Documenta la ASF cúmulo de estafas en el Seguro Popular

 

Sábado 31 de octubre de 2020. El desaparecido Seguro Popular concluyó con deficiencias en su operación, entre las más relevantes la del Fideicomiso Contra Gastos Catastróficos no contó con la integración de los beneficiarios de 95 mil 445 intervenciones financiadas y sólo proporcionó la base de datos de 58 mil 950.

Los datos se refieren a 2018 y, en la presentación del informe de resultados de la Cuenta Pública 2019 entregado ayer a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que las debilidades halladas en el control interno de la extinta Comisión Nacional de Protección en Salud, hoy Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) continúan.

“No se proporcionó evidencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del estatuto orgánico ni de los avances de la estructura orgánica, de los manuales de organización y procedimientos del Insabi.”

Agregó que las reglas de operación del que a partir de 2019 es el Fondo de Salud para el Bienestar se encontraban en proceso, hasta agosto, de obtener la opinión por parte de la Secretaría de Hacienda y de la autorización del Comité Técnico del fondo, no obstante de que concluyó el plazo establecido.

Entre las irregularidades que se heredaron del Seguro Popular, la ASF señaló: No se contó con evidencia de la aceptación y comprensión del Código de Conducta de la comisión y tampoco se consideran los riesgos en la operación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (hoy Fondo de Salud para el Bienestar). De manera específica, no se proporcionó evidencia de la planeación estratégica y de la matriz de riesgos en el registro, validación, autorización y seguimiento del trámite de pago de las intervenciones financiadas; la información de las intervenciones autorizadas, pagadas y por pagar no está integrada en una sola base de datos, lo que representa riesgo de errores de cálculo y pérdida de la información, y, finalmente, no contó con un procedimiento para la supervisión de la operación.

La auditoría explicó que la anterior comisión no contó en 2019 con la integración por beneficiario de 59 mil 571 casos de intervenciones con estatus de pagado y sólo proporcionó la base de datos de las que fueron autorizadas de manera global para su liquidación.

Además, no se formalizó el acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Convenio Modificatorio formalizado con la Fundación de Cáncer de Mama.

Al mes de agosto, el Insabi tenía pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 12 mil 726 intervenciones por 324 millones 731 mil 600 pesos.

El Seguro Popular se volvió dolor de muelas, advierten

Mal aprovechado, el dinero del Seguro Popular: Consorcio Mexicano de Hospitales

El sistema nacional de salud padece cáncer administrativo

A 10 años de reformado el sector, la mitad del gasto proviene del bolsillo de los pacientes

Deficiencias en la atención pública llevan a pacientes a servicios de calidad más bien malita

Ángeles Cruz Martínez

 

Periódico La Jornada
Lunes 1º de junio de 2015, p. 38

El Seguro Popular es un dolor de muelas. Se originó con el objetivo de que el dinero siga al paciente, no a la institución. La idea fue buena, pero falló su aplicación porque recursos hay, y muchos, como nunca antes, pero están mal aprovechados por una pésima administración, y los pacientes no tienen los servicios médicos que requieren, afirmó Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales.

De otra manera, dijo, no se entiende que a más de 10 años de operación del Seguro Popular, todavía la mitad del gasto en salud provenga del bolsillo de los pacientes. La explicación es que éstos no encuentran en la atención pública el servicio que necesitan y recurren al sector privado, a unidades cuya calidad es más bien malita.

En entrevista, el empresario aseguró que el sistema nacional de salud tiene cáncer; sin embargo, no hay un sentido de urgencia de hacer algo. Al menos no se ve.

Recordó que en la reforma a la Ley General de Salud que dio paso a la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y a su brazo operativo, el Seguro Popular, se incluyó la posibilidad de que participara el sector privado en la prestación de servicios médicos. Sin embargo, ello no ocurre por falta de reglas ni sistemas de control de clínicas y hospitales particulares y tampoco existen tabuladores claros.

Sucede, entonces, que el dinero no sigue al paciente, y éste no tiene la posibilidad de elegir a su médico.

Opciones de bajo costo

Interrogado sobre la deficiente calidad de los servicios médicos privados, Potes González reconoció que eso un problema, pero que tampoco ha habido iniciativas para resolverlo. Una opción podría ser que el Consejo de Salubridad General (CSG) incluyera en los procesos de certificación de calidad a unidades médicas pequeñas y medianas que puedan resolver enfermedades de baja complejidad, las cuales no requieren de grandes instalaciones ni equipos médicos complejos.

