Por Peniley Ramírez y Pablo Ferri
Ciudad de México, 1 de junio (Univisión Investiga).– Alberta Manzano, de 65 años, es una empleada doméstica jubilada que vive en un barrio pobre de Naucalpan, en el Estado de México. Lo máximo que ella sabe de comunicaciones es marcar su modesto celular para hablar con sus hijos. Sin embargo, en el registro Público de Comercio del Gobierno mexicano, su nombre aparece como dueña de una empresa que le vendió sofisticados equipos de intervención de comunicaciones a la Policía Federal por 15 millones de dólares.
“¡Jesucristo, yo no sé nada de eso! Yo no tengo empresa, ni mis zapatos he comprado”, dijo, en la puerta de su casa.
A tres millas de allí, en otro barrio de Naucalpan, vive José García Brito, un carpintero retirado de 74 años. Según el registro público, García fundó otra empresa, que vendió equipos a la Policía Federal por 25.5 millones de dólares, también en 2018. García dijo que “en ningún momento” creó una empresa y apenas tiene dinero para sobrevivir.
Manzano y García son eslabones de un oscuro proceso de contratación a precios inflados de equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía, de acuerdo con una investigación conjunta de Univision Investiga y El País de España. Algunos de los equipos nunca se pusieron en funcionamiento y otros no funcionaron.
Una auditoría federal de los contratos realizada en 2019 no refleja ningún esfuerzo por identificar ni contactar a quienes figuran como los supuestos dueños de las sociedades beneficiadas, lo que hubiera permitido establecer que se trataba de personas mayores de bajos recursos que viven en barrios marginales y dependen de subsidios del Gobierno. Ambos “socios fundadores” dijeron a El País y Univision Investiga que ninguna autoridad los ha buscado y nadie los visitó durante el proceso de la auditoría.
La auditoría respondió para esta historia que realizaron la revisión a los contratos “con todo el rigor técnico, cumpliendo y agotando los procedimientos correspondientes (…) el informe de auditoría es detallado y señala con toda precisión la trazabilidad de los recursos”. Añadieron que cuentan con soporte en documentos de la participación irregular de las dos empresas y del curso que siguieron los pagos del gobierno “que no sólo llegaron a dichas empresas, sino se transfirieron a otras que se tienen perfectamente identificadas”.
Los nombres de las empresas que contrataron con la Policía son Esrome y Dizoal. El equipo periodístico encontró que se fundaron el mismo día de abril de 2017 en la oficina del mismo notario, en el municipio de Chalco, al otro extremo de la zona metropolitana de Ciudad de México. Las empresas no parecen tener una operación real. Tanto Manzano como García afirman que no se conocen, nunca han estado en Chalco y creen que sus documentos fueron utilizados en un fraude.
Servicios Esrome es la empresa en la que Manzano aparece como accionista. Ella dice que no tiene nada que ver y jamás ha escuchado hablar de esa compañía. Lo mismo sucede con Comercializadora Dizoal, en la que el carpintero García figura como socio fundador y administrador único.
Esrome y Dizoal tienen direcciones de oficina a media cuadra de distancia, en el barrio de Polanco, uno de los más caros de América Latina. El despacho de Dizoal es un departamento en un quinto piso de oficinas, donde nadie ha ido en meses, según el guardia del edificio. Sólo hay un cartelón pegado en la puerta con el anuncio de que no están trabajando allí debido a las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19. El cartel incluye un número telefónico, al que contestó una mujer diciendo que no conoce esa compañía.
Al preguntar por los oficinistas, el guardia del edificio dijo que “tal vez están en su otra oficina, aquí a la vuelta”. La “otra oficina” que señaló el vigilante a los reporteros de Univision Investiga y El País es la sede de Esrome, que también estaba cerrada.
Además de tener despachos vecinos, Dizoal y Esrome tienen ahora los mismos accionistas. En noviembre de 2019, un año después de la firma de los contratos con la Policía, Laura Valdez compró la mayoría de las acciones de Esrome y Dizoal, según el Registro de Comercio. El carpintero y la empleada doméstica dijeron que tampoco tienen idea de este trámite y nunca vendieron sus acciones, porque nunca las tuvieron.
Valdez tampoco tiene un perfil empresarial. El registro público muestra que cuando las adquirió, trabajaba como empleada de Gobierno, en rango de oficinista, en el sistema de aguas de Ecatepec, otro municipio del Estado de México. En esa oficina pública dijeron que no la conocen.
Su participación como nueva accionista de Esrome y Dizoal fue aprobada en dos asambleas en las que tuvo como delegada a Silvia Lugo. La dirección registrada de Lugo es una oficina de contaduría, en Nezahualcóyotl, otro municipio mexiquense. Allí dijeron que no saben quiénes son ni la supuesta accionista, ni su delegada.
