Apatzingán, 29 de junio (SinEmbargo).– “Fue una carnicería”, dice, sin temor a equivocarse, María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio, uno de los jóvenes que resultaron muertos en un operativo de la Policía Federal del pasado 6 de enero. Los sobrevivientes y sus familias consideran que, ese día, las autoridades realizaron “una matanza”.
Durante la madrugada, en la víspera de la celebración de los Reyes Magos, un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural participaban en un plantón afuera del Palacio Municipal. De acuerdo con distintas
VERSIONES
, fueron atacados por la Policía Federal a las 2:30 de la madrugada.
A la mañana siguiente, un grupo de jornaleros –entre los cuales se encontraba Antonio Sánchez Valencia–acudían a la pizca del limón y fueron llamados para apoyar a sus compañeros. El convoy estaba compuesto por una decena de camionetas. Antonio
VIAJABA en una Ram blanca tipo pick up, acompañado por un grupo de trabajadores del campo, la mayoría entre 15 y 18 años, y fueron interceptados en la avenida Constitución de la colonia Lázaro Cárdenas. Más de la mitad de los jóvenes murieron en el acto, producto de las balas.
Ahora, cerca de media docena de sobrevivientes ha decidido contar, por primera vez, lo que vivieron. Quieren dar la cara porque, dicen, se ha cometido una injusticia.
Las autoridades mexicanas insisten en que los agentes federales actuaron en “legítima defensa”. Ligan a los muertos con el crimen organizado, aunque ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría de Justicia de Michoacán (PJE) han interrogado a los sobrevivientes o a distintos testigos.
La versión oficial, sin embargo, se enfrenta a infinidad de otra
VERSIONES, cada vez más ruidosas. Los testimonios grabados por
SinEmbargo, por ejemplo, indican que los federales “abrieron fuego sin razón”; que los jornaleros “no llevaban armas, sólo palos”.
Los entrevistados narran lo que vivieron y ofrecen con detalle la reconstrucción de lo que consideran una matanza, donde oficialmente murieron once personas, aunque se habla de hasta 16, entre las cuales hay mujeres y niños.
María Guadalupe Sánchez Valencia, madre de Antonio muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez
“A MI HIJO LO ASESINARON”
Sentada en el patio, María Guadalupe cuenta que le entregaron el cuerpo de su hijo sin el documento de la necropsia que le realizaron para determinar las causas de su muerte: “Tenía su espalda con agujeros de bala, tres o cuatro. Por delante no tenía… A mi hijo lo mataron por la espalda. Eso quiere decir que él nunca los enfrentó. Lo acribillaron a mansalva y lo persiguieron para rematarlo”.
Antonio tenía 18 años y era jornalero. Ese 7 de enero se fue a la huerta a trabajar en la pizca de limón y como otros de sus compañeros acudió al llamado para apoyar a quienes resultaron heridos por el operativo federal frente a Palacio Municipal el 6 de enero.
“Fue una carnicería. Los federales mataron puros muchachos inocentes que iban a su trabajo. Él salió temprano de la casa, salió al limón. Primero él, y luego yo porque también yo me dedico al limón y cerca de las 12 del día fue cuando me hablaron para decirme que hubo un agarre con muchos muertos. Fuimos a buscarlo al Semefo y los hospitales de aquí, pero no encontramos nada. Hasta que nos dijeron que teníamos que ir hasta Morelia. Nos enseñaron unas fotos y vimos que él era uno de los caídos… A mi hijo lo asesinaron”.
LOS JORNALEROS
En el certificado de defunción a nombre de Antonio Sánchez Valencia, con el folio 140506636 expedido por la Secretaría de Salud (y firmado por la médico Claudia Eugenia Olvera Jimenez, número de cédula profesional 2361423), cuya copia está en poder de SinEmbargo, se especifica que la muerte fue por “homicidio” ocurrido en la calle Constitución colonia Lázaro Cárdenas, el 6 de enero a las nueve de la mañana. Las autoridades sanitarias señalan la causa de muerte en estos términos: “Shock hipovolémico secundario a laceración de órganos secundarios tóraxicos por la penetración de heridas de proyectil de arma de fuego a tórax”.
Consternada aún luego de cinco meses y medio, María Guadalupe de 47 años comenta que la impunidad que protege a los “asesinos” de su hijo no le permite concluir su duelo: “Han venido muchas personas del gobierno de Morelia y del gobierno federal. Y fuimos a la capital a [la Comisión Nacional de] Derechos Humanos, pero todos nada más me entrevistan y me hacen las mismas preguntas, cuando yo lo que quiero es justicia. Porque lo que hicieron los federales con mi hijo, fue un crimen”.
La posición de los familiares de las víctimas no es compartida por el gobierno federal que en distintos momentos ha afirmado que lo ocurrido se trató de un “enfrentamiento” o un acto de los policías en “legitima defensa”.
