Una estrella menos-Hernández

Bombón primero-Rocha

Quemado-Helguera

Justicia militar-Fisgón

Astillero

¿Televisa rompe con FC?

Chantaje de cara a 2012

Vía libre hacia Toluca

Felipe guarda monedas

Julio Hernández López

Dada la relevancia de los asuntos en juego –de los cuales el económico y el tecnológico son menores–, resulta de especial interés la explicación que dos de los principales perio- distas de Televisa dieron ayer en sus columnas respecto al retiro de la empresa de Emilio Azcárraga Jean del consorcio que había formado con Nextel para aprovechar segmentos del espectro radioeléctrico mediante la muy criticada licitación 21. De corresponder plenamente las posturas de Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola, expresadas en sus espacios de Milenio y El Universal, respectivamente, con lo que se piensa y decide en el mando supremo de la máxima cadena nacional de televisión, se estaría frente a una ruptura tajante de Televisa respecto al gobierno de Felipe Calderón, que tendrá consecuencias en el tratamiento noticioso del último tramo de la administración blanquiazul y, en especial, en el manejo de la información y la opinión que en 2012 se exprese en pantalla respecto a las elecciones federales, en especial la de presidente de la República.

Loret de Mola, en su columna titulada “Tengan su ganga”, habla de que Televisa y Nextel fueron sometidas a “una ofensiva mediática, legal y gubernamental sin precedente en la historia de las licitaciones del país”, y menciona maquinaciones graves, pues “el gobierno entregó los títulos antes de que quedara resuelto su fondo jurídico, los dio ‘en lo oscurito’ –sin citar a Televisa, sino sólo a Nextel– y juntó el plazo legal de revisión con un periodo de vacaciones de la Cofetel, abriendo así la puerta para que se bombardeara en juzgados la licitación y el tema se volviera un hervidero político”. La interpretación que el relevante periodista hace es que “esta sucesión de hechos puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral de 2012. Ésa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó”. Zaz.

López Dóriga, menos apasionado y directo que su joven colega, compartió con éste argumentaciones como el hecho de que inversionistas nacionales y extranjeros se habrían abstenido de entrar a la licitación de la discordia porque sabían de la inexistencia de certeza jurídica en México, que uno de los beneficiarios del desenlace habría sido Telcel, es decir, Carlos Slim, y que un segmento de la prensa diaria habría utilizado obsesivamente el litigio con Iusacell para denunciar una presunta ganga. El conductor del principal noticiario del país asegura, en ese contexto, que la polémica concesión había sido dejada en “un punto de fragilidad tal, que se convertía en una amenaza para la libertad de expresión y decisión de Televisa. Ante ese riesgo latente, Televisa se ha retirado de esa sociedad”.

Salvo que Azcárraga Jean desmintiera inequívocamente los posicionamientos hechos por dos de sus principales exponentes públicos, ha de entenderse que se está no sólo frente a un deslinde respecto al pasado, en el que Televisa fue puntal justificante del fraude electoral de 2006 y cabeza de la campaña de silenciamiento y difamación del opositor despojado del triunfo, y del movimiento de resistencia que ha sostenido, sino, sobre todo, de un reacomodo táctico que le permitirá tomar distancia de las previsiblemente traumáticas maniobras calderonistas en busca de continuidad en el poder (haiga de ser como haiga de ser) y decantarse sin cargos facturables de conciencia empresarial en favor del preferido desde antes del choque con el panismo por asuntos de telefonía móvil, el gobernador del estado de México, cliente aplicadísimo de Televisa y ya su virtual candidato a Los Pinos, según las denuncias de opositores y las evidencias en tiempo triple A.

No debe evitarse, sin embargo, otra vista del poliedro. De ser cierto el compló que Televisa denuncia en su contra, se estarían confirmando las versiones que desde semanas atrás hablaban de la pretensión felipista de frenar la excesiva concentración de poder que él mismo había dado a la rectoría electrónica, convencido el estratega electoral panista de que en cuanto cediera el último negocio importante de su administración a Azcárraga Jean quedaría sin monedas de cambio para el 2012, en las liberadas manos de la criatura mediática que él había avituallado. En fin, fallidas gangas radioeléctricas y electorales que van acabando en una especie de casa de masajes políticos, en avisos eróticos de ocasión, en pleitos de comadres xxx con lavaderos públicos para decirse sus verdades. El país de las estrellas.

