo Chávez.
Cabello indicó que así como en 2004, el presidente Maduro enfrenta un golpe continuado, la violencia de la extrema derecha y una guerra económica que intenta provocar rabia en el pueblo, “pero este pueblo se sobrepone a toda esa campaña con una conciencia que no ha medido la oposición, una conciencia que lleva grabado el nombre de Hugo Chávez y que salió a votar hoy”.
RNV/La Radio del Sur

El Estado sigue protegiendo al 27 batallón en el caso Iguala

Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato. Fotos: Luis Barrón, SinEmbargo.
Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato. Fotos: Luis Barrón, SinEmbargo.
Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– El Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GEI-CIDH), coadyuvante en el caso Ayotzinapa, dijo hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga 40 casos de tortura referentes a las diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida hace nueve meses en Iguala.
Luego de que el Grupo revelara el mes pasado que algunos de los implicados en el caso denunciaron que fueron torturados, hoy informaron que en total son 40 los reportes que se investigan.
El Grupo denunció este día, además, el retraso del Estado mexicano para facilitar las entrevistas a elementos del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, solicitadas desde hace tres meses. Ángela Buitrago, experta del GEI, dijo que el día de ayer el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.
“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, comentó esta mañana en conferencia de prensa.
En un comunicado abundó: “Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”.
Los expertos dijeron que debido a la complejidad del caso, podrían solicitar una prórroga de su mandato, que culmina en agosto. Asimismo indicaron que el grupo, como parte de su mandato, puede solicitar al Ministerio Público ampliar las declaraciones de más de 30 miembros del 27 Batallón.
En el cuarto informe dado a conocer este lunes participaron los cinco expertos del GEI; dijeron que como parte de sus pesquisas en Iguala, acudieron a la central de autobuses, al basurero de Cocula y al Río San Juan, con peritos propios.
Los especialistas concluyeron que los jóvenes no acudieron a Iguala, ni tomaron autobuses para ir al centro de la ciudad. Dijeron que los estudiantes fueron a botear para obtener recursos y participar en la marcha del 2 de octubre.
“La decisión de ir a la estación de autobuses de Iguala, no fue planificada para ir al centro de la ciudad”, dijo Buitrago.
Los investigadores informaron que del total de diligencias que el grupo solicitó, sólo 30 por ciento de ellas se cumplieron hasta el momento.
En su comunicado de hoy, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dijo que las autoridades continúan evaluando la petición de hacer entrevistas directas al 27 batallón y hay un avance completo en 30 por ciento y parcial en 24 por ciento de las diligencias adicionales solicitadas a las autoridades. Resaltó el compromiso de la PGR para dar los pasos necesarios para unificar la investigación, laINSTALACIÓN de una unidad de salud para los padres de familia en la normal de Ayotzinapa y la disposición de familiares de los jóvenes y de los normalistas sobrevivientes de colaborar con las autoridades para continuar la investigación y enriquecer el expediente.
“A 9 meses de los hechos, los familiares de los normalistas desaparecidos siguen esperando respuestas y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos. El Grupo ha avanzado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintasVERSIONES, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de su futuro informe”, dijo.
Enumeró los puntos que, a estas alturas de su investigación, consideró importantes:
1. Decisión de ir a la estación de autobuses de Iguala. Con objeto de contribuir a un mejor conocimiento sobre los hechos, el GIEI considera relevante precisar que pese a las informaciones difundidas sobre la llegada de los normalistas el día 26 de septiembre a la Central de Autobuses de Iguala, según las investigaciones que han hecho, dicha acción no fue planificada previamente para acudir al centro de la ciudad. El GIEI ha recibido en numerosas ocasiones preguntas sobre este hecho, por lo que considera importante aclararlo antes de dar sus conclusiones definitivas.
Los normalistas de Ayotzinapa salieron a hacer actividades de boteo el día 26 de septiembre aproximadamente a las 5 de la tarde, con el objetivo deOBTENER DINERO y autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre. Debido a las dificultades que tuvieron los días anteriores para obtener autobuses en la ciudad de Chilpancingo, se dirigieron al lugar conocido como Casa del Cura o cruce de la entrada a Huitzuco y la caseta de Iguala. La decisión posterior de ir a la central de autobuses se debió a circunstancias del momento no previstas de antemano.