“Nosotros decimos que fue matanza porque los muchachos solo traían puros palos, no llevaban armas. Si hubieran llevado una pistola, no se hubieran dejado matar como los mataron, se hubieran defendido. Además, ningún policía federal está herido, ni muerto y eso es porque los muchachos estaban sin armas. Desgraciadamente le tocó al mío. Perder un hijo es tremendo. Puedo tener diez, pero ese hoyo en el corazón nunca se me va a cerrar. Él, que me echaba la mano para todo. La mera verdad no encuentro razón de su asesinato. Le doy vuelta y vuelta y no le encuentro una explicación. ¿Por qué me lo mataron?”.
Antonio era el sustento de su casa: “Me dejaron en la indefensión. Y el gobierno hasta ahora no nos han ayudado ni con el sepelio, no hemos tenido respuesta de apoyo. Nomás nos entrevistan, pero no nos ofrecen resultados. Estamos sobreviviendo con lo que Dios nos da a entender”.
Cuenta que cuando llegó al Semefo les enseñaron las fotografías de once muertos entre los cuales había tres menores: “Nos tocó identificarlo por foto. Entre las fotos, había una niña como de dos años, con dos impactos de bala. Eran tres menores y el resto jóvenes; había once cadáveres, la mayoría muchachos. Y lo que vi fue que los federales los mataron. Por eso estamos exigiendo justicia, queremos que juzguen a los federales que asesinaron a los muchachos”.
Rosa Alcalá, mamá de Alejandro Aguirre Alcalá muerto en Apatzingán. Fotos: Sanjuana Martínez
MUERTO EN EL CAMINO
Al igual que Antonio, Alejandro Aguirre Alcalá tenía 18 años. Ambos eran amigos y Rosa Alcalá, madre del segundo aún sigue sin entender las razones de lo que llama “matanza”.
“Quiero que el gobierno me explique por qué me lo mató. Traía bastantes balazos en la espalda, como unos nueve. Le destrozaron la espina dorsal. Cuando llegué al hospital lo encontré con vida. Lo metieron a quirofano como a las 6 de la tarde y cuando volvió de la anestesia, le pregunté que había pasado y él me dijo que los federales los habían balaceado, luego me iba a seguir contando, pero el doctor me dijo que me saliera del cuarto”, dice sin poder contener el llanto.
A pesar de la operación, Alejandro requería otros cuidados y fue trasladado a Morelia, pero dice que la Policía Federal les bloqueó el paso: “Nos lo llevamos como a las 7 de la noche. Mi hija se fue con él en la ambulancia y me habló y me dijo que los federales los rodearon antes de llegar al hospital y no dejaron pasar la ambulancia. El chófer, les pedía por favor que les permitieran pasar porque mi hijo iba muy grave, pero los federales, junto con los soldados cerraron el paso. Falleció allí mismo, como a las nueve y quince de la noche. Luego en el hospital no lo querían recibir porque dijeron que había fallecido fuera, no dentro. En realidad lo dejaron morir porque mi hijo era un testigo de la matanza”.
Ambas madres padecen serias secuelas del estrés postraumático, pero no han recibido ningún tipo de apoyo psicológico y aseguran estar endeudadas por los gastos del funeral porque después de cinco meses siguen esperando el apoyo económico de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y otras instituciones federales.
De 37 años, Rosa está segura que su hijo se hubiera salvado si los policías federales hubieran permitido pasar a la ambulancia: “Yo lo que estoy pidiendo es justicia porque eso que hicieron fue un crimen. Los muchachos estaban desarmados. Era mi niño chiquito y me lo mataron de la peor forma, no es justo”.
LOS TESTIGOS
Gonzalo Alfonso Castillo Sánchez, uno de los sobrevivientes dice que fue testigo de cómo los federales “asesinaron” a Alejandro porque ambos viajaban en una camioneta Ram blanca que fue interceptada por los federales en avenida Constitución: “Yo vi cuando lo mataron. Estamos pidiendo justicia para que los castiguen. ¿Por qué nos hicieron esto?”.
Después de tres operaciones, con la pérdida de vista del ojo derecho y con una colostomía porque las balas le perforaron el intestino, Gonzalo explica que a él, los federales lo dejaron desangrar más de 45 minutos esperando que muriera allí mismo: “Me escondí debajo de la camioneta. Estaba tirado y me entraron las balas. Empecé a sangrar, pero nunca nos ayudaron. Perdí el conocimiento. Ni se quién me levanto de allí. No sabía ni que hacer. Me desperté en el hospital. Me dolía mucho la pierna y tenía la cabeza entumida… Eso fue una matanza de los federales. Si ellos hubieran traído palos como nosotros hubiese sido enfrentamiento”.
Hugo Hernández de 25 años muestra las heridas producto de las esquirlas. Cuenta que viajaba en una camioneta y vio cómo lo mataron: “Lo acribillaron. Los federales simplemente nos querían matar a todos. De hecho nos dijeron: “¡Pinches comunitarios de mierda, ahora si se los cargó la chingada!. Luego llegaron los militares y no hicieron nada, solo veían como los mataban. Yo me salvé de milagro porque me hice el muerto al lado de Gonzalo. Yo les decía: “No se muevan”… Fue una matanza”.