Astillas

Recortada, tramposa y con candados, la iniciativa felipista para someter lo castrense al fuero civil en materia de violaciones a derechos humanos. Nomás tres figuras delictivas contempla la propuesta, además de condicionar el proceso a la discrecionalidad de los agentes militares del Ministerio Público... Entrampado, Godoy Toscano Julio César renuncia al PRD pero mantiene la jurisdicción legislativa de privilegio, mientras avanzan el proceso de desafuero en San Lázaro, la Operación Cocoa en Michoacán y el control del narcotráfico sobre políticos en todo el país... Las glorias de Bemapán: ¿Qué hizo al primer ministro beliceño dar tan desproporcionados elogios a Calderón?... Y, mientras los diputados aprueban la ley de ingresos, Moreira Humberto deja la gubernatura de Coahuila unos meses para que Moreira Rubén pueda ser candidato al relevo familiar, y los senadores ofenden la digna memoria del ex rec-tor Javier Barros Sierra al abaratar la medalla Belisa-rio Domínguez para complacer al PAN en la persona de Luis H. Álvarez. ¡Hasta mañana, con el fuego de la revancha judicial quemando los pies del ulisismo con la detención de familiares de su secretario de finanzas, y con El Yunque golpeando en Guanajuato para seguir en el poder, ahora con el secretario de Desarrollo Social, Miguel Márquez Márquez, 3M!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

La indefensión social Sergio Conde Varela Abogado

El estado de indefensión social es aquel en el cual, la sociedad no tiene defensa. Ese estado de manera continua aparece en nuestra ciudad, en nuestro entorno de cada día.

Y lo anterior lleva a la comunidad a que se le crispen los nervios y empiece a sentirse ahogada por tanta indiferencia oficial hacia quienes no han podido o no han querido salir de ella, por tener en la misma sus afectos, sus trabajos y la esperanza de que las cosas cambien.

Es notorio el hecho de que miles de juarenses han salido de nuestra frontera, es más, muchos de ellos económicamente productivos, ya han formado alianzas en la vecina ciudad para emprender tareas y realizar proyectos que les permitan vivir una vida digna, privilegio que se les negó aquí en Juárez porque las esferas de gobierno no pudieron o no quisieron cumplir con el cometido legal que tienen de brindar seguridad al pueblo.

No hay forma de defenderse porque no hay voluntad política y administrativa para resolver los problemas que tenemos desde hace muchos pero muchos meses, convertidos ya en años. La Constitución en Juárez es letra muerta.

Las leyes que de ella emanan para el bien público no se observan.

Los pagos a los organismos descentralizados como el IMSS, el Infonavit, La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la CFE, y los servicios concesionados como el gas, nadie puede detener su carrera de alzas considerables y la gente con la crisis encima lo único que comenta es que no sabe por qué sucede esto, cuando hay millonarios que si tuvieran sensibilidad social, en un abrir y cerrar de ojos, podrían transformar el desierto nacional en un vergel.

Los representantes populares, en especial los federales, se han caracterizado por acudir sólo a nuestra ciudad cuando hay eventos políticos, pero ninguna justificación tienen sus elevados salarios que son una ruidosa cachetada para los juarenses que se afanan con muchas horas de trabajo para completar el diario sustento, porque el tiempo que llevan en sus cargos no ha sido para producir una sola ley que beneficie a esta acorralada frontera.

Decíamos que la indefensión es manifiesta, porque el ambiente que se vive es de pánico, de amenaza cumplida, de extorsión manifiesta y de muerte brutal. Las instituciones obligadas a ello, le han negado a los fronterizos el cobijo del derecho que muchos años se gritó y que ahora sólo produce sonrisas. Quizás de nuestra ciudad salga la iniciativa de que se cierren las instituciones en las cuales se imparte el derecho, porque éste lo han convertido en sueños guajiros.

