NUEVO CENTRO DE EVALUACIÓN POLICIAL. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, encabezaron la ceremonia de inauguración del Centro de Control de Confianza ubicado en el municipio de Ecatepec, en el cual se evaluará a 54 mil policías pertenecientes a diversas corporaciones de seguridad de la entidad mexiquenseFoto Guillermo Perea /Cuartoscuro
A
fin de cuentas, el peñismo (término éste que no necesariamente significa que sea Enrique Peña Nieto quien toma las decisiones y ejecuta los planes) lo que busca es la reconcentración del poder en las manos históricamente faraónicas del presidencialismo mexicano.
En ese proceso de retoma del timón que Ernesto Zedillo comenzó a ceder y que cayó en situaciones caricaturescas con los panistas deficitarios, Vicente Fox y Felipe Calderón, el grupo que está hoy en Los Pinos ha renegociado los términos de su relación con sus aliados antes muy crecidos y ahora tentativamente sometidos (Televisa sería el mejor ejemplo, pues su máxima hechura encopetada le ha respetado ciertos derechos adquiridos y le ha abierto nuevos cauces gananciosos, pero tratando de restablecer el mando en el casillero político y no en el empresarial, con complicidades cuasimafiosas ratificadas, pero ahora ‘‘nuevamente’’ reguladas discrecionalmente por el gobierno), ha amagado al supermillonarismo nunca bien aceptado de Carlos Slim, pero sin asfixiarlo ni empujarlo hacia las montañas de la insurrección Forbes (las proclamas antimonopolio no afectan de verdad la riqueza del magnate mundial, sólo la transforman y la multiplican) y ha ido desarrollando, a la par del ciclo de reformas legislativas, su propio bosquejo de factoraje empresarial con la marca de la casa, es decir, la clase empresarial de privilegio sexenal que se beneficia de las decisiones políticas del peñismo, que triangula ganancias, disfraza accionariados, protege y encubre porcentualismos y, en cumplimiento del ciclo perverso que pretende sostenerse en el poder político-empresarial-policiaco-militar, financia campañas y procesos electorales para que la representación social y el ejercicio del poder sigan sirviendo a esos intereses que saquean la riqueza colectiva para convertirla en privada y así sucesivamente hasta que un día la República de los Huevos de Oro termine por estallar.
En los caminos y puentes federales del país se ha vivido en lo que va del mes un simple botón de muestra de ese reformismo cuatachero, de la ‘‘modernización’’ en busca de ganancias grupales. Al frente de la empresa gubernamental conocida por sus siglas como Capufe, Enrique Peña Nieto colocó a Benito Neme Sastré, quien junto con su hermano Salvador son los ‘‘amigos tabasqueños’’ del ex gobernador del estado de México. Son fuertes y conocidos los nexos entre esos hermanos y quien hoy ocupa Los Pinos. El 6 de septiembre de 2008, por ejemplo, Peña Nieto apareció tomado del brazo por Angélica Rivera a la hora de presentar ante la pila bautismal a un hijo de Benito Neme, en lo que fue una confirmación de la relación sentimental entre el mandatario mexiquense y la actriz conocida como La Gaviota (de los hijos del ex gobernador sureño, Salvador Neme Castillo, y la relación con el político de Atlacomulco se escribió un Astillero en mayo del año pasado, con títulos tan descriptivos entonces como ahora: ‘‘Caminos de corrupción, caja chica y negocios, compadre Neme’’ (http://bit.ly/UOIFvj).
Dicho compadre Neme decidió cambiar el sistema de pago especial en casetas de peaje conocido como IAVE. Lo hizo de una manera desastrosa, afectando a miles de usuarios de esos caminos y puentes en temporada vacacional, con absoluto desprecio de las mínimas normas de organización interna y de atención al público. En realidad, se hizo a un lado el formato existente, cuyos desarrolladores corresponden al grupo de Carlos Slim a través de la firma IDEAL y se dio entrada a otro sistema operativo entre cuyos beneficiarios está un empresario que apunta para convertirse en el más importante del sexenio, Roberto Alcántara, dueño de la principal flotilla de autobuses de servicio foráneo en el país, socio de VivaAerobús, la línea aérea de bajo costo que constantemente es acusada de irregularidades adversas a sus clientes y súbito, aparentemente inexplicable y muy significativo principal accionista individual de la emblemática empresa española de medios Prisa, editora del diario El País.
Alcántara, presidente del Grupo Toluca (que más delante bien podría terminar por aceptar como denominación la de Atlacomulco), busca además la asignación para sus empresas de algunos de los más importantes proyectos peñistas relacionados con autopistas, aeropuertos y trenes rápidos. Pero aun cuando oficialmente no ha anunciado que buscará quedarse con una de las cadenas nacionales de televisión abierta que se otorgarán conforme a las reformas atlacomulquenses, Alcántara nuclea una poco enigmática alianza con la mencionada firma hispana, Prisa, con Reporte Índigo y el Grupo Mac (editor de diarios y revistas que ha saltado sorpresivamente a escenarios internacionales desde Toluca y los poderes allí asentados o desde allí desplegados).
Dicha voracidad facciosa permite avizorar el destino de la riqueza energética nacional a la hora de su reparto entre firmas trasnacionales y nacionales absolutamente conocedoras de que la corrupción aceita la maquinaria gubernamental y de que todo se puede adaptar a la conveniencia de los empresarios al asalto, no sólo en los detalles inmediatos, sino incluso en el clausulado trascendente que no podrá ni querrá defender un Estado mexicano corroído y largamente debilitado.
Y, mientras el ex dirigente priísta capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre paga la fabulosa cantidad de mil quinientos pesos como garantía impuesta por un juez para concederle la suspensión provisional de cualquier orden de detención en su contra, ¡hasta mañana, con la atención puesta en el estado de Sinaloa, donde el gobernador presuntamente diferente, Mario López Valdez (Malova), llegado al poder mediante alianza opositora al Partido Revolucionario Institucional, promovió una ley mordaza, ya aprobada por el Congreso estatal (aunque, ante las protestas, ya se ha presentado una iniciativa para derogarla), mediante la cual se circunscribiría el ejercicio periodístico sobre hechos criminales a los boletines de prensa y la información oficial!
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