De alguna forma, antes de ser siquiera discutida, la reforma energética ya está en marcha. Apenas dos días después de que Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa, funcionarios de Petróleos Mexicanos recibieron la orden de adelgazar radicalmente a la empresa paraestatal mediante el recorte de gastos y, en algunos casos, de personal. Pero mientras los trabajadores permanecen en la incertidumbre ante lo que viene con las eventuales inversiones extranjeras, el sempiterno líder sindical y senador priista Carlos Romero Deschamps recibe señales de que su posición está garantizada.
Dos días después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció su iniciativa de reforma constitucional en materia energética, el 15 de agosto pasado el director corporativo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor David Solís, envío la circular 2831 a los directores generales de las cuatro grandes subsidiarias de la paraestatal, así como al director jurídico y al Corporativo de Finanzas, para exhortarlos a reducir plazas de mandos superiores, acelerar jubilaciones, suprimir tiempos extras y “cancelar plazas definitivas y temporales”.
En cumplimiento “a las instrucciones del director general” Emilio Lozoya Austin y “conforme a los compromisos establecidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Solís exhortó a los directores de Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica a que “refuercen las medidas para contener el gasto de mano de obra por lo que resta del año”.
Para lograrlo, el directivo les ordena las siguientes medidas: “Disminuir plazas de mandos superiores; restringir la cobertura de ausencias; evitar la sustitución de vacaciones en áreas administrativas; contener al mínimo posible las comisiones administrativas con sustitución; analizar y compactar estructuras; solicitar jubilaciones contractuales con cancelación de plaza; reducir el tiempo extra medido; suprimir el tiempo extra adicional en plazas vacantes y por consecuencia en nuevas contrataciones; cancelar plazas definitivas y temporales”.
La circular, cuya copia posee Proceso, aumentó la inquietud dentro de la petrolera, donde otros informes internos y confidenciales prevén un recorte de al menos 20 mil plazas en los próximos cinco años para disminuir las 150 mil 697 que existen actualmente, de las cuales 72% corresponden a trabajadores sindicalizados.
Esa preocupación se advierte en vísperas de que el Senado entre de lleno a la discusión y dictaminación de la reforma energética, pues se prevé que la apertura a inversiones privadas acelere la disminución de plazas en la paraestatal más grande del país.
Esto, a pesar de que Lozoya Austin, el secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps, y el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, han negado una y otra vez que exista tal plan para correr a los trabajadores.
“No habrá despidos”
El 23 de octubre pasado, durante su comparecencia en los foros de la reforma energética organizados en el Senado, Lozoya negó que existiera un plan de despidos a partir de las asociaciones con empresas privadas, como sucedió recientemente en el complejo petroquímico Pajaritos, donde Pemex firmó este año una asociación con la empresa privada Mexichem para dividir la propiedad accionaria: 44.15% para la paraestatal y 55.85% para la compañía que fundó el exbanquero Antonio del Valle.
Hasta febrero de este año, Pajaritos tenía 2 mil 300 trabajadores sindicalizados y 130 de confianza, y al Senado llegaron reportes de que sólo se quedarán 773 trabajadores, es decir que cerca de mil 500 serán cesados. “Lo que evidenciaría que la paraestatal cargará con gastos de pensiones, reubicaciones, transferencias y liquidaciones de personal” para beneficiar a su socio privado Mexichem, advirtió la senadora Dolores Padierna en su punto de acuerdo del 10 de septiembre pasado.
Padierna agregó que Pemex Petroquímica aceptó que Mexichem se quedara con la mayoría accionaria aportando sólo 125 millones de dólares en activos, pero se le permitió sumar 200 millones de dólares en efectivo con el fin de tener el control de la nueva compañía surgida de esta sociedad.
Al responderle en su comparecencia al senador del PRD que lo cuestionó sobre el tema, Lozoya Austin dijo: “Respecto al tema sindical, al tema de los trabajadores, el senador (Rabindranath) Salazar nos preguntó si se planteaba el despido de empleados. Le puedo decir que no, que esta información que le pasaron es incorrecta”.
Lozoya informó que el 29 de julio Pemex y el sindicato de petroleros, dirigido por el también senador Romero Deschamps –quien no participó en ninguno de los foros de reforma energética de su cámara–, firmaron el convenio administrativo 1070 “para definir la nueva estructura ocupacional sindicalizada en el complejo petroquímico, y se les garantizará respeto absoluto a sus derechos y prestaciones contractuales ya adquiridos por los trabajadores.
“Es decir, incluso en las asociaciones que Pemex pudiese lograr a partir de una reforma constitucional, en toda su cadena de valor, esto no implica, y creo que es una nota muy importante, el despido de trabajadores”, subrayó el director general de Pemex.