2. Compromiso para abrir nuevas líneas de búsqueda. Como parte del compromiso de realizar buenos oficios para el acercamiento entre la Policía Federal y los familiares de los normalistas para el establecimiento de nuevos planes de búsqueda, la Policía Federal realizó en presencia de miembros del GIEI una nueva toma de testimonios de los familiares para completar la información existente. A partir de dichas entrevistas, la Policía Federal se ha comprometido a presentar a los familiares las nuevas hipótesis de búsqueda, así como a responder a las preguntas que los familiares siguen teniendo sobre estas medidas. Igualmente, se acordaron reglas mínimas de pasos a seguir para estas búsquedas. El Grupo señala la buena disposición de los familiares para volver a proporcionar informaciones relativas a los normalistas desparecidos, a pesar del impacto y la movilización emocional que supone para ellos la nueva toma de testimonios. El propio GIEI, después de examinar la documentación obrante en el expediente, ha realizado varias peticiones específicas que espera se tomen en cuenta para dichas búsquedas.
3. Respuesta a la acumulación y tipificación. Debido a la recomendación del GIEI para unificar los procesos y la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa,  la PGR informó al GIEI que va a solicitar la acumulación de los procesos abiertos del caso. Se acordó con la procuradora general realizar una reunión para que el GIEI colabore con sus criterios en la valoración y tipificación de los delitos cometidos en las 6 causas abiertas que corresponden a 15 procesos (Tamaulipas, Morelos, Guerrero), según la información proporcionada por las autoridades. Dicha acción es un paso adelante para que hechos tan graves puedan ser investigados de manera integral y juzgados de acuerdo con los estándares internacionales en este tipo de casos.
4. Respuesta a la petición de entrevistar a miembros del 27 batallón. El día de ayer se recibió por escrito la respuesta de que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”, así como que se reitera “que en su carácter de coadyuvante, el GIEI está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros (sic) del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos”.
Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos.
5. Nuevas diligencias. En el mes pasado se hicieron diversas diligencias en lugares relevantes vinculados con la investigación. El grupo visitó establecimientos policiales, el basurero de Cocula, el río San Juan y una casa de seguridad, entre otros lugares del estado de Guerrero. También hizo una nueva inspección de los sitios en donde se cometieron los ataques en la ciudad de Iguala. Dichas acciones se llevaron a cabo junto con peritos del Grupo, expertos en criminalística de campo y planimetría. El GIEI considera que estas diligencias contribuirán a la valoración de las diferentes pruebas y evidencias recogidas hasta ahora, así como a realizar nuevas propuestas y recomendaciones.
El GIEI informó que hizo nuevas visitas a los Centros Federales de Readaptación Social para la toma de testimonios de personas inculpadas que se encuentran recluidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nayarit. Por último, habiendo terminado la revisión del expediente de la averiguación previa de la PGR, el Grupo ha comenzado la revisión de los expedientes penales en el ámbito judicial, a los cuales espera tener pleno acceso.
6. Nuevas declaraciones de los normalistas. Debido al interés de las autoridades de la PGR para contar con nuevas declaraciones de los normalistas que fueron víctimas y testigos de los hechos, se ha concertado un mecanismo para tomar testimonios que la PGR considera importantes. El GIEI ha realizado sus buenos oficios para facilitar dicha diligencia y los normalistas han mostrado su disposición para participar en ella, por lo que se hará próximamente. Se espera que con estas declaraciones se pueda completar la información ya existente, incluyendo la que los normalistas dieron poco después de los hechos.
7. Reunión de la PGR con los familiares de los normalistas desaparecidos. Como parte del proceso de generar confianza y acciones específicas de acercamiento entre las entidades del Estado y los familiares, el GIEI recogió la solicitud de los familiares de ser recibidos por la Procuradora General. Dicha petición ha sido acogida de forma positiva por la Procuradora, por lo que en los próximos días se definirá la fecha de dicho encuentro.
8. Verificación de las solicitudes de información y diligencias. Desde que comenzó su mandato, el GIEI ha hecho más de cien peticiones de información relevantes o de diligencias significativas para la evaluación y el impulso de la investigación. Dada la complejidad y la amplitud de las mismas, se ha establecido un sistema para verificar el cumplimiento de dichas solicitudes. Hasta ahora se ha cumplido un 30% de forma completa, un 24% de forma parcial y un 47% aún están pendientes, según la revisión conjunta hecha por el GIEI y la PGR. La agilización de la respuesta a estas peticiones es muy importante para cumplir con el mandato del Grupo en el tiempo establecido. En los próximos días el GIEI hará nuevas solicitudes importantes para el caso. Igualmente, el Grupo resalta la relación de colaboración con la CNDH para el intercambio de información relativa a la investigación.