En compañía del estado de indefensión se encuentra la irresponsabilidad histórica de quienes no han pasado los dedos de la inteligencia por la piel de nuestra querida frontera.

Regularmente no se pone orden en las áreas públicas que requieren de inmediato de soluciones.

Pasan los días y se piensa que se vive en otros tiempos y que los problemas se resuelven solos. Pues no es así, más de 7 mil muertos en 3 años, más de 6 mil negocios cerrados, más de l80 mil juarenses desterrados, fraccionamientos amurallados y produciendo abigarrados movimientos de automóviles en las pocas arterias amplias que existen ; la ausencia del respeto a la vida, la propiedad y la integridad personal, son ejemplos vivos de que esto se resquebraja frente al dejo y la apatía, y parece que fuera adrede.

Los organismos intermedios han levantado su voz, los universitarios, los periodistas, los ruteros, los vendedores, los dueños de diferentes giros de negocios; las sociedades de padres, las direcciones de las escuelas y un sin fin de organizaciones de la sociedad civil, a quienes no se les ha dado puntual respuesta a sus peticiones debidamente fundadas.

En atención a esa indiferencia marcada, conviene que se salte al orden internacional y se busquen los apoyos que el sistema no le ha podido dar a miles de personas azotadas por este flagelo de tantas caras y que se salga cuanto antes de este lamentable estado de indefensión social.

Tabaco: la bolsa o la vida Miguel Ángel Granados Chapa

El acto de gobierno por excelencia -porque de su naturaleza y de su alcance dependen todos los demás- es el de fijar impuestos, que se estipulan en la Ley de Ingresos de la Federación, que conforme a la ley debe ser aprobada hoy a más tardar en la Cámara de Diputados.

La fijación de las contribuciones es de suyo un asunto polémico. Casi todos los renglones del ingreso público tienen un haz y un envés, por lo que el respectivo dilema tiene que ser resuelto por el Ejecutivo al proponerlo y el Congreso al decidirlo, considerando factores más allá de los meramente fiscales. El caso típico, que los diputados tendrán que encarar hoy, es el de un gravamen al tabaco, que se inscribe en dos esferas públicas: por un lado es un instrumento recaudatorio de importancia creciente; y por otro lado, es herramienta de la política de salud pública. Dada la índole de ese producto, y dicho en términos resumidos, que atienden a la médula de la cuestión, el tratamiento fiscal del consumo de tabaco es cuestión de vida o muerte, de respeto a las personas que lo consumen y a su entorno.

Las empresas tabacaleras expusieron sus argumentos contra un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en un mensaje publicado el lunes. Y ayer el sector salud dio adecuada respuesta a sus alegatos (adecuada en general, salvo por la cláusula final, impropia de una autoridad respecto de sus gobernados, pues se exige a las tabacaleras “actuar de manera responsable y dejar de emitir comunicados con argumentos falsos o tendenciosos que confunden a los mexicanos”. Cuando oficinas gubernamentales exigen a particulares una determinada conducta no fundada en una base legal se aproximan, así sea verbalmente, al autoritarismo que niega o limita desmesuradamente las libertades.

El cultivo, transformación y comercio del tabaco es manejado en todo el mundo por un puñado de empresas poderosísimas, en permanente defensa de su negocio, expuesto desde hace no mucho tiempo al escrutinio público que demanda respeto a la vida y ha conseguido avances en la regulación de esa adicción o hábito, regulación que debe practicarse por vías indirectas, pues nadie admitiría una ley que prohibiera el consumo de tabaco, aunque se generaliza la aceptación de que ese consumo sea regulado y acotado en los espacios públicos.

