(12 de junio del 2014).- La senadora perredista Dolores Padierna, denunció que detrás de las leyes secundarias en materia energética, se esconde un nuevo intento por hacer públicas las perdidas en materia de extracción petrolera; ya que al ser firmados –de forma “discrecional”– por parte del ejecutivo, Hacienda y la Secretaria de Energía (Sener), los futuros riesgos y pérdidas podrán ser transformados en deuda pública en “perjuicio de todos los mexicanos”.
En su segunda intervención en tribuna Padierna respaldó lo dicho esta mañana en su primera aparición y expuso que la Ley de Hidrocarburos combinada con la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, posibilitará que las ganancias por la extracción del petrolera, sean privatizadas e “infladas”, pero no así las pérdidas que serán asumidas por los contribuyentes.
“En Brasil, por ejemplo, el gobierno no pacta con un particular. Pacta la petrolera, en este caso Petrobras, con un particular. No obstante, en este caso la Ley de Hidrocarburos mexicana, dice que los contratos los firmarán las corporaciones transnacionales con el gobierno. Y cuando los contratos los firma el gobierno, no su petrolera, adquieren un carácter de deuda soberana”, afirmó al enumerar una serie de consecuencias que traerá la nueva legislación.
Al enumerar las desventajas que conlleva la nueva legislación, Padierna expuso que el Estado estará obligado a regresar, por medio del concepto de “utilidad operativa”, los costos, los gastos y las inversiones que las corporaciones privadas inviertan en la extracción petrolera. “Ganando de todas partes”, aseguró.
Es decir, varios de ellos podrían ser formalizados por medio un esquema de “utilidad compartida”, que en la práctica, no implicarán riesgo ni pérdidas para los particulares, pues la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos contempla que éstas puedan obtener hasta un 80 por ciento del dinero recaudado, así como el pago por la prestación de sus inversiones, pero en contradicción, la absorción de la deuda en caso de múltiples fallas.
“A esto también se le llama, recuperación de costos”, señalo, en alusión, al esquema de asociación público-privada a la que estarán subordinados.
“La constitución señala que las inversiones serán para que el gobierno tenga los mayores ingresos, no para que pierda ingresos. Pero con este tipo de contratos se está perdiendo. Se dijo que con esta ley se les darían contratos para que las trasnacionales inyectaran, invirtieran en México. Pero aquí se les dice que se les van a regresar su inversión, sus costos, sus gastos, perdidas y hasta las regalías que se le pagan al Estado. La pregunta aquí es ¿para qué se las pagan si de todos modos se les van a regresar?”
Por otra parte, al enunciar las desventajas a la que se podría Pemex, recordó que el 31 de marzo, mediante una solicitud de la Sener para que se le asignaran nuevas reservas petroleras, ésta les otorgó apenas el 42 por ciento de los nuevos pozos; el 58 por ciento restante, quedará en manos de privados, con lo que absorberán el 29 por ciento de los 12 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo que se producen en nuestro país.
¿Qué es una asociación público privada?
Dolores Padierna, en su alocución de esta mañana, advirtió que la Ley de Hidrocarburos juega con el doble discurso de mantener los recursos petroleros para la nación –y con ello, también sus fracasos– pero, en contraparte, sus ganancias sean privadas. Como había informado Revolución Trespuntocero, este tipo de reyertas se amparan en la ya formulada Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que se combinará con las nuevas reglas del juego energético.
Sin embargo, ¿qué es una APP?
De acuerdo a la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval, son las formas en las que se legaliza y legitima, mediante otros términos, la incursión de políticas que privatizan la deuda sin que necesariamente ésta pueda ser tomada como tal.
“Las asociaciones público privadas son lo peor de los dos mundos, lo público y lo privado: porque es una suerte de la legalización de las deudas públicas. Los legisladores como tuvieron tanto problema en aprobar el Fobaproa –que es el epítome de la corrupción en nuestro país–, ya no quieren volver a sujetarse a esos trámites político-legales, que son la aprobación de la deuda pública para el rescate de los bancos por parte del Congreso.
“Y entonces lo que hacen es signar un contrato público-privado del cual, quien pone el capital y los gastos, es el pueblo; pero quien se beneficia con los dividendos públicos, son los particulares, como los bancos en nuestro país.”
En este caso, las inversiones serán puestas por empresas, pero posteriormente serán pagadas del erario o la ganancia neta en la “recuperación de gastos.
Sin embargo, como Padierna aseguró, sí un pozo petrolero no otorga los beneficios que equilibren la balanza de pagos, éste dinero de todos modos tendrán que ser liquidado por dinero público al privado; es decir con dinero obtenido por medio de las arcas públicas obtenido mediante los contribuyentes.