En el país, señaló, existen 3 mil hospitales privados, de los cuales únicamente 100, los más grandes, están certificados por el CSG. Si hubiera mecanismos intermedios, dijo Potes, con distintos niveles muchos más entrarían a la jugada. Habría posibilidad de supervisar su actividad –qué hacen y cómo– en beneficio de los usuarios.

En la actualidad, la prestación de servicios médicos está dividida. En un extremo están las personas de altos ingresos que pagan pólizas de seguros de gastos médicos mayores, consultas médicas y fármacos. Hacen un gasto de bolsillo que no tiene impacto en sus finanzas.

Del otro lado está el sector con los más bajos ingresos económicos, cuya única opción es acudir a las instituciones de seguridad social –los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)– y al Seguro Popular, y esperar a que los atiendan, así como que les den los medicamentos que haya.

Entre ambos sectores hay de 25 a 30 millones de mexicanos de clase media que ya no acuden al IMSS ni al Seguro Popular, sino al ámbito privado. Tienen un gasto de bolsillo con un impacto mayor en su economía y sin la certeza de la calidad de la atención, indicó Potes, quien hace unos días participó en el foro Liderazgo en Salud, organizado por el Tecnológico de Monterrey.

Por eso es lamentable, agregó, que con tanto dinero disponible en los estados, por medio del Seguro Popular, no haya claridad ni transparencia en su manejo.

Señaló que modificar el actual sistema sanitario no será fácil, perotenemos que ser creativos. Mencionó, por ejemplo, la creación de incentivos para que los médicos sean activos en el cuidado de la salud de sus pacientes.

En contraste, por ejemplo, en Francia existe un esquema en el que médicos y pacientes obtienen beneficios si cumplen con esquemas de prevención y detección temprana de padecimientos.

Otra opción está en los recién creados seguros médicos privados para personas de ingresos medios. Esta es una iniciativa del Consorcio Mexicano de Hospitales, que agrupa a 38 establecimientos en 35 ciudades de la República. Consiste en una póliza con un costo de entre 3 mil y 5 mil pesos por una suma asegurada de 150 mil pesos. Con este monto se pueden cubrir 95 por ciento de las causas de hospitalización (apendicitis, amigdalitis, accidentes, partos).

Este proyecto, con alguna colaboración con el Seguro Popular, podría ser parte del cambio del modelo que requiere el sistema nacional de salud, concluyó Potes.

Seguro popular no garantiza cobertura universal: experto

Falta discusión pública sobre salud

Julio Reyna Quiroz

 

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de julio de 2014, p. 26

Los servicios no regulados de hospitales privados representan una amenaza para las políticas públicas destinadas a alcanzar el universalismo en la cobertura de salud, consideró este martes Diego Sánchez, académico en la Universidad de Oxford, en una disertación acerca de la política social en este renglón, en educación y en pensiones, y la desigualdad en América Latina.

Puso de ejemplo la regulación de las operaciones de las farmacias, donde en el mismo sitio se otorgan servicios médicos, o bien a la doble práctica médica, en la cual un médico trabaja en una sede de salud pública y también en un hospital privado.

Si esta práctica en particular no se regula o se institucionaliza de manera correcta, será muy fácil que un derechohabiente prefiera ser atendido en una instancia privada, en beneficio precisamente de la empresa, afirmó.

Sin ahondar en las circunstancias de la cobertura de salud en México, el académico opinó que en el país se mantiene una agenda tecnocrática neoliberal que inhibe la discusión sobre la cobertura médica.

En una economía ideal, dijo, no deberían existir los servicios médicos privados como un medio para lograr eluniversalismo, entendido éste como la conjunción de diversos factores: cobertura masiva, derechos cubiertos con equidad, suficiencia en cantidad y calidad, y financiamiento.

Al ser consultado sobre la situación en México, durante una ponencia en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Sánchez-Ancochea dijo desconocer los detalles de las políticas económicas que se aplican en México y apuntó que no quiere ser un tecnócrata del Fondo Monetario Internacional, que acude a algún país a recomendar políticas sin conocerlo.

Sin embargo, consideró que uno de los problemas en México es que en ningún momento la agenda de lo social ha tenido ningún interés de vincular a los pobres con la clase media y que los dos últimos gobiernos nos han vendido que sí lo habían estado haciendo.

Estas dos últimas administraciones federales, abundó, hablaron mucho que con el seguro popular habíamos logrado el universalismo.