Las tabacaleras, algunos de cuyos personeros carecen de escrúpulos, suelen cabildear (es decir, tratar de moldear el criterio de las autoridades) no sólo con argumentos sino a menudo con dinero y en más de una ocasión con amenazas y aún su concreción. El año pasado tal cabildeo resultó exitoso, pues el Congreso estableció un incremento gradual del IEPS para los próximos tres años, que las empresas destinatarias demandan mantener ante las iniciativas que buscan incrementar ahora el monto de ese impuesto. Las afectadas, y los legisladores que las beneficiaron, pasaron por alto el carácter estrictamente anual de la legislación concerniente a los ingresos y los egresos públicos. Las tabacaleras aprecian el gesto de las Cámaras hace un año, y lo consideran un “esquema que brinda a nuestra industria, por primera vez, las condiciones necesarias para desarrollar planes de inversión y de crecimiento a largo plazo en toda la cadena productiva”.

La industria tabacalera piensa el asunto en términos económicos. Piensa en la bolsa, no en la vida. Crea “cerca de 5 mil empleos directos y más de 30 mil empleos entre agricultores y jornaleros. Cuenta con más de 7 mil hectáreas plantadas y genera una derrama económica anual en el campo mexicano por más de 420 millones de pesos”. Aduce esa industria ser “el contribuyente privado de IEPS más grande de México”, aportar “el 44% del total de impuestos especiales, poco más de 13 mil millones de pesos”, y estima que “para el cierre del año aporte a las finanzas públicas más de 23 mil 500 millones de pesos. Del precio de venta de cada cajetilla, 13 de cada 100 cigarros son impuestos”. Y dice que modificar el esquema trianual que los complace “genera incertidumbre jurídica y comercial que amenaza nuestros empleos y la recaudación”. En sentido contrario, “este verano más de 2 mil 500 productores se comprometieron a cultivar tabaco... alentados por la certeza jurídica en material fiscal”. Aludiendo a una de las motivaciones del aumento que hoy debe decidirse, alega que “incrementos bruscos en los impuestos no desalientan el consumo y no aumentan la recaudación” y en cambio “favorecen la aparición del comercio ilegal”.

Ayer mismo respondieron los institutos nacionales de salud y algunas organizaciones profesionales y civiles como la Academia Nacional de Medicina y el Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo. Su argumento principal a favor de un más riguroso tratamiento fiscal se funda en el respeto a la vida, y lo promueve: “El consumo de productos de tabaco provoca la muerte prematura y una serie de enfermedades que restan calidad de vida a sus consumidores y a quienes los rodean. En México, se estima que provoca la muerte de 60 mil mexicanos cada año”. De manera secundaria razona también en función del costo financiero del consumo de ese producto nocivo para la salud: el sistema nacional correspondiente gasta aproximadamente 45 mil millones de pesos anuales en atender las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Y sobre la base de que “la manera más efectiva de disminuir el consumo de tabaco es aumentando el precio mediante impuestos”, solicita que se eleve el IEPS. Los diputados deben atender este pedido.

Cajón de sastre
Tardíamente el diputado Julio César Godoy, que no huyó durante el fin de semana como se llegó a creer tras el pueril pretexto que lo llevó a ausentarse el viernes, firmó su renuncia al PRD. En la fase en que se encuentra su caso -en curso el proceso de decisión parlamentaria de entregarlo a la justicia, que sólo entonces lo juzgaría y establecería sus responsabilidades- la presión para desvincular al partido se dirige a un objetivo contrario al que debería buscarse. Conforme al beneficio de presunción de inocencia, Godoy no es culpable hasta que un juez (y no la sección instructora y ni siquiera el pleno de la Cámara) determine lo contrario. Dejarlo solo hace el juego a la maniobra propagandística realizada por la PGR, que ya sembró la semilla de la sospecha sobre una persona a la que acaso se denigra sin fundamento.

miguelangel@granadoschapa.com

Andrés Manuel López Obrador #AMLO Encuentro A.C. rumbo al 2012

Alfonso Durazo Secretario Técnico de Encuentro A.C. AMLO 2012

Genaro Góngora Pimentel Encuentro A.C. AMLO 2012

Blanca Salces Encuentro A.C. AMLO 2012




Jaime López Vela entrevista en Encuentro A.C. AMLO2012




Héctor Vasconcelos Proyecto Alternativo de Nación en la política exterior AMLO 2012