Cuenta que en el hospital donde lo atendieron, lo lastimaron los federales y lo amenazaron: “Cuando me traían en la camilla y me pasaron a la cama me lastimaron mucho. Le dije a un policía: “Me duele” y él se me quedó mirando y me contestó con coraje: “Cállese, hijo de tu puta madre, aguántate, para que andas en estas chingaderas!”. Y ya cuando me dejaron en el cuarto, entró otro federal uniformado y me dijo: ¡Te vas a morir. De esta noche no pasas!… Yo lo que quiero es que se haga justicia”.
–¿Qué sería para ti, la justicia?
–Que paguen por lo que nos hicieron, que los detengan. Son delincuentes, matones. Ya mataron aquí y van a volver a hacer lo mismo en otro rancho.
“LOS REMATABAN”
En la reconstrucción de los hechos del 7 de enero, Marco Antonio Maldonado Ramírez es pieza clave. Tiene 18 años y cuenta en entrevista que, ese día venían media docena de jóvenes en la Ram blanca que se observa en los vídeos de la policía.
La mayoría de sus compañeros jornaleros tenían entre 15 y 18 años. Y dice que como a las 7:45 fueron interceptados por los federales: “Fuimos con puros palos. Las patrullas se atravesaron y era como una emboscada. Ya traían orden de tirarnos, salieron y empezaron a tirar y el gritadero de gente. Una señora gritaba: “¡No tiren!… ¡Hay familia” pero no hicieron caso y mataron a la señora”.
Marco Antonio lleva tatuado el nombre de Kendra en el brazo, si hija de nueve meses. Cuenta que desde ese día quedo “traumado” porque se salvó de milagro y que nunca fue interrogado por la PGR o alguna institución de derechos humanos.
Cuando empezó el tiroteo, saltó de la camioneta y se escondió y pudo ver todo: “Miré un chingo de gente muerta y como los estaban rematando. Estaba una niña llorando como de nueve años y quiso correr y le dije: “no salgas porque te van a matar”. Y su mamá salió por ella y la mataron. Luego me fui corriendo. Ya no supe de esa niña. Me metí entre las casas y salí por el puente y seguían tirándonos, pero hice lo único que podía hacer: correr”.
Explica que los federales “ejecutaron” a su compañero que venía adelante: “Le dijeron: “bájate, hijo de tu puta madre” y el muchacho les dijo: “¿Por qué me voy a bajar? y que lo bajan, lo agarraron de una pata y cuando estaba abajo: “pum” que le meten un disparo a la cabeza y lo tiran a la carretera y los empiezan a amontonar allí y a tomarles fotos. Yo me escondí en un cajete, si hubiera corrido me hubieran matado”.
Y añade: “Cuando se atravesaron las camionetas y empezaron a tirar yo brinqué y esta pata la tengo lastimada, esta pata me la jodí, se me torció, duré como dos meses sin trabajar, todavía tengo una bola. Luego, estuvo un rato en la casa de una señora hasta que se acabó. Los soldados andaban bravos, pensé que nos iban a ayudar, pero nomás veían”.
Marco Antonio lamenta la muerte de Alejandro y Antonio: “Éramos amigos, nos íbamos a trabajar juntos a cortar limón, nos ibamos de parranda y a jugar beisbol. Nos llevábamos bien, éramos camaradas. En esa Ram ibamos como unos seis. Y nomás nos logramos dos, a todos los mataron como a Alejandro y Toño, y a uno de Zamora, a otro que le decían el Dogy. La vi cortita”.
Marco Antonio narra una de las peores escenas de esos hechos, la imagen de los integrantes de la familia Madrigal que fueron mostrados abrazados con todo tipo de heridas por arma de fuego y que fueron, según dice, ejecutados por los federales.
“Eso fue una matanza, no traíamos mas que palos, todos saltamos cuando nos tiraron a matar, los mataron como unos animales. Les decíamos que ya no tiraran y seguían tirándole a la gente. Una señora gordita gritaba: “No tiren”, iba con su familia en la camioneta, era la familia Madrigal y los mataron a todos. El señor se bajó: y allí lo mataron, la camioneta se las deshicieron. Luego los arrastraban de la pata y los acomodaban como perros”.
Dice que desde hace cinco meses padece las secuelas psicológicas de lo que vio desde pesadillas y depresiones: “Me traume de primero, pero ya me acostumbre. Me espanté y me sobaron la cabeza y todo eso. Fui con el sobador que te suben la mollera, como los niños chiquitos. Yo nunca había visto eso. Le doy gracias a Dios de que estoy vivo”.
–¿Que está pidiendo?
–Qué
PAGUEN, que los echen al bote. Es una cosa injusta lo que hicieron. Da la casualidad que no íbamos a enfrentarles, ni a pelear, íbamos por los compañeros que traían y que no debían nada, ellos son inocentes como nosotros.
–¿Qué son para usted los federales?
–Unos lacras que no sirven para nada, nomás vienen aquí a ver que chingan.