9. Atención en salud. Debido a las gestiones realizadas con la Secretaría de Gobernación, fueINSTALADA una unidad móvil de salud en la entrada de la normal de Ayotzinapa. El GIEI considera dicha medida un paso adelante para asegurar una atención adecuada a los familiares en los problemas de salud que les afectan. Por otra parte, también ha recogido nuevas necesidades de salud de algunos normalistas heridos que después de ser atendidos en el hospital los primeros días, sufren secuelas que necesitan una valoración específica y un tratamiento adecuado para mejorar la funcionalidad de las extremidades afectadas.
 El GIEI ha recibido información de los familiares de Aldo Gutiérrez sobre una segunda opinión emitida por un experto mexicano, y está atento a la valoración que se debe realizar sobre las condiciones que se necesitan para un tratamiento prolongado en el tiempo y adecuado a las circunstancias de la familia, así como las posibles valoraciones sobre otras opciones para su tratamiento.
Por último, la Segob envió al GIEI un borrador inicial de documento para la información sobre los derechos de las víctimas del caso Ayotzinapa, el cual está siendo evaluado por el Grupo.

10. Políticas generales sobre la desaparición de personas. Después de la entrada en vigor de la reforma constitucional y la nueva configuración política tras las elecciones, el GIEI está a la espera de conocer el proyecto de ley gubernamental a la vez que está evaluando las otras iniciativas presentadas por legisladores que se discutirán en los próximos meses, para dar su opinión respecto a los criterios que deberían ser incluidos en una futura legislación, a fin de que cumpla con los estándares internacionales en la materia. El GIEI espera que pueda aprobarse dicha ley siguiendo una tramitación rápida y adecuada, debido a la importancia que tiene esta problemática en México.

Hablan los sobrevivientes de la masacre de #Apatzingan

Apatzingán, 29 de junio (SinEmbargo).– “Fue una carnicería”, dice, sin temor a equivocarse, María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio, uno de los jóvenes que resultaron muertos en un operativo de la Policía Federal del pasado 6 de enero. Los sobrevivientes y sus familias consideran que, ese día, las autoridades realizaron “una matanza”.
Durante la madrugada, en la víspera de la celebración de los Reyes Magos, un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural participaban en un plantón afuera del Palacio Municipal. De acuerdo con distintasVERSIONES, fueron atacados por la Policía Federal a las 2:30 de la madrugada.
A la mañana siguiente, un grupo de jornaleros –entre los cuales se encontraba Antonio Sánchez Valencia–acudían a la pizca del limón y fueron llamados para apoyar a sus compañeros. El convoy estaba compuesto por una decena de camionetas. AntonioVIAJABA en una Ram blanca tipo pick up, acompañado por un grupo de trabajadores del campo, la mayoría entre 15 y 18 años, y fueron interceptados en la avenida Constitución de la colonia Lázaro Cárdenas. Más de la mitad de los jóvenes murieron en el acto, producto de las balas.
Ahora, cerca de media docena de sobrevivientes ha decidido contar, por primera vez, lo que vivieron. Quieren dar la cara porque, dicen, se ha cometido una injusticia.
Las autoridades mexicanas insisten en que los agentes federales actuaron en “legítima defensa”. Ligan a los muertos con el crimen organizado, aunque ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría de Justicia de Michoacán (PJE) han interrogado a los sobrevivientes o a distintos testigos.
La versión oficial, sin embargo, se enfrenta a infinidad de otraVERSIONES, cada vez más ruidosas. Los testimonios grabados por SinEmbargo, por ejemplo, indican que los federales “abrieron fuego sin razón”; que los jornaleros “no llevaban armas, sólo palos”.
Los entrevistados narran lo que vivieron y ofrecen con detalle la reconstrucción de lo que consideran una matanza, donde oficialmente murieron once personas, aunque se habla de hasta 16, entre las cuales hay mujeres y niños.