A Salinas lo invitan al IFE a comer y a mí a comparecer: López Obrador

Hoy se defenderá de acusaciones de que afectó la imagen de Felipe Calderón

Alfonso Durazo, Andrés Manuel López Obrador, Genaro Góngora Pimentel y Rosario Ibarra participaron en la presentación de la organización civil Encuentro, la cual servirá de enlace con todos los sectores de la sociedad rumbo al proceso electoral de 2012Foto Carlos Ramos Mamahua

Fabiola Martínez, Alma E. Muñoz y Ciro Pérez

Periódico La Jornada
Miércoles 20 de octubre de 2010, p. 15
Este viernes, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinará si el promocional del Partido del Trabajo (PT) en el que aparece Andrés Manuel López Obrador es un acto anticipado de campaña o sólo una forma de hacer efectivo el derecho de libertad de expresión.

De igual forma, el consejo general del instituto determinará si el político tabasqueño afectó, en el mensaje en referencia, la imagen del presidente Felipe Calderón.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una demanda en contra de ese promocional y exigió, como medida precautoria, el retiro del mismo, petición denegada por el IFE pero avalada por el Tribunal Electoral.

En el proceso, este miércoles se realizará la audiencia respectiva, en la que López Obrador presentará los argumentos o pruebas de descargo que, en su caso, considere convenientes.

En entrevista, el ex candidato presidencial ironizó: “A (Carlos) Salinas lo invitaron a comer (al IFE) y a mí a comparecer”. Señaló que las investigaciones que realiza el instituto en su contra no tienen ningún fundamento. “Es la mafia del poder la que busca hacernos a un lado. De eso vamos a hablar con toda claridad”, advirtió.

Dijo que se presentará al IFE con diversos informes y desea que la audiencia sea pública y en presencia de la prensa.

Los petistas Ricardo Cantú y el senador Alejandro González Yáñez acusaron que el proceso del IFE en contra de López Obrador y del Partido del Trabajo (PT) está plagado de irregularidades, pero también, admitió el legislador, “estamos felices porque nos están dando el foro”.
Cantú, como representante del partido ante el instituto electoral, resaltó que se está violentando su derecho constitucional a la libertad de expresión. “El IFE, por acuerdo del Tribunal Electoral, retira los promocionales sin que se nos notifique y hayamos ejercido el derecho de audiencia. Ya nos retiraron cuatro mensajes diferentes y todavía no se resuelve el fondo del asunto del primero que sacaron del aire. ¡Es una irregularidad!”, comentó.

Indicó que todo se originó cuando sacaron un mensaje convocando a la asamblea que el ex candidato presidencial encabezó en el Zócalo capitalino el 25 de julio pasado para dar a conocer su proyecto alternativo de nación. Lo cual refleja, manifestó, que “les preocupa que López Obrador esté elevando su preferencia electoral y quieren reducir el cerco informativo”.

Ante la difusión de este citatorio (programado para las diez de la mañana) y la eventual asistencia a la audiencia, de simpatizantes del político tabasqueño, en el instituto programó una logística especial.

De acuerdo con fuentes consultadas, la audiencia, a cargo del área jurídica del IFE, se realizaría en el vestíbulo del auditorio, como el espacio adecuado para dar cabida a decenas de personas que posiblemente acompañen al ex candidato presidencial.

Los abusos de Aeromexico. Salvador García Soto .

Serpientes y Escaleras | ¿Quiénes son los responsables de la crisis de la aviación en México? ¿Quiénes, por acción, omisión o corrupción dejaron que una empresa estratégica cono Mexicana, de una industria de seguridad nacional, se colapsara? ¿Quiénes dejaron a los mexicanos a merced de los abusos económicos y pésimos tratos de una sola empresa grande como es Aeroméxico?