CONTRATOS IRREGULARES
Los contratos con la Policía se firmaron durante los últimos seis meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto. El dinero salió de la partida presupuestaria de Seguridad Pública y Nacional, un rubro para acciones que implican riesgo, urgencia o confidencialidad. En 2018, el presupuesto de la Policía Federal en esta partida fue de unos 170 millones de dólares. Uno de cada cuatro terminó en Dizoal y Esrome, las empresas que supuestamente fundaron el carpintero y la empleada de limpieza.
En 2019, la Auditoría Superior mexicana señaló irregularidades en los contratos de Dizoal y Esrome, adjudicados para proveer equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía. Según la Auditoría, las empresas dijeron que sus proveedores eran Gita Technologies, Septier Communications y Cybergloves, compañías israelíes; pero posiblemente estas firmas no tengan ningún conocimiento de que fueron involucradas en la transacción, pues los auditores descubrieron que ninguna de las dos empresas mexicanas transfirió dinero en pago por los equipos a los proveedores fuera del país. Las empresas israelíes no respondieron llamadas del equipo periodístico.
La auditoría dijo para esta historia otros detalles que no estaban publicados en su informe. Revelaron que Esrome y Dizoal no pagaron impuestos. “Al respecto, se solicitó al SAT (el fisco mexicano) a través de la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal que constataran el cumplimiento se sus obligaciones fiscales”.
Los auditores encontraron que había “un probable daño o perjurio a la Hacienda Pública por 499 millones de pesos” . Comprobaron que “no se identificó transferencia alguna de recursos que Comercializadora Dizoal debió haber realizado a la empresa extranjera que presuntamente desarrolló dicho sistema, según lo declarado en el contrato celebrado con la Policía Federal”.
A solicitud de Univision Investiga y El País la organización C4ADS, con sede en Washington DC, revisó los registros de comercio internacional de México. C4DS se dedica al análisis e investigación de conflictos globales y temas de seguridad transnacional. La organización dice que en los registros aduaneros no figuran envíos de proveedores israelíes a Dizoal o Esrome desde su creación.
“Una revisión de registros de comercio de tres grandes bases de datos aduaneros no mostró que Comercializadora Dizoal o Servicios Esrome recibieran importaciones en México en 2018 ni en ningún momento posterior”, dijo Henry Peryonnin, investigador de C4ADS.
La Auditoría no cita nombres de personas cuando se refiere a las decisiones tomadas por Dizoal o Esrome. Se limita a atribuir las acciones a las empresas como tal.
No es la única falla del estudio, según expertos.
“La auditoría no siguió la ruta del dinero y la trazabilidad de los proveedores. Generar auditorías de este tamaño y esta naturaleza requiere saber quién decide el gasto y por qué, quiénes son los proveedores. Ellos tendrían que haberlo hecho”, dijo Muna Dora Buchahin, especialista en fraude y lavado de dinero. Buchahin trabajó durante 13 años en la Auditoría y dirigió el área de daño patrimonial, que realiza auditorías por malversación de fondos públicos.
En los meses después de que el permiso de Ximénez fue revocado, los documentos de ambas empresas se trasladaron con otro notario, del estado de Tlaxcala, llamado Leonardo Molina. Una investigación del portal Datamos halló que este otro notario avaló la creación de 15 empresas de fachada que se usaron para malversar fondos públicos en Puebla entre 2015 y 2018.
En la oficina de Molina la auxiliar administrativa, quien no aceptó dar su nombre, dijo que no podían dar ninguna información sobre las empresas, porque deben cuidar los datos personales de sus usuarios. Al contarle los antecedentes de Esrome y Dizoal, y el alegato de sus supuestos dueños de que se trataba probablemente de un fraude, respondió que no estaban enterados de nada de eso y no podían comentar al respecto.
Tanto Manzano como García aseguran que sólo han entregado copia de sus documentos para registrarse como beneficiarios de ayudas sociales, en temporada electoral. García dijo que entregó una copia de su acta de nacimiento, su identificación, su comprobante de domicilio y su número de registro de población a la operadora política de su vecindario.
Manzano pasa sus días de pandemia cuidando a sus nietos para que su hija pueda vender fruta en la avenida principal del barrio y con ello consigan algo de dinero para comer. En el otro asentamiento de Naucalpan, García cuida las plantas de su jardín, sembradas en cubetas de plástico. Tose frecuentemente. Su neumonía, dice, aún no lo ha dejado en paz.
*Pablo Ferri, periodista de El País, contribuyó con esta investigación.
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