María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez
María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez
“A MI HIJO LO ASESINARON”
Sentada en el patio, María Guadalupe cuenta que le entregaron el cuerpo de su hijo sin el documento de la necropsia que le realizaron para determinar las causas de su muerte: “Tenía su espalda con agujeros de bala, tres o cuatro. Por delante no tenía… A mi hijo lo mataron por la espalda. Eso quiere decir que él nunca los enfrentó. Lo acribillaron a mansalva y lo persiguieron para rematarlo”.
Antonio tenía 18 años y era jornalero. Ese 7 de enero se fue a la huerta a trabajar en la pizca de limón y como otros de sus compañeros acudió al llamado para apoyar a quienes resultaron heridos por el operativo federal frente a Palacio Municipal el 6 de enero.
“Fue una carnicería. Los federales mataron puros muchachos inocentes que iban a su trabajo. Él salió temprano de la casa, salió al limón. Primero él, y luego yo porque también yo me dedico al limón y cerca de las 12 del día fue cuando me hablaron para decirme que hubo un agarre con muchos muertos. Fuimos a buscarlo al Semefo y los hospitales de aquí, pero no encontramos nada. Hasta que nos dijeron que teníamos que ir hasta Morelia. Nos enseñaron unas fotos y vimos que él era uno de los caídos… A mi hijo lo asesinaron”.
LOS JORNALEROS
En el certificado de defunción a nombre de Antonio Sánchez Valencia, con el folio 140506636 expedido por la Secretaría de Salud (y firmado por la médico Claudia Eugenia Olvera Jimenez, número de cédula profesional 2361423), cuya copia está en poder de SinEmbargo, se especifica que la muerte fue por “homicidio” ocurrido en la calle Constitución colonia Lázaro Cárdenas, el 6 de enero a las nueve de la mañana. Las autoridades sanitarias señalan la causa de muerte en estos términos: “Shock hipovolémico secundario a laceración de órganos secundarios tóraxicos por la penetración de heridas de proyectil de arma de fuego a tórax”.
Consternada aún luego de cinco meses y medio, María Guadalupe de 47 años comenta que la impunidad que protege a los “asesinos” de su hijo no le permite concluir su duelo: “Han venido muchas personas del gobierno de Morelia y del gobierno federal. Y fuimos a la capital a [la Comisión Nacional de] Derechos Humanos, pero todos nada más me entrevistan y me hacen las mismas preguntas, cuando yo lo que quiero es justicia. Porque lo que hicieron los federales con mi hijo, fue un crimen”.
La posición de los familiares de las víctimas no es compartida por el gobierno federal que en distintos momentos ha afirmado que lo ocurrido se trató de un “enfrentamiento” o un acto de los policías en “legitima defensa”.
“Nosotros decimos que fue matanza porque los muchachos solo traían puros palos, no llevaban armas. Si hubieran llevado una pistola, no se hubieran dejado matar como los mataron, se hubieran defendido. Además, ningún policía federal está herido, ni muerto y eso es porque los muchachos estaban sin armas. Desgraciadamente le tocó al mío. Perder un hijo es tremendo. Puedo tener diez, pero ese hoyo en el corazón nunca se me va a cerrar. Él, que me echaba la mano para todo. La mera verdad no encuentro razón de su asesinato. Le doy vuelta y vuelta y no le encuentro una explicación. ¿Por qué me lo mataron?”.
Antonio era el sustento de su casa: “Me dejaron en la indefensión. Y el gobierno hasta ahora no nos han ayudado ni con el sepelio, no hemos tenido respuesta de apoyo. Nomás nos entrevistan, pero no nos ofrecen resultados. Estamos sobreviviendo con lo que Dios nos da a entender”.
Cuenta que cuando llegó al Semefo les enseñaron las fotografías de once muertos entre los cuales había tres menores: “Nos tocó identificarlo por foto. Entre las fotos, había una niña como de dos años, con dos impactos de bala.  Eran tres menores y el resto jóvenes; había once cadáveres, la mayoría muchachos. Y lo que vi fue que los federales los mataron. Por eso estamos exigiendo justicia, queremos que juzguen a los federales que asesinaron a los muchachos”.