Los compromisos
En el convenio administrativo 10717/2013, firmado por Lozoya Austin y el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, ambas partes se comprometen a “redimensionar la plantilla laboral sindicalizada” en todos los centros de trabajo y producción de la paraestatal.
El documento consta de 13 cláusulas y se firmó después de negociar y signar el nuevo contrato colectivo de trabajo 2013-2015, el 29 de julio pasado. Enuncia una serie de medidas para definir la situación de los trabajadores sindicalizados y de confianza “en las plantas que están fuera de operación” y “en los casos en que no sea posible el reacomodo de los trabajadores”.
Sindicato y paraestatal se comprometen a impulsar las jubilaciones y los cambios de adscripción para “aprovechar las plazas donde se requieren”. Por ejemplo, la cláusula X de este convenio establece que “en caso de que los estudios de redimensionamiento de estructura identifiquen áreas donde haya disminuido la actividad, se deberá analizar la justificación de las coberturas temporales de las plazas sindicalizadas”.
Tal “redimensionamiento” se realizará en acuerdo con la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Pemex y con la Secretaría del Interior, Actas y Acuerdos que encabeza el propio Romero Deschamps, quien prolonga así dos años más su control sobre el sindicato, como lo ha hecho desde que ascendió a la secretaría general en 1996.
La cláusula 11 estipula que empresa y sindicato “se comprometen a que, a través de la Comisión Nacional Mixta de Tabuladores, revisarán y designarán las funciones de cada categoría laboral con un enfoque de mejoramiento de la productividad y como consecuencia de su reglamento de trabajo y respectivamente del puesto”. En otras palabras, ambas partes pondrán definir las bajas, jubilaciones, despidos y modificaciones salariales.
El convenio se firmó después que el nuevo contrato colectivo definiera un incremento salarial de 3.99 pesos al salario y 1.98 pesos en prestaciones y que mantuviera intocado el poder de Romero Deschamps y de la dirigencia del sindicato, acusados reiteradamente de corrupción y despilfarro.
Corrupción intocada
Ni el contrato colectivo ni el acuerdo administrativo mencionados acaban con los millonarios privilegios para la dirigencia sindical de Romero Deschamps ni, mucho menos, se establecen controles para transparentar el manejo de las cuotas o de los fideicomisos que controla el senador priista.
Un cálculo de la disidencia sindical, consultada por Proceso, revela que en los últimos cinco contratos colectivos firmados por su secretario general, la cúpula del sindicato ha obtenido más de 2 mil 200 millones de pesos tan sólo por cinco conceptos:
En apoyos económicos directos al Comité Ejecutivo Nacional, 457 millones; en apoyo de gastos y viáticos del mismo comité, 267; en gastos por festejos del desfile del 1 de mayo, 157; y en gastos para el festejo de la expropiación, 179 millones de pesos.
Donde más dinero ha obtenido la cúpula sindical es en la cláusula 251 bis del contrato colectivo, en la cual Pemex le entrega mil 148 millones de pesos en 10 años para “gastos para la revisión del contrato colectivo de trabajo”.
Jorge Hernández Lira, quien encabeza un comité ejecutivo disidente y dio una entrevista a este semanario en febrero pasado, afirmó tener pruebas de que existen entre 18 mil y 20 mil millones de pesos del sindicato ocultos en 18 fideicomisos que Romero Deschamps maneja discrecionalmente. Tan sólo en uno había 13 mil millones de pesos hasta 2010.
“La gente está cansada. El sindicato no beneficia a los trabajadores ni defiende sus plazas. Está cansada, además, de tantas amenazas”, afirmó Hernández Lira.
Otro ejemplo del uso opaco de los recursos que se le dan al sindicato es el de los 500 millones de pesos que Pemex le prestó a la dirigencia para un programa de construcción de viviendas. Romero Deschamps presumió en febrero que con ese fondo habían construido 25 mil casas, “y vamos por más”.
El expediente de averiguaciones previas contra Romero Deschamps es abultado, según los datos de la misma disidencia, pero nada le sucede a quien se ha convertido en un cacique sindical con más poder y dinero del que tuvo en su tiempo Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
En 2008, bajo el gobierno de Calderón, la PGR integró el expediente 15/03/02/2008 por presunto delito de fraude, derivado de que Mario Rubicel Ross García acusó a Romero de malversar más de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.
Romero enfrentó otras denuncias por fraude relacionadas con su cuarta reelección al frente del sindicato para el periodo 2007-2012, ya que los estatutos sólo permiten repetir una vez en el cargo. Sin embargo, ni la reforma energética ni la apertura de Pemex ni la reducción de personal afectan a este dirigente que va por sus 20 años al frente del sindicato más rico del país.