El domingo pasado un vuelo de Aeroméxico, el 633 de San Antonio, Texas, a la ciudad de México, fue detenido por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) debido a una “falla grave” de la aeronave, un Jet Embraer ERJ145 para 50 pasajeros. Sin informar a los pasajeros qué pasaba, tras varias horas de espera, personal de la aerolínea avisó que “el vuelo fue cancelado”. A los pasajeros nunca les ofrecieron apoyo o la reasignación en otros vuelos u otras aerolineas; por el contrario, tras más de 10 horas en la terminal aérea, ya de noche, fueron enviados a un hotel de segunda, sólo para pedirles regresar a las 4 de la mañana cuando la falla del avión sería reparada; pero de madrugada nuevamente la FAA prohibió el vuelo por seguridad.

Apenas en julio pasado, cuando se asomaba la crisis que llevaría a la quiebra a Mexicana, la FAA bajó la calificación a las aerolíneas mexicanas, de categoría 1 a 2, “en razón a que las autoridades de aviación civil de México vienen realizando una deficiente supervisión de la seguridad operacional” de las líneas de aviación civil y comercial. Con la quiebra de Mexicana y su hundimiento sin que el gobierno de Felipe Calderón haya hecho nada para evitarlo, los abusos y malos tratos se volvieron práctica común en Aeroméxico.

Usuarios y agencias de viajes han documentado que en varias rutas que dejó de cubrir Mexicana y que ahora tiene en exclusiva Aeroméxico el incremento de tarifas ha sido de entre el 40% y el 60%; el problema es que aún pagando precios de auténtico abuso los clientes no obtienen un buen servicio; la Profeco recibió entre enero y septiembre de este año 179 denuncias por malos servicios y las quejas contra Aeroméxico se reproducen por todos lados.

Recientemente, la actriz Martha Higareda narró en la radio cómo en un vuelo de Aeroméxico de Guadalajara a Los Ángeles, cobrado a precios estratosféricos, de pronto el personal de la aerolínea pidió a los pasajeros bajarse en el aeropuerto de Tijuana. “Nos dijeron hasta aquí llega el vuelo, por disposiciones de los Estados Unidos no podemos cruzar la frontera, así que cada uno de ustedes tendrá que hacerlo por sus propios medios”. Y ahí los dejaron tirados sin darles mayores explicaciones para que cada quien llegara de Tijuana a Los ángeles como pudiera.

Los excesos y prácticas perversas de Gastón Azcárraga llevaron a Mexicana a la quiebra sin que el gobierno de Calderón y su desastroso secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, hicieran nada para evitarlo; hoy Aeroméxico, cuyos dueños son Grupo Financiero Banamex (Cirigroup 49%), la familia Aramburuzabala, José Luis Barraza, Juan Francisco Beckman Vidal, Henry Bremond Pellat, la familia Canales Clariond y Valentín Diez Morodo, está abusando de su supremacía y, además de maltratar a sus clientes, opera con aviones que no pasan las medidas de seguridad de la FAA. ¿Se puede repetir la historia de Mexicana.



NOTAS INDISCRETAS… En Televisa comentan que la gota que derramó la bilis del tigrillo y desató el berrinche por el que Emilio Azcárraga decidió renunciar a la “ganga” fue el debate que tuvo Juan Molinar con diputados del PAN, la semana pasada a puerta cerrada, donde el secretario de Comunicaciones terminó por aceptar que el precio dado a Televisa-Nextel de la turbia licitación 21 “sí fue una ganga”. La frase de Molinar hizo que en el despacho principal de Televisa se oyera un grito de molestia: “¡Estos (el gobierno de Calderón) no saben ni arreglar un café con leche!”. Y sobrevino el arranque y la ruptura con el gobierno… Los dados mandan Serpiente. Semana difícil

Licitación 21, ¿maniobra o derrota de Televisa?

Jenaro Villamil



MÉXICO, D.F., 19 de octubre (apro).- Si el anuncio de la ruptura de la sociedad entre Televisa y Nextel tiene consecuencias administrativas y jurídicas reales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) deben declarar desierta la licitación 21 en relación con el bloque de 30 megahertz que ambas empresas obtuvieron por sólo 180.3 millones de pesos de enganche.