Rosa Alcalá, mamá de Alejandro Aguirre Alcalá muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez
Rosa Alcalá, mamá de Alejandro Aguirre Alcalá muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez
MUERTO EN EL CAMINO
Al igual que Antonio, Alejandro Aguirre Alcalá tenía 18 años. Ambos eran amigos y Rosa Alcalá, madre del segundo aún sigue sin entender las razones de lo que llama “matanza”.
“Quiero que el gobierno me explique por qué me lo mató. Traía bastantes balazos en la espalda, como unos nueve. Le destrozaron la espina dorsal. Cuando llegué al hospital lo encontré con vida. Lo metieron a quirofano como a las 6 de la tarde y cuando volvió de la anestesia, le pregunté que había pasado y él me dijo que los federales los habían balaceado, luego me iba a seguir contando, pero el doctor me dijo que me saliera del cuarto”, dice sin poder contener el llanto.
A pesar de la operación, Alejandro requería otros cuidados y fue trasladado a Morelia, pero dice que la Policía Federal les bloqueó el paso: “Nos lo llevamos como a las 7 de la noche. Mi hija se fue con él en la ambulancia y me habló y me dijo que los federales los rodearon antes de llegar al hospital y no dejaron pasar la ambulancia. El chófer, les pedía por favor que les permitieran pasar porque mi hijo iba muy grave, pero los federales, junto con los soldados cerraron el paso. Falleció allí mismo, como a las nueve y quince de la noche. Luego en el hospital no lo querían recibir porque dijeron que había fallecido fuera, no dentro. En realidad lo dejaron morir porque mi hijo era un testigo de la matanza”.
Ambas madres padecen serias secuelas del estrés postraumático, pero no han recibido ningún tipo de apoyo psicológico y aseguran estar endeudadas por los gastos del funeral porque después de cinco meses siguen esperando el apoyo económico de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)  la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y otras instituciones federales.
De 37 años, Rosa está segura que su hijo se hubiera salvado si los policías federales hubieran permitido pasar a la ambulancia: “Yo lo que estoy pidiendo es justicia porque eso que hicieron fue un crimen. Los muchachos estaban desarmados. Era mi niño chiquito y me lo mataron de la peor forma, no es justo”.
LOS TESTIGOS
Gonzalo Alfonso Castillo Sánchez, uno de los sobrevivientes dice que fue testigo de cómo los federales “asesinaron” a Alejandro porque ambos viajaban en una camioneta Ram blanca que fue interceptada por los federales en avenida Constitución: “Yo vi cuando lo mataron. Estamos pidiendo justicia para que los castiguen. ¿Por qué nos hicieron esto?”.
Después de tres operaciones, con la pérdida de vista del ojo derecho y con una colostomía porque las balas le perforaron el intestino, Gonzalo explica que a él, los federales lo dejaron desangrar más de 45 minutos esperando que muriera allí mismo: “Me escondí debajo de la camioneta. Estaba tirado y me entraron las balas. Empecé a sangrar, pero nunca nos ayudaron. Perdí el conocimiento. Ni se quién me levanto de allí. No sabía ni que hacer. Me desperté en el hospital. Me dolía mucho la pierna y tenía la cabeza entumida… Eso fue una matanza de los federales. Si ellos hubieran traído palos como nosotros hubiese sido enfrentamiento”.
Hugo Hernández de 25 años muestra las heridas producto de las esquirlas. Cuenta que viajaba en una camioneta y vio cómo lo mataron: “Lo acribillaron. Los federales simplemente nos querían matar a todos. De hecho nos dijeron: “¡Pinches comunitarios de mierda, ahora si se los cargó la chingada!. Luego llegaron los militares y no hicieron nada, solo veían como  los mataban. Yo me salvé de milagro porque me hice el muerto al lado de Gonzalo. Yo les decía: “No se muevan”… Fue una matanza”.
Cuenta que en el hospital donde lo atendieron, lo lastimaron los federales y lo amenazaron: “Cuando me traían en la camilla y me pasaron a la cama me lastimaron mucho. Le dije a un policía: “Me duele” y él se me quedó mirando y me contestó con coraje: “Cállese, hijo de tu puta madre, aguántate, para que andas en estas chingaderas!”. Y ya cuando me dejaron en el cuarto, entró otro federal uniformado y me dijo: ¡Te vas a morir. De esta noche no pasas!… Yo lo que quiero es que se haga justicia”.
–¿Qué sería para ti, la justicia?
