Los funcionarios de la descentralización administrativa, asentada en la división territorial de municipios, estados y el ámbito de competencia federal donde están los tres poderes (y sus satélites como el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, etcétera) le tienen pánico a la creciente manifestación de la democracia directa. Es decir, a la que ejerce el pueblo haciendo valer el Artículo 9 constitucional para criticar a las autoridades por sus abusos, negligencias e incumplimiento de sus demás obligaciones. Ese Artículo tiene dos párrafos que a la letra dicen: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero, solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho a deliberar”.