Como han advertido especialistas, legisladores y agrupaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, si se trata de enmendar un proceso viciado desde su origen, las autoridades del sector de telecomunicaciones deben reponer el procedimiento.

Si esto no se realiza, el anuncio de la “desinversión” o del “divorcio pactado” entre Nextel y Televisa será simplemente una maniobra para quitarle el impacto mediático y jurídico a una sociedad que se firmó expresamente para garantizar el ingreso de Televisa al mercado de la telefonía móvil convergente (cuádruple play) en condiciones sumamente ventajosas y de auténtica ganga, aunque le moleste este calificativo a los voceros y jilguerillos del monopolio de medios electrónicos.

No en balde, ahora resulta que bajo el espantapájaros de que Telcel-Telmex es dominante y es un monopolio en telecomunicaciones, tanto el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, como algunas voces vinculadas a Televisa, se quejan de que el gran favorecedor de todo el enredo en torno de la licitación 21 es el magnate Carlos Slim.

¿Qué acaso no cuenta la Cofetel o la SCT con elementos para impedir, regular o frenar la dominancia en esta área? ¿Por qué ahora pretenden presentar a la sociedad Televisa-Nextel como una “víctima” del emporio de Slim, si quienes redactaron las bases de licitación, determinaron el tope de 80Mhz, establecieron los tres bloques de 10 y dos de 30 Mhz a nivel nacional, y determinaron que con sólo 180.3 millones Nextel y Televisa se podían quedar con el espectro más valioso, fueron las autoridades regulatorias (Cofeco, Cofetel, SCT) y no el multimillonario de la telefonía mexicana?

Es muy probable que estemos asistiendo a una gran mascarada o a una maniobra político-jurídico-empresarial –para atenuarle el golpe a Televisa, que también se quedó con la licitación de los casi 20 mil kilómetros de fibra óptica (en sociedad con Megacable y Telefónica)– y no a un acto de corrección de la licitación más sucia en los últimos años.

Incluso hay especialistas que han advertido que la gran cantidad de litigios y de solicitudes de amparo que interpuso Iusacell, empresa del Grupo Salinas, forman parte de una estrategia para que TV Azteca le haga el trabajo a Televisa de “ganar tiempo”.

Si Televisa estuviera tan enfurecida con Iusacell, TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego, no hubiera pasado ni un día para que viéramos un linchamiento en la pantalla de Canal 2 o se rompiera la sociedad que mantienen ambas empresas en la Iniciativa México. Por menos, Televisa emprendió una agresiva campaña en contra del grupo editor del periódico Reforma.

La ruptura entre Televisa y Nextel debe echar abajo la entrega de la concesión que el 1 de octubre anunció a trasmano el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, después de una larga sesión de mentiras y medias verdades durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo con los artículos 14 y 24 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la licitación se entregó a una sociedad formada por Televisa-Nextel (anunciada desde febrero de 2010) y no a alguna de las dos empresas. El artículo 24 claramente establece:

“Los interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones deberán presentar, a satisfacción de la SCT, una solicitud que contenga como mínimo:

1.- Nombre y domicilio del solicitante.

2.- Los servicios que desea prestar.

3.- Las especificaciones técnicas del proyecto.

4.- El plan de negocios, y

5.- La documentación que acredite su capacidad financiera, técnica, jurídica y administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de obtener, en su caso, concesión para explotar bandas de frecuencia en los términos del artículo 14”.

Es decir, jurídica, técnica y administrativamente la concesión entregada el pasado viernes 1 por Molinar Horcasitas fue a una sociedad conformada por Nextel-Televisa y no a una sola empresa.

Se rumoran graves diferencias entre Nextel y Televisa, incluso desencuentros recientes. Pero eso no es lo importante. La pregunta que está en el aire es si el gobierno de Calderón está dispuesto, por una sola vez en este sexenio, de enmendar una licitación que compromete el futuro de las telecomunicaciones del país, o volver al ciclo de relación sadomasoquista con Televisa.

www.jenarovillamil.wordpress.com