–Que paguen por lo que nos hicieron, que los detengan. Son delincuentes, matones. Ya mataron aquí y van a volver a hacer lo mismo en otro rancho.
“LOS REMATABAN”
En la reconstrucción de los hechos del 7 de enero, Marco Antonio Maldonado Ramírez es pieza clave. Tiene 18 años y cuenta en entrevista que, ese día venían media docena de jóvenes en la Ram blanca que se observa en los vídeos de la policía.
La mayoría de sus compañeros jornaleros tenían entre 15 y 18 años. Y dice que como a las 7:45 fueron interceptados por los federales: “Fuimos con puros palos. Las patrullas se atravesaron y era como una emboscada. Ya traían orden de tirarnos, salieron y empezaron a tirar y el gritadero de gente. Una señora gritaba: “¡No tiren!… ¡Hay familia” pero no hicieron caso y mataron a la señora”.
Marco Antonio lleva tatuado el nombre de Kendra en el brazo, si hija de nueve meses. Cuenta que desde ese día quedo “traumado” porque se salvó de milagro y que nunca fue interrogado por la PGR o alguna institución de derechos humanos.
Cuando empezó el tiroteo, saltó de la camioneta y se escondió y pudo ver todo: “Miré un chingo de gente muerta y como los estaban rematando. Estaba una niña llorando como de nueve años y quiso correr y le dije: “no salgas porque te van a matar”. Y su mamá salió por ella y la mataron. Luego me fui corriendo. Ya no supe de esa niña. Me metí entre las casas y salí por el puente y seguían tirándonos, pero hice lo único que podía hacer: correr”.
Explica que los federales “ejecutaron” a su compañero que venía adelante: “Le dijeron: “bájate, hijo de tu puta madre” y el muchacho les dijo: “¿Por qué me voy a bajar? y que lo bajan, lo agarraron de una pata y cuando estaba abajo: “pum” que le meten un disparo a la cabeza y lo tiran a la carretera y los empiezan a amontonar allí y a tomarles fotos. Yo me escondí en un cajete, si hubiera corrido me hubieran matado”.
Y añade: “Cuando se atravesaron las camionetas y empezaron a tirar yo brinqué y esta pata la tengo lastimada, esta pata me la jodí, se me torció, duré como dos meses sin trabajar, todavía tengo una bola. Luego, estuvo un rato en la casa de una señora hasta que se acabó. Los soldados andaban bravos, pensé que nos iban a ayudar, pero nomás veían”.
Marco Antonio lamenta la muerte de Alejandro y Antonio: “Éramos amigos, nos íbamos a trabajar juntos a cortar limón, nos ibamos de parranda y a jugar beisbol. Nos llevábamos bien, éramos camaradas. En esa Ram ibamos como unos seis. Y nomás nos logramos dos, a todos los mataron como a Alejandro y Toño, y a uno de Zamora, a otro que le decían el Dogy. La vi cortita”.
Marco Antonio narra una de las peores escenas de esos hechos, la imagen de los integrantes de la familia Madrigal que fueron mostrados abrazados con todo tipo de heridas por arma de fuego y que fueron, según dice, ejecutados por los federales.
“Eso fue una matanza, no traíamos mas que palos, todos saltamos cuando nos tiraron a matar, los mataron como unos animales. Les decíamos que ya no tiraran y seguían tirándole a la gente. Una señora gordita gritaba: “No tiren”, iba con su familia en la camioneta, era la familia Madrigal y los mataron a todos. El señor se bajó: y allí lo mataron, la camioneta se las deshicieron. Luego los arrastraban de la pata y los acomodaban como perros”.
Dice que desde hace cinco meses padece las secuelas psicológicas de lo que vio desde pesadillas y depresiones: “Me traume de primero, pero ya me acostumbre. Me espanté y me sobaron la cabeza y todo eso. Fui con el sobador que te suben la mollera, como los niños chiquitos. Yo nunca había visto eso. Le doy gracias a Dios de que estoy vivo”.
–¿Que está pidiendo?
–QuéPAGUEN, que los echen al bote. Es una cosa injusta lo que hicieron. Da la casualidad que no íbamos a enfrentarles, ni a pelear, íbamos por los compañeros que traían y que no debían nada, ellos son inocentes como nosotros.
–¿Qué son para usted los federales?
–Unos lacras que no sirven para nada, nomás vienen aquí a ver que chingan.