Explicó que una cobertura masivamédica, como el seguro popular, no es suficiente para lograr ese universalismo, sino se requeriría consolidar la prestación de servicios en calidad y en cantidad, y lograr la equidad de derechos.

Confirma estudio oficial el pésimo servicio del Seguro Popular

Estudio de satisfacción revela que no se realiza adecuado control de enfermedades

Hasta dos horas de espera y falta de medicinas en el Seguro Popular

En el primer nivel de atención, cuatro de cada 10 pacientes, en riesgo de sufrir complicaciones

De los afiliados, 38% calificó las instalaciones de salud como regulares a muy malas

Sólo 19.57 por ciento de los pacientes calificó la atención proporcionada por el Seguro Popular como muy buena, según el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2013Foto Carlos Ramos Mamahua

Ángeles Cruz Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 6 de julio de 2014, p. 33

Hasta dos horas de espera para recibir atención en clínicas y hospitales que se encuentran en condiciones de regulares a muy malas y la tercera parte de los pacientes no logra surtir por completo su receta, son algunas de las características de los servicios médicos que reciben los afiliados al Seguro Popular. El de la calidad sigue siendo un tema pendiente, reveló el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 2013.

La investigación realizada por primera vez por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) también detectó que la atención clínica es deficiente, pues no se realizan los procedimientos para el adecuado control de enfermedades. Resalta el caso de los pacientes con diabetes que acuden a consulta pero no les miden la presión arterial, pese a que el control de este indicador forma parte de las metas de tratamiento.

De los derechohabientes entrevistados al acudir a la clínica u hospital para atenderse por diabetes, a sólo 68.3 por ciento les midieron los niveles de azúcar en la sangre, a 8 por ciento no le tomaron la presión y 34.6 por ciento registró niveles elevados de este indicador. Es decir, señala el estudio, en el primer nivel de atención, cuatro de cada 10 pacientes está en riesgo de descontrol y, por lo tanto, de sufrir alguna complicación.

En el segundo nivel (hospitales generales) se encuentran en ese mismo riesgo tres de cada 10 usuarios y dos de 10 entre los que acuden a hospitales de alta especialidad.

Otro servicio revisado por los investigadores fue el de vacunación. Entre quienes acudieron a la clínica para solicitar su aplicación, 11 por ciento no la recibió, la mitad de las veces porque no tenían el biológico.

En cuanto a la atención médica, 16 por ciento de los entrevistados, en promedio, dijo que no recibió explicaciones sobre su estado de salud o no las entendió completamente. En el tercer nivel, el porcentaje se elevó hasta 22 por ciento.

Desde la creación y entrada en vigor del SPSS y su brazo operativo, el Seguro Popular, uno de los retos ha sido garantizar la efectiva prestación de servicios médicos de calidad para todos los afiliados. A 10 años, éste sigue como un asunto pendiente.

De ello da cuenta, también, la calificación de los usuarios a la atención recibida. Sólo 19.57 por ciento la catalogó como muy buena, aunque con diferencias entre los niveles de atención.

Entre estados también se observaron diferencias significativas. Mientras en Baja California Sur y Guerrero, sólo 8.4 y 9.5 por ciento de los pacientes, en ese orden por entidad, consideraron que recibieron muy buena atención, en Sinaloa y Nuevo León dieron esta calificación 39 y 38 por ciento de los entrevistados, respectivamente.

Sobre los tiempos de espera, para 69.4 por ciento de los derechohabientes fue de regular a muy largo. El promedio fue de 78 minutos (lo recomendable son 30).

Respecto de las condiciones en que se encuentran las clínicas y hospitales, el INSP concluye que es uno de los aspectos estructurales que requieren atención, pues 38 por ciento de los afiliados consideró que las instalaciones son de regulares a muy malas. Así se reportó con mayor frecuencia en Baja California Sur, Chiapas y Guerrero. Las entidades con menores porcentajes fueron Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas.

En cuanto al abasto de medicamentos, 72.4 por ciento de los pacientes pudo surtir su receta completamente. En promedio, 28.8 por ciento de las personas se declaró insatisfecho o muy insatisfecho con este servicio. La percepción fue peor en Veracruz, con 41.4 por ciento de los usuarios en esta condición.

En cambio, la mayor proporción de personas muy satisfechas con el abasto de medicinas se ubicó en Sinaloa (17.6 por ciento), Baja Califormia (13.48) y Tamaulipas (